Oficio 80629 de 2009 DIAN

OFICIO 80629 DE 2009

(Octubre 2)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Dirección de Gestión Jurídica

Bogotá, D. C.

Oficio No. 100208221-00 427

Señora

MARÍA ISABEL SALAZAR VILLADA

Calle 20 Norte No. 5BN- 38 Oficina 801

Cali (Valle)

Ref.: Consulta Tributaria radicado número 68003 de 31/07/2009

Atento saludo Sra. María Isabel.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 6 de 2009, es función de este despacho absolver de manera general, las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional y en materia aduanera y cambiaria en lo de competencia de la DIAN.

Solicita en su escrito que la Dirección de Gestión Jurídica establezca el alcance del artículo 9 de la Ley 785 de 2002 y a su vez que se ordene a los funcionarios competentes la devolución de los intereses y sanciones que según su criterio se han liquidado y cobrado equivocadamente.

Sobre el particular, me permito manifestarle que esta Dirección en uso de las competencias que le han sido asignadas de manera específica para interpretar con carácter general las disposiciones en materia tributaria y con la finalidad de acoger los pronunciamientos jurisprudenciales, ha expedido el Concepto 061505 de 2008 y el Oficio No. 092270 de Septiembre 19 de 2008, dentro de los cuales señala:"En consecuencia y en acatamiento de lo dispuesto por el H. Consejo de Estado tanto en la sentencia del día 6 de marzo de 2008 como en auto complementario del día 8 de mayo de 2008, tratándose de impuestos de orden nacional administrados por la Dirección de Impuestos v Aduanas Nacionales resulta aplicable en su integridad el artículo 9 de la Ley 785 de 2002, razón por lo cual se adiciona el Oficio DIAN 061505 de Junio 24 de 2008" (Subrayado Fuera de Texto).

Ahora bien, en cuanto a la inquietud adicional relacionada con la causación de intereses por las obligaciones incluidas en facilidades de pago dentro de las cuales se encuentran bienes afectos a procesos de extinción de dominio, esta Dirección en Oficio No 080497 del 2 de Octubre de 2009, el cual adjunto para su inmediata referencia, ha señalado:

"Se solicita la aclaración del tema relacionado con los intereses a los que se refiere el artículo 9 de la Ley 785 de 2002, pues en su entender, se desprende del Oficio No. 092270 de septiembre 19 de 2008 expedido por este despacho, que no cabe el cobro de los intereses en procesos donde se encuentran involucrados bienes objeto de extinción de dominio. Sin embargo en el oficio que se adiciona (DIAN 061505 de junio 24 de 2008), se establece que en las facilidades de pago si es viable la liquidación y el cobro de intereses.

Al respecto le manifestamos lo siguiente:

El artículo 241 de la Constitución Política le confía a la Honorable Corte Constitucional, la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Por esta vía y como norma de normas le asignó a la misma no solo la interpretación de la constitución sino de las leyes.

Ahora bien, mediante Sentencia C-887 del 14 de Septiembre de 2004 de la Honorable Corte Constitucional, M.P. Doctor Alfredo Beltrán Sierra, al declarar la exequibilidad del artículo 9o de la Ley 785 de 2002, estableció en algunos de sus apartes:

“/….

Observa la Corte que la Dirección Nacional de Estupefacientes, que actúa como administrador de los bienes sobre los cuales se ejerce la acción de extinción de dominio tiene entre sus deberes como tal el pago oportuno de los impuestos respectivos, siempre que los ingresos que ellos produzcan así lo permitan, tanto si se trata de bienes muebles como si son bienes inmuebles en el caso de impuestos que conforme a la Constitución o la ley correspondan a las entidades territoriales.

De la misma manera se encuentra por la Corte que la norma acusada no quebranta los artículos 294 y 287 de la Constitución como lo afirma el demandante, por cuanto el Congreso de la República en ejercicio de la atribución de 'hacer las leyes" que le confiere el artículo 150 de la Carta, puede determinar legítimamente que durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, por razones de conveniencia nacional, no se causen intereses de mora por impuestos que pertenezcan a las entidades territoriales cuyo pago, como ya se dijo, se hará por la Dirección Nacional de Estupefacientes cuando los ingresos producidos por tales bienes así lo permitan, o con posterioridad con el producto de la venta de ellos.

No se trata pues de una exención ni tratamiento preferencial en relación con tributos de las propiedades territoriales, sino de una decisión del Estado con respecto a la no causación de intereses por el Impuesto proveniente de bienes que eventualmente pudieren haber sido adquiridos de manera ilícita y so/o mientras dure el proceso de extinción de dominio…”/.

Los fallos de la Honorable Corte Constitucional por regla general tienen efecto hacia el futuro a menos que el mismo fallo resuelva lo contrario, tal y como lo dispone el artículo 45 de Ley 270 de 1996 o Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia.

Ahora bien, los Incisos 2 y 3 del artículo 5o de la Ley 785 de 2002, señalan:

“/…

A partir de la medida cautelar, las facultades de los órganos de administración y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo la disposición definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el Código de Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes.

Las medidas cautelares decretadas sobre las acciones, cuotas o partes de interés social se extienden a, los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan. Así mismo, se extienden a los ingresos y utilidades operacionales de la sociedad. De está manera la Dirección Nacional de Estupefacientes administrará tales bienes y recursos de conformidad con la presente ley y en procura de mantener productivas las sociedades Incautadas. …/"(subrayado fuera de texto).

Conforme con lo expuesto, en las facilidades de pago no se causan intereses moratorios mientras los bienes inmuebles afectos a la facilidad otorgada se encuentren en administración por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, razón por la cual, si de acuerdo con lo previsto en el artículo 9o de la Ley 785 de 2002 hay lugar a reconocer algún derecho o beneficio unido o asociado a los bienes objeto de intervención, por dicho organismo como sería el relacionado con la devolución de intereses pagados y no causados sobre las deudas objeto de la facilidad, las actuaciones encaminadas a su reconocimiento, cuando a ello haya lugar, deben ser ejercidas por el administrador de los bienes intervenidos y deben reconocerse al mismo como dispone el artículo 5o de la Ley 785 de 2002, única y exclusivamente en relación con el lapso de tiempo durante el cual no se causan los intereses."

Frente a las preguntas contenidas en los literales c) y d) de su petición es de señalar que el proceso para la devolución de sumas pagadas en exceso o indebidamente pagadas se encuentra regulado por los artículos 850 y siguientes del Estatuto Tributario y el Decreto 1000 de 1997. Así mismo, el Decreto 4048 de 2008 y las Resoluciones Números 7 y 10 de 2008 señalan la competencia territorial de las respectivas Direcciones Seccionales para atender los casos particulares y concretos, por lo que en consecuencia escapa a la órbita de competencia de esta dependencia, ordenar como se solicita en la consulta, la devolución de los dineros que según el criterio del peticionario se han pagado indebidamente.

En los anteriores términos se resuelva su consulta y cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: www.dian.gov.cosiguiendo los iconos; "Normatividad" -"técnica" y seleccionando los vínculos ^Doctrina" y "Dirección cié Gestión Jurídica.

Atentamente,

Y0LANDA GRANADOS PICÓN

Coordinadora de Relatoría

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina

ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCYHEZ

Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina