CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION LABORAL RADICACION: 7607 ACTA: 16 PONENTE: Dr. FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dosmildos (2002). Resuelve la Corte lo que corresponde acerca de la acción de tutela formulada por HUMBERTO ALBARRACIN ALBARRACIN, contra la SALA CIVIL DE CASACIÓN de esta Corporación.

ANTECEDENTES 1.Humberto Albarracin Albarracin formuló acción de tutela contra la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia por considerar violados sus derechos al debido proceso, a la doble instancia y a la administración de justicia. Expone el accionante que presentó acción de tutela contra el Juzgado Diez y Ocho Civil del Circuito de Bogotá ante el Tribunal Superior Sala Civil de la misma ciudad, despacho que no concedió el amparo y apeló la decisión. La Sala Civil de esta Corporación en providencia de fecha 14 de marzo de la corriente anualidad confirmó la decisión de primera instancia teniendo en cuenta solamente lo decidido por el Tribunal sin tener a la vista la prueba pertinente o sea los expedientes o las copias o sea un verdadero atropello al debido proceso.

Pretende con el amparo solicitado que se ordene a la Sala Civil de esta Corporación solicitar las copias pertinentes de los procesos al Juzgado Diez y Ocho Civil del Circuito de esta ciudad y decida la impugnación de la tutela por el presentada. SE CONSIDERA Lo pretendido por el señor Humberto Albarracin Albarracin no está llamado a prosperar teniendo como fundamento postulados de orden constitucional entre otros que la Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la justicia ordinaria, que la tutela no puede utilizarse para dejar sin validez sentencias o providencias judiciales como las que son objeto de cuestionamiento por la parte interesada en este asunto y lo referente a la solicitud de amparo de sentencias de casación proferidas por esta Corporación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 228, 230, 234 y 243 de la Constitución Nacional y teniendo en cuenta los efectos de la cosa juzgada de la sentencia C-543 de 1 de octubre de 1992, por medio de la cual la Corte Constitucional, en ejercicio del control de constitucionalidad, declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991.

Al respecto, esta Sala ha dicho en muchas oportunidades y en especial en providencia 3103 de 2 de marzo de 1998 que: “ el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia de 1º de octubre de 1992 tiene el efecto obligatorio, erga omnes, de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”, mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la “norma de normas.” “Una decisión jurisdiccional adoptada como culminación de un proceso será siempre una sentencia judicial y nunca podrá configurar una “vía de hecho”.

Ello será así aún en aquellos casos en que pudiera pensarse que el fallo resulta equivocado,, pues de la probabilidad del error no está exenta ninguna decisión humana ” Igualmente ha sostenido la sala reiteradamente: ”: …al juez de tutela le esta vedado injerirse en actuaciones de competencia de otro juez, dado que las decisiones de uno y otro son independientes y autónomas, conforme a lo previsto por los artículos 228 y 230 de la Constitución Nacional, los que instituyeron independencia y autonomía para los jueces al proferir sus decisiones judiciales.

Si las determinaciones del juez originan inconformidad para alguna de las partes del proceso, la ley ha previsto los medios judiciales para que esas actuaciones se revisen por el superior inmediato, con la posibilidad de revocarlas, modificarlas o confirmarlas. Admitir la intromisión de funcionario distinto al director de un proceso, tal como se plantea en el caso bajo examen, constituye una vulneración directa y flagrante a los dos cánones constitucionales enunciados.” Por último, se transcribe lo expuesto por la Corte mediante providencia de fecha 19 de marzo de 2002 radicación 13396 que a la letra dice: “Son de jerarquía constitucional los postulados según los cuales la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; los jueces en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley; las decisiones de éstos son independientes, los términos procesales deben ser observados so pena de ser sancionado su incumplimiento; y el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Lo anterior supone el establecimiento, a nivel constitucional, de unos lineamientos que colocan a la Corte Suprema como responsable de una función judicial específica cuyo ejercicio y resguardo implica, por tanto, el respeto mismo a la Carta Política. En ese orden de ideas, la Corte Suprema al desempeñar sus funciones, está garantizando el desarrollo del orden jurídico impuesto por la Constitución, que la estableció como órgano límite, no por un simple acto de imposición formal, sino porque en un orden jerárquico todo proceso de decisión debe tener un final y ese fue el establecido en la Carta al darle efecto de intangibles a las determinaciones de la Corte Suprema.

