CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Segunda instancia No. 66025 ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Segunda instancia No. 66025 ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Aprobado Acta No. 096 Bogotá, D.C., abril tres (3) de dos mil trece (2013). 1.

VISTOS: La Sala decide la impugnación interpuesta por ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ, frente a la sentencia proferida el 5 de marzo del año en curso por una Sala de Decisión Penal del Tribunal de Manizales, a través de la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y libertad personal, presuntamente vulnerados por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio y la Fiscalía Delegada ante ese despacho judicial. 2.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. Con base en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio después de agotar el procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, mediante sentencia dictada el 12 de diciembre de 2012 condenó al ciudadano ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ a la pena principal de cuarenta y ocho (48) meses de prisión al ser encontrado autor responsable del delito de fuga de presos. 2.

Como quiera que contra el fallo de primera instancia, el defensor del procesado interpuso y sustentó el recurso de apelación, las diligencias fueron remitidas a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, y se está a la espera que se tome la decisión que en derecho corresponda.

3. ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ acudió directamente al juez de tutela para que le protegiera sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y libertad personal, porque considera que la conducta punible a él endilgada no se estructuró. Además en casos similares al suyo, a personas que “ violaron la prisión domiciliaria…no les imputaron el delito de fuga”, motivo por el cual solicitó se declara la nulidad de todo lo actuado, desde el momento de la formulación de imputación.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: 1. Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales admitió la demanda de tutela y vinculó a los despachos judiciales accionados. 2. La doctora MARTHA ANGÉLICA PINILLA ÁVILA, Juez Penal del Circuito de Riosucio, Caldas, solicitó se declarara improcedente la acción de tutela porque consideró que ajustó su proceder a la Constitución y la ley.

Además, contra el fallo del cual discrepa el actor, su defensor interpuso y sustento el recurso de apelación. 3. Con similares argumentos se pronunció el titular de la Fiscalía Segunda Seccional de esa ciudad.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: La Corporación Judicial competente mediante fallo dictado el 5 de marzo de 2013, previa valoración de la información que hace parte de este trámite constitucional, resolvió negar el amparo solicitado. Efecto para el cual señaló que las inconformidades respecto de la supuesta lesión de los derechos fundamentales del demandante no pudieron satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, como tampoco se enmarcan en ninguna de las causales genéricas ni especiales de procedibilidad, porque las determinaciones de los despachos judiciales accionados no reflejan yerros o arbitrariedades sustanciales que ameritaran la intervención del juez de tutuela. 5.

IMPUGNACIÓN: El accionante al ser notificado de la decisión atrás referenciada la recurrió, y con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial de tutela pretende se revoque el fallo objeto de queja, insistiendo en que fue condenado por el delito de fuga de presos “sin existir los presupuestos fácticos y jurídicos para hacerlo y por el hecho de haber resuelto casos similares de una forma menos gravosa”.

6. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta porque la decisión fue proferida por una Sala de Decisión Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Manizales, de la cual es su superior funcional. 2.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 3.

El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, preceptiva que determina: " Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio." El debido proceso queda entonces definido como aquél que se desenvuelve de acuerdo con las leyes preexistentes al acto, ante juez o tribunal competente y con observancia plena de las formas propias de cada juicio, involucrando los derechos a la defensa técnica y material durante la investigación y el juicio, al trámite sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen, a la presunción de inocencia, a impugnar la sentencia y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Así, el debido proceso obedece a una sucesión ordenada y preclusiva de actos, que no son solamente pasos de simple trámite sino verdaderos actos procesales, metodológicamente concatenados en orden a la obtención de su precisa finalidad, y por lo tanto, obedece a unas reglas preestablecidas, las cuales de ninguna manera al arbitrio habrán de reemplazarse puesto que se han promulgado precisamente para limitar la actividad del juez y para preservar las garantías constitucionales que permitan un orden social justo. 4.

Encuentra la Sala que el amparo solicitado es improcedente porque con base en las copias que hacen parte de la presente acción, advierte la Sala que al accionante se le brindaron las garantías fundamentales previstas en el artículo 29 de la Constitución Política y el procedimiento se viene adelantando bajo los postulados de la Ley 906 de 2004, garantizándosele de esta manera un debido proceso, y de ahí que no pueda predicarse la existencia de vías de hecho, única posibilidad para que prospere la tutela contra decisiones y actuaciones de carácter judicial. 5.

A lo anterior que es suficiente para confirmar el fallo objeto de impugnación, se suma que frente a la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2012 por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, Caldas, a través de la cual se condenó al ciudadano ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ como autor del delito de fuga de presos, su defensor interpuso y sustentó el recurso de apelación, el cual ésta por decidirse.

Situación que sin lugar a dudas, lleva a inferir a la Sala que la parte que presuntamente se ve afectada en sus garantías fundamentales, cuenta con otra oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico de rigor para alcanzar sus pretensiones, porque al estar en trámite la alzada su situación jurídica puede variar a su favor, motivo por el cual el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento paralelo del medio judicial aludido.

Y justamente el soporte de una tal prédica la establece el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del Art. 86 Superior cuando en su numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación ésta que no se evidencia en el presente evento y el actor tampoco demostró, porque si ADRIÁN ARNULFO ECHEVERRY SÁNCHEZ está privado de la libertad es producto de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, Caldas, que lo encontró autor responsable de la conducta punible imputada por la Fiscalía General de la Nación. 6.

Lo que deja al descubierto la solicitud de amparo es que pretende anticipar el debate y la decisión inherentes al recurso de apelación y, por ende, desplazar al juez natural, pretensiones que no pueden ser respaldadas en esta sede en tanto se desconocería la naturaleza intrínseca y los principios que rigen el mecanismo extraordinario de amparo de subsidiariedad y residualidad. 7.

Vistas así las cosas, el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento paralelo del medio judicial ordinario previsto en la ley, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que: “ La acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela. ” 8.

Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente. 9.

De otra parte, bueno es precisar que mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión recurrida. Y, 2. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-1343/01 8 11