CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 12 Tutela: Rad. 6074 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA Referencia: tutela No. 6074 Acta No. 42 Bogotá D.C., veinte (20 ) de septiembre de dos mil (2000). Se pronuncia la Corte sobre la impugnación interpuesta por el apoderado de la ASOCIACIÓN MUTUAL FUTURO EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD E.S.S. DE PIOJÓ ATLÁNTICO, contra el fallo de fecha 18 de agosto de 2.000, proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela instaurada por la recurrente contra el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.

I -.

ANTECEDENTES 1º-. Ante la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, acudió la actora en procura de sus derechos fundamentales a la vida, al trabajo. al debido proceso, a la seguridad social, a la salud, a la propiedad privada y a la asociación, con el fin de que se deje sin efecto la sentencia condenatoria de fecho 10 de diciembre de 1.999, proferida por el señor Juez Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla y el cumplimiento de dicha sentencia en contra de ella y a favor del demandante señor GERMAN RONCALLO JIMÉNEZ; se le ordene al titular del despacho judicial accionado, dicte la sentencia que en derecho corresponda, dejando sin efecto los actos proferidos para su cumplimiento, y se imparta a las autoridades correspondientes las instrucciones orientadas hacia la cabal y completa protección de sus derechos fundamentales.

Relata la accionante que el señor GERMAN RONCALLO JIMÉNEZ la demandó laboralmente para obtener el pago de salarios, primas y demás derechos laborales que no le fueron cancelados cuando se desempeñó como Gerente de la misma. El Juzgado accionado a quien le correspondió adelantar el proceso, profirió sentencia condenatoria teniendo como ciertos los hechos y peticiones del actor, sin que estuvieran siquiera sumariamente probados en el proceso ni constatados por el juzgador.

Que la providencia judicial es ilegal al carecer de fundamento objetivo en prueba alguna legalmente aceptada, y por lo tanto constituye una clásica vía de hecho. 2-. El Tribunal denegó por improcedente la acción de tutela en atención a que tanto dentro del proceso ordinario como en el ejecutivo se cumplió por parte del juzgado con todos los trámites legales.

Por el contrario, la demandada no contestó la demanda ni interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada en su contra, con lo cual quedó en firme, y dentro del ejecutivo a pesar de habérsele notificado el auto de mandamiento de pago, solo presentó solicitud de desembargo y petición de declaratoria de ilegalidad de su inciso 2º, sin presentar excepciones.

Consideró que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para revivir las etapas procesales finalizadas o cuando se dejó precluir los términos para interponer los recursos legales contra la sentencia o contra el mandamiento de pago. De haberlo hecho, era procedente alegar ante esta misma Sala, lo que se plantea ahora por la vía de la tutela. 3º-.

La entidad accionante impugnó la decisión anterior, manifestando que el tribunal le dio mayor importancia a los aspectos procesales que al derecho sustancial, y que en realidad se trata de un error jurisdiccional que constituye una vía de hecho, pues la actuación objeto de la acción de tutela carece de fundamentos objetivos y razonables. II-.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Es pertinente anotar en primer lugar, que la presente acción de tutela es improcedente, en atención a que según criterio de esta Sala, las personas jurídicas, en principio, no están legitimadas para ejercitarla. En fallo 994 del 22 de junio de 1.994, reiterado en otros posteriores, se dijo: "1.- El reconocimiento de la 'primacía de los derechos inalienables de la persona' dis​puesto por el ar​tícu​lo 5o. de la Consti​tución debe entenderse referido y limitado a los seres humanos sin que resulte admisi​ble aceptar, a juicio de esta Sala de la Corte, que en el pen​samiento del Constitu​yente de 1.991 hubiese existido el propósito de extender esas garantías a los entes que el hombre crea para su uso y provecho y que, por tanto, adquieren personería jurídica --o la pierden-- por la exclusiva voluntad humana.

Toda la estructura de nuestra Carta de Derechos muestra como inequívoca inten​ción de sus autores la de colocar las cosas al servicio de los seres humanos y no la de poner éstos al servicio de aquellas. "Los derechos fundamentales que la Cons​ti​tu​ción ampara son los 'inherentes a la perso​na humana' se​gún lo indica su artículo 94 al advertir que las garantías que enuncia expresamente, así como las que consagran los Conve​nios Internacionales, no excluyen otras de la misma estir​pe.

