SALA DE CASACIÓN LABORAL República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No 9648 SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: Fernando Vásquez Botero Radicación No 9648 Acta No 68 Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil tres (2003). Resuelve la Corte la acción de tutela instaurada por el apoderado del Centro de Diagnóstico de Especialistas Limitada “CEDES LTDA” contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.

ANTECEDENTES 1.- A través de apoderado, el Centro de Diagnóstico de Especialistas Limitada “CEDES LTDA”, instauró acción de tutela contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, con el propósito de obtener la protección constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, a su juicio vulnerados por esa Corporación con la sentencia de fecha 28 de marzo de 2003, proferida dentro del proceso ordinario laboral de mayor cuantía adelantado por la señora YUDELIS BRITO CÁRDENAS contra dicha empresa.

Demanda por ello la protección constitucional de los derechos prementados y, en este orden de ideas, pide que se revoque o inaplique la sentencia acusada y que se le ordene al Tribunal que en un plazo perentorio proceda a dictar una nueva providencia ajustada a derecho, es decir, acorde con el acerbo probatorio y los precedentes jurisprudenciales que cita en los hechos.

De igual manera, para evitar un perjuicio irremediable, solicita que se ordene al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha suspender cualquier actuación contra la accionada, como sería adelantar proceso ejecutivo y decretar medidas cautelares, hasta tanto finalice el trámite de la presente acción. Como supuestos fácticos señala, en síntesis: que su procurada fue demandada en proceso ordinario laboral de mayor cuantía por YUDELIS BRITO CÁRDENAS para que se declara que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido, y consecuencialmente fuera condenada la empresa a pagarle a la demandante las prestaciones laborales que resultare a deber, entre ellas, la indemnización por despido injusto, proceso cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, el cual finiquitó la instancia mediante fallo de 10 de septiembre de 2002, que acogió parcialmente las súplicas de la demandante, fallo que oportunamente impugnó la sociedad demandada; que mediante providencia fechada el 28 de marzo de 2003 el Tribunal accionado confirmó los numerales primero, segundo, cuarto y quinto y los literales a), b) y c) del numeral tercero relativos a la condena impuesta por concepto de cesantías, intereses, prima de servicios y vacaciones; modificó el literal d) inherente a la indemnización por despido, rebajando la condena de $ 5.000.000.oo a $ 2.416.570.oo, y revocó el literal e) que imponía una condena por la suma de $ 2.500.000.oo por despido en estado de gravidez sin autorización de la autoridad competente, imponiendo además condena por indemnización moratoria; que interpuso el recurso de casación contra la decisión de segunda instancia pero le fue negado en consideración a la cuantía y con fundamento en la ley 712 de 2001; que tanto el juzgado del conocimiento como la Sala accionada soportan los fallos en la nómina de pago, en los testimonios de los compañeros de trabajo de la demandante y en lo estipulado en el contrato de prestación de servicios; que existen precedentes jurisprudenciales que constituyen doctrina legal probable en los términos de la ley 69 de 1986 que obliga a los jueces y tribunales a resolver casos concretos iguales, conforme al significado abstracto fijado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Cita para ello decisiones adoptadas en varios procesos laborales (fl.7); que es procedente esta acción por cuanto su procurada no dispone de otro medio de defensa judicial y, además, porque el fallo del tribunal contiene una vía de hecho, dado que actuó en franca y absoluta desconexión con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia. TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto calendado el 3 de los corrientes, la Sala avocó el trámite de la tutela; ordenó su notificación a los funcionarios judiciales que integraron la Sala de Decisión accionada; vinculó a la actuación al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha y a la señora YUDELIS BRITO CÁRDENAS, demandante en el proceso ordinario cuya sentencia de segunda instancia aquí cuestiona la actora y dispuso además enterar de la decisión a esta última (fls. 4 y 5 cuaderno de la Corte).

