CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela No. 51.699 DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela No. 51.699 DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÈREZ Aprobado acta N° 412. Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil diez.

VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta por el accionante DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO contra el fallo proferido el 3 de noviembre de 2010 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR, mediante el cual le negó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerados por el JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE VALLEDUPAR.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1. Los hechos objeto de solicitud de amparo constitucional fueron consignados en el fallo proferido por el a quo de la forma como sigue: “El interno David Enrique Camargo Baquero acudió al trámite de tutela con el objeto de obtener la protección de sus derechos al debido proceso y libertad presuntamente violentados por el Juzgado mencionado.

Narró que descuenta pena de 38 años de prisión impuesta por el Juzgado Penal Especializado de Riohacha que actualmente vigila el Juzgado accionado (i) y que le solicitó a esa agencia judicial el descuento punitivo del artículo 70 de la ley 975 de 2005, que le fue concedido de manera parcial –en 2.5%- en un auto del 26 de mayo de 2009 por cuanto no reunía el lleno de los requisitos que la norma establece (ii).

Por lo tanto, la acción persigue la revocatoria de la providencia y la concesión total de la rebaja. (…) De acuerdo con el actor, se le violó su derecho a la igualdad en el auto que le concedió de manera parcial la rebaja punitiva del 10% sobre la pena, sin indicar referente ni razones para concluir de tal modo. En sentido estricto, en caso de existir conculcación de los derechos de David Camargo Baquero debe entenderse que se aludiría al debido proceso en su dimensión personal.” 2.

Al trámite de primera instancia acudió la autoridad accionada, cuya respuesta el a quo sintetizó así. “4.1. El titular del Juzgado accionado se opuso al amparo de tutela puesto que su decisión de concederle a Camargo Baquero sólo un 2.5% sobre la pena -11 meses y 12 días de prisión- se ajustó a derecho, ya que el ahora accionante apenas cumplió con uno de los cuatro requisitos subjetivos que prevé el artículo 70 ejusdem para acceder a la totalidad de la rebaja.

Tal decisión fue recurrida en apelación por el actor, recurso que fue declarado desierto por no haber sido sustentado en debido forma.” 3. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en fallo calendado el 3 de noviembre de 2010, negó por improcedente la acción de tutela incoada por DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO, arguyendo que el Juzgado demandado acertadamente verificó que el accionante no cumplió con todos los requisitos legales para que se le reconociera la totalidad de la rebaja punitiva consagrada en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, por lo que con la determinación adoptada de concederle el descuento de la pena proporcionalmente no se le desconocieron sus garantías fundamentales. 4.

Inconforme con el fallo proferido por el a quo, el accionante, en el acto de notificación, lo impugnó, sin exponer las razones de su disenso. Posteriormente, extemporáneamente, en curso de esta instancia, el actor allegó documento en el que sustenta su impugnación esbozando argumentos similares a los indicados en la demanda de tutela. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación, dado que la misma se promueve contra un fallo de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, respecto de la cual se ostenta la condición de superior funcional.

Ahora bien, recuérdese que la acción de tutela opera como un mecanismo eficiente de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que ellos resulten vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que determina la ley. Instrumento constitucional que guarda armonía con los artículos 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad” que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, ameritan: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto ” (C-590 de 2005) –Subrayas fuera del original- Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción. Para la Sala, no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que en reciente pronunciamiento expresó: “ La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar ” –Negrillas y subrayas fuera del original- Sentencia T-780 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación tan profusamente expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento. En esta oportunidad, la demanda se dirige a cuestionar el auto relacionado en el acápite de antecedentes, mediante el cual el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, concedió al actor la rebaja punitiva que preveía el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, pero le otorgó 2.5%, y no el 10% que deprecó, argumentando que aunque DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO cumple con el requisito objetivo y uno de los subjetivos, es decir, la buena conducta, lo cierto es que no ocurre lo mismo respecto de la cooperación con la justicia, las acciones de reparación simbólicas y el compromiso de no repetición de conductas punibles.

La Sala negará las pretensiones allí formuladas, toda vez que esas providencias no se adecuan a ninguna de las situaciones que hacen procedente la acción de tutela, como se pasa a demostrar: Pues bien, en lo que hace a los reproches del actor frente a la decisión adoptada por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Valledupar, de entrada refulge la improcedencia del amparo constitucional, toda vez que no se agotaron los medios ordinarios de defensa con los que contaba el ciudadano DAVID ENRIQUE CAMARGO BAQUERO para cuestionar los razonamientos del funcionario judicial.

Si el demandante se hallaba inconforme con la decisión adoptada por el Juez de Ejecución, era de su cargo ejercer los recursos que tenía a su disposición para controvertir la decisión judicial al interior de la actuación penal. Y ciertamente no le es dable ahora acudir al mecanismo subsidiario del amparo constitucional para remediar su omisión. Como el aquí demandante no interpuso y agotó los recursos de reposición y apelación, esa omisión no puede ser suplida por vía de la acción de tutela que, como tantas veces se ha dicho, no es mecanismo que pueda utilizarse para suplir desatenciones o descuidos en el ejercicio de los medios previstos por el ordenamiento jurídico regular para la protección de los derechos de las partes en los procesos.