"2.- Preceptos de la Constitución como los contenidos en sus artículos 9o., 44, 53 y 93 conducen ne​ce​sariamente a concluir que, en lo relacionado con las garan​tías fundamenta​les de las personas, el Constituyente de 1.991 tuvo el claro propósito de acomodar nuestra Carta Po​lítica a los Tratados Inter​nacionales que han venido regu​lan​do la protección de los derechos humanos. "La Declaración Universal de los Dere​chos Humanos (1.948) no se ocupó evidentemente de otorgar garan​tías a las personas jurídicas, pues de conformidad con su preámbulo sólo pueden ser personas naturales los 'miembros de la familia humana' a quienes reconoce la 'dignidad in​trín​seca' que determina la existencia de 'derechos iguales e inaliena​bles', y es sin duda alguna para los 'seres humanos' para quienes debe procurarse el advenimiento de un mundo en el cual, libera​dos del temor y la miseria, disfruten de las libertades de palabra y de creencias.

"Son los seres humanos y no las personas jurí​dicas quienes nacen libres e iguales en dignidad y dere​chos, pues de conformidad con el artículo 1o. de la Decla​ra​ción, son los únicos dotados de 'razón y conciencia'. En consecuencia, los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, a la fundación de una familia, a la participación en el gobierno, a la segu​ridad social, al trabajo y al descanso, así como las libertades de pensamiento, de conciencia, de creencias, de opinión y de expresión que la Declaración consagra en sus artículos 3o., 4o., 5o., 16, 18, 19, 20 y 24, sin discriminación alguna por razones de raza, sexo, religión o convicción política, sólo pueden concebirse como propios de los seres humanos. "3.- En términos aun más precisos, la Decla​ra​ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1.948) identifica los derechos a la vida, la libertad, la seguri​dad y la integridad de las personas como 'inherentes a los seres humanos' (art. 10) y la Conven​ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1.969), luego de reconocer en su Preámbulo que los derechos esen​ciales del hombre se fundamen​tan en los atributos de la 'persona humana', define en su artículo primero a la persona como 'todo ser humano'.

"4o.- La Constitución Nacional (art. 14), la Declaración Universal de los Dere​chos Huma​nos (art. 6o.), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom​bre (art. 17) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 3o.) garantizan a los seres humanos el derecho al recono​ci​miento de la personalidad jurídica. Esta es, desde luego, una imposi​ción al Estado dispuesta por normas impera​tivas de orden superior.

Además de carecer de lógica afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurí​dica, no tiene sentido alguno atribuirle esa garantía a en​tidades que surgen a la vida del derecho como personas mo​ra​les por exclu​siva voluntad de los seres humanos que las crean como resultado de sus negocios jurídi​cos y que asi​mismo desaparecen por ministe​rio de esa misma voluntad.

No puede entonces afirmarse que las personas jurídicas tengan el derecho fundamental a la vida del cual, estrictamente, dependen todos los demás. "'Con esta comprensión --ha sostenido esta Sala de la Corte-- aparece claro que el artículo 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado como la consa​gración de un instrumento judicial enderezado a permitirle a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inhe​rentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los derechos que le son esen​ciales dependa de un reconocimiento estatal' (Rad. 991, Mag.

Ponente Dr. Rafael Méndez Arango). "5.- La igualdad de las personas ante la ley, reconocida por la Constitución Nacional (Art. 13) y por los instrumentos internacio​nales que ha revisado la Sala, sólo puede predicarse de los seres humanos. Equiparar los hom​bres a las cosas que ellos crean, para efecto de reco​no​cerles los mismos derechos fundamentales, constituye una afrenta a la condición y a los más altos valores de la es​pecie humana y una degrada​ción del nivel que el Derecho Interna​cional le ha reconocido por medio de princi​pios y normas que, en buena parte, vinieron a ser acogidos por la Cons​titución Colombiana de 1.991.