SE CONSIDERA I.- PROCEDENCIA: según lo dispuesto en los artículos 1º, 5º y 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que señala este decreto, que “ haya violado, viole o amenace violar” cualquiera de los derechos constitucionales fundamentales de las personas.

II.- COMPETENCIA: La tutela que se examina, está dirigida contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º, regla 2ª, inciso primero del Decreto 1382 de 2000, esta Sala de la Corte tiene competencia para asumir su conocimiento en primera instancia. III.- MATERIA OBJETO DE ESTUDIO: Lo pretendido por la promotora de esta acción, es que se revoque o se haga ineficaz la sentencia de 28 de marzo de 2003, proferida por la Sala accionada en el proceso ordinario a que se ha venido haciendo alusión, y que se le ordene dictar una nueva providencia ajustada a derecho.

Igualmente, que se le ordene al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha suspender cualquier actuación posterior hasta tanto no finalice el presente trámite. IV.- LA RESPUESTA DE LA SALA ACCIONADA: Mediante escrito de réplica visible a folios 11 al 13 del cuaderno de la Corte, el Presidente de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha señaló lo siguiente: que con ocasión de la declaratoria de inexequibilidad del art. 40 del Decreto 2591 de 1991, se ha sostenido en forma repetida que la acción de tutela no puede utilizarse para controvertir decisiones judiciales dictadas con observancia de las garantías mínimas de defensa y contradicción, como es la que aquí se cuestiona, la cual se profirió acorde con los hechos y las pruebas, estando suficientemente motivada y ajustada al tema concreto, sin que revele la más mínima huella de haber obrado la Sala por capricho o por fuera de los lineamientos legales.

Agrega que la quejosa pretende replantear el conflicto ya decidido, como si la tutela fuera una tercera instancia; que el tutelista pone en duda la vigencia en el tiempo del art. 43 de la ley 712 de 2001 referente a la cuantía del recurso de casación, y sí consideraba que el tribunal se equivocó cuando negó ese recurso por no alcanzar la cuantía, tenía a su alcance el recurso de queja que prevé el art. 28 de la mencionada ley.

Por último acota, que la accionante se duele de que la sentencia del tribunal haya impuesto condena por indemnización moratoria, para lo cual argumenta que en otros casos la Sala ha inaplicado la misma sanción. Al respecto réplica el tribunal que los supuestos fácticos y las argumentaciones jurídicas en esos otros casos no coinciden con los que se esgrimieron en la sentencia que se ataca y por lo tanto la situación es diferente.

Se observa que los demás interesados guardaron silencio. IV.- ANÁLISIS DE LA SALA: De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue instituida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La solicitud de amparo constitucional sometida a estudio de la Sala contiene dos aspectos fundamentales que deben examinarse en forma independiente. El primero tiene que ver con el ius postulandi o legitimidad para interponer acciones de tutela, derecho que se radica en cabeza de las personas naturales a quienes se les vulnere o amenace un derecho constitucional fundamental, las que pueden instaurar la acción directamente, por medio de apoderado, o a través de las demás personas a que alude el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

En este orden de ideas, se observa que la solicitud de tutela fue promovida por el Centro de Diagnóstico de Especialistas Limitada “CEDES LTDA” a través de mandatario judicial constituido por su representante legal, siendo por este solo aspecto improcedente el amparo pretendido, pues ha sido criterio reiterado de esta Sala de la Corte, que esta categoría de personas no están legitimadas para ejercitar la acción referenciada.

Por ello importa traer a colación el criterio que en tal sentido ha expuesto la Corporación en numerosos fallos de tutela cuando ésta ha sido promovida por una persona jurídica. “1.- El reconocimiento de la “primacía de los derechos inalienables de la persona” dispuesto por el ar​tícu​lo 5oº de la Constitución debe entenderse referido y limitado a los seres huma​nos, sin que resulte admisible aceptar, a juicio de esta Sala de la Corte, que en el pen​samiento del Constituyente de 1.991 hubiese existido el propósito de extender esas garantías a los entes que el hombre crea para su uso y pro​vecho y que, por tanto, adquieren personería jurídica -– la pierden-— por la exclusiva voluntad humana.

