CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 8 2 Tutela 8384 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrada ponente: ISAURA VARGAS DÍAZ Tutela No. 8384 Acta No. 52 Bogotá D. C., catorce (14) de noviembre de dos mil dos (2002). Resuelve la Corte la impugnación propuesta por el señor VICTOR AURELIO RICARDO ALVAREZ contra la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 17 de octubre de 2002, en la acción de tutela interpuesta por NAPOLEÓN RICARDO ALVAREZ contra LA SALA CIVIL–FAMILIA–LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SINCELEJO y EL JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SUCRE (SUCRE).

I.

ANTECEDENTES 1. NAPOLEÓN J. RICARDO ALVAREZ instauró la acción de tutela por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso y con el propósito de que se decrete “la revocatoria o nulidad de la sentencia de 23 de octubre del 2000, expedida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre) y confirmada por la Sala de Familia – Civil – Laboral” (folio 6), y, en su lugar, “se ordene el traslado de la demanda a las personas indeterminadas, que en este caso lo son herederos legítimos de JESÚS MARIA RICARDO, señores FERNAN RICARDO ALVAREZ, FLORISELDA RICARDO TORRES, el interdicto JULIAN RICARDO ALVAREZ (…), a los herederos de LAUREANO Y MARGARITA RICARDO ALVAREZ y al suscrito”.

(ibídem). Fundó las anteriores solicitudes, en síntesis, en que en el proceso ordinario que VICTOR AURELIO RICARDO ÁLVAREZ siguió ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre contra RUBY DEL CARMEN RUZ RUZ y demás personas indeterminadas, no obstante no haberse notificado en debida forma el auto admisorio de la demanda a estos últimos al incurrirse en varios errores en la publicación del edicto emplazatorio; proseguirse la actuación con el curador ad litem designado para la representación de éstos a pesar de encontrarse inhabilitado para ello, tal como la secretaría del despacho lo informó al funcionario en su oportunidad; y el curador ad litem de Ruby del Carmen Ruz Ruz, haber contestado extemporáneamente la demanda, no en su nombre sino en el de los terceros indeterminados --actuaciones todas ellas que constituyen “vías de hecho” (folio 1)--, mediante sentencia de 23 de octubre de 2000, el juez declaró en favor del demandante la prescripción extraordinaria adquisitiva del dominio sobre el predio ‘rural’ denominado COLON, ubicado a orillas del Río la Mojana, decisión que no apelada fue consultada y posteriormente confirmada por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo por sentencia de 15 de marzo de 2001.

También está dicho en el escrito con el que se inició el trámite que, además de haberse incurrido por el juez de primera instancia en las anteriores “ vías de hecho”, en el curso de la práctica de la diligencia de inspección judicial el juez aceptó la solicitud del abogado del demandante para el “cambio de testigos (…), sin que mediase auto previo” (folio 5); y que si bien está en apelación la decisión de la Fiscalía General de la Nación de inhibirse de abrir investigación por el delito de fraude procesal que se cometió en el proceso, y no desconoce que le es posible ejercitar la “acción de Revisión prevista en la ley” (ibídem), debe concederse el amparo constitucional solicitado “para evitar la consumación de un perjuicio irremediable que afecte los derechos fundamentales de los herederos de JESUS MARIA RICARDO y del suscrito” (ibídem), por existir la posibilidad “de que el bien adjudicado irregularmente en el proceso de prescripción, sea transferido” (ibídem). 2.- La Sala de Casación Civil de la Corte, mediante sentencia de 17 de octubre de 2002, tuteló los derechos del debido proceso y defensa de NAPOLEÓN J. RICARDO ALVAREZ y, en consecuencia, ordenó a la Sala accionada que en el termino de 48 horas, contados a partir del conocimiento de dicha providencia, “tras revocar la sentencia que resolvió la consulta de la sentencia de primer grado dictada en el proceso aludido, disponga lo pertinente para dejar indemne el derecho amparado” (folio 101), fundada en que “en el proceso en cuestión se incurrió en un defecto procedimental, toda vez que no solo fueron emplazados(sic) en debida forma las personas indeterminadas que pudieran tener interés en el inmueble objeto de la pretensión, de las cuales hace parte el accionante en su condición de heredero del señor Jesús María Ricardo, sino que se adelantó el proceso sin que se les hubiera designado un curador ad litem que los representara” (Folio 99).

Estimó la Sala de Casación Civil que las llamadas ‘vías de hecho’ en que incurrió el juez del conocimiento se concretan en que, a pesar de que el artículo 407 del C. P. C., impone que el edicto por medio del cual se emplaza a las personas que se creen con derechos sobre el respectivo bien a usucapir debe publicarse en un diario de amplia circulación y transmitirse, si a ello hubiere lugar, en una radiodifusora del lugar, si la hubiere, en este proceso no se dispuso la publicación en radiodifusora y la publicación se hizo en un diario diferente al ordenado, el cual es de “dudosa circulación en la localidad donde se desarrollaba el litigio”.

(ibídem). Para la Sala de Casación Civil, las autoridades judiciales accionadas pasaron por alto que la secretaría del juzgado informó a las partes y al juez del conocimiento que el curador de los terceros indeterminados se encontraba inhabilitado para asumir la designación por encontrarse ejerciendo un cargo publico por lo que se continuó con el trámite del proceso sin designar un nuevo curador, incurriendo con ello en actuaciones que “cercenaron el derecho de contradicción del demandante y por ende los del debido proceso y de defensa” (folio 100), razón suficiente para conceder el amparo constitucional, habida consideración que “el actor no dispone de otro medio para atacar el defecto anotado” (ibídem). 3.- El apoderado de Víctor Aurelio Ricardo Álvarez, al impugnar el fallo de tutela, cuestiona la notificación del auto admisorio de la acción constitucional a su representado y afirma, en relación con los reparos procesales que en la sentencia de tutela se hicieron a la actuación de las autoridades judiciales accionadas, que no se incurrió por éstas en las vías de hecho que se les atribuyen, dado que el curador ad litem de los demandados indeterminados tomó debida posesión de su cargo y contestó la demanda de pertenencia; el edicto emplazatorio se publicó en el periódico El Universal de la ciudad de Cartagena, el cual “tiene incluso mayor circulación en el municipio de Sucre que el diario El Tiempo”.

(folio 109); y no existía para la época de la publicación radiodifusora en dicha localidad. Además, aduce, que para defender los derechos que alega el accionante existe como medio de defensa judicial el recurso extraordinario de revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Con independencia de tener que establecer si al inhabilitarse el curador ad litem que actúa en el proceso debe designársele reemplazo; o si por ser el diario El Universal “de dudosa circulación en la localidad donde se desarrollaba el litigio”, era necesario que en el proceso a que se refiere el presente trámite la respectiva publicación se hiciera en el periódico El Tiempo; e incluso, si le es o no posible al juez en la diligencia de inspección judicial, en los procesos de pertenencia ‘rural’, recibir el testimonio de personas que inicialmente no fueron anunciadas por las partes, cuestiones todas ellas de índole jurídico y por tanto susceptibles de ser discutidas por las partes mediante el uso de los recursos y remedios procesales consagrados en la ley, y por tanto extrañas al ámbito de la acción de tutela, como no queda duda que lo que NAPOLEON RICARDO ALVAREZ pretendió en su demanda, so capa de haberle sido vulnerado el derecho al debido proceso, tanto a él como a los demás demandados, es que se interfiera el trámite del proceso que ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sucre (Sucre) siguió VICTOR RICARDO ALVAREZ para obtener la declaración de prescripción adquisitiva de dominio sobre el bien indicado en la demanda, habrá de revocarse la sentencia impugnada para, en su lugar, negar el amparo constitucional reclamado, por ser lo cierto que, como ha tenido oportunidad de explicarlo reiteradamente esta Sala de la Corte, no es dable mediante la tutela invalidar los efectos de las providencias judiciales, puesto que, además de que esa posibilidad no cuenta con un respaldo normativo expreso iría en contra de los principios de cosa juzgada y de autonomía judicial, claramente consagrados en la Constitución Política, por las razones que la Corte precisó en la sentencia proferida el 11 de abril de 2002, radicación 7542, en la que manifestó lo que a continuación se transcribe: “ 1-.

EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA Tal como lo ha advertido la propia Corte Constitucional, la función de administrar justicia, “ lleva implícito el concepto de la cosa juzgada aún antes de su consagración en normas positivas, pues resulta esencial a los fines que persigue” (sentencia C-543/92) y, aunque no existe norma expresa, no duda ese ente colegiado en asignarle una raigambre estrictamente constitucional, no susceptible de ser desconocida por el legislador, tal como lo expresa en el mismo fallo de constitucionalidad: “Que la Constitución no destine uno de sus artículos a proclamar expresamente y para toda clase de procesos el principio de la cosa juzgada, en nada disminuye la raigambre constitucional del mismo ni su carácter vinculante para el legislador, cuyos actos no pueden contrariarlo.

“… “El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. “Pero, además, si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho –‘non bis in idem’-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

“Por otra parte, el Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta la autoridad del Estado colombiano, el de ‘asegurar a sus integrantes ( ) la justicia, ( ) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden ( ) justo ’. “A juicio de la Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marco jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre.

“El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio.

Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” 2-.

EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LOS JUECES El principio de la autonomía de los jueces encuentra su consagración constitucional en el artículo 228 de la Carta Política. Este claro mandato superior preserva tanto el respeto a las decisiones de los órganos constituidos – fundamentalmente el Congreso de la República- como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar.

Cuando las prescripciones legales son claras y han sido declaradas avenidas a la Carta Política no pueden ser cambiadas por la opinión de ningún juez, sin importar su nivel en la organización judicial. El cumplimiento de la ley dictada por la autoridad competente es la verdadera garantía de igualdad, es el auténtico antídoto contra el capricho judicial y la fuente inequívoca de seguridad jurídica.

La defensa de la autoridad del órgano que dicta las leyes y del contenido de éstas, antes que una postura jurisprudencial inconsistente, es el cabal acatamiento de un diáfano precepto constitucional, ese sí de ineludible cumplimiento, con carácter perentorio al exigirle al juez que “sólo” le deba obediencia a la ley, lo que descarta la sumisión a quien pretenda desconocerla o ignorarla.

Este postulado constitucional implica entonces, que las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en cuestión, de ahí que no encaje en nuestro orden constitucional, como lo sostiene la propia Corte Constitucional, un sistema que permita al juez de tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos de derecho que la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas.

Las siguientes son sus palabras: “Como se puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas.

Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente.” (sentencia C-543/92) 3-. LA TUTELA FRENTE A DECISIONES JUDICIALES 1.- La única disposición que permitió la tutela contra decisiones del órgano límite fue estimada contraria al ordenamiento constitucional por la propia autoridad a quien se le confió la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución, quien al declararla inexequible la retiró del mundo jurídico y no habiendo ninguna otra ley que permita la revisión de providencias judiciales, resultara manifiesto, por lo menos así lo considera la Sala, que ninguna autoridad está facultada legal ni constitucionalmente para alterar el carácter inmutable de que están revestidas las sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada.

En efecto, la propia Corte Constitucional mediante la sentencia C-543/92, declaró la inexequibilidad del artículo 11, y por unidad normativa, del 40 del decreto 2591 de 1991, que admitían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, sustancialmente, por considerar: “Conclusión forzosa de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.

Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”. 2.- En dicha providencia que, de acuerdo al artículo 243 de la Carta Política, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, consideró la Corte que el Constituyente de 1991 no consagró la acción de tutela “ como medio de defensa contra los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo 29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas” y al analizar los antecedentes constitucionales del artículo 86, concluyó que hubo en el seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción de que no procedía este mecanismo contra las decisiones de los jueces dictadas para resolver los asuntos a su cargo.

Sobre el punto se expresó de la siguiente manera: “Un recto sentido de la acción de tutela no puede conducir a excesos como los descritos, ya que el fundamento de su consagración, según los registros correspondientes a los debates efectuados en la Comisión correspondiente y en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, consistió en la protección oportuna y eficaz de los derechos para hacer justicia en circunstancias que escapaban a las previsiones del ordenamiento jurídico anterior, pero no en la desestabilización de los medios procesales que ya habían sido especialmente contemplados también para la defensa y efectividad de los derechos.

“De gran importancia resulta en este caso la consideración de los antecedentes constitucionales. En la Asamblea Nacional Constituyente se perfiló desde el comienzo el alcance del mecanismo hoy consagrado en el artículo 86 de la Carta como oponible a actos u omisiones de autoridades públicas, pero no a las sentencias ejecutoriadas. Apenas motivos relacionados con la forma o redacción del articulado llevaron a suprimir la limitación expresa en este sentido, de lo cual obra constancia de indudable precisión y autenticidad.

"Con el criterio de simplificar el artículo, en la comisión se suprimieron ciertos aspectos. Unos, como la referencia expresa a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares. Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada (Subraya la Corte).

“En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación o porque hay una decisión definitiva de la autoridad competente ( ). Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la Comisión" (Se subraya).

“Existió, pues, en el seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción sobre el verdadero entendimiento del artículo aprobado: se consagraba la acción de tutela como forma nueva de protección judicial de los derechos, pero no contra las decisiones dictadas por los jueces para resolver sobre los litigios a su cargo. Que hayan sido negadas proposiciones tendientes a consagrar de modo expreso tal limitación no supone que el Constituyente hubiese elevado a norma constitucional la tesis contraria a la que tales propuestas hubiesen deseado plasmar literalmente.

El rechazo de ellas apenas significa la improbación de textos determinados, probablemente acogiendo la tesis del informe-ponencia citado en el sentido de que su inclusión no era necesaria, pero de ninguna manera sería lícito inferir de dicha negativa la actual vigencia de un "mandato implícito" en el que pueda apoyarse la tutela contra los proveídos judiciales.

