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T-7714 (08-06-00) Conflicto de CompetenciaCorte Suprema de Justicia · Sala Tutelas2000

Magistrado ponente: Jorge Aníbal Gómez Gallego

Decreto 2591 de 1991Ley 270 de 1996

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Colisión de competencia N° T-7714 CARLOS ALFREDO NAVARRO BETANCUR Accionante PÁGINA 7 Colisión de competencia N° T-7714 CARLOS ALFREDO NAVARRO BETANCUR Accionante CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL Magistrado Ponente: DR. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO Aprobado Acta Nro: 095 Santafé de Bogotá D.C., jueves ocho de junio del año dos mil.

VISTOS Se pronuncia la Sala respecto de la colisión negativa de competencia surgida entre el Juzgado 9º Penal del Circuito de Medellín y su homólogo 6º de este Distrito Capital, merced a la cual ambos despachos judiciales rehusan conocer del procedimiento de tutela promovido por CARLOS ALFREDO NAVARRO BETANCUR, contra los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.

ANTECEDENTES 1. Acciona el demandante en procedimiento de tutela contra la Nación en cabeza de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque como empleada pública -docente oficial en el Liceo “Concejo” de la ciudad de Medellín-, vio congelado su salario que para el año de 1999 se estableció en $866.123, al no quedar incluida dentro de los rangos de servidores públicos a quienes por disposición gubernamental les fue incrementado su sueldo, pues, devenga más de dos salarios mínimos legales mensuales, pero menos de cuarenta.

Una tal discriminación, por demás odiosa y absurda, al desconocer el mandato imperativo contenido en el Art. 53 Superior le viola los derechos fundamentales a una vida y un trabajo dignos y justos, y el de igualdad, habida cuenta que con el desmedido aumento de los productos que conforman la canasta familiar “ se está generando una disminución indirecta de mi salario y un deterioro en mi calidad de vida y la de mi familia ”, aduce el actor como sustento de su petición de amparo constitucional. 2.

Repartido el asunto al Juzgado 9º Penal del Circuito de Medellín, por auto del 13 de abril del año en curso rehusó conocer del mismo al considerar que la vulneración argüida se originó en la Capital del País, sede de las “ dependencias principales encargadas de manejar el presupuesto nacional (…) Son estos entes públicos, quienes disponen o no el alza de los salarios de los funcionarios públicos, a nivel nacional.

El Congreso de la República, dicta normas generales a las cuales debe ceñirse el ejecutivo, para fijar el régimen salarial y de prestaciones sociales de los servidores públicos, conforme lo estipula el artículo 150 numeral 19, literal e, de la Constitución Nacional ”. Conforme con lo normado en el Art. 37 del decreto 2591 de 1991, la competencia para conocer de la acción instaurada radica en el juez con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza que motiva la presentación de la solicitud, agrega.

Acorde con sus razonamientos, remitió las diligencias al reparto de los Juzgados Penales del Circuito de Santafé de Bogotá para lo de su cargo, proponiendo colisión negativa de competencia en caso de que sus argumentos no fueran acogidos. 3. El recurso de amparo impetrado fue asignado, por reparto, al Juzgado 6º Penal del Circuito de este Distrito Capital, despacho que en decisión del 5 de mayo siguiente también declinó la competencia para conocer del asunto aduciendo que si bien es cierto el acto propiciador del presunto quebranto fue emitido por dependencias cuyo domicilio radica en Santafé de Bogotá, “ también lo es, que las mismas, tienen cobertura y representantes directos en todo el territorio nacional (artículos 113, 115, 208 C.N.), lo que indica sin lugar a dudas que todos los jueces del Estado Colombiano, son competentes para conocer de las acciones de tutela que en contra de ello (sic) se presenten. ” La competencia en estos eventos se determina a prevención según el sitio donde ocurrieron los hechos, y no por el lugar en donde tienen su sede principal los entes administrativos demandados, concluye el citado despacho aceptando el conflicto propuesto.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Conforme con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 270 de 1996, la Sala tiene competencia para decidir el conflicto trabado entre los dos despachos judiciales en mención, los cuales ejercen jurisdicción en diferentes Distritos. Ahora bien, reiterada ha sido la posición de esta Corte al sostener que, “ independientemente del lugar en donde la actuación reputada irregular y vulneradora de garantías fundamentales deba producir sus efectos -en este evento el decreto gubernamental por cuyo medio se incrementó el salario de algunos servidores públicos, en tanto que los de otros se mantuvieron congelados -, la competencia para conocer del procedimiento de tutela que se origine de ese presunto agravio o amenaza reside en el juez constitucional donde aquélla se produce, pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, es el factor territorial el criterio que determina y define la competencia en asuntos de amparo constitucional.

Dicho dispositivo ( ) con claridad meridiana señala que es el funcionario judicial del lugar en el cual ocurre la vulneración o amenaza del derecho o garantía fundamental ‘que motivare la presentación de la solicitud’, a quien le corresponde conocer de la respectiva acción de tutela. ” En el asunto sub lite, si el acto objeto del supuesto quebranto se expidió en Santafé de Bogotá, lugar donde tienen su sede las autoridades demandadas, fue entonces en esta ciudad en donde se originó el supuesto daño que viola los derechos constitucionales fundamentales relacionados por el actor en su libelo.

Por contera, es al Juzgado 6º Penal del Circuito de esta ciudad Capital al que le corresponde conocer del amparo tutelar invocado, “ en virtud del territorio donde ejerce su jurisdicción ”, como ya quedó dicho. Así las cosas, al mentado despacho judicial se le enviará el expediente para lo de su cargo, en tanto al de Medellín se le informará lo aquí resuelto.

En mérito a lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, RESUELVE Asignar la competencia para el conocimiento de este recurso de amparo al Juez 6º Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de la presente decisión. Para lo de su cargo, remítasele el expediente, e igualmente por la Secretaría de la Sala, comuníquese lo aquí resuelto al Juez 9º Penal del Circuito de Medellín. CÚMPLASE EDGAR LOMBANA TRUJILLO FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA CARLOS A. GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANÍBAL GÓMEZ GALLEGO MARIO MANTILLA NOUGUES CARLOS E. MEJÍA ESCOBAR ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON PINILLA PINILLA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria