CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela 51726 A/. SEBASTIAN VALLEJO VALBUENA y ANDRES FELIPE HENAO QUINTERO Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL -SALA DE DECISION EN TUTELA- Magistrado Ponente ALFREDO GÓMEZ QUINTERO Aprobado Acta No. 412 Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil diez (2010) VISTOS Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por SEBASTIAN VALLEJO VALBUENA y ANDRÉS FELIPE HENAO QUINTERO, a través de apoderada, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Juzgado Penal del Circuito de Envigado, a cuyo trámite se impuso la vinculación oficiosa de la Fiscalía 245 Seccional de Envigado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa.

I.

ANTECEDENTES 1. Con ocasión de unas llamadas telefónicas realizadas en el mes de junio de 2008, mediante las cuales se requería de Beatriz Helena Zapata Bedoya el pago de 70 millones de pesos a cambio de no atentarse en contra de la vida de sus hijos; el 10 junio de 2008, agentes del Gaula adelantaron un operativo que dio con la captura en flagrancia de Juan Felipe Zapata Sepúlveda, ANDRÉS FELIPE HENAO QUINTERO Y SEBASTIÁN VALLLEJO VALBUENA. 2.

Ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Envigado, fueron celebradas las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación por el delito de tentativa de extorsión agravada e imposición de medida de aseguramiento, la cual consistió en detención preventiva en centro carcelario. 3. Habiéndose formulado acusación por el delito imputado, el Juzgado Penal del Circuito de Envigado, el 17 de octubre de 2008 profirió sentencia condenatoria contra los procesados, imponiéndoles como penas principales 96 meses de prisión y multa de $692.250.000 y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual al de la privativa; al tiempo que les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y condenó al pago de perjuicios morales. 4.

Apelada la sentencia por la defensora de dos de los procesados –alegando el descuento punitivo previsto en el artículo 269 del C.P., la inadecuada defensa técnica y carencia de pruebas que demuestren la responsabilidad-, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín mediante fallo del 9 de diciembre de 2008, la revocó en lo que relacionado con la condena en perjuicios morales y confirmó en todo lo demás.

5. SEBASTIAN VALLEJO VALBUENA y ANDRÉS FELIPE HENAO QUINTERO, a través de apoderada, en procura de protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y defensa acudieron a la acción de tutela reclamando el descuento por indemnización a la víctima previsto en el artículo 269 del Código Penal, que no les fue reconocido en sede de apelación al tenor de lo previsto en la Ley 1121 de 2006.

Por lo anterior solicitaron se ordene al ad quem “… que dentro del término máximo de 48 horas, se estudie nuevamente el punto relacionado en la sentencias condenatoria, en procura que fue de apelación, relacionado con la rebaja de pena por indemnización de perjuicios y resuelva conforme a las nuevas jurisprudencias conocidas.” II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y la Fiscalía 245 Seccional concurrieron indicando la actuación a su cargo.

III. CONSIDERACIONES Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000 toda vez que en el ataque del actor se dirige contra una decisión proferida por un Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Penal, en sede del recurso de apelación, con respecto del cual la Corte es su superior funcional.

Bastante se ha venido insistiendo -en el ámbito jurídico nacional- en torno a la potestad de controvertir las decisiones de los jueces a través de la acción de tutela, cuyo alcance se ofrece excepcional y restringido, como bien lo precisó la Corte Constitucional -sentencia C-543 de 1992- así como la reiterada jurisprudencia de esta Sala; todo ello por virtud de un cabal respeto de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial.

La razón de una tal postura no es distinta a evitar que la misma se convierta en un instrumento adicional para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada, contrariando su esencia, que apunta en últimas a denunciar la violación de los derechos fundamentales. Este criterio no resulta absoluto, por manera que si no existen motivos que impidan promover la acción, ésta procederá contra las decisiones judiciales en la medida que carezcan de fundamento objetivo y configuren una vía de hecho, resultando improcedentes aquellas demandas en las que las consideraciones personales o subjetivas de los accionantes se anteponen a las argumentaciones del funcionario que las profiere, toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad que la configure en una vía de hecho.

En el caso en cuestión, lejos están de constituir las decisiones de instancia y de manera especial al de segunda, una afrenta a los derechos fundamentales de los actores, pues se tiene que las mismas fueron producto del raciocinio de los funcionarios sobre los temas abordados al interior de la actuación penal y atendiendo el procedimiento que se imponía, y por ello cualquier inconformidad con aquéllos debía alegarse al interior del proceso o a través de los recursos legales, en especial el extraordinario de casación, del cual no se hizo uso.

En efecto, los actores como sujetos pasivos de la acción penal, a nombre propio o a través de su defensor o defensora –incluso por vía de la Defensoría del Pueblo ante una eventual ausencia de recursos económicos- pudieron en las oportunidades establecidas dentro del proceso penal objetar los yerros que señalan por la vía tutelar, a través de los recursos ordinarios o e xtraordinarios establecidos en la ley, al ser claro que la acción de tutela no es una nueva oportunidad para cuestionar la aplicación o no de un precepto normativo, atacar falencias de orden procedimental o debatir el juicio de responsabilidad sobre el que se edificó la decisión, pues sólo frente a la concurrencia de una vía de hecho o lo que es lo mismo una actuación contraria a derecho, alejada del ordenamiento jurídico, desconocedora de los derechos fundamentales de los intervinientes resulta procedente la intervención reclamada.