Dentro de tal concepción, debe entenderse que con estas decisiones se desarrolla el postulado de defensa de los derechos fundamentales, pues no es concebible la colisión que representaría que una resolución final, según la propia Constitución, pudiera ser vulnerada bajo el supuesto de su oposición a un derecho fundamental. Los límites reconocidos al recurso de casación, como decisión encomendada a la Corte Suprema por la misma Carta, provienen de la naturaleza del fallo correspondiente, de los fines que a esta institución se le reconocen y del procedimiento especial al que debe ajustarse su trámite.

Debe tenerse presente que dentro de tales parámetros quedan involucrados los conceptos de cosa juzgada, como verdad judicial incontrovertible, y de seguridad jurídica, como una consecuencia de aquella y fundamento necesario de la convivencia social. Esta última, a su vez como fin del Estado, es la que legitima en mayor grado la exigencia de inmutabilidad de las decisiones del Cuerpo Judicial requerido para expresar el dictamen final.

También debe destacarse la consagración constitucional de la función como Tribunal de Casación que se le asigna a la Corte Suprema, en la cual actúa, además, como garante de enmienda de las violaciones a las normas de derecho sustancial en que se incurre en el desarrollo de la aplicación del derecho ordinario. Por tanto, pretender el desconocimiento de un pronunciamiento hecho por vía de casación, subvierte el respeto que a la Constitución misma se le debe tener como Norma Máxima y dentro de la concepción abstracta de representar ella, en sí misma, el orden jurídico y de consagrar, además, la primacía de la ley como único sendero imperativo para las decisiones judiciales.

La ley es la concreción de los postulados abstractos previstos en la Carta y por ello al garantizar su recta aplicación, por la vía del juicio de legalidad que es propio de la casación, éste recurso extraordinario está permitiendo la defensa misma de la Constitución. No debe olvidarse que la ley se presume avenida a ella mientras no sea declarada inexequible o no resulte de bulto su inaplicación por la evidente contradicción de los postulados constitucionales.

La casación a su vez, y ateniéndose en ello a otro mandato superior, debe respetar las reglas fijadas para su procedencia, previstas en la misma ley procesal, que por su parte es la garante del debido proceso y dentro de él, del derecho de defensa. No es concebible, por tanto, la posibilidad de una orden contraria a una decisión de casación. Configura un imposible jurídico el cumplimiento de una determinación tal y nadie está obligado a lo imposible.

La proliferación de tutelas contra fallos de casación, proviene de la incomprensión acerca de los cometidos institucionales a que ella corresponde lo que ha sido auspiciado por la propia jurisprudencia constitucional en una aplicación inapropiada y desintegradora del ordenamiento jurídico. Los razonamientos a que se acude en este tipo de decisiones de tutela permiten comprobar que se trata más de juicios al sistema que de reales atentados a los derechos fundamentales.

Luego si los ordenamientos casacionales no desarrollan los principios y valores consagrados en la Constitución, como se les juzga en este tipo de decisiones, lo políticamente correcto sería reformarlos y no mantenerlos para seguir acusándolos a través de la tutela con los costos que para el sistema democrático, el poder judicial y la confianza en general ello implica.

Todo lo anterior ha generado la desarticulación del sistema, dando lugar a que la tutela se preste a propósitos no claros de desconocimiento de los fallos y de la seguridad jurídica expresión del Estado sometido al derecho en una explosión de litigiosidad inmanejable. Los razonamientos a que se acude en esta clase de fallos ponen en evidencia lo alejados que se encuentran de la protección de los derechos fundamentales.

Las más de las veces son juicios despóticos sobre un supuesto deber ser procesal a manera de instancia adicional del proceso ordinario, cuando no se expresan como postura manifiestamente defensiva de la inocencia o interés del accionante, con lo cual al fallo demandado termina superponiéndosele uno nuevo fundado en razones distintas a las debatidas.

Esta irracionalidad tiene dos manifestaciones claves: La deslegitimación del poder judicial por el propio poder judicial (constitucional) sin que logre establecerse si ello es expresión del debate de paradigmas sobre teoría jurídica, que no parece si se observa el tipo de motivaciones que se consagran en estos fallos, o a una instrumentalización de la jurisdicción constitucional y su carácter difuso, para hacer prevalecer intereses de algunos sectores o personas en particular.

El fraude y la invalidación manifiesta del querer del constituyente por configurar un poder judicial independiente. Su prescripción porque los jueces en sus fallos sólo estén sometidos al imperio de la ley no rige. El mandato de abstención a las autoridades públicas (incluidos los jueces de constitucionalidad) de no interpelar la labor de los jueces en sus decisiones de expreso enunciado constitucional ha sido derogado.

