CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA N° 51753 República de Colombia MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ Corte Suprema de Justicia TUTELA N° 51753 República de Colombia MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrada Ponente: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado Acta N° 412 Bogotá, D. C., nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010).

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Resolver la acción de tutela presentada por la señora MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ en procura de amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, seguridad social, vida digna, acceso a la administración de justicia y mínimo vital, presuntamente vulnerados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

ANTECEDENTES RELEVANTES 1. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín tramitó un proceso ordinario laboral, promovido por MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ en contra del Instituto de los Seguros Sociales, para obtener i) la declaratoria de existencia de una relación laboral entre las partes, ii) el reintegro al cargo desempeñado al momento del despido y iii) el pago de los salarios dejados de percibir, las prestaciones sociales y la indemnización por terminación unilateral de la relación laboral sin justa causa.

Agotado el trámite del proceso, el 25 de octubre de 2002 profirió fallo por medio del cual condenó a la entidad demandada a pagar a favor de la señora BOLÍVAR RODRÍGUEZ las siguientes sumas de dinero: “por cesantías $2,152.753.00; por vacaciones $1.229.152.52; por indemnización por despido sin justa causa $466.661.35; por aportes al sistema de seguridad social integral en salud y en pensiones $1.434.515.65; por devolución de los dineros descontados por retención en la fuente $73.352.48” y la absolvió de las demás pretensiones. 2.

Apelada esa decisión por la parte demandante, fue modificada el 19 de noviembre de 2002 por una Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en el sentido de condenar al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer “1. Reajuste salarial $2.188.600.00 2. Prima de servicios $2.231.600.00. 3. Prima de alimentación $607.4833.20. 4.

Intereses a la cesantía $400.695.15”. Con proveído de 4 diciembre de 2002, la mencionada Corporación adicionó el fallo de segunda instancia, en el sentido de ordenar el reintegro de la demandante al cargo de Auxiliar de Servicios Asistenciales –Enfermería-, con el pago de los aumentos convencionales. 3. La Sala de Casación Laboral de esta Corporación mediante providencia de 25 de noviembre de 2004 casó parcialmente el fallo de segunda instancia “en cuanto condenó por el reintegro y sus consecuencias jurídicas y económicas, reajustes salariales, primas de servicio extralegal, prima de alimentación e intereses a la cesantía ”.

En “sede de instancia” confirmó en su integridad la sentencia de primer grado.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN La señora MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ luego de hacer un recuento de los hechos que dieron lugar al trámite del proceso ordinario y de las decisiones allí proferidas, sostiene que la sentencia de casación constituye vía de hecho transgresora del debido proceso y de las demás garantías fundamentales cuya protección invoca de manera transitoria, porque la aplicación de la convención colectiva de trabajo suscrita entre el Instituto de los Seguros Sociales y el Sindicato de Trabajadores de esa entidad –SINTRAISS-, no puede estar sujeta “ a una interpretación jurídica” en contra de sus intereses.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN Con auto del pasado 3 de diciembre fue admitida la demanda de tutela y se notificó la iniciación del trámite a la autoridad accionada, así como al Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín, al Tribunal Superior de la misma ciudad en su respectiva Sala de Decisión Laboral y al Instituto de lo Seguros Sociales, con el fin de integrar el contradictorio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con la preceptiva del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, en armonía con el artículo 44 del Reglamento General de esta Corporación, es competente la Sala por cuanto la acción está dirigida en contra de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Como quiera que en este asunto no fue necesario practicar pruebas ni solicitar informes a las autoridades accionadas, por cuanto la parte accionante aportó documentos relacionados con los hechos de la demanda, la Sala procederá a resolver, dando alcance a lo normado en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 en cuanto consagra que “El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo…”, en armonía con el inciso 2º del artículo 21 ejusdem que autoriza fundamentar el fallo con “cualquier medio probatorio ”.

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial.

