República de Colombia Tutela Exp. No. 7431 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 7431 Acta No. 09 Magistrado Ponente: GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil dos (2002). Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la sociedad GESTIÓN TOTAL S.A. contra el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, calendado 4 de febrero de 2002, en el trámite de la tutela que le sigue al Director Nacional del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

ANTECEDENTES La sociedad GESTIÓN TOTAL S. A. instauró acción de tutela contra el Director Nacional del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, aduciendo violación de los derechos de petición, a la igualdad, al habeas data y al debido proceso. Para el efecto manifiestó la accionante, en síntesis, que el Seguro Social, entidad oficial de previsión representada por el doctor Guillermo Fino, se niega a prestarle el servicio esencial obligatorio de salud y demás prestaciones inherentes al sistema de seguridad social, a los trabajadores de la empresa, argumentando que la base central de datos de la institución no registra los pagos efectuados por su representada debido a que se produjeron fraudes en el proceso de recaudo llevado a cabo por DAVIVIENDA, y que por tal razón, mientras no se supere este “impase”, no serán atendidos aquellos; que el 26 de septiembre de 2001, su representada formuló derecho de petición al Director Seccional del Seguro Social de Barranquilla con el fin de que diera solución a esa situación y se restablecieran los legítimos intereses de la sociedad accionante, petición que fue remitida a la Dirección Nacional del ISS en Bogotá, la cual hasta la fecha se ha rehusado a solucionar la problemática causada por su contratista “DAVIVIENDA”, pretendiendo trasladar la legitimidad de las acciones judiciales a la empresa, que sólo cumple con el deber de consignar los aportes en las entidades financieras contratadas por el Seguro Social para tal fin; que de acuerdo a conversaciones telefónicas sostenidas con la Directora Nacional Jurídica del ISS, la compañía tiene la obligación de “ponerse al día” con los aportes no registrados en su base de datos y ésta sería la única forma en que el ISS podría restablecer a los trabajadores sus derechos fundamentales; que la empresa no cuenta con otro mecanismo judicial o administrativo para el restablecimiento oportuno y eficaz de sus derechos fundamentales, pues el ejercicio de acciones contenciosas contra el Seguro Social implicaría por lo menos cuatro o cinco años de contienda, lo que además de afectar los derechos fundamentales de la persona jurídica que representa amenaza con crear un perjuicio irremediable contra sus empleados, toda vez que quedarían desamparados del servicio de salud.

El ente accionado se opuso a las pretensiones de la accionante e hizo un pormenorizado recuento de los antecedentes relacionados con los aportes a la seguridad social, hechos por la empresa accionante a través de DAVIVIENDA. En cuanto al derecho de petición a que hizo referencia, señaló que le fue respondido con oficio GNR-DC-4726 de 9 de noviembre 2001.

El Tribunal negó el amparo deprecado, aduciendo que no existe prueba en el expediente de vulneración de derechos fundamentales por parte del ISS; que en cuanto al derecho de petición obra oficio de 5 de octubre de 2001, suscrito por el Coordinador de Afiliación y Registro, dirigido al doctor Orlando Torregrosa Sierra, Gerente de la accionante en el que se le informa que de su derecho de petición se dio traslado a la Jefe del Departamento Nacional de Conciliación; que respecto del derecho a la igualdad afirma que hay discriminación sobre el trato que se le da a otras empresas aportantes del sistema de seguridad social integral, sin que las enuncie; que sobre el habeas data, el accionado antes de efectuar cualquier acción comprobó la información suministrada por la empresa y pudo verificar que los pagos de aportes no habían ingresado, corroborado con visita a aquélla, en la que no presentó la documentación requerida, como son los “ formularios de autoliquidaciones con las debidas especificaciones sobre los conceptos cancelados ni mediante otro medio probatorio idóneo la realización de los pagos por concepto de salud respecto de los trabajadores de su empresa, para aportar el grado de convicción necesario que permita deducir que tiene real derecho a que se actualice la información por ella solicitada.” Inconforme con la decisión, la empresa accionante otorgó poder especial para impugnar el fallo del tribunal.

El apoderado señaló que de acuerdo con el acervo probatorio, con la reglamentación y con el contrato que en materia de aportes para la seguridad social tiene suscrito el ISS con DAVIVIENDA, su representada hizo los aportes mensuales al ISS a través de dicha entidad; que en virtud del convenio de recaudo que vincula jurídicamente a ambas partes, compete al ISS ejercer las acciones judiciales tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de DAVIVIENDA; que si la accionante ha demostrado que materialmente realizó sus aportes al sistema de seguridad social mediante cheques girados a la entidad recaudadora y que por razones de fallas del personal que labora allí fueron defraudados esos dineros, resulta injusto que los trabajadores de GESTIÓN TOTAL S. A. sean desprotegidos de los derechos fundamentales invocados, más aún cuando DAVIVIENDA reconoce que presentó las acciones judiciales ante la Fiscalía 48 de Patrimonio Económico de Barranquilla, con radicación No. 106305, por las presuntas ilicitudes presentadas en su interior; que en vista de lo anterior, la tutelante no puede ejercer ningún tipo de acción contra dicha entidad de crédito o contra el ISS para reivindicar sus derechos fundamentales y los de sus trabajadores.