Lo anterior implica que el accionante voluntariamente renunció a cuestionar por esa vía los posibles vicios de actividad o de juicio que ahora sustentan la presente solicitud de amparo que no está previsto como mecanismo de defensa subsidiario o alternativo. En ese sentido, se reitera, el demandante contaba con la posibilidad de acudir a los precitados recursos de reposición y apelación en contra del proveído que redosificó la pena que le fue impuesta en la sentencia, pero no lo hizo por su negligencia o incuria, medio idóneo para la protección de las garantías fundamentales y sin cuyo agotamiento no es viable acudir a la acción de tutela, dado su carácter residual y subsidiario, como insistentemente lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional: “ Recientemente, en la Sentencia C-590/05 se señaló como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales “b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.” “Esta regla también se aplica cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial de tipo penal.

Así las cosas, se exige el agotamiento de las instancias y recursos extraordinarios dentro del proceso penal para la procedencia de la tutela. Lo anterior, puesto que la Corte ha encontrado, prima facie, que tales mecanismos son idóneos para la garantía del debido proceso. ” (Subrayas y negrillas fuera del original) Acreditada entonces la posibilidad con que contaba el demandante para interponer esos recursos y ante la incuria cometida al respecto, no resulta procedente el amparo de tutela que demanda.

No está por demás reiterar que la pretensión del accionante está dirigida a reabrir debates ya agotados al interior del proceso con lo cual olvida que la tutela no puede ser vista como una instancia más, en la que por la inconformidad de la parte afectada se pueda entrar a revisar toda una actuación judicial. No es admisible que el actor, pretenda a través de este mecanismo constitucional residual, remover la firmeza del proveído cuestionado sin que previamente hubiera agotado los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal penal legal le brinda, providencia que goza de presunción de acierto de legalidad y constitucionalidad.

Y es que además de lo dicho en precedencia que es suficiente para negar el amparo deprecado, en el caso sub examine, el juez de instancia negó la concesión de la totalidad de la rebaja punitiva, concediendo sólo el porcentaje reseñado, por las razones ya indicadas, es decir, se acudió a un criterio válido y razonado para adoptar la decisión cuestionada, ya que el mismo se ajusta completamente al precedente fijado en la materia por esta Corte.

Es así que no resulta procedente el amparo, porque la decisión judicial que por esta vía se cuestiona, no configura causal de procedibilidad, la cual de acuerdo con la jurisprudencia constitucional no puede estructurarse a partir de la simple disparidad de criterios acerca de la aplicación o interpretación de las normas jurídicas que regulan un caso concreto, o respecto de la ponderación probatoria realizada por los funcionarios judiciales en el ámbito de sus competencias, desde luego no de manera libre, sino siempre dentro de los límites de la sana crítica.

Se reitera, que en el asunto propuesto, el funcionario accionado, en los trámites establecidos por la ley y en el ámbito de sus competencias, resolvió conceder la rebaja deprecada pero en la proporción que consideró ajustada conforme a los requisitos que cumple el actor, exponiendo de manera sustentada las razones de orden jurídico y probatorio que permitieron llegar a esa determinación, valorando en su conjunto los medios de prueba obrantes en el proceso.

También resulta oportuno traer a colación lo expuesto recientemente por esta colegiatura en torno a la rebaja de pena que se discute, en especial, lo relacionado con el cumplimiento global de los requisitos exigidos por la normatividad: “ 3. La aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005 y la postura de esta Sala 3.1. En torno a la aplicación del artículo 70 de la Ley 975 de 2005, luego de su declaratoria de inconstitucionalidad por la Corte Constitucional, esta Sala ha mantenido una postura uniforme en el sentido de que los sentenciados tienen derecho a su reconocimiento siempre y cuando, con independencia de la fecha de solicitud respectiva, hayan cumplido, durante el periodo de vigencia de la norma, con los requisitos previstos en la ley.

De modo que la fecha de la petición no incide, per se, para negar el beneficio, pues lo imprescindible es el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de vigencia. Así lo ha reconocido desde el año 2007. En efecto, al resolver sobre acciones de tutela interpuestas por condenados privados de su libertad en distintitos lugares de la geografía colombiana, ha concedido el amparo frente a la negativa de los jueces en reconocerles el beneficio justamente porque la solicitud fue presentada con posterioridad al día en que se dictó la sentencia de constitucionalidad.

En el fallo de tutela con radicado 32.920 y luego de hacer un recuento sobre las diversas posiciones adoptadas por la Sala en relación con la aplicación e inaplicación del referido artículo 70, sostuvo: “Lo anterior muestra cómo a partir del segundo semestre de 2006, la Sala ha reconocido (i) la vigencia del artículo 70 desde la fecha en que la Ley entró a regir hasta el día en que se dictó la sentencia de inconstitucionalidad, (ii) el derecho de los condenados a solicitar la rebaja allí prevista, siempre que reúnan los presupuestos normativos, (iii) el deber de los jueces de ejecución de verificar el cumplimiento de esos requisitos, y (iv) la imposibilidad de aquellos de argumentar inaplicación por excepción de inconstitucionalidad. 3.2.

