CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela de primera instancia No. 63192 JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela de primera instancia No. 63192 JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Aprobado Acta No. 360 Bogotá, D. C., septiembre veintisiete (27) de dos mil doce (2012) VISTOS: Resuelve la Sala lo relacionado con la acción de tutela instaurada por JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES, contra las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior, autoridades judiciales con sede en Tunja, por la presunta violación de su derecho fundamental al debido proceso e igualdad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. De la información que reposa en la presente actuación se pudo establecer que mediante sentencia fechada 13 de febrero de 2003, el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de Bogotá, condenó a JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES a la pena principal de veintisiete (27) años y un (1) mes de prisión como autor del delito de homicidio agravado, fallo que el 15 de septiembre de 2004 fue confirmado por el superior funcional. 2.

El Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante auto interlocutorio de abril 24 de 2007 negó al sentenciado la rebaja de pena a que hace referencia el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 porque no acreditó el cumplimiento de todas las exigencias allí previstas, decisión que al ser recurrida, fue confirmada por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 3.

Con ocasión al cambio de sitio de reclusión, el sentenciado apoyado en las directrices fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-815 de 2005 solicitó se le concediera la rebaja de pena ya referenciada. 4. A través de la providencia dictada el 25 de marzo de 2010, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja negó la petición por considerar que la norma soporte de la pretensión había sido declarada inexequible por vicios de procedimiento en su formación mediante sentencia C-370 de mayo de 2006 “En estas condiciones, el Despacho encuentra extemporánea la posibilidad de otorgar la rebaja solicitada”. 5.

Frente a similares pretensiones, el funcionario judicial competente el 18 de abril de 2012 negó la rebaja de pena por las mismas razones, decisión que al ser impugnada, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja el 28 de agosto de 2012 la confirmó porque mientras estuvo vigente el artículo 70 no acreditó el cumplimiento de todas las exigencias allí previstas. 6.

En vista de lo anterior, JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES acude a la acción de tutela para que, previos los trámites constitucionales se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, y en consecuencia, solicita se le conceda la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, máxime cuando otros despachos judiciales si la han concedido.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN: 1. La Sala asumió el conocimiento del asunto y ordenó comunicar lo pertinente a las autoridades demandadas para que si a bien tenían ejercieran el derecho de contradicción. 2. El doctor MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, luego de hacer referencia a los pronunciamiento a través de los cuales se atendió la solicitud de rebaja de pena elevada por el aquí accionante, consideró que las decisiones objeto de queja fueron adoptadas bajo un criterio jurídico de interpretación contra el cual no es viable la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.

Como la solicitud de amparo interpuesta por JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES se orienta a cuestionar las decisiones judiciales proferidas dentro de los trámites procesales que culminaron con la negativa a conceder la rebaja de pena solicitada, se debe decir que esta acción constitucional tiene un carácter subsidiario y residual con la significación que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el que procede como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable. 3.

En el asunto puesto a consideración de la Sala, la acción de tutela resulta improcedente porque la pretensión del actor es conseguir por este medio la rebaja de pena prevista en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, olvidando que este trámite constitucional no es una tercera instancia ni está instituida como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de recurrir a las vías ordinarias han sido desfavorables, por no poder existir concurrencia de medios judiciales porque siempre prevalece la acción ordinaria, de ahí que se afirme que la tutela no es un instrumento adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que: “La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente.

Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”. 4.

De todos modos es evidente la improsperidad de la demanda porque el juez constitucional, como lo afirmó la Sala en otra oportunidad, no puede inmiscuirse en los asuntos encomendados a los jueces naturales y en especial cuando la injerencia tiene que ver con el modo en el que éstos interpretan la ley, lo contrario constituye un atentado contra la autonomía e independencia judiciales, porque sólo excepcionalmente, cuando la providencia se aparta abruptamente del ordenamiento jurídico y resuelve con arbitrariedad o capricho, o es producto de negligencia extrema, está habilitada esa intervención. 5.