A).- FUNCION DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN CASACIÓN. 1.- El artículo 234 de la Constitución Política de Colombia erige a la Corte Suprema de Justicia como “ el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ” y en tal condición, le es asignada por el artículo 235 ibídem, entre otras funciones, la de “Actuar como Tribunal de Casación.” La necesidad de encomendar a un órgano superior el fin de las decisiones judiciales en materia civil, laboral y penal y la legitimidad que encarna dentro de esas ramas la Corte Suprema de Justicia, llevó al constituyente de 1991 a erigir a esta Corporación en “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, así está plasmado paladinamente en el artículo de la Constitución Política en comento, que no admite una lectura diferente de la que fluye de ese claro precepto superior.

Es elemental que si hay un organismo máximo, las decisiones que él profiera de ninguna manera y bajo ningún pretexto pueden ser revocadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad porque la propia Constitución les da el sello de intangibilidad; ellas son las últimas y las definitivas dentro de la respectiva especialidad. Por consiguiente, las decisiones que en ese especial carácter profieren las Salas de la Corte Suprema se consideran acertadas y legítimas, no porque esta Corporación les asigne tal condición, sino porque es la propia Carta fundamental la que lo discierne al situarla en la cúspide de la jurisdicción ordinaria.

Así lo reconoció la Corte Constitucional al efectuar la revisión de la que posteriormente sería la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, al analizar el artículo 17 referente a las funciones de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia frente a las disposiciones del Estatuto Superior, concretamente al artículo 234.

En los siguientes términos se expresó esa alta Corporación: “Esta norma (artículo 234 de la Constitución) señala que la Corte Suprema será dividida por la ley en salas, las cuales conocerán de sus asuntos en forma ‘separada’, salvo que se determine que en algunas oportunidades se estudiarán materias por la Corporación en pleno. En ese orden de ideas, las atribuciones que el artículo 235 de la Carta le atribuye a la Corte, en particular la de actuar como tribunal de casación y la de juzgar a los funcionarios con fuero constitucional, deben entenderse que serán ejercidas en forma independiente por cada una de sus salas, en este caso, por la Sala de Casación Penal.

De lo anterior se infieren, pues, varias conclusiones: en primer lugar, que cada sala de casación – penal, civil o laboral – actúa, dentro del ámbito de su competencia, como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria; en segundo lugar, que cada una de ellas es autónoma para la toma de las decisiones y, por lo mismo, no puede inferirse en momento alguno que la Constitución definió una jerarquización entre las salas; en tercer lugar, que el hecho de que la Carta Política hubiese facultado al legislador para señalar los asuntos que deba conocer la Corte en pleno, no significa que las salas de casación pierdan su competencia o que la Sala Plena sea superior jerárquico de alguna de ellas.

En otras palabras, la redacción del artículo 234 constitucional lleva a la conclusión evidente de que bajo ningún aspecto puede señalarse que exista una jerarquía superior, ni dentro ni fuera, de lo que la misma Carta ha calificado como ‘máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria’”. Lo indicado entre paréntesis es por fuera de texto. (Sentencia No.C-037/96). 2.- La abundante literatura sobre el recurso de casación enseña que es consubstancial al mismo la existencia de un tribunal especializado que conozca de él. La Constitución Política fue consciente de ello al asignarle a la Corte Suprema de Justicia de manera privativa la “atribución” de conocer del recurso de casación. Siendo ello así resulta innegable que este medio de impugnación no tiene una consagración simplemente legal sino una clara contemplación en la Carta Fundamental y que cuando el órgano constitucionalmente competente cumple con la regulación legal que lo disciplina está obedeciendo el ordenamiento superior, siéndole vedado a cualquier otra autoridad inmiscuirse en sus decisiones, independientemente de la motivación que le asista para ello.

Lo contrario conduciría al contrasentido de instituir en un órgano el control del recurso de casación y considerar contrarias a la Constitución sus decisiones, cuando éste en ejercicio de sus atribuciones dicta sentencias con arreglo a las normas que lo regulan. La particular naturaleza, características y finalidades del recurso impone que sea un tribunal especializado, situado constitucionalmente en la cúspide de la estructura judicial, a través de sus Salas de Casación, a quien corresponda de manera privativa su conocimiento y decisión. Si esa indiscutible atribución constitucional se compartiera con cualquier otra autoridad judicial, o lo que es peor, se permitiera la revisión de sus decisiones por otro organismo, obviamente se desnaturalizaría el recurso mismo y se quebrantaría el texto constitucional que entrega a la Corte Suprema la función exclusiva de decidir definitivamente sobre los asuntos atinentes al mismo. 3.

