SALA DE CASACION LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia 1 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 9726 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL Magistrado Ponente: CARLOS ISAAC NADER Acta Nº. 71 Radicación Nº 9726 Bogotá D. C., veintiocho (28) de octubre de dos mil tres (2003). Se procede a decidir la acción de tutela interpuesta por MANUELA BARRETO ARRIETA, en su calidad de representante legal del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –SECCIONAL CÓRDOBA-, contra Manuel Vicente Cordero Correa, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad.

I.

ANTECEDENTES 1. La representante legal del Instituto de Seguros Sociales –Seccional Córdoba -, instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales considera vulnerados por los funcionarios judiciales accionados. 2. Fundamentó la acción en los hechos que seguidamente se resumen: 1) En el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería, se tramitó proceso ordinario laboral promovido por el señor Manuel Vicente Cordero Correa contra el Instituto de Seguros Sociales, con el objeto de que se le reconociera el incremento pensional por su cónyuge; 2) A esta pretensión accedió el Juzgado mediante sentencia del 30 de agosto de 2002, con desconocimiento de que tales incrementos habían desaparecido de la vida jurídica para los pensionados del ISS, a partir de la vigencia del Sistema General de Pensiones (1º de abril de 1994); 3) Apelada tal decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Montería, por fallo del 9 de junio de 2003, confirmó el de primera instancia; 4) El actor procedió a demandar ejecutivamente su cumplimiento, proceso que se adelanta en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Montería. Considera que las decisiones de los funcionarios accionados constituye una vía de hecho, vulnerante de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

Por ello, solicita la protección de tales derechos declarando la nulidad de las providencias indicadas, para que se declare que el ISS no adeuda la obligación reconocida en dichas sentencias. II. TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 16 de octubre del año en curso, esta Corporación asumió el conocimiento de la tutela y dispuso correr traslado a los accionados, quienes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La presente acción está dirigida, entre otros, contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Montería, por lo que, de acuerdo con el primer inciso del ordinal segundo del decreto 1382 de 2000, esta Corporación es competente para conocer de ella, por ser el superior jerárquico del Tribunal accionado. Pretende el ISS, a través de su representante legal en Montería, se declaren nulas las decisiones proferidas el 30 de agosto de 2002 y 9 de junio de 2003, por los funcionarios accionados y, en su lugar, se proceda a declarar que el ISS no adeuda al señor Cordero Correa la obligación en ellas reconocida.

Pues bien, como lo pretendido es que se deje sin efecto las decisiones tomadas por los funcionarios judiciales accionados dentro del proceso ordinario laboral adelantado por el señor Cordero Correa contra el ISS Seccional Córdoba, mediante las cuales se le condenó al reconocimiento y pago de unos incrementos pensionales, emerge con meridiana claridad la improsperidad a la que está llamada, pues teniendo en cuenta que la petición va encaminada a modificar una situación procesal definida mediante una decisión judicial, por ello carece el juez de tutela de competencia para interferir en la tramitación cuestionada.

En efecto, repugna a la seguridad jurídica, pilar del Estado de Derecho, aún del denominado Social, la indebida injerencia de un juez en la actividad legítima de otro, por muy loable función atribuida en la Constitución. Solamente por virtud de los recursos ordinarios y extraordinarios puede un despacho judicial revisar las decisiones de otro, en ejercicio de la competencia funcional.

Así mismo, de manera específica y excepcional, en los códigos de procedimiento se inviste a algunos jueces para que califique ciertas determinaciones de uno de sus pares, como en el evento de los impedimentos o recusaciones, por ejemplo. La interpretación de la ley es una función que corresponde al juez en cada caso concreto. Para tal efecto, la Carta Fundamental lo dota de plenas garantías, a fin de que defina, de manera autónoma, libre de imposiciones, el alcance de las reglas jurídicas escogidas para resolver las controversias sometidas a su juicio.

Desde luego que, a su vez, el juzgador compromete su responsabilidad personal, ya disciplinaria, ora penal o patrimonial, si actúa contra el texto de la normatividad vigente, o de manera arbitraria o desviada del sagrado encargo de administrar justicia. Pero no puede un juez de tutela, en un trámite angustioso, dilucidar sobre la situación fáctica y jurídica que surge en el curso de un proceso ordinario laboral.

Ha sido unánime y diáfana la posición doctrinaria asumida por esta Sala de la Corte, en el sentido de que la herramienta judicial consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política es un trámite residual y no puede ser utilizado para resolver las controversias jurídicas de los particulares entre sí, ni la de éstos con el Estado. Supondría ello, de concebirse la tutela como acción paralela y concurrente, la derogación de las acciones judiciales ordinarias y ejecutivas consagradas en los Códigos y leyes procedimentales con tales propósitos y la sustitución de las jurisdicciones ordinarias y especiales por la de tutela.

A tales conflictos y debates el Estado ha dispuesto una superestructura judicial, con todo su andamiaje procesal de acciones, excepciones, nulidades, incidentes y recursos, a fin de darles solución eficaz bajo claras reglas de juego que aseguren un juicio imparcial y legítimo. Muchísimo menos, ha reiterado esta Corporación, es viable la acción de tutela para hacer revisar las decisiones jurisdiccionales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho.

Sobre este particular aspecto argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. La Sala de Casación Laboral de la Corte, mantiene invariable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional pretender la injerencia indebida de un juez en los asuntos que la ley ha asignado a otro para resolver; ello subvierte el orden jurídico, produciéndose de paso un factor más de perturbación de la convivencia pacífica en una sociedad que, como la colombiana, tanto la necesita.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y, por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada, de acuerdo con lo antes expuesto. SEGUNDO.- Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DÍAZ FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria _1128749392.doc