Ninguna de las anteriores hipótesis tuvo ocurrencia en el caso examinado, toda vez que basta con observar las decisiones objeto de reproche para determinar que tanto el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, como la Sala Penal del Tribunal Superior del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, clara y razonadamente expresaron los motivos por los cuales no era procedente conceder la rebaja de pena solicitada por JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES, lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Juez ad quem, para confirmar la decisión recurrida, le puso de presente al actor que: “El artículo 70 de la Ley 975 de 2005, fue declarado inconstitucional en sentencia C-370 de mayo de 2006 por vicios de procedimiento en su formación, lo que significa que desde esa fecha fue expulsado del ordenamiento jurídico y por tanto en el momento actual no es posible aplicarlo.

(…) No obstante era viable su aplicación durante el tiempo que estuvo vigente (desde el 25 de julio de 2005, fecha de expedición de la Ley 975 de 2005, hasta el 18 de mayo de 2006, fecha de la sentencia C-370 de 2006), siempre y cuando el sentenciado cumpla los presupuestos de hecho y de derecho que exigía la norma, también dentro de ese término. En otras palabras, el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 se aplica exclusivamente a quienes demostraron el cumplimiento de la totalidad de los requisitos demandados por ella durante su vigencia. (…) Así las cosas, teniendo en cuenta que en el presente caso el condenado JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES demostró que en vigencia del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 cumplió el requisito objetivo consistente en estar purgando pena por sentencia debidamente ejecutoriada, buena conducta, el compromiso de no volver a cometer actos delictivos y el de reparación a las víctimas, no demostró el de colaboración a la justicia, tal como lo señalara inicialmente el Juez 12 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá en su interlocutorio del 24 de abril de 2007, verificándose que la totalidad de los requisitos no se actualizan y por tanto no tiene derecho a la rebaja de pena”. 6.

Así pues, queda demostrado que la Sala Penal del Tribunal de Tunja al advertir el incumplimiento de todas las exigencias previstas en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, mientras la citada disposición estuvo vigente, no le quedaba más remedio que negar la rebaja de pena elevada por JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES. 7. De otra parte es bueno precisar que las discrepancias interpretativas no son violatorias, per se, de los derechos fundamentales, y entonces la acción de tutela no procede para impugnar providencias judiciales cuando el supuesto afectado simplemente no coincide con la posición judicial, pues las vías de hecho son defectos graves en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que comprometen el debido proceso y la integridad del ordenamiento jurídico, categoría en la cual no encajan las divergencias hermenéuticas. 8.

Además, la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que: “…el juez de tutela no puede entrar a valorar los medios de prueba que fueron objeto de análisis dentro de los procesos ordinarios pues solamente le corresponde verificar si, en la decisión del juez de instancia se hace evidente una irregularidad protuberante, el juez de tutela debe emitir las órdenes sobre los parámetros constitucionales necesarios para que el juez natural pueda corregir su error.

En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto. 9.

Aprovecha la Sala para precisarle al demandante que el presente trámite constitucional no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, situación que aquí no sucedió. Y, 10.

En cuanto se refiere a la presunta vulneración del derecho fundamental a la igualdad incoado por el libelista con base en pronunciamientos dictados por otros Despachos Judiciales, tampoco será objeto de protección pues los jueces en la toma de sus decisiones sólo están sometidos al imperio de la Constitución y la Ley, la Carta Política autoriza el uso de la jurisprudencia de los órganos de cierre de jurisdicción sólo como criterio auxiliar (art. 230 Const.

Pol.), a no ser del precedente judicial horizontal o vertical, del que también se puede discrepar, no obstante tenerse como contextualizado en los conceptos de Bloque de constitucionalidad, Constitución y Ley, porque los hechos no sean idénticos, varió la normatividad aplicable al caso o -en tratándose de una ciencia valorativa y racional como lo es el derecho- porque la razonabilidad y la ponderación de la argumentación despliegan otros horizontes de definición, pues lo contrario sería meter en una especie de congelador a la decisión judicial que debe ser por antonomasia, derecho viviente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. NEGAR, por improcedente, la acción de tutela promovida por JOSÉ RODOLFO SÁNCHEZ TORRES. Y, 2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-625 de 2000. � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. 332/06 8 13