CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela 9522 SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación 9522 Magistrado ponente Doctor LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ Acta 62 Bogotá, septiembre diecisiete (17) de dos mil tres (2003) Procede la Corte a resolver la acción de tutela interpuesta por Hector Horacio Vargas en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá integrada por los magistrados Graciela Moreno de Rodriguez, Carmen Rosa Ruiz Vargas y Ramiro Torres Lozano; el Juez Séptimo Laboral de Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Fondo Nacional del Ahorro.

I.

ANTECEDENTES Ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el actor impetra amparo constitucional en contra de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, el Juez Séptimo Laboral de Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Fondo Nacional del Ahorro, al considerar que se le transgreden derechos de esa estirpe con las providencias emitidas dentro del proceso ejecutivo laboral que le cursó a la Superintedencia de Notariado y Registro.

Precisa que después de haber tramitado un proceso contencioso Administrativo contra la Registraduría de Instrumentos Públicos y Privados de Bogotá, obtuvo la orden de ser reintegrado al cargo de Registrador en la ciudad de Zipaquira, o a uno de igual o superior categoría y al pago de salarios y prestaciones, declarando que no hubo solución de continuidad en el contrato.

Que la Superitendencia en una interpretación errónea de la sentencia y en lugar de cumplir con el reintegro, hizo un nuevo nombramiento como si se tratara de un contrato diferente; que aunque reconoció y pago los salarios, primas y bonificaciones causadas hasta octubre de 1994, no hizo lo propio con el auxilio de cesantía ya que a pesar de informársele que las habían consignado en el Fondo Nacional del Ahorro, ésta entidad le ha certificado que ello no ha ocurrido.

Que por lo anterior instauró un proceso ejecutivo del que conoció el juez séptimo laboral de Bogotá y el Tribunal Superior en su Sala Laboral declarando probada, equivocadamente, la excepción de pago y dándolo por terminado, lo cual en criterio del accionante constituye violación al debido proceso, al trabajo, al acceso a la administración de justicia, a la prelación del derecho sustancial y al imperio de la ley.

Remitida la acción por competencia a ésta corporación, fue admitida y puesta en conocimiento de las autoridades accionadas, de quienes sólo la doctora Graciela Moreno de Rodriguez hizo uso del derecho de defensa enviando oficio a esta Corporación en la que manifiesta atenerse al contenido de la providencia fechada en junio 20 de 2003. II.

PROCEDENCIA DE LA ACCION Establece la Carta Política en su artículo 86 que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando estos se vean amenazados por la acción o por la omisión de una autoridad pública, los primeros cuentan con la vía judicial preferente denominada Tutela, la que para ejercerse no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la rama judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.

Sin embargo dicha facultad no es absoluta sino que por el contrario se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que se hallen consagrados en otros acápites de dicha normatividad, pero que por su conexidad revistan ese carácter. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio, se permitió la utilización de este mecanismo judicial, por así disponerlo el artículo 11 del decreto 2591 de 1991 reglamentario de la Acción de Tutela, aclarando que sería viable solamente para sentencias o decisiones que pusieran fin a la instancia; no obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada.

Y es que en efecto las determinaciones emitidas dentro de un juicio ya ordinario, ya especial, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos. Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del tramite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando el resultado desfavorable.

La firmeza de tales providencias es también una garantía de orden constitucional prevista en el artículo 29 de la Carta que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de estos. Además, como lo ha sostenido esta Sala: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.”(Sentencia 3103 de Marzo 2 de 1998).

Indudablemente que los funcionarios judiciales, como cualquier otro ser humano, no se hallan exentos de incurrir en errores, de allí que incluso la Constitución haya establecido el derecho a la doble instancia, con el propósito sano de garantizar a los administrados, la posibilidad de que las determinaciones tanto de tipo administrativo como judicial, fueren revisados por otros servidores de mayor rango al que inicialmente los expidió; pero pretender que se analicen por el juez tutelante como si este fuera infalible, es contradictorio y desconocedor de la realidad.

Por lo anterior no se accederá a tutelar el derecho impetrado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la acción de tutela incoada por Hector Horacio Vargas en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá integrada por los magistrados Graciela Moreno de Rodriguez, Carmen Rosa Ruiz Vargas y Ramiro Torres Lozano; el Juez Séptimo Laboral de Bogotá, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Fondo Nacional del Ahorro.

SEGUNDO. - NOTIFICAR a los interesados mediante envío telegráfico o cualquier otro medio expedito. TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no llegar a ser impugnado el presente fallo.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS GONZALO TORO CORREA GERMÁN G. VALDES SANCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria. 4