La accionante pretende a través de este mecanismo de protección constitucional excepcional que se deje sin efecto la sentencia de casación proferida en el proceso ordinario que promovió en contra del Instituto de los Seguros Sociales, al estimar que en su caso debe aplicarse la convención colectiva de trabajo. En primer término, advierte la Sala que como la inconformidad de la actora se orienta a reprochar la sentencia de casación proferida el 25 de noviembre de 2004, es incuestionable que si el libelo constitucional fue presentado el 2 de diciembre de 2010 luego de transcurridos más de seis (6) años contados a partir del citado proveído, carece de interposición oportuna y razonable.

En efecto, el principio de inmediatez que rige la procedencia de la acción de tutela exige que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues no de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por la celeridad y la protección inmediata que exige, argumento idóneo para negar el amparo solicitado, máxime cuando el accionante no acreditó, por lo menos de manera sumaria, que a consecuencia de la sentencia de casación padezca una real y evidente situación de perjuicio irremediable que torne forzoso el estudio de sus pretensiones de manera transitoria.

Respecto de la concurrencia de tal presupuesto de procedibilidad de la solicitud de amparo, la Corte Constitucional, sostuvo: “La Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial debe ser entendida, no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales. En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes.

En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica. En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado”.

En segundo lugar, la Sala ha sido del criterio que no puede acudirse a la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, por cuanto se concibió para suplir la ausencia de éstos y no para desconocerlos; por tanto, no es viable considerarla como medio alternativo de defensa al cual acudir para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.

Así mismo ha reiterado que excepcionalmente este mecanismo de protección puede emplearse para demandar el amparo de garantías fundamentales que resultan vulneradas, cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, cuando se configura la llamada vía de hecho, bajo la condición que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para defender sus derechos de rango constitucional.

Precisado lo anterior, no es acertada la afirmación de la accionante al considerar la sentencia de casación censurada como desconocedora del debido proceso y demás garantías invocadas, porque de su contenido se concluye que está debidamente sustentada sin constituir decisión contraria al ordenamiento jurídico, fue por ello que la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, estimó que si las pretensiones de la demandante, como consecuencia de la terminación de la relación laboral fueron sustentadas en la convención colectiva de trabajo, era necesario acreditar su existencia y el cumplimiento de las exigencias del artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo.

Teniendo como fundamento las anteriores premisas, concluyó que de acuerdo con las pruebas aportadas se probó el depósito de la convención colectiva de trabajo “celebrada entre el demandado y SINTRAISS, ante la División Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero de ellas no es posible inferir que el depósito de tal convenio se efectuó en el término establecido” en la citada norma “esto es, a más tardar dentro de los quince (15) días siguientes al de su firma; pues en la convención colectiva no se indica la fecha en que efectivamente fue suscrita”.

De ahí que la interpretación ponderada del juez al resolver un asunto dentro del ámbito de su competencia y la línea jurisprudencial de la mencionada Sala de Casación plasmada en la sentencia proferida hace más de seis años sobre la validez de la convención colectiva de trabajo como instrumento para reclamar el reconocimiento y pago de acreencias laborales como consecuencia de la terminación del vínculo laboral, pertenece a su autonomía como juez colegiado encargado de administrar justicia y no puede controvertirse su criterio, a través de una acción de tutela, aduciendo el supuesto desconocimiento de garantías fundamentales.

Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para que la Sala niegue por improcedente la acción de tutela interpuesta por el actor. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1.

NEGAR por improcedente la tutela promovida por MARTHA IRENE BOLÍVAR RODRÍGUEZ, por las razones contenidas en la anterior motivación. 2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1992. 3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA TERESA RUIZ NUÑEZ Secretaria SALVAMENTO DE VOTO De manera comedida expreso los motivos que me han llevado a discrepar de la decisión mayoritaria adoptada por la Sala en el fallo de tutela de fecha 9 de diciembre de 2009, en virtud de la cual se resolvió de fondo la petición de amparo promovida por Martha Irene Bolívar Rodríguez, en contra de la Sala de Casación Laboral.

Y ello, porque en mi sentir, como ya he tenido oportunidad de señalarlo en pasadas oportunidades, dadas las características de la casación, su juicio resulta comprensivo de todos los vicios que puedan afectar los derechos - fundamentales o no - de las personas que intervienen en la actuación, de modo que resuelto por la Corte Suprema de Justicia el extraordinario recurso en un asunto concreto, “aunada a esa capacidad de constatación y reparación de todas las vulneraciones constitucionales o legales, deja clausurado definitivamente el debate en la forma y términos de la decisión final que se haya adoptado.

