Articulado completo

Declárese Patrimonio Cultural de la Nación al Museo Arqueológico de Galopa, Atlántico (MUGA).

Autorícese al Gobierno nacional para que, por intermedio del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes apoye la promoción, difusión, fomento, conservación, protección, desarrollo y financiación de los procesos culturales y de salvaguardia generados por las actividades llevadas a cabo por el Museo Arqueológico de Galopa, Atlántico (MUGA).

Autorícese al Gobierno nacional para que, en cumplimiento y de conformidad con los artículos 288, 334, 339, 341, 345, 356, 357 y 366 de la Constitución Política, las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001, sus decretos reglamentarios y la Ley 819 de 2003, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, las partidas presupuestales necesarias de conformidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, la asignación de recursos que se requieran para:

La ampliación y mejoramiento de la reserva arqueológica, el laboratorio y las salas de exhibición actuales.

La construcción de nuevos espacios didácticos y de formación.

La construcción de salas de exhibición permanentes y temporales del Museo Arqueológico de Galopa (MUGA).

En salvaguarda de los bienes muebles representativos del patrimonio cultural de la Nación, autorícese al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes, supervise la destinación de las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones descritas en los numerales 1, 2, y 3 del artículo 3o de la presente ley, encaminadas a la protección, conservación y desarrollo del Museo Arqueológico de Galopa (MUGA); esto, en razón de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 397 de 1997.

Las disposiciones presupuestales dispuestas en la presente ley solo podrán ser utilizadas para los fines aquí establecidos, de lo contrario se incurrirá en las sanciones a que hubiere lugar.

Lo presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que les sean contrarias.