Toda la estructura de nuestra Carta de Derechos muestra como inequívoca in​tención de sus autores, la de colocar las cosas al servicio de los seres humanos y no la de poner éstos al servicio de aquellas. Los derechos fundamentales que la Cons​ti​tu​ción ampara son los "inherentes a la persona humana" ”según lo indica su artículo 94 al advertir que las garantías que enuncia expresamen​te, así como las que consagran los Conve​nios Internacionales, no excluyen otras de la misma estir​pe. 2.- Preceptos de la Constitución como los contenidos en sus artículos 9º., 44, 53 y 93 conducen necesariamente a concluir que, en lo relaciona​do con las garan​tías fundamentales de las personas, el Constituyente de 1.991 tuvo el claro propósito de aco​modar nuestra Carta Po​lítica a los Tratados Internacionales que han veni​do regu​lan​do la protección de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Dere​chos Humanos (1.948) no se ocupó evi​dentemente de otorgar garan​tías a las personas jurídicas, pues de conformi​dad con su preámbulo, sólo pueden ser personas naturales los “miembros de la familia humana”, a quienes reconoce la “dignidad in​trín​seca" que determina la existencia de "derechos iguales e inalienables"” y es sin duda alguna para los "“eres humanos" para quienes debe procurarse el advenimiento de un mundo en el cual, liberados del temor y la miseria, disfruten de las liber​tades de palabra y de creencia. Son los seres humanos y no las perso​nas jurí​dicas quie​nes nacen libres e iguales en dignidad y dere​chos, pues de conformidad con el artículo 1o.ºde la Decla​ración, son los únicos dotados de "razón y concien​cia". ”n conse​cuencia, los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, a la fun​dación de una familia, a la par​ticipación en el gobier​no, a la seguridad social, al trabajo y al descanso, así como las libertades de pensamiento, de conciencia, de creencias, de opinión y de expre​sión que la Declaración consagra en sus artículos 3o., 4º., 5º., 1º, 18, 19, 20 y 24, sin discri​minación alguna por razones de raza, sexo, religión o convicción política, sólo pueden concebirse como propios de los seres huma​nos. “3.- En términos aun más precisos, la Decla​ra​ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1.948), identifi​ca los derechos a la vida, la liber​tad, la seguridad y la integridad de las personas como "inherentes a los seres humanos" (art. 10) y la Conven​ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1.969), luego de reconocer en su Preámbulo que los derechos esen​ciales del hombre se fundamentan en los atri​butos de la "persona humana", define en su artículo primero a la persona como "todo ser humano". 4º.- La Constitución Nacional (art. 14), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 6º.), la Decla​ración Americana de los Derechos y Deberes del Hom​bre (art. 17) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 3º.) garantizan a los seres humanos el derecho al recono​ci​miento de la perso​nalidad jurídica.

Esta es, desde lue​go, una imposición al Estado dispuesta por normas imperativas de orden supe​rior. Además de carecer de lógica, afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurí​dica, no tiene sentido alguno atri​buirle esa garantía a en​tidades que surgen a la vida del derecho como personas mo​ra​les por exclusiva volun​tad de los seres humanos que las crean como resultado de sus negocios jurídi​cos, y que asi​mismo, desaparecen por ministerio de esa misma voluntad.

No puede entonces afirmarse que las per​sonas jurídicas tengan el derecho fundamental a la vida del cual, es​trictamente, dependen todos los demás. “Con esta comprensión –ha sostenido esta Sala de la Corte—aparece claro que el artículo 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado como la consa​gración de un instrumento judi​cial enderezado a permitirle a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inherentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los dere​chos que le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal"”(Rad. 991, Mag.

