CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: DR. JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA Referencia: Tutela No. 5598 Acta No. 25 Santafé de Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil (2000). Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por ROBERT ARTURO FRANCO BERNAL y OTROS contra el fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, el 9 de mayo de 2000.

I-.

ANTECEDENTES 1-. ROBERT ARTURO FRANCO BERNAL y otros funcionarios del SENA, Regional Norte de Santander, instauraron acción de tutela contra los MINISTROS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de EDUCACIÓN NACIONAL por la presunta violación de los derechos fundamentales “a la igualdad, la dignidad humana, salario móvil y digno, como consecuencia de la negativa gubernamental a incrementar los salarios de los servidores públicos que a 31 de diciembre de 1999, devengábamos más de dos salarios mínimos legales mensuales”.

Se duelen en síntesis los accionantes de la determinación que adoptara el Gobierno en el sentido de congelar los salarios trabajadores colombianos, la cual consideran “es abiertamente contumaz a la propuesta política aprobada en la Constitución de 1991, y también a los precedentes constitucionales que ha emitido nuestra Corte…”. Advierten que “Tanto en el dato oficial del DANE como el de los medios de comunicación y los análisis de los economistas, nos demuestran que la economía en Colombia bajó en 6%, guarismo al que hay que agregarle el aumento del I.P.C., que oficialmente se establece en un 9.23%, que resulta engañoso porque el alza en otros ítems como gas, los productos farmacéuticos, impuestos, educación, transporte, arriendo, gasolina y en general todos los productos que conforman la canasta familiar, lo han incrementado al 16%.

Por ello, en concreto, estimo el perjuicio en una disminución del salario real en un 16%, razón por la cual ha de ordenarse al Gobierno Nacional y al Ministerio de Hacienda, que el rubro salarial sea aumentado en esa proporción” (fl.1). 2-. El Tribunal Superior de Cúcuta resolvió declarar improcedente la tutela intentada por los accionantes.

Luego de advertir que el verdadero objeto de análisis es el cumplimiento o no por parte del Gobierno Nacional de las directrices ordenadas para efecto del reajuste de salarios en la Ley 4ª de 1992 que sirvió de fundamento para dictar el cuestionado decreto 182, concluyó que “está en juego el cumplimiento de un acto de carácter general, impersonal y abstracto” frente al cual el mecanismo de protección idóneo no es la acción de tutela, sino las acciones públicas de inconstitucionalidad o de nulidad y que, por lo demás, no se evidencia en el sub examine el perjuicio irremediable (fl.64). 3-.

La anterior decisión fue impugnada por los accionantes, quienes insisten en su petición (fl.90). II-. CONSIDERACIONES DE LA CORTE En torno a la aspiración de los accionantes, esto es, el incremento salarial con el I.P.C. a partir del 1º de enero de 2000, tomando como parámetro el aumento realizado a otros servidores del sector oficial, ya se ha pronunciado esta Sala en diversas oportunidades, por lo cual se hace imperioso reiterar lo dicho en casos similares: “Reiteradamente se ha dicho que el artículo 13 de la Constitución Política, permite un trato diferente para personas de condiciones y calidades distintas.

Ello atañe no solamente a los sueldos de los Senadores, Representantes, Ministros y Magistrados, sino a aquellos funcionarios de la Rama Judicial, señalados de manera expresa por el Decreto en mención, beneficiarios de la bonificación especial. “Además, como la petición conlleva un reclamo salarial, conviene recordar que conforme a lo prescrito por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro medio judicial de defensa.

En otras palabras, si el accionante considera tener derecho a los aumentos salariales o a la bonificación especial, debe recurrir a las acciones que las leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos, para que las personas obtengan el reconocimiento de sus derechos, y no utilizar la acción de tutela, que por su naturaleza es de carácter subsidiario o supletorio, a menos que se trate de un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se vislumbra en este caso.

“Pero si se analiza el asunto exclusivamente frente al artículo 13 del ordenamiento superior, se observará que la política de salarios corresponde a la jerarquía de los empleos y a los grados, establecidos en función de los deberes, las responsabilidades, la dignidad que entrañan los cargos, la majestad que algunos encarnan, de ahí porqué no solamente la Leyes marco existentes en esta materia y los decretos del gobierno que las ejecutan, sino la propia Constitución Política la que se encarga de definir la remuneración de los altos funcionarios del Estado, en forma diferente a otros servidores públicos.

De suerte que no se puede hablar de violación de un derecho fundamental Constitucional, porque sería un contrasentido lógico afirmar que la Constitución protege los derechos y al mismo tiempo consagra su violación; cuando la verdad es que existen razones superiores en la organización de todas las sociedades y todos los países, sin excepción, que existen ese explicable tratamiento para los empleos de mayor rango y responsabilidad.

“Aun cuando por razones distintas, otro tanto puede decirse de los cargos que están en los niveles inferiores de la planta de personal de las entidades públicas, respecto de los cuales consideraciones de gran significación social, basadas en que se trata de clases que económicamente son las más vulnerables, dentro de una concepción del Estado Social de Derecho y la necesidad de protección especial, que constitucionalmente debe prestarse a los más débiles, es perfectamente compatible con esos postulados, un trato benéfico que les brinde una tutela privilegiada” ( T. 4723).

Las razones consignadas, estima la Corte, son suficientes para confirmar la decisión impugnada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1-. CONFIRMAR la sentencia dictada el nueve (9) de mayo de dos mil (2000) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en la acción de tutela propuesta por ROBERT ARTURO FRANCO BERNAL y OTROS contra los MINISTROS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y de EDUCACIÓN NACIONAL. 2-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 3-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. José Roberto Herrera Vergara Francisco Escobar Henríquez Carlos Isaac Nader Rafael Méndez Arango Luis Gonzalo Toro Correa Germán G. Valdés Sánchez Fernando Vásquez Botero GILMA PARADA PULIDO Secretaria �PAGE �2� Tutela: Rad. 5598 �PAGE �2