CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL MAGISTRADO PONENTE: DR. JOSÉ ROBERTO HERRERA VERGARA Referencia: Tutela No. 5221 Acta No. 19 Santafé de Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil (2000) Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por ISMAEL TRIVIÑO contra el fallo de tutela proferido por la Sala Civil - Familia - Laboral del Tribunal Superior de Neiva, de fecha 24 de marzo de 2000.

ANTECEDENTES 1º-. ISMAEL TRIVIÑO instauró acción de tutela contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA; por la presunta violación de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y un salario móvil y digno, por la omisión del Gobierno en dar cumplimiento al artículo 53 de la C.N. Como objetivo concreto aspira “… se ordene a la Nación y al Ministerio de Hacienda que dentro del término que considere esta Corporación Judicial, reajuste mi salario en proporción igual al 16%, que equivale a la disminución real del salario según ya se sustentó, o en subsidio, a la del 15.23%, equivalente a la variación nominal del mismo, así como al índice de incremento para salarios superiores a los 40 s. m. 1.

M., a partir del primero de enero de 2000”. En los supuestos fácticos el accionante afirma desempeñarse como Secretario G -10 del Juzgado Primero Promiscuo de Familia del circuito de Garzón Huila, pero que los entes oficiales accionados pretermitieron de manera unilateral AUMENTAR los salarios a partir del 1º de enero de 2.000, vulnerando el artículo 53 de la Constitución Nacional, que consagra para los trabajadores privados o del sector oficial un salario móvil y ajustado a la realidad.

Para ilustración transcribe apartes de pronunciamientos de la Corte Constitucional. 2º-. El Tribunal Superior de Neiva en Sala Civil - Familia - Laboral, denegó la presente acción de tutela por improcedente. 3º-. El accionante impugnó la decisión para que sea revocada y en su lugar se tutele, por considerar que en verdad sigue vigente el quebranto a los derechos fundamentales, por cuanto el Gobierno Nacional no ha dado cumplimiento a los principios sobre salario contenidos en el artículo 53 de la C.N. CONSIDERACIONES DE LA SALA El punto central a dirimir, es el incremento salarial desde el 1º de enero de 2000, tomando como parámetro el I.P.C. a partir de la misma fecha y el realizado a otros servidores del sector oficial.

Así las cosas, el sustento fundamental lo constituye la revisión del principio constitucional de la igualdad en su aplicación real al salario, sobre éste aspecto la Sala se ha pronunciado, por lo cual se hace imperioso reiterar lo dicho en casos similares: “Reiteradamente se ha dicho que el artículo 13 de la Constitución Política, permite un trato diferente para personas de condiciones y calidades distintas.

Ello atañe no solamente a los sueldos de los Senadores, Representantes, Ministros y Magistrados, sino a aquellos funcionarios de la Rama Judicial, señalados de manera expresa por el Decreto en mención, beneficiarios de la bonificación especial. “Además, como la petición conlleva un reclamo salarial, conviene recordar que conforme a lo prescrito por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela es improcedente en aquellos casos en que los afectados dispongan de otro medio judicial de defensa.

En otras palabras, si el accionante considera tener derecho a los aumentos salariales o a la bonificación especial, debe recurrir a las acciones que las leyes han consagrado como los mecanismos más idóneos, para que las personas obtengan el reconocimiento de sus derechos, y no utilizar la acción de tutela, que por su naturaleza es de carácter subsidiario o supletorio, a menos que se trate de un medio transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no se vislumbra en este caso.

“Pero si se analiza el asunto exclusivamente frente al artículo 13 del ordenamiento superior, se observará que la política de salarios corresponde a la jerarquía de los empleos y a los grados, establecidos en función de los deberes, las responsabilidades, la dignidad que entrañan los cargos, la majestad que algunos encarnan, de ahí porqué no solamente la Leyes marco existentes en esta materia y los decretos del gobierno que las ejecutan, sino la propia Constitución Política la que se encarga de definir la remuneración de los altos funcionarios del Estado, en forma diferente a otros servidores públicos.

De suerte que no se puede hablar de violación de un derecho fundamental Constitucional, porque sería un contrasentido lógico afirmar que la Constitución protege los derechos y al mismo tiempo consagra su violación; cuando la verdad es que existen razones superiores en la organización de todas las sociedades y todos los países, sin excepción, que existen ese explicable tratamiento para los empleos de mayor rango y responsabilidad.

“Aun cuando por razones distintas, otro tanto puede decirse de los cargos que están en los niveles inferiores de la planta de personal de las entidades públicas, respecto de los cuales consideraciones de gran significación social, basadas en que se trata de clases que económicamente son las más vulnerables, dentro de una concepción del Estado Social de Derecho y la necesidad de protección especial, que constitucionalmente debe prestarse a los más débiles, es perfectamente compatible con esos postulados, un trato benéfico que les brinde una tutela privilegiada” ( T. 4723).

Las razones consignadas, estima la Corte, son suficientes para confirmar la decisión impugnada. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1º-. CONFIRMAR la sentencia dictada el veinticuatro (24) de marzo de dos mil (2000) por la Sala Civil - Familia - Laboral - del Tribunal Superior de Neiva, en la acción de tutela propuesta por ISMAEL TRIVIÑO contra LA NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA. 2º-.

COMUNICAR a los interesados en la forma prevista por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1.991. 3º-. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. José Roberto Herrera Vergara Francisco Escobar Henríquez Carlos Isaac Nader Rafael Méndez Arango Luis Gonzalo Toro Correa Germán G. Valdés Sánchez Fernando Vásquez Botero MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA Secretaria �PAGE �6� Tutela: Rad. 5221