Ponente Dr. Rafael Méndez Aran​go). “5.- La igualdad de las personas ante la ley, reconocida por la Constitución Nacional (Art. 13) y por los instru​mentos internacionales que ha revisado la Sala, sólo puede predicarse de los seres humanos. Equiparar los hom​bres a las cosas que ellos crean, para efecto de reco​no​cerles los mismos derechos fundamentales, constituye una afrenta a la condición y a los más altos valo​res de la es​pecie humana y una degra​dación del nivel que el Derecho Inter​na​cional le ha reconocido por medio de princi​pios y normas que, en buena parte, vinieron a ser acogidos por la Cons​titución Colombiana de 1.991.

De ahí precisa​men​te que tam​bién el Decre​to 2591 de 1.991 haya dispuesto (art. 4o.) que los derechos protegidos por la acción de tutela deban in​ter​pretar​se de conformidad con los tratados internaciona​les sobre derechos huma​nos. “6.- La circunstancia de que el ar​tícu​lo 92 constitucional hubiera fa​cultado a las personas jurídicas para solici​tar la aplicación de sanciones penales o disci​plinarias derivadas del incum​plimiento de los deberes pro​pios de las autoridades públicas no signi​fica que esas per​sonas morales sean titula​res de los derechos fundamenta​les que la Carta y los Tratados Inter​naciona​les reconocen a los seres huma​nos. Bien al contrario, una adecuada herme​néutica de la disposición, permite concluir que el constituyente otorgó esa facultad --que–desde luego no es por sí misma un derecho fundamental—por igual a los seres humanos y a las personas jurídicas, mediante una exten​sión específica que no admite otras ampliaciones o analogías.

“7.- El argumento planteado por la sociedad recurrente según el cual el derecho al debido proceso es común a los seres humanos y a las personas jurídicas, de modo que su desconoci​miento faculta por igual a unos y a otras para ejercitar la acción de tutela, no desvirtúa ni debilita las conclusiones que ha dejado expuestas la Sala, pues por no ser un fin en sí mismo, el dicho debido proceso sólo podrá considerarse como garantía fun​damental en la me​dida que constituya el medio idóneo de protección de los derechos inherentes a la persona huma​na.

Así lo establece la propia Decla​ración Universal de los Derechos Huma​nos al disponer en su artículo 8oº que "toda persona tiene derecho a un re​curso efectivo ante los tribunales nacionales compe​tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons​titución o por la Ley. Debe sin embargo reiterar la Sala, su criterio en el sentido de que las personas jurídicas en general, y de manera específica los sindicatos de trabajadores, pueden valerse de la acción de tutela, no con el propósito de defender sus propios intereses patrimoniales, sino con la finalidad de amparar los derechos fundamentales de los seres humanos individualmente considerados, que integren dichas entidades o que estén representados por ellas” (Rad. 994).

El segundo aspecto tiene que ver con el petitum principal de la tutela, encaminado que se revoque o se deje sin efecto la sentencia calendada el 28 de marzo último, dictada por la Sala accionada en el proceso ordinario seguido por YUDELIS BRITO CÁRDENAS contra la accionante y a que se le ordene dictar un nuevo fallo ajustado a las pruebas existentes y a las normas legales y jurisprudencia vigentes.

Tales súplicas, en estrictez, también son ajenas al escenario tutelar escogido por la actora y, por ende, están llamadas al fracaso en esta vía, pues tiene decantado esta Sala en múltiples fallos, que la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, no es un mecanismo abierto y de aplicación universal para combatir las providencias de linaje judicial, criterio que no constituye una opinión caprichosa de la Corporación, sino que se fundamenta en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

Desde antes del mentado fallo de inexequibilidad, el pensamiento que viene exponiendo la Corte sobre el punto en comento, es como sigue: “con el pretexto de proteger el debido proceso, al juez de tutela le está vedado injerirse en actuaciones de otro juez, puesto que las decisiones de uno y otro, son independientes y autónomas, según lo dispuesto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Política.