Así, la Corte de vieja data ha venido en sostener: “…por vía jurisprudencial se ha venido decantando el alcance de tal postulado, dando paso a la procedencia de la acción de tutela cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales, de ahí que, por excepción se permitirá que el juez de tutela pueda intervenir en orden a hacer cesar los efectos nocivos que la vía de hecho detectada puede ocasionar en relación con los derechos fundamentales …”.

De allí que impedido se encuentra el juez constitucional de inmiscuirse en la discusión jurídica debatida ante los jueces naturales de la actuación al no concurrir quebrantamiento a derechos fundamentales y por la mera circunstancia de resultar –ahora- adversa a la tesis de los quejosos constitucionales. Por manera que, sin que se evidencie a simple vista -pues la vía de hecho debe ser ostensible- que se haya cometido error alguno en las decisiones adoptadas en torno a la responsabilidad penal de los accionantes y la individualización de su pena o irregularidad alguna que provoque la nulidad de la actuación -pues cada una de las determinaciones atacadas fue sustentada con argumentos razonables cobijados por la normatividad legal y constitucional aplicable- la acción constitucional está llamada al fracaso.

Por otra parte, encuentra la Sala contraria al principio de inmediatez la demanda de amparo elevada como que las decisiones atacadas en primera y en segunda instancia datan de 2008 –última de diciembre-, luego forzoso les resultaba a los libelistas de considerar vulnerados sus derechos fundamentales acudir prontamente, en un término prudencial al juez de tutela, circunstancia temporal que deslegitima su pretensión como que no resulta válido que le surja tardíamente interés en el proceso.

Abundante y reiterada se ha tornado la jurisprudencia de la Sala en cuanto a que si bien no existe un término de caducidad señalado para acceder a la tutela, ha de entenderse que aquélla debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, en el sentido de que una vez lesionado el derecho, o inminentemente amenazado, el agredido o agredida invoque su amparo al juez constitucional; lo cual, no supone un conocimiento específico sobre la técnica que rige la acción de amparo en estos casos, sino se deriva como consecuencia lógica de que quien se siente afectado intenta rápidamente hacer lo posible para obtener la restauración de sus derechos.

En el expediente no se asomaron motivos que justificaran la inactividad de los demandantes, tan sólo desidia y desatención es dable predicar de su actuar, por lo que se ofrece palmaria la ruptura con el principio de inmediatez que gobierna el ejercicio de la acción de tutela. Así las cosas, sin que existan los supuestos que estructuran la violación de los derechos fundamentales cuya protección invocan los peticionarios, la Sala procederá a declarar la improcedencia de la demanda de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE Primero.-. Declarar improcedente la acción de tutela invocada por SEBASTIAN VALLEJO VALBUENA y ANDRÉS FELIPE HENAO QUINTERO, a través de apoderada.

Segundo.- Notifíquese esta decisión en los términos consagrados en el Decreto 2591 de 1.991. Tercero.- De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE ALFREDO GÓMEZ QUINTERO SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN Teresa Ruiz Núñez Secretaria � Fol. 7 � Corte Constitucional, T-226 de 2005: “…“Si bien es legítima la acción de tutela contra decisiones judiciales, esa legitimidad sólo se mantiene a condición de que los jueces constitucionales interfieran sólo aquellas decisiones que constituyan claras vulneraciones de derechos fundamentales y que lo hagan de tal manera que se ocupen sólo de dispensar la protección que tales derechos demandan.

De lo contrario, esto es, de extender el amparo constitucional a supuestos en los que no se admiten vulneraciones ciertas de derechos fundamentales sino ejercicio de la capacidad de interpretación y aplicación del derecho, el amparo constitucional devendría en mecanismo de control de la jurisdicción en su tarea de aplicación de la ley, lo que afectaría la autonomía e independencia de los jueces y cuestionaría la legitimidad misma de la jurisdicción constitucional…”. � En idéntico sentido tiene dicho la Corte Constitucional.

“.Bajo estos supuestos de excepción, la Corte Constitucional ha establecido que aquellos pronunciamientos judiciales que resultan contrarios a derecho por apartarse abiertamente de las reglas que los rigen “constituyen una desfiguración de la función judicial que vacía de contenido la potestad del juez para administrar justicia y, por tanto, a pesar de estar revestidos de una forma jurídica, son en realidad verdaderas desviaciones de poder desprovistos de legitimidad y carentes de toda fuerza vinculante”�.

En este sentido, en aquellos eventos en los cuales se llegare a constatar la existencia de una vía de hecho judicial, la providencia de que se trate pierde tal condición y surge para el juez constitucional la obligación de “restablecer la legalidad y corregir el yerro en que haya podido incurrir la autoridad jurisdiccional al resolver sobre un caso en concreto”�, con el único propósito de proteger de manera eficaz los derechos fundamentales afectados…”. � Sala de Casación Penal en Tutela, radicación 37470, 3 de julio de 2008 PAGE 10