CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela 7618 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente Dr. JORGE E. CÓRDOBA POVEDA Aprobado acta N° 099 Santafé de Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil (2000). VISTOS Decide la Corte la impugnación que presenta el accionante FERNANDO A. ACUÑA MARIÑO contra la sentencia del pasado 3 de mayo de 2000, mediante la cual el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá negó la tutela de los derechos constitucionales a la dignidad, a la igualdad y al salario móvil, entre otros, presuntamente quebrantados por el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda y el Director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

ANTECEDENTES 1.- La esencia y fundamento de la acción de tutela interpuesta por el citado actor, en su condición de médico al servicio de las Fuerzas Militares, se sustenta en la que considera manifiesta injusticia y desproporción salarial cometida con la expedición del decreto 182 del 11 de febrero de 2000, correspondiente al aumento salarial, general para los servidores públicos, como quiera que se optó por “congelar” los salarios, excepto para los servidores públicos que devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales y para los altos empleados de la nación. Considera que con el proceder del “gobierno nacional”, se generó una abierta desigualdad entre los empleados públicos, así como una lesión a los derechos constitucionales como el trabajo, “el mínimo vital” y el “salario móvil”, el cual debe ser justo reconocimiento a la labor que se cumple.

Estas razones, entre otras, lo llevan a demandar la intervención del juez constitucional a efectos de que se le “nivele” salarialmente y así evitar la desproporción generada por la posición resultante de la actitud asumida por el gobierno nacional. 2.- El Director del departamento Administrativo de la Función Pública, presenta escrito el que manifiesta que el aumento salarial para los altos empleados del Estado, obedece al marco constitucional que la propia Carta Política impone, lo cual no puede ser visto como producto de una determinación caprichosa del ejecutivo.

Agrega que la determinación de aumentar el salario solamente a quienes devenguen menos de dos salarios mínimos, no es tampoco producto de la voluntad del ejecutivo sino que se ciñe a la Ley de Presupuesto, la cual no puede extralimitar ni modificar el Presidente de la República al ejecutarla. Así, sostiene que dicho presupuesto, aprobado por el Congreso Nacional, obedeció a un programa “realista” de inversión, que no podía desconocer derechos primordiales de los colombianos como la salud, la educación, etc., ante la grave crisis presupuestal.

Luego de extensa exposición, concluye que a nadie puede obligársele a lo imposible, máxime cuando se sabe que para sufragar el aumento porcentual de los miles de servidores públicos no existen los recursos, pues la suma sería equivalente a cien mil millones de pesos, aproximadamente, por cada punto, teniéndose que sacrificar otra serie de inversiones que requieren prioridad en caso de que se acceda a la pretensión del actor. 3.- Considera el Tribunal de primera instancia que la tutela impetrada no puede prosperar, como quiera que no encuentra viable este mecanismo de protección cuando se trata de controvertir una determinación del ejecutivo dictada conforme a la autorización de que trata la Ley 4ª de 1992, frente a lo cual no es posible que el juez constitucional tenga injerencia. Agrega el a quo que por la naturaleza del acto que se reputa como lesivo de los derechos constitucionales del actor, no procede la acción de tutela, al tenor de lo dispuesto por el numeral primero del artículo sexto del decreto 2591/91, pudiendo ser controvertido ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Así, señala que se debió, antes de acudir a este mecanismo de protección constitucional, optar por las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, consagradas en el Código Contencioso Administrativo. Igualmente, manifiesta el Tribunal que no se trata de un caso de violación del principio de igualdad consagrado en la Carta Política, por razón de la discriminación, sino de que se permite un trato desigual, dadas las muy particulares circunstancias de los empleados beneficiados con el incremento salarial, pues existen disposiciones de orden legal que lo permiten y justifican. 4.- Inconforme con la determinación, el actor la impugna, insistiendo en que la decisión adoptada por el ejecutivo implica “pérdida del poder adquisitivo” de su sueldo, con lo cual reducirá su calidad de vida y la de su familia.

Razón por la cual, insistiendo en su pedido, solicita la revocatoria de la sentencia y en consecuencia la tutela de sus derechos constitucionales. LA CORTE CONSIDERA Varias son las razones por las que esta Sala confirmará la decisión del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, así: Se advierte que lo realmente pretendido a través de este mecanismo de protección constitucional, es controvertir la decisión adoptada en el citado Decreto 182 del 11 de febrero de 2000, lo que de plano torna improcedente la tutela, ya que ésta no procede cuando se dirige contra actos de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991).

Además, la decisión que se reputa como lesiva de los derechos fundamentales del actor, es de carácter administrativo y a través de ella se da cumplimiento a las directrices señaladas en el presupuesto general de la nación en torno al incremento salarial de los servidores públicos para el año 2000, la que, por lo tanto, sólo puede ser cuestionada por la vía contencioso administrativa, en ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad (numeral segundo del artículo 237 de la Carta Política).

En estas condiciones, la existencia de un mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para la protección que ahora se reclama por vía de tutela, es motivo adicional para negar el amparo propuesto, al tenor del numeral primero del artículo sexto del Decreto 2591 de 1.991, por la expresa causal de improcedencia allí señalada y sin que exista razón alguna que imponga la necesidad de intervención del juez constitucional.

A lo anterior se debe agregar que si la acción de tutela se encamina a cuestionar la decisión del ejecutivo sobre la fijación de salarios, emitida dentro de los límites señalados en el presupuesto general aprobado por el legislativo, se está proponiendo que por esta vía se modifique tal presupuesto, con relación a lo cual ha insistido esta Sala en mostrar lo inadecuado e improcedente que resulta la injerencia del juez de tutela, como quiera que el legislador constitucional de 1991 ha delimitado la proposición, expedición y ejecución del presupuesto, a tal punto que las disposiciones que lo contemplan obedecen a una especialísima reglamentación, con preponderancia sobre las normas ordinarias, tal como lo consagran los artículos 151 y 349 de la Constitución Política.

De ahí que el artículo 345 ibidem, establezca: "En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de gastos. "Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto".

Así, el manejo del tesoro público, reglamentado por el Decreto 111 de 1996, es ilustrado, entre otros principios, por el de legalidad, al tenor del cual, el gasto público no puede ser modificado, adicionado o complementado por vías distintas a las señaladas expresamente, como que debe ser el resultado de una armónica relación entre la programación y la ejecución presupuestal.

De ahí que los actos administrativos que desarrollan el presupuesto no pueden afectar las apropiaciones presupuestales desbordando los límites que el legislador le fijó. Si la apropiación presupuestal se ha destinado y asignado en determinado sentido y dentro de ciertos límites, no es posible que ni el Presidente de la República ni el Ministro de Hacienda, ni ninguna otra autoridad, puedan cambiarlos.

Razones suficientes para denegar el amparo demandado y, por ende, confirmar el fallo objeto de censura. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E 1.- Confírmase la decisión objeto de impugnación. 2.- Ejecutoriada esta determinación remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.

Cúmplase. EDGAR LOMBANA TRUJILLO FERNANDO ARBOLEDA RIPOLL JORGE E. CÓRDOBA POVEDA CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO MARIO MANTILLA NOUGUÉS CARLOS E. MEJIA ESCOBAR ALVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN NILSON E. PINILLA PINILLA TERESA RUÍZ NUÑEZ Secretaria PAGE 9