“Advierte también la Corte que, en una concepción claramente restrictiva, dentro del propósito inicial que guió al Gobierno Nacional como promotor del proceso que condujo a la expedición de una nueva Carta Política, no estuvo comprendida la posibilidad de diseñar la acción de tutela como mecanismo que pudiera incoarse contra decisiones judiciales.

Así, el proyecto de acto reformatorio de la Constitución sometido por el Gobierno a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente, contiene una parte dedicada a los instrumentos para la eficacia de los derechos, siendo uno de aquellos el "derecho de amparo" en virtud del cual, según el texto de la propuesta, "cualquier persona podrá solicitar, en todo momento y lugar, por sí misma o por quien la represente, ante una autoridad judicial el amparo de sus derechos constitucionales directamente aplicables cuando sean violados o amenazados por actos, hechos u omisiones de cualquier autoridad pública".

Más adelante, al fijar el alcance del proyecto, en la exposición de motivos se lee que "para efectos del artículo propuesto, autoridades públicas serían los órganos, corporaciones o dependencias de la rama ejecutiva del poder público, las entidades descentralizadas, los órganos de control, los órganos electorales y las entidades privadas, cuando unos y otras cumplan funciones administrativas.

Cualquier acto, hecho u omisión de estas autoridades públicas podría dar lugar al ejercicio del derecho de amparo" “Obsérvese que el criterio que se cita estuvo orientado en un sentido más restringido que el finalmente acogido por la Asamblea Nacional Constituyente y que ahora interpreta la Corte Constitucional en esta providencia, haciendo posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias.” 3.- Como consecuencia de las violaciones a los principios de rango constitucional de la cosa juzgada y de la autonomía funcional de los jueces, la obstrucción del acceso a la administración de justicia y el rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, que, observó la Corte en su extenso análisis, implicaría la figura de la acción de tutela frente a las decisiones judiciales, además de que él no está contemplado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la llevaron a concluir tajantemente que tal amparo no procede contra ninguna providencia judicial.- Después de producida esa decisión y en innumerables ocasiones, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, ha acatado y respetado esa determinación de la Corte Constitucional, desechando, en consecuencia, cualquier posibilidad de ataque por vía de tutela contra una sentencia judicial.

A manera de ejemplo se transcribirá lo expresado en la sentencia 10797 del 3 de abril de 2000, en la que se dijo lo siguiente: “Habrá de confirmarse el fallo por no ser legalmente posible interferir la actuación de un funcionario judicial, como tampoco revisar un proceso ya resuelto por el juez competente, puesto que los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591, que aparentemente le servían de sustento al ejercicio de la acción contra providencias judiciales, fueron declarados inexequibles; y, por ello, en cumplimiento de dicha sentencia --cuyos efectos erga omnes no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad--, no es dable reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, como tampoco, y esta es una conclusión apenas obvia, elaborar construcciones doctrinarias que permitan mantener los efectos de normas que por haber sido encontradas contrarias a la Constitución Política, mediante fallo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, se decidió que eran inaplicables.

“Por lo anterior y conforme lo ha explicado muchas veces esta Sala de la Corte, el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 tiene como ineludible consecuencia la de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la "norma de normas".

“Ello será así aun en aquellos casos en los que pudiera pensarse que la providencia resulta equivocada, pues de la probabilidad de error no está exenta ninguna decisión humana. Probabilidad de error de la que, desde luego, no queda excluido el juez cuando conoce de una acción de tutela, siendo incluso seguramente más probable el desacierto en estos casos dada la circunstancia de tener que adelan​tarse con extrema celeridad el trámite y por cuanto se priva a la parte contra la que se toma la decisión de la oportunidad de ser oída y de controvertir las pruebas que presenta todo aquel que cree que sus derechos han sido amenazados o vulnerados, acomodándo​las a su particular interés por una natural inclinación del ser humano. “Dado que la misma Constitución Política establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en sentencia de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991”. Las razones consignadas en la providencia de la que se ha hecho cita, que con esta decisión se reiteran, a juicio de la Corte son suficientes para revocar la sentencia impugnada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1. REVOCAR la sentencia de fecha 17 de octubre de 2002, proferida por la SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En su lugar, negar la tutela reclamada. 2. Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. ISAURA VARGAS DIAZ CARLOS ISAAC NADER EDUARDO ADOLFO LOPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDES SANCHEZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO JESUS ANTONIO PASTAS PERUGACHE Secretario � Cfr. Asamblea Nacional Constituyente.

Informe-Ponencia "Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico". Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional Nº 77. Mayo 20 de 1991. Págs. 9 y 10. �Presidencia de la República. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia. Febrero de 1991. págs. 203 y 205.