Concepto 49486 de 2002 DIAN

CONCEPTO TRIBUTARIO 49486 DE 2002

(Agosto 8)

<Fuente: Archivo Dian>

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN -

TEMA: ACTUACIONES PROCESALES

PROBLEMA JURIDICO

¿Qué actuaciones judiciales debe desarrollar el funcionario que se constituye en parte civil, cuando el proceso penal por delitos fiscales concluye con fallo condenatorio y este se encuentra en firme?

TESIS JURIDICA: LA ACTUACIÓN JUDICIAL DEL FUNCIONARIO QUE SE CONSTITUYE EN PARTE CIVIL DENTRO DE UN PROCESO PENAL POR DELITOS FISCALES, CONCLUYE CON EL FALLO CONDENATORIO EN FIRME, DEL CUAL DEBE OBTENER LA COPIA QUE PRESTE MÉRITO EJECUTIVO.

INTERPRETACION JURIDICA

Sabido es, que de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimiento Penal, con la finalidad de obtener el restablecimiento del derecho y el resarcimiento del daño ocasionado por la conducta punible, el perjudicado o sus sucesores, a través de abogado, podrán constituirse en parte civil dentro de la actuación penal, lo que a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada será obligatorio, so pena de constituirse en causal de mala conducta, en todo proceso por delito contra la administración pública, máxime si con ellos se afect8n los intereses patrimoniales del estado, de acuerdo con la Ley 190 de 1995.

Tratándose de delitos fiscales referidos a las obligaciones que administre la Dian, establece el Decreto 1265 de 1999 en su artículo 11, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14/ g de la Resolución 5632 de 1999, modificada por la Resolución 5467 de 2001 artículo 6º, que la Oficina Jurídica, a través de la División de Unidad Penal, es la dependencia competente para formular las denuncias a que hubiere lugar por la comisión de hechos punibles en materia tributaria, aduanera y las demás que disponga la dirección general, para informar al Ministerio Público para que formule las respectivas querellas a que hubiere lugar en materia tributaria y para constituirse en parte civil en los citados procesos. Sus actuaciones se concretan en la Orden Administrativa No. 0007 del 16 de junio de 2000, “Por la cual se fija el procedimiento interno para dar cumplimiento a las normas penales tributarias aduaneras y cambiarlas en materia de delitos fiscales”.

Corresponde en cada caso concreto, a quien pretenda constituirse en parte civil, presentar los fundamentos jurídicos en que se basa su pretensión, esto es, su interés para ser admitida como parte civil, como directa perjudicada con la infracción, apreciar el daño o perjuicio y presentar una aproximada apreciación del monto de los mismos causados con la infracción, daño real, no hipotético.

De acuerdo con el artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, admitida la demanda de parte civil, el demandante queda facultado para solicitar la práctica de pruebas orientadas a demostrar la existencia de la conducta investigada, la identidad de los autores o participes, su responsabilidad, y la naturaleza y cuantía de los perjuicios ocasionados. Podrá igualmente denunciar bienes del procesado y solicitar su embargo y secuestro, e interponer recursos contra las providencias que resuelvan sobre las materias de que trata este artículo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en el proceso penal, los jueces tienen la función privativa de decidir sobre la existencia del hecho constitutivo de la infracción penal, si ese mismo hecho le es jurídicamente imputable al sindicado, y en fin, si se produjo con las características exigidas por la ley para motivar la aplicación de una determinada pena prevista en el código del ramo, y si es del caso, reconocer en abstracto o en concreto los perjuicios causados y que a ello, es que debe coadyuvar la parte civil con su intervención. Por tanto, no es materia de tal pronunciamiento, la existencia o determinación de las obligaciones fiscales sobre las que recayó el hecho punible, obligaciones cuyos procedimientos de determinación son autónomos, independientes y quedan a salvo de la decisión penal.

Cuando se trata del proceso penal sobre obligaciones fiscales como la de consignar los valores recaudados por concepto del tributo, que no fue oportunamente atendida, debe tenerse en cuenta que aunque en su decisión final se alude a los valores insolutos, el título ejecutivo para su cobro coactivo así como el de las sanciones pecuniarias legalmente establecidas para el efecto, no será la sentencia penal, sino la declaración privada o el acto administrativo correspondiente en que quede establecida la obligación fiscal y según se prevé en el artículo 828 del Estatuto Tributario, atendiendo al hecho de que para su determinación, existen legal y específicamente reglados unos procedimientos en la normatividad tributaria, aduanera o cambiaria.

Caso distinto sería, que en virtud de la comprobación jurídica efectuada en ese proceso y en los términos del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, se lograra condena de perjuicios por hechos o aspectos distintos a la obligación fiscal propiamente dicha, pero provenientes del hecho investigado, en el que será la mencionada sentencia la que preste mérito ejecutivo de acuerdo con el articulo 828 del Estatuto Tributario, para hacer efectivo su mandato al respecto, así como sucederá cuando se trate de las expensas, las costas judiciales y las agencias en derecho si a ello hubiere lugar, según lo contempla la misma norma procesal penal.

Surtidas las actuaciones que demanden representar a la Entidad en los citados procesos, es obvio concluir que tal representación termina con ellos, cuando sus decisiones sean definitivas y estén en firme, es decir hasta allí llega su competencia, restando solamente al funcionario y área que la adelantó, el proveer a la Institución, que ostenta jurisdicción coactiva, de los elementos necesarios para ejercerla, para lo cuál deberá allegar en forma oportuna a la dependencia competente para el cobro, las copias de las sentencias respectivas, que de constituirse en títulos ejecutivos, deberán gozar de todas las exigencias de Ley para que en ellas conste que prestan tal mérito.

No sobra advertir, que si bien culmina la actuación judicial en mención, por competencia, según las disposiciones que la rigen en la Entidad, persisten para el área que atendió la parte civil, obligaciones de carácter administrativo tales como el establecer estadísticas acerca de las denuncias instauradas y tramitadas, y de las sentencias proferidas en materia de delitos fiscales a nivel nacional con el objeto de observar, vigilar y estudiar la conducta de los infractores; estudiar y analizar los fallos y sentencias proferidos en materia penal por las distintas entidades y proponer acciones de mejoramiento de los procesos tributarios, aduaneros y cambiarios de competencia de la entidad.

CTOR/EYPH