CONSIDERACIONES La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política otorga facultad a cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de estirpe constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de una autoridad pública o de particulares en los casos expresamente previstos por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

Esta acción sólo procede cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que exista, probadamente, un perjuicio irremediable que haga imperioso el amparo constitucional como mecanismo transitorio. Desde que fue instituida esta figura en el artículo 86 de la Carta, se ha sostenido que uno de sus caracteres esenciales es el de la subsidiariedad, lo que significa que la acción de tutela no constituye un dispositivo paralelo o alternativo, ni complementario, para alcanzar la protección de los derechos, existiendo otra vía judicial idónea para controvertirlos y hacerlos valer.

La presente acción de tutela persigue que se dirima una controversia surgida con el ISS a raíz de los aportes para la seguridad social de sus trabajadores, efectuados a través de “DAVIVIENDA”, los cuales por ilicitudes presentadas en esa corporación recaudadora y que fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía 48 de Patrimonio Económico de Barranquilla, no han ingresado a las arcas del ISS, lo que ha sido motivo suficiente para que dicho instituto le niegue a los trabajadores de la empresa los servicios de salud que requieren, desconociendo de esa manera los derechos fundamentales que invoca.

Lo primero que observa la Sala en el caso sometido a estudio, suficiente para el pronunciamiento de fondo, es que la acción de tutela fue promovida por una persona jurídica de derecho privado, siendo por este solo aspecto, improcedente el amparo constitucional solicitado, pues ha sido criterio reiterado de la Sala, que esta categoría de personas no están legitimadas para ejercitar la acción en comento.

Al respecto tiene dicho esta Corporación: "1.- El reconocimiento de la "primacía de los derechos inalienables de la persona" dispuesto por el ar​tícu​lo 5o. de la Constitución debe entenderse referido y limitado a los seres huma​nos, sin que resulte admisible aceptar, a juicio de esta Sala de la Corte, que en el pen​samiento del Constituyente de 1.991 hubiese existido el propósito de extender esas garantías a los entes que el hombre crea para su uso y pro​vecho y que, por tanto, adquieren personería jurídica --o la pierden-- por la exclusiva voluntad humana.

Toda la estructura de nuestra Carta de Derechos muestra como inequívoca in​tención de sus autores, la de colocar las cosas al servicio de los seres humanos y no la de poner estos al servicio de aquellas. “Los derechos fundamentales que la Cons​ti​tu​ción ampara son los "inheren​tes a la persona humana" se​gún lo indica su artículo 94 al advertir que las garantías que enuncia expresamen​te, así como las que consagran los Conve​nios Internacionales, no excluyen otras de la misma estir​pe.

“2. Preceptos de la Constitución como los contenidos en sus artículos 9o., 44, 53 y 93 conducen ne​ce​saria​mente a concluir que, en lo relaciona​do con las garan​tías fundamentales de las personas, el Constituyente de 1.991 tuvo el claro propósito de aco​modar nuestra Carta Po​lítica a los Tratados Internacionales que han veni​do regu​lan​do la protección de los derechos humanos. “La Declaración Universal de los Dere​chos Humanos (1.948) no se ocupó evi​dentemente de otorgar garan​tías a las personas jurídicas, pues de conformi​dad con su preámbulo, sólo pueden ser personas naturales los "miembros de la familia humana", a quienes reconoce la "dignidad in​trín​seca" que determina la existencia de "derechos iguales e inalienables", y es sin duda alguna para los "seres humanos" para quienes debe procurarse el advenimiento de un mundo en el cual, liberados del temor y la miseria, disfruten de las liber​tades de palabra y de creencia. “Son los seres humanos y no las perso​nas jurí​dicas quie​nes nacen libres e iguales en dignidad y dere​chos, pues de conformidad con el artículo 1o. de la Decla​ración, son los únicos dotados de "razón y concien​cia".

En conse​cuencia, los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, a la fun​dación de una familia, a la par​ticipación en el gobier​no, a la seguridad social, al trabajo y al descanso, así como las libertades de pensamiento, de conciencia, de creencias, de opinión y de expre​sión que la Declaración consagra en sus artículos 3o., 4o., 5o., 16, 18, 19, 20 y 24, sin discri​minación alguna por razones de raza, sexo, religión o convicción política, sólo pueden concebirse como propios de los seres huma​nos. "3.- En términos aun más precisos, la Decla​ra​ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1.948), identifi​ca los derechos a la vida, la liber​tad, la seguri​dad y la integridad de las personas como "inherentes a los seres humanos" (art. 10) y la Conven​ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1.969), luego de reconocer en su Preámbulo que los derechos esen​ciales del hombre se fundamentan en los atri​butos de la "persona humana", define en su artículo primero a la persona como "todo ser humano".