“Para la Corporación es claro que siempre existe la posibilidad de que al proferir sus decisiones los jueces, incurran en desaciertos; pero de esta probabilidad, connatural a toda actividad humana, no está necesariamente excluido el Juez de Tutela. Sería ilógico, por tanto pensar, que este fuera el único funcionario judicial despojado de la posibilidad de cometer errores y, como tal, el llamado a revisar las actuaciones de otros jueces, especializados además en las materias propias de su competencia, para controlar el cumplimiento del debido proceso y por consiguiente, imponer a esos otros jueces su criterio sobre la forma como deben adelantarse los juicios.

“Considera la Sala pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Sala Plena del 10 de septiembre de 1992 (rad. 615) dijo sobre el particular lo siguiente: “Cierto es que las autoridades públicas están obligadas a respetar en sus actuaciones las normas constitucionales, porque ellas subordinan el ejercicio del poder público en todas manifestaciones, sin que, desde luego, la función de administrar justicia pueda ser una excepción a ese principio.

Sin embargo, la tesis que ha adoptado la Corporación, fundada en el respeto prevalente del principio de la cosa juzgada, no se afianza, como equivocadamente se ha querido hacer ver, en la presunción de que los jueces están exentos de violar la Constitución o que en sus decisiones no están sometidos a la Constitución. No; lo que ocurre es que las decisiones judiciales tienen sus propios mecanismos de control para evitar que desborden la Constitución y la Ley, conforme a los cuales debe adelantarse la actuación judicial.

Mal puede pensarse que el sometimiento de los jueces a la Constitución, sea adecuado cuando conocen de la tutela, y en cambio no lo sea, cuando actúan en ejercicio de sus funciones ordinarias, hasta el punto de que se justifique revisar sus decisiones por medio de un procedimiento preferente y sumario, con el argumento de que ese examen rápido del derecho controvertido, garantiza mayor justicia y acierto en la decisión”.

Por ello se estima, que los argumentos esgrimidos por la persona jurídica accionante para atacar la providencia del tribunal, a los cuales se hizo alusión anteriormente, no constituyen razones válidas para demandar ante los jueces constitucionales el derecho deprecado. De ser así, ello convertiría la tutela en dispositivo complementario y adicional de protección. En otras palabras, erigiría la tutela en un recurso más contra las providencias judiciales ejecutoriadas, y esa no fue, ni puede ser la teleología que inspiró al Constituyente cuando implantó esta novedosa institución de defensa de los derechos fundamentales; ni es ese el alcance que se desprende del artículo 86 de la Carta Política.

Respecto de las actuaciones judiciales que, como se sabe, están cobijadas por la presunción de legalidad, cabe recordar que no procede el mecanismo excepcional de la acción en referencia, no solo por lo dicho anteriormente, sino también, porque el juez de tutela no está revestido de facultades para inmiscuirse decisiones adoptadas en un proceso judicial que, como la que dio origen a esta acción, se encuentra ejecutoriada, pues esto constituiría una incursión arbitraria en la órbita del juzgador ordinario, atentatoria de la seguridad jurídica y de los principios de independencia, autonomía y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia. El funcionario judicial, acótase, goza de autonomía para interpretar la ley; esa, precisamente, es la razón de ser de su función. Lo dicho es suficiente para negar, por improcedente, el amparo deprecado y así se procederá..

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR, por improcedente, la solicitud de tutela presentada por el Centro de Diagnóstico de Especialistas Limitada “CEDES LTDA” contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha. SEGUNDO.- Por el medio de comunicación más eficaz, la Secretaría de la Sala hará conocer a los interesados lo aquí resuelto.

TERCERO. - Si no fuere impugnada esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CÓPIESE,

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria 11