CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia 10 Tutela 5840 9 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela 7793 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: CARLOS ISAAC NADER Acta No. 22 Radicación No. 7793 Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil dos (2002). Se decide la acción de tutela interpuesta por la apoderada judicial de la señora CLARA VILLANUEVA DE GONZÁLEZ contra la SALA LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL de SANTA MARTA y el JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO de esa misma ciudad.

I.

ANTECEDENTES 1. La demandante instauró la presente acción con el fin que le sean protegidos los derechos fundamentales a la igualdad, del trabajador, al debido proceso, a la remuneración mínima vital, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en la leyes laborales, los derechos adquiridos, a la prevalencia del derecho sustancial y al acceso a la justicia, ordenándole a los accionados que en el término prudencial de 48 horas, revoquen las providencias del 7 de septiembre de 2001 y 1o de febrero de 2002 en el término de 48 horas y, en su lugar, libren mandamiento ejecutivo a favor de la accionante. 2.

Las referidas pretensiones se apoyan en los hechos narrados por el libelista y que se resumen a continuación: a) El Fondo Distrital de Cesantías del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, mediante Resolución No. 0160 del 8 de agosto de 1995, reconoció y ordenó el pago de sus cesantías, la cual le fue notificada el 12 de marzo de 1998; b) Transcurrido el término legal de 45 días, no le fueron canceladas, razón por la cual mediante escrito del 15 de marzo de 2000, solicitó al Gerente de la Caja de Previsión Social de Santa Marta su cancelación, sin obtener respuesta de pago; c) Con este propósito, presentó demanda ejecutiva laboral ante el Juzgado Cuarto Laboral de Santa Marta, despacho que luego de librar mandamiento ejecutivo, al resolver las excepciones formuladas por el apoderado del Municipio, declaró probada la prescripción de la acción, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Laboral, no obstante que en el proceso reposan escritos que prueban la interrupción del aludido fenómeno extintivo, los cuales no les mereció valor probatorio. 3.

Mediante auto del 24 de mayo del año que cursa, la Corte asumió el conocimiento de la tutela, dispuso tener como pruebas las documentales aportadas con el escrito introductor, así como comunicar la iniciación de la acción a los interesados. 4. Los funcionarios judiciales contra quien se dirige la presente acción guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con el primer inciso del numeral segundo del Decreto No. 1382 de 2000, esta Sala de la Corte es competente para conocer de la presente acción, por ser el superior funcional de la entidad jurisdiccional accionada.

Se pretende, según se dejó anotado en los antecedentes, que se declare la ineficacia de la decisión tomada tanto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, como también por el Juzgado Cuarto de esa ciudad, dentro del proceso ejecutivo laboral seguido por la accionante contra el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, para que una vez conseguido dicho objetivo se reenvíe el expediente a esa colegiatura con el fin de que dicte una nueva providencia, ajustándola a los dictados de la Carta Política.

Con relación al punto, es pertinente reiterar una vez más que para esta Sala de la Corte el amparo constitucional consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política no es procedente para hacer revisar actos de naturaleza jurisdiccional sin que para ello importe el rango ni especialidad de la autoridad que lo profirió, como tampoco si se trata del ejercicio de funciones judiciales permanentes o temporales, ni si se cuestionan autos o sentencias.

Sobre este particular aspecto en fallo del 29 de octubre de 1998, expresó: “Esta Sala de la Corte inaplicó los artículos del Decreto 2591 de 1991 que autorizaban la acción de tutela contra providencias judiciales antes de que la Corte Constitucional declarara inexequible dichas normas. Por ello, habiéndose proferido la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, que declaró inexequible los artículos 11, 12 y 40 de dicho decreto, resulta en verdad una temeridad acudir a este procedimiento para tratar de interferir las actuaciones judiciales adelantadas por un juez diferente a aquél al que se solicita el amparo.

“Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. “Según las consideraciones de la sentencia Nº C-543 de 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, "lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico".

Vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228, 230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el Preámbulo de la Carta y su artículo 1º, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia”. La Sala de Casación Laboral de la Corte mantiene inmodificable su postura doctrinal sobre el tema.

En verdad no se acompasa con la naturaleza del Estado Constitucional de Derecho pretender que el juez de tutela pueda interferir o anular la decisión de otro funcionario judicial pues ello, además de prolongar, ahí sí, indefinidamente los litigios, atenta contra los principios de seguridad jurídica, especialización del trabajo y cosa juzgada, valores esenciales de nuestro sistema normativo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de

RESUELVE

PRIMERO. - NEGAR por improcedente la acción de tutela incoada, de acuerdo con lo antes expuesto. SEGUNDO.- Comunicar a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Si esta decisión no fuere impugnada en la oportunidad prevista en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CARLOS ISAAC NADER FRANCISCO ESCOBAR HENRÍQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA LUIS GONZÁLO TORO CORREA GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DÍAZ FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO JESÚS ANTONIO PASTÁS PERUGACHE Secretario