Radicación N° República de Colombia Corte Suprema de Justicia PÁGINA 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 7847 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CARLOS ISAAC NADER ACTA N° 24 RADICACIÓN No. 7847 Bogotá, D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil dos (2002). Se decide la acción de tutela interpuesta por la apoderada judicial de la señora YOLANDA MINA GARCIA contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI y el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma ciudad.

I.

ANTECEDENTES 1. La demandante instauró la presente acción con el fin que le sean protegidos los derechos fundamentales de defensa, petición y debido proceso, supuestamente violados por los señalados despachos judiciales al no practicar todas las pruebas solicitadas en el proceso ordinario laboral seguido contra las Empresas Públicas Municipales;

Solicita se ordene la suspensión del trámite del reseñado proceso, que se encuentra para fallo de segunda instancia. 2. Las referidas pretensiones se apoyan en los siguientes hechos narrados por el libelista: 1) Presentó demanda ordinaria laboral contra la entidad antes indicada con el objeto de obtener el reconocimiento del contrato realidad, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cali, despacho que procedió a efectuar la notificación a la demandada del auto admisorio conforme al artículo 320 del C.P.C. cuando debió hacerlo en los términos del artículo 23 de la Ley 446 de 1998; 2) Como quiera que no fue posible hacer la notificación personal, el juzgado procedió a designar curador ad litem, quien contestó la demanda oportunamente; 3) Con posterioridad, el 26 de julio de 1999, se celebró la audiencia de conciliación y primera de trámite, en la cual la apoderada judicial de EMCALI contestó de nuevo la demanda; en la continuación de esa audiencia, el despacho decreta las pruebas solicitadas por la parte actora en la demanda y su adición; 4) Más tarde, el juzgado señala fecha para juzgamiento y en la respectiva providencia cierra implícitamente la etapa probatoria al indicar que no había más pruebas que practicar, decisión que es recurrida por la actora a fin de que se revoque y en su lugar se practiquen las pruebas decretadas; 5) El 27 de febrero se dicta la sentencia, sin reparar en las peticiones presentadas por la demandante con anterioridad; 6) Dicha sentencia es apelada y en la audiencia de alegaciones en el Tribunal la actora porfía en su solicitud de practica de las pruebas dejadas de practicar en la primera instancia, petición que es negada, lo que obliga a interponer reposición contra esa providencia, impugnación que igualmente se negó, agotándose de esta forma todos los medios de defensa para la protección de los derechos fundamentales. 3.

Esta Sala mediante auto del 7 del mes cursante asumió el conocimiento de la tutela, dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, así como comunicar la iniciación de la acción a los interesados. 4. El magistrado ponente rindió informe (folios 18 y 19) en el que explica que en efecto en la audiencia de alegaciones ante ese Tribunal la actora solicitó la practica de algunas pruebas, entre ellas testimonios e inspección judicial, a lo cual se opuso la contraparte arguyendo que dichas pruebas ya habían sido evacuadas.

En todo caso, la Corporación no halló necesario practicar las pruebas deprecadas. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con el primer inciso del numeral segundo del Decreto No. 1382 de 2000, esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción, por ser el superior funcional de la entidad jurisdiccional de mayor grado accionada.

Se pretende, según se dejó anotado en los antecedentes, que se suspenda el trámite del proceso ordinario laboral seguido por Yolanda Mina García contra EMCALI. Con relación al punto, es pertinente reiterar una vez más que para esta Sala el amparo constitucional consagrado en el artículo 86 de la Carta Política no es procedente para hacer revisar actos de naturaleza jurisdiccional sin que para ello importe el rango ni especialidad de la autoridad que lo profirió, como tampoco si se trata del ejercicio de funciones judiciales permanentes o temporales, ni si se cuestionan autos o sentencias.

Mucho menos puede echarse mano a ese mecanismo para compeler a los inferiores funcionales a que actúen en uno u otro sentido, o suspendan el trámite de los procesos, cuando lo que manda la norma superior es la pronta resolución de los conflictos jurídicos sometidos a la consideración de los jueces y el respeto por la autonomía de tales funcionarios.

Sobre este particular aspecto en fallo del 29 de octubre de 1998 esta Corporación expresó: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. La Sala de Casación Laboral de la Corte mantiene inmodificable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional de Derecho pretender que el juez de tutela pueda interferir o anular la actuación o decisión de otro funcionario judicial pues ello, además de prolongar, ahí sí, indefinidamente los litigios, atenta contra los principios de seguridad jurídica, especialización del trabajo y cosa juzgada, valores esenciales de nuestro sistema normativo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada, de acuerdo con lo antes expuesto. SEGUNDO.- Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CARLOS ISAAC NADER FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA LUIS GONZÁLO TORO CORREA GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DÍAZ FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO JESÚS ANTONIO PASTÁS PERUGACHE Secretario