Esa comprensividad de la casación es la que la dota de la legitimidad, constitucionalidad y legalidad que excluye, como reiteradamente se ha señalado, la procedencia de acciones extraordinarias ex post sobre el mismo punto”. Principios tales como el debido proceso, la cosa juzgada y la seguridad jurídica se resquebrajarían si se entendiera que los jueces de tutela pueden estudiar, revaluar y hasta revocar decisiones dictadas por los jueces de la más alta categoría, al tenor del artículo 235 de la Carta Política, y a quienes se confió la guarda de la legalidad al interior del proceso, como así he tenido la oportunidad de precisar al estudiar demandas de tutela como la que ahora se formula: “ Fundamentalmente del artículo 29 de la Constitución Política, como especie del debido proceso, surge el principio de la cosa juzgada, que con su historia y actualidad se caracteriza por la inmutabilidad, definitividad, ejecutoriedad y obligatoriedad del fallo judicial.

Este axioma, que ciertamente admite eventuales excepciones (por ejemplo, la acción de revisión y el principio de favorabilidad), no puede ceder ante hipótesis no previstas en la Constitución ni en la ley. En efecto, si los ejemplos citados son excepciones, se debe a que la propia normatividad los prevé como tales, lo que no sucede con la acción de tutela, pues que en parte alguna del ordenamiento aquella hace referencia al preciado mecanismo como otra de las excepciones legales a la cosa juzgada, quizás exclusión hecha de que por caso presentada una demanda en búsqueda de amparo contra la Corte Suprema de Justicia, ella misma, y solo ella, y jamás otro organismo, sería la encargada del trámite correspondiente, dentro de su propio seno. Y por extensión, analogías o parecidos –si de ello se tratara–, no podrían ser creadas excepciones al principio constitucional.

La cosa juzgada, entonces, por las características enunciadas, es soporte de otro principio universal del derecho: seguridad jurídica. “ La conclusión de este punto resulta fácilmente entendible: debido a que la ley no prevé el amparo como salvedad a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, es impensable la tutela por medios extraños respecto de las decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia. Hacerlo sería tanto como creer que ésta, máxima jerarquía de la jurisdicción ordinaria –con funciones constitucionales como las explicadas atrás- por medio de la tutela desconociera la alteza de una decisión del Consejo de Estado, máximo organismo de la jurisdicción contencioso administrativa, o de la Corte Constitucional, máximo poder de la jurisdicción constitucional, excepto, en ambos casos, frente a las actuaciones judiciales-constitucionales que la propia Carta ha entregado a la Corte Suprema de Justicia. Hacer lo contrario no es más que desbordamiento de funciones, imposición de criterios, es decir, autoritarismo puro y, por supuesto, negación del Estado de Derecho, requisito que sigue siendo esencia del Estado Social y Democrático de Derecho ”.

Siendo ello así, no resulta entonces posible admitir a trámite la presente acción de tutela, merced a la calidad de órgano límite y de cierre de la jurisdicción ordinaria que tiene la Corte Suprema de Justicia por disposición constitucional, la que impide que sus decisiones puedan ser objeto de nueva revisión o examen por ella misma o por otras autoridades, puesto que en tal condición no existe otro organismo que pueda disputarle los pronunciamientos que haga dentro de su propio ámbito.

Estos breves argumentos son los que sustentan mi disenso. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Magistrado Fecha, ut supra. � Cfr. folio 99 de la actuación. � Corte Constitucional, sentencia T-315 de 2005, reiterada entre otras en la T-541 de 2006. � Entiéndase que corresponde al artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo. � Cfr. folio 95 y siguientes de la actuación. � Providencia del 12 de junio de 2007, tutela radicación 29979. � Rad. 38035, auto del 31 de julio de 2008, y rad. 39178, auto del 23 de octubre de 2008, entre otros.

PAGE 14