CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Segunda instancia No. 58821 ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Segunda instancia No. 58821 ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO Aprobado Acta No.079 Bogotá, D.C., marzo ocho (8) de dos mil doce (2012). 1.

VISTOS: La Sala decide la impugnación interpuesta por ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ, frente a la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2011 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de la cual negó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, actuación que se hizo extensiva al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga. 2.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. De la información que reposa en la presente actuación se pudo establecer mediante sentencia anticipada fechada 15 de septiembre de 1998 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, previo el descuento de 1/3 parte condenó al ciudadano ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ a la pena principal de dieciocho (18) años de prisión al ser encontrado autor responsable del delito de homicidio -artículo 323 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 40 de 1993-, decisión que no fue impugnada. 2.

La vigilancia y ejecución de la pena correspondió al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, que a través del auto interlocutorio de mayo 9 de 2008 y en aplicación del principio de favorabilidad redosificó la pena al procesado para fijarla en siete (7) años, ocho (8) meses y veintisiete (27) días. 3. Como quiera que ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ considera como una típica vía de hecho la sentencia proferida en su contra, acude al juez de tutela para que le proteja el derecho fundamental al debido proceso, porque el fallador de instancia le endilgó “ la conducta punible de mayor punibilidad y no tuvo en cuenta que ésta se encontraba materializada en el homicidio simple ”.

Motivo por el cual solicitó se aplique a su caso “ el artículo 109 de la ley 599 de 2000, toda vez que este se encuentra materializado en homicidio culposo ”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN: 1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga admitió la demanda de tutela y ordenó vincular al despacho judicial accionado y a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la acción de tutela incoada por ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ. 2. El doctor PEDRO ANTONIO VILLAMIZAR GIRALDO, Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad solicitó se declarara improcedente el amparo solicitado porque considera que no le ha vulnerado ningún derecho fundamental al actor, si se tiene en cuenta lo que busca es reemplazar las oportunidades que tenía para controvertir el fallo condenatorio proferido en su contra.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga mediante providencia de diciembre 19 de 2011 previa revisión de las copias que hacen parte de este trámite constitucional, resolvió negar el amparo solicitado por considerar que la sentencia proferida contra el demandante estuvo sujeta a la ley.

Además, señaló que el sentenciado se abstuvo de ejercer los instrumentos legales de defensa y brilla por su ausencia el principio de inmediatez. 5. IMPUGNACIÓN: ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ con argumentos similares a los expuestos en el escrito inicial de tutela, recurrió el fallo de primera instancia y solicitó su revocatoria, en consecuencia, solicitó se redosifique la pena a él impuesta en el proceso en el que resultó condenado como coautor del delito de homicidio.

6. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley. 2.

Es indiscutible que la solicitud de protección constitucional presentada por ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ está dirigida, en últimas, a socavar la firmeza de la sentencia proferida por el Juzgado que conoció del proceso en el cual resultó condenado como autor del delito de homicidio. 3. Es pertinente señalar que a través de la sentencia C - 543 del 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, tornando improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque dadas sus especiales características de subsidiariedad y residualidad no puede ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez de tutela a fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, finalidad que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los servidores judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior. 4.

No obstante, este postulado general encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicción con la Constitución Política o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales constituyan verdaderas vías de hecho que conculquen o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a las cuales no disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos la protección resulta imprescindible para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 5.

Mediante la sentencia de control de constitucionalidad que se hizo al artículo 185 de la Ley 906 de 2004, se unificaron y sistematizaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela contra providencias judiciales.

Fueron señaladas las siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela. 6.

En el asunto sub-exámine pronto se advierte que no concurre ninguna de los presupuestos atrás referenciados, si se tiene en cuenta que además que está ausente el principio de inmediatez, el accionante durante el transcurrir del proceso tuvo la oportunidad de utilizar los recursos que la ley establece para la protección de sus derechos fundamentales -apelación y el recurso extraordinario de casación-, a través del profesional del derecho que lo representó en la actuación penal que cursó en su contra por el delito de homicidio, es decir, desaprovechó los medios idóneos para que el fallo fuera revisado por el superior funcional del juzgado accionado y de paso dar vía al segundo, omisión procesal que constituye razón suficiente para concluir la improcedencia del amparo solicitado, debido precisamente a su carácter subsidiario.

Además, demostrado está que motu proprio decidió delegar en su abogado el ejercicio del derecho de defensa, motivo por el cual no puede ahora en este trámite constitucional alegar una situación que el mismo cohonestó. 7. Entonces: si ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ contó con la posibilidad de recurrir la decisión cuestionada, no puede ahora por vía de la acción de tutela pretender enmendar la negligente y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, pues a pesar de ser la parte interesada en la impugnación se abstuvo de ejercer el derecho en el momento procesal oportuno y permitió que la sentencia de primera instancia adquiriera firmeza, máxime si se tiene en cuenta que este trámite constitucional no es una instancia paralela o complementaria a la del juez natural y mucho menos un medio para revivir términos ya fenecidos o para purgar la eventual desidia de los sujetos procesales, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional cuando señaló que: “… si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción. (…) Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.

De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal ”. 8.

Además, al revisar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó,, la Sala no advierte que sea constitutiva de una vía de hecho, por cuanto fue proferida por la autoridad competente y en ella se plasmaron las razones fácticas y jurídicas para dictar el fallo objeto de reproche, lo anterior cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ se abstuvo de anexar elemento de juicio que acredite que el juzgador de instancia se haya apartado de los parámetros fijados en la solicitud de sentencia anticipada. 9.

Precisa la Sala que la acción de tutela no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales del afectado, situación que aquí no sucedió. 10.

Vistas así las cosas, es evidente que el demandante, en esencia, pretende a través de este instrumento censurar las actuaciones desplegadas por los funcionarios competentes por fuera de los canales dispuestos por el legislador, lo cual torna improcedente el amparo solicitado porque el Constituyente no le otorgó al presente trámite constitucional el carácter de mecanismo alternativo o paralelo a los procedimientos ordinarios de defensa judicial. 11.

Como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios competentes y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad, y sin tal violación, la acción de tutela se torna improcedente. 12.

En cuanto a la actuación del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, tampoco se advierte ninguna actuación arbitraria o injusta que amerite la intervención del juez de tutela, máxime cuando en aplicación del principio de favorabilidad ajustó a la ley la pena impuesta a ALFREDO GAMBOA GONZÁLEZ, decisión frente a la cual el actor se abstuvo de interponer recurso alguno, situación adicional para declarar improcedente la acción de tutela dado el principio de subsidiariedad que caracteriza el presente trámite constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión de Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión recurrida. Y, 2. REMITIR las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria � Corte Constitucional, Sent. C-590 de 2005. � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-1694 de 2000. 8 13