"4o.- La Constitución Nacional (art. 14), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 6o.), la Decla​ración Americana de los Derechos y Deberes del Hom​bre (art. 17) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 3o.) garantizan a los seres humanos el derecho al recono​ci​miento de la perso​nalidad jurídica. Esta es, desde lue​go, una imposición al Estado dispuesta por normas imperativas de orden supe​rior.

Además de carecer de lógica, afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurí​dica, no tiene sentido alguno atri​buirle esa garantía a en​tidades que surgen a la vida del derecho como personas mo​ra​les por exclusiva volun​tad de los seres humanos que las crean como resultado de sus negocios jurídi​cos, y que asi​mismo, desaparecen por ministerio de esa misma voluntad.

No puede entonces afirmarse que las per​sonas jurídicas tengan el derecho fundamental a la vida del cual, es​trictamente, dependen todos los demás. "Con esta comprensión -ha sostenido esta Sala de la Corte- aparece claro que el artículo 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado como la consa​gración de un instrumento judi​cial enderezado a permitirle a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inherentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los dere​chos que le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal" (Rad. 991).

"5.- La igualdad de las personas ante la ley, reconocida por la Constitución Nacional (Art. 13) y por los instru​mentos internacionales que ha revisado la Sala, sólo puede predicarse de los seres humanos. Equiparar los hom​bres a las cosas que ellos crean, para efecto de reco​no​cerles los mismos derechos fundamentales, constituye una afrenta a la condición y a los más altos valo​res de la es​pecie humana y una degra​dación del nivel que el Derecho Inter​na​cional le ha reconocido por medio de princi​pios y normas que, en buena parte, vinieron a ser acogidos por la Cons​titución Colombiana de 1.991.

De ahí precisa​men​te que tam​bién el Decre​to 2591 de 1.991 haya dispuesto (art. 4o.) que los derechos protegidos por la acción de tutela deban in​ter​pretar​se de conformidad con los tratados internaciona​les sobre derechos humanos. “6.- La circunstancia de que el ar​tícu​lo 92 constitucional hubiera fa​cultado a las personas jurídicas para solici​tar la aplicación de sanciones penales o disci​plinarias derivadas del incum​plimiento de los deberes pro​pios de las autoridades públicas no signi​fica que esas per​sonas morales sean titula​res de los derechos fundamenta​les que la Carta y los Tratados Inter​naciona​les reconocen a los seres huma​nos. Bien al contrario, una adecuada herme​néutica de la disposición, permite concluir que el constituyente otorgó esa facultad --que desde luego no es por sí misma un derecho fundamental-- por igual a los seres humanos y a las personas jurídicas, mediante una exten​sión específica que no admite otras ampliaciones o analogías.

"7.- El argumento planteado por la sociedad recurrente según el cual el derecho al debido proceso es común a los seres humanos y a las personas jurídicas, de modo que su desconoci​miento faculta por igual a unos y a otras para ejercitar la acción de tutela, no desvirtúa ni debilita las conclusiones que ha dejado expuestas la Sala, pues por no ser un fin en sí mismo, el dicho debido proceso sólo podrá considerarse como garantía fun​damental en la me​dida que constituya el medio idóneo de protección de los derechos inherentes a la persona huma​na.

Así lo establece la propia Decla​ración Universal de los Derechos Huma​nos al disponer en su artículo 8o. que "toda persona tiene derecho a un re​curso efectivo ante los tribunales nacionales compe​tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons​titución o por la Ley. “Debe sin embargo reiterar la Sala, su criterio en el sentido de que las personas jurídicas en general, y de manera específica los sindicatos de trabajadores, pueden valerse de la acción de tutela, no con el propósito de defender sus propios intereses patrimoniales, sino con la finalidad de amparar los derechos fundamentales de los seres humanos individualmente considerados, que integren dichas entidades o que estén representados por ellas” (Rad. 994) El criterio antes plasmado, de aplicación al caso presente, impone la confirmación de la sentencia impugnada, y así se hará. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,

RESUELVE

1.- Confirmar el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Laboral, calendado 4 de febrero de 2002. 2.- Comunicar esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3.- Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronuncia do.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Germán G. Valdés Sánchez Francisco Escobar Henríquez José Roberto Herrera Vergara Carlos Isaac Nader Luis Gonzalo Toro Correa Isaura Vargas Díaz Fernando Vásquez Botero Jesús Antonio Pastás Perugache Secretario PÁGINA 2