Desde su misma creación, se ha entendido y reconocido, no solo por esta misma Corporación, sino, además, por la Corte Constitucional, que la Casación no es una tercera instancia, donde se deba recomponer el litigio, pues éste formalmente concluye con la ejecutoria de la sentencia de único, primer o segundo grado, la cual goza de la presunción de legalidad y acierto, como consecuencia necesaria de la aplicación del principio de cosa juzgada (verdad legal). 4.- La competencia de la Corte Suprema de Justicia, frente a tales actos, como máximo Tribunal de Casación, es restringida y extraordinaria.

Es restringida porque su función está limitada a hacer el examen comparativo, que le proponga el recurrente, de la sentencia impugnada con la ley, con el fin de preservar el imperio de ésta y unificar la jurisprudencia nacional. Examen que solo puede estar circunscrito a la demanda de casación, pues no puede olvidarse que para la contraparte, como lo ha afirmado la propia Corte Constitucional, (sentencia C-543/92) “la sentencia con autoridad de cosa juzgada representa, para la parte favorecida, un título dotado de plena validez y oponible a todo el mundo, pues crea una situación jurídica indiscutible a partir de la firmeza del fallo.” Es extraordinaria porque no todas las sentencias son susceptibles de ser acusadas por este mecanismo. 5.- Desde este punto de vista, y dado el carácter extraordinario del recurso, se ha entendido ecuménicamente que la demanda de casación debe estructurarse con acomodo estricto a los preceptos legales, con sus desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, siendo el derrotero único para la labor de la Corte, quien carece de facultades para actuar de oficio a fin de enmendar o corregir los defectos de que dicha demanda pueda adolecer. 6.- Sólo en este ámbito, mirado a grandes rasgos, puede desarrollar la Corte su actividad en orden a cumplir su función como Tribunal de casación. Como puede verse, entonces, ese es su papel asignado por el legislador y tiene que desenvolverse con cumplimiento estricto a las formas legalmente establecidas, so riesgo, en caso de no hacerlo, de ser ella la infractora de la ley.

B).- EL PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA. 1.- La función de administrar justicia, que ejerce esta Corporación en su condición de máximo Tribunal de Casación, ha dicho la Corte Constitucional (sentencia C-543/92) “ lleva implícito el concepto de la cosa juzgada aún antes de su consagración en normas positivas, pues resulta esencial a los fines que persigue.” y, aunque no existe norma expresa, no duda ese ente colegiado en asignarle una raigambre estrictamente constitucional, no susceptible de ser desconocida por el legislador, tal como lo expresa en el mismo fallo de constitucionalidad: “Que la Constitución no destine uno de sus artículos a proclamar expresamente y para toda clase de procesos el principio de la cosa juzgada, en nada disminuye la raigambre constitucional del mismo ni su carácter vinculante para el legislador, cuyos actos no pueden contrariarlo.

“Debe observarse que el concepto esencial de cosa juzgada se halla explícitamente acogido por la actual Carta Política cuando en el artículo 243 declara: ‘Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional’. “Si el Constituyente resolvió especificar bajo el calificativo de ‘constitucional’ la cosa juzgada que ampara esta clase de sentencias, es porque supuso el principio genérico y adoptó, para tales juicios, los fundamentos y las consecuencias jurídicas en él incorporadas.

“El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución. Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las partes no puede cernirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.

En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. “Pero, además, si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho –‘non bis in idem’-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado.

“Por otra parte, el Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta la autoridad del Estado colombiano, el de ‘asegurar a sus integrantes ( ) la justicia, ( ) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden ( ) justo ’. “A juicio de la Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marco jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre.

“El artículo 1º de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general. El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que hagan inciertos los derechos deducidos en juicio.

Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. “La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernida previa la garantía de los derechos procesales. Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre.” 2.- En virtud del principio de la cosa juzgada, las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia en casación son inmutables, intangibles, definitivas, indiscutibles y obligatorias y no pueden ser objeto de nueva revisión o debate, o de instancias adicionales no previstas por el legislador.