De ahí precisa​men​te que tam​bién el Decreto 2591 de 1.991 haya dispuesto (art. 4o.) que los derechos protegidos por la acción de tutela deban in​ter​pretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos. "6.- La circunstancia de que el artículo 92 constitucional hubiera facultado a las personas jurídicas para solicitar la aplica​ción de sanciones penales o disci​plinarias derivadas del incumplimiento de los deberes pro​pios de las autoridades públicas no significa que esas per​sonas morales sean titulares de los derechos fundamentales que la Carta y los Tratados Internacionales reconocen a los seres humanos. Bien al contrario, una adecuada hermenéutica de la disposición permite concluir que el consti​tuyente otorgó esa facultad --que desde luego no es por sí misma un derecho funda​mental-- por igual a los seres humanos y a las personas jurídicas mediante una exten​sión específica que no admite otras amplia​ciones o analogías.” Del escrito que aparece a folios 3 y siguientes se desprende que la tutela fue instaurada por el Doctor OSCAR ENRIQUE RODRIGUEZ SARMIENTO en representación de la ASOCIACIÓN MUTUAL FUTURO E.S.S. DE PIOJÓ ATLÁNTICO, en virtud del poder que le confirió el Doctor JAVIER EDUARDO SOTO FONTALVO en su calidad de Gerente y representante legal de dicha asociación, por lo tanto no existe legitimación activa en la presente acción. Además, la acción se dirige en contra del Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, por haber incurrido en supuestas vías de hecho al proferir sentencia dentro de un proceso ordinario laboral.

Al respecto dejó expuesto esta Corporación: “Reiteradamente esta Sala de la Corte ha dicho que la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política no procede cuando se pretende por su intermedio revocar o modificar una decisión judicial, argumentando que la misma constituye una “vía de hecho”. “Además, en las actas de los debates de la Asamblea Nacional Constitucional consta expresamente que no fue intención del constituyente consagrar la posibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

“Basta recordar que la decisión judicial lleva consigo una presunción de legalidad y acierto, pues es el resultado de todo un proceso de análisis y estudio, con el fin de hacer claridad sobre los hechos debatidos, para precisar la existencia o no de ciertos derechos, y por tanto no puede ser modificada por otra autoridad. “Además, se ha sostenido de manera uniforme, que una vez se declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 40 del decreto ley 2591, mediante fallo C - 543 de fecha 1° de octubre de 1992, de la Corte Constitucional, resulta imposible que su tenor nazca nuevamente a la vida jurídica por vía legal ni jurísprudencial, dado que ya hizo tránsito a “cosa juzgada constitucional” por mandato de la propia Carta y mientras mantengan su vigencia los artículos de la Constitución que sirvieron de base a la decisión de la Corte Constitucional.

“Al respecto dijo esta Corporación: “Dado que la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional “hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”, disponiendo igualmente que “ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”, se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1°, 228, 229 y 230 de la Constitución en rigor, no es posible reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo.

(…) “Según las consideraciones de la sentencia No. C - 543 de 1° de octubre de 1992, la Corte Constitucional encontró unidad normativa entre lo dispuesto por el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 y lo establecido en el artículo 40 del mismo, de manera que es forzoso entender que ambos se declararon inconstitucionales por exceder el alcance fijado por el constituyente a la acción de tutela, quebrantar la autonomía funcional de los jueces, obstruir el acceso a la administración de justicia, romper la estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones, impedir la preservación del orden justo, afectar el interés general de la sociedad y, además, “lesionar en forma grave el principio de cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento jurídico”, vale decir, las normas declaradas inexequibles se hallaron contrarias a lo dispuesto en los artículos 86, 228,230 y 239 de la Constitución, la integridad de su título VIII, el preámbulo de la Carta y su artículo 1°, disposiciones todas que subsisten en la Constitución Política de Colombia.

“( Rad. 2558)” Por lo tanto la providencia proferida por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla no puede ser revocada por un juez diferente como lo es de tutela, y por ello aún cuando por razones distintas se confirmará la decisión del tribunal. En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE 1-.

CONFIRMAR la sentencia de fecha 18 de agosto de 2000 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la acción de tutela propuesta por la ASOCIACIÓN MUTUAL FUTURO E.S.S. DE PIOJÓ ATLÁNTICO contra el JUZGADO NOVENO LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA. 2-. Comunicar a los interesados en la forme prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991. 3-.

Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópese, notifíquese y cúmplase. josé Roberto Herrera Vergara Francisco Escobar Henríquez Carlos Isaac nader Rafael Méndez Arango luis Gonzalo toro Correa Germán G. Valdés Sánchez Fernando Vásquez Botero GILMA PARADA PULIDO Secretaria