CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela 9368 SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación 9368 Magistrado ponente Doctor LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ Acta 56 Bogotá, agosto once (11) de dos mil tres (2003) Procede la Corte a resolver la presente acción de tutela interpuesta por Constantino Vicente Quintero en contra de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá integrada por los magistrados ANGELA MARIA BETANCUR DE GOMEZ, EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS y GUSTAVO H. LOPEZ ALGARRA.

I.

ANTECEDENTES Ante esta Corporación el actor impetra amparo constitucional en contra de la Sala Laboral del Tribunal de Bogotá, al considerar que se le transgreden derechos de esa estirpe con la providencia emitida el 30 de mayo del presente año dentro del proceso ordinario que le instauró a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación. Precisa el tutelante que suscribió conciliación en 1991 con el ente empleador, existiendo vicios en su consentimiento, por lo que buscó la nulidad de dicha acta; admite igualmente haber recibido una suma de dinero por concepto de indemnización, cifra con la que considera se configura lesión enorme, ya que no se previó su devaluación como tampoco ocurrió en relación con la pensión de jubilación. Agrega haber interpuesto el recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal, sin que hasta la fecha se le haya concedido; de otra parte narra las diferentes actividades económicas que ha emprendido con el dinero que recibió como indemnización y que le han generado pérdidas y procesos ejecutivos en su contra.

Por lo anterior asegura que se ponen en peligro el derecho a la vida digna, así mismo considera que se le viola el derecho a la igualdad económica, a la intimidad personal y a su buen nombre, el desarrollo de la personalidad y el derecho a la honra. En el término de traslado a los accionados y al representante legal de la entidad demandada en el proceso ordinario, ésta última solicitó se declarara la improcedencia de la acción, por tratarse de providencias judiciales.

II. PROCEDENCIA DE LA ACCION Establece la Carta Política en su artículo 86 que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando estos se vean amenazados por la acción o por la omisión de una autoridad pública, los primeros cuentan con la vía judicial preferente denominada Tutela, la que para ejercerse no exige requisito formal alguno. Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir a la rama judicial en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impidiera el acto amenazante o lo suspendiera.

Sin embargo dicha facultad no es absoluta sino que por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que se hallen consagrados en otros acápites de dicha normatividad, pero que por su conexidad revistan ese carácter. Ahora bien, tratándose de providencias judiciales, en principio, se permitió la utilización de este mecanismo judicial, por así disponerlo el artículo 11 del decreto 2591 de 1991 reglamentario de la Acción de Tutela, aclarando que sería viable solamente para sentencias o decisiones que pusieran fin a la instancia; no obstante ello, la Corte Constitucional en el estudio pertinente determinó la inexequibilidad de la referida disposición, al pregonar la figura de la Cosa Juzgada.

Y es que en efecto las determinaciones emitidas dentro de un juicio ya ordinario, ya especial incluido obviamente el de tutela, gozan de presunción de legalidad al igual que los actos administrativos y por ende, han de respetarse y acogerse por quienes de manera libre y voluntaria acuden a la administración de justicia buscando la solución a sus conflictos.

Así las cosas, las partes deben someterse a las decisiones que dentro del tramite del respectivo proceso adopte el funcionario judicial, sin que sea viable pretender su desconocimiento alegando el resultado desfavorable. La firmeza de tales providencias es también una garantía de orden constitucional prevista en el artículo 29 de la Carta que consagra el deber de brindar un juicio con el lleno de las formalidades propias de estos.

Además, como lo ha sostenido esta Sala: “ …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.”(Sentencia 3103 de Marzo 2 de 1998).

Indudablemente que los funcionarios judiciales, como cualquier otro ser humano, no se hallan exentos de incurrir en errores, de allí que incluso la Constitución haya establecido el derecho a la doble instancia, con el propósito sano de garantizar a los administrados, la posibilidad de que las determinaciones tanto de tipo administrativo como judicial, fueren revisados por otros servidores de mayor rango al que inicialmente los expidió; pero pretender que se analicen por el juez tutelante como si este fuera infalible, es contradictorio y desconocedor de la realidad.

Por lo anterior no se accederá a tutelar el derecho impetrado. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR la acción de tutela incoada por CONSTANTINO VICENTE QUINTERO en contra de la Sala de Casación Laboral del Tribunal Superior de Bogotá integrado por los doctores ANGELA MARIA BETANCUR DE GOMEZ, EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS y GUSTAVO H. LOPEZ ALGARRA. SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados mediante envío telegráfico o cualquier otro medio expedito.

TERCERO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en el evento de no llegar a ser impugnado el presente fallo.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LOPEZ VILLEGAS LUIS GONZALO TORO CORREA GERMÁN G. VALDES SANCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO LAURA MARGARITA MANOTAS GONZALEZ Secretaria. 8