Principio que adquiere mayor connotación frente a las decisiones de un organismo como la Corte Suprema de Justicia que se encuentra en la cima de la jurisdicción ordinaria y que, por lo mismo, carece de superior jerárquico, pues el Título VIII de la Carta estableció la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, de donde no existe autoridad alguna con jurisdicción y mando en la estructura actual del país para modificar sus decisiones.

C).- EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LOS JUECES. El principio de la autonomía de los jueces encuentra su consagración constitucional en el artículo 228 de la Carta Política. Este claro mandato superior preserva tanto el respeto a las decisiones de los órganos constituidos – fundamentalmente el Congreso de la República- como que las decisiones judiciales no se orienten por el criterio personal de los administradores de justicia sino por la ley que están llamados a acatar.

Cuando las prescripciones legales son claras y han sido declaradas avenidas a la Carta Política no pueden ser cambiadas por la opinión de ningún juez por importante que sea su nivel en la organización judicial. El cumplimiento de la ley dictada por la autoridad competente es la verdadera garantía de igualdad, es el auténtico antídoto contra el capricho judicial y la fuente inequívoca de seguridad jurídica.

La defensa de la autoridad del órgano que dicta las leyes y del contenido de éstas, antes que una postura jurisprudencial inconsistente, es el cabal acatamiento de un diáfano precepto constitucional, ese sí de ineludible cumplimiento, con carácter perentorio al exigirle al juez que “sólo” le deba obediencia a la ley, lo que descarta la sumisión a quien pretenda desconocerla o ignorarla.

Este postulado constitucional implica entonces, que las decisiones de los jueces no puedan ser interferidas, anuladas o cambiadas por otro juez o funcionario diferente al del proceso, que carece de competencia para decidir sobre el asunto en cuestión, de ahí que no encaje en nuestro orden constitucional, como lo sostiene la propia Corte Constitucional, un sistema que permita al juez de tutela invadir el ámbito de otras jurisdicciones para decidir puntos de derecho cuyo conocimiento la propia Carta ha reservado al conocimiento de éstas.

Las siguientes son sus palabras: “Como se puede advertir, habiendo establecido el Constituyente jurisdicciones autónomas y separadas (Título VIII de la Constitución) y puesto que el funcionamiento de ellas ha de ser desconcentrado y autónomo (artículo 228 de la Carta), no encaja dentro de la preceptiva fundamental un sistema que haga posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas.

Considerar que semejante opción se aviene a lo preceptuado por la Carta, tanto vale como aceptar que ésta consagró jurisdicciones jerarquizadas, lo cual no encuentra sustento en la normatividad vigente.” (sentencia C-543/92) D).- LA TUTELA FRENTE A DECISIONES JUDICIALES. 1.- Es cierto que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, pero como órgano constituido no tiene un poder absoluto, y sus atribuciones en esta materia deben acompasarse con las de otras autoridades y jurisdicciones.

Es la propia Carta Fundamental, la que dispone que dicha misión debe ejercerse “en los estrictos y precisos términos” del artículo 241, que en su inciso 9º le encomienda la función de revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Tal disposición guarda armonía con el artículo 43 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Fue desarrollo de esa preceptiva el decreto 2591 de 1991, que no permitió que se sustituyera al juez natural, por el contrario enervó la tutela cuando existe otro medio de defensa judicial (artículo 6º), y en el artículo 8º únicamente permitió tal clase de intromisiones como “mecanismo transitorio” y “sólo durante el tiempo que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo”.

Por tanto ninguna orden de tutela puede contrariar en forma definitiva un pronunciamiento judicial emanado del juez natural. Siendo evidente que la única disposición que permitió la tutela contra decisiones del órgano límite fue estimada contraria al ordenamiento constitucional por la propia autoridad a quien se le confió la guarda de la integridad y de la supremacía de la Constitución, quien al declararla inexequible la retiró del mundo jurídico y no habiendo ninguna otra ley que permita la revisión de las providencias judiciales que profiera la Corte Suprema, resulta manifiesto, por lo menos así lo considera la Sala, que ninguna autoridad está facultada legal ni constitucionalmente para alterar el carácter inmutable de que están revestidas las sentencias dictadas por esta Corporación. En efecto, la propia Corte Constitucional mediante la sentencia C-543/92, declaró la inexequibilidad del artículo 11, y por unidad normativa, del 40 del decreto 2591 de 1991, que admitían la procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales, sustancialmente, por considerar: “Conclusión forzosa de las consideraciones que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991.

Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de tutela (artículo 86), quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230), obstruye el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el principio de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”. 2.- En dicha providencia que, de acuerdo al artículo 243 de la Carta Política, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, consideró la Corte que el Constituyente de 1991 no consagró la acción de tutela “ como medio de defensa contra los resultados de los procesos que él mismo hizo indispensables en el artículo 29 de la Constitución para asegurar los derechos de todas las personas.” y al analizar los antecedentes constitucionales del artículo 86, concluyó que hubo en el seno de la Asamblea Constituyente la plena convicción de que no procedía este mecanismo contra las decisiones de los jueces dictadas para resolver los asuntos a su cargo. 3.- Como consecuencia de las violaciones a los principios de rango constitucional de la cosa juzgada y de la autonomía funcional de los jueces, la obstrucción del acceso a la administración de justicia y el rompimiento de la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, que, observó la Corte en su extenso análisis, implicaría la figura de la acción de tutela frente a las decisiones judiciales, además de que él no está contemplado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, la llevaron a concluir tajantemente que tal amparo no procede contra ninguna providencia judicial, salvo cuando exista perjuicio irremediable, pero supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente, tal como se aprecia en el siguiente aparte: “De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. 4.- Después de producida esa decisión y en innumerables ocasiones, esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, ha acatado y respetado esa determinación de la Corte Constitucional, desechando, en consecuencia, cualquier posibilidad de ataque por vía de tutela contra una sentencia judicial.

A manera de ejemplo se transcribirá lo expresado en la sentencia 10797 del 3 de abril de 2000, en la que se dijo lo siguiente: “Habrá de confirmarse el fallo por no ser legalmente posible interferir la actuación de un funcionario judicial, como tampoco revisar un proceso ya resuelto por el juez competente, puesto que los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591, que aparentemente le servían de sustento al ejercicio de la acción contra providencias judiciales, fueron declarados inexequibles; y, por ello, en cumplimiento de dicha sentencia --cuyos efectos erga omnes no pueden ser desconocidos por ninguna autoridad--, no es dable reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, como tampoco, y esta es una conclusión apenas obvia, elaborar construcciones doctrinarias que permitan mantener los efectos de normas que por haber sido encontradas contrarias a la Constitución Política, mediante fallo que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, se decidió que eran inaplicables.

“Por lo anterior y conforme lo ha explicado muchas veces esta Sala de la Corte, el inexorable efecto de cosa juzgada de la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 tiene como ineludible consecuencia la de hacer inaplicables las normas que autorizaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales, estándole vedado a cualquier autoridad "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", mientras subsistan en la Constitución Política las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la "norma de normas".

“Ello será así aun en aquellos casos en los que pudiera pensarse que la providencia resulta equivocada, pues de la probabilidad de error no está exenta ninguna decisión humana. Probabilidad de error de la que, desde luego, no queda excluido el juez cuando conoce de una acción de tutela, siendo incluso seguramente más probable el desacierto en estos casos dada la circunstancia de tener que adelan�tarse con extrema celeridad el trámite y por cuanto se priva a la parte contra la que se toma la decisión de la oportunidad de ser oída y de controvertir las pruebas que presenta todo aquel que cree que sus derechos han sido amenazados o vulnerados, acomodándo�las a su particular interés por una natural inclinación del ser humano. “Dado que la misma Constitución Política establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio�nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara�do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti�tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

“Este criterio no constituye una opinión sin fundamento de la Corte Suprema de Justicia, sino que se apoya en la interpretación que de la Constitución de 1991 hizo la Corte Constitucional en sentencia de 1º de octubre de 1992, en la cual declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991”. En consecuencia de conformidad con las consideraciones precedentes no hay lugar a disponer la eventual revisión de esta decisión ante la Corte Constitucional, independientemente de la naturaleza jurídica que se le de a esta providencia. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. -NO ADMITIR A TRAMITE la acción de tutela propuesta por HUMBERTO ALBARRACIN ALBARRACIN contra la SALA DE CASACION CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDO.- No enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO.- Entérese al interesado de esta decisión por medio de telegrama.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE FRANCISCO ESCOBAR HENRIQUEZ JOSE ROBERTO HERRERA VERGARA CARLOS ISAAC NADER LUIS GONZALO TORO CORREA GERMAN G. VALDES SANCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ FERNANDO VASQUEZ BOTERO JESUS ANTONIO PASTAS PERUGACHE SECRETARIO. TUTELA 7607 �PÁGINA � �PÁGINA �23