Ahora bien, en esta ocasión la Sala considera necesario precisar que si durante el periodo de vigencia de la norma el condenado no reunió los requisitos exigidos por el legislador para acceder a la rebaja de pena allí dispuesta, es totalmente inviable que, luego de retirada del ordenamiento jurídico, no por disposición del propio órgano democrático, sino por una decisión de la Corte Constitucional como guardiana de la Carta Política, intente nuevamente acceder a dicho beneficio sobre la base de haber reunido, ahora sí, y con posterioridad a la sentencia de constitucionalidad las exigencias normativas.” Luego en el fallo 33.019 dijo: “No obstante, [la Sala] ha aclarado que la fecha de formulación de la solicitud respectiva no incide, per se, para negar el beneficio, pues lo imprescindible es el cumplimiento de los requisitos durante el periodo de vigencia. Así las cosas, en la actualidad es totalmente contrario al ordenamiento jurídico negar el reconocimiento de la disminución punitiva bajo el único argumento de que la norma fue declarada inexequible o que la misma debe ser inaplicada por excepción de inconstitucionalidad.

Así mismo, tampoco resulta viable negarlo aduciendo solamente que la solicitud correspondiente se presentó con posterioridad al referido fallo de inexequibilidad. Por consiguiente, la verificación que debe hacer el juez se centra en si, durante el lapso de vigencia de la disposición, el condenado cumplió con los presupuestos que exige la norma, pues en el evento en que se haya alcanzado a consolidar una situación jurídica particular, es menester conceder lo solicitado.

(…) El fenómeno de la inexequibilidad hacia futuro conduce, sin duda, a que el artículo 70 no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico, pero ello puede ir hasta el extremo de desconocer situaciones consolidadas durante su vigencia. De manera que si el peticionario hizo su solicitud en tiempo, sólo le resta al juez verificar si en efecto reunió o no los requerimientos hechos por el legislador en su momento.

En la sentencia 33.273 reiteró: “No es admisible, entonces, negar el reconocimiento de la disminución punitiva argumentando que la norma fue declarada inexequible, que la misma debe ser inaplicada por excepción de inconstitucionalidad, o que la solicitud correspondiente se presentó con posterioridad al referido fallo de inexequibilidad. El juez, con el fin de no desconocer situaciones consolidadas durante la vigencia de la norma, debe verificar si, con independencia de la fecha de la solicitud correspondiente, en ese lapso el condenado cumplió o no con los presupuestos.

Es evidente que si para la fecha en que se profirió el fallo de la Corte Constitucional, el sentenciado aún no había acreditado las condiciones previstas por el legislador para acceder a la rebaja de una décima parte de la pena, el juez de ejecución no tiene otro camino que negar lo pedido. Pero, si se verifica su ocurrencia en época anterior, habrá de analizar sobre la concesión del beneficio.” 3.2.

De manera, pues, que ha sido uniforme en sostener -se repite- que la fecha de la petición no puede ser motivo para que el juez omita estudiar el asunto o se niegue a conceder la rebaja punitiva. 4. El caso concreto 4.1. Antes de estudiar el fondo del asunto planteado importa resaltar que la acción goza del presupuesto de procedibilidad, dado que el tema puesto a consideración de la Sala muestra relevancia constitucional, dada la posible afectación del debido proceso por inaplicación de un precedente; además, el actor agotó todos los mecanismos de defensa ordinarios, la acción cumple con el requisito de inmediatez, y no se trata de una decisión de tutela. 4.2.

Ahora bien, tal como a continuación se expone, la Sala no evidencia una vía de hecho que imponga la intervención del juez constitucional. En efecto, consta en el expediente que con el fin de obtener la rebaja de una décima parte de su pena el peticionario ha elevado varias solicitudes ante el Juzgado demandado, que le han sido resueltas negativamente.

Obsérvese: En el auto del 29 de noviembre de 2005, confirmado íntegramente por el Tribunal, se le negó su pedimento bajo el argumento que no cumplió con uno de los requisitos legales, el relativo a la reparación a las víctimas. Por auto del 1º de febrero de 2007 el Juzgado le explicó que durante el término de la vigencia no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales.

Por auto del 9 de julio de 2009 nuevamente el Juez le manifestó que no cumplió, durante su vigencia, con los requisitos previstos en la Ley. Adicionalmente, y luego de una extensa argumentación relativa a la aplicación del principio de favorabilidad frente a normas declaradas inexequibles, afirmó que no aplicaría la jurisprudencia contenida en la sentencia T-815 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, porque la carga argumentativa superaba los razonamientos esgrimidos; no constituía precedente, dado que se contradecía con una anterior dictada por otra Sala de Revisión, y era violatoria de valores superiores (la favorabilidad) y de la organización socio política del Estado.

El Tribunal Superior confirmó esa determinación. Lo anterior pone en evidencia que el argumento constante utilizado por los jueces para no acceder al reconocimiento del beneficio fue el no cumplimiento, por parte del sentenciado, de los requisitos legales durante el término de vigencia de la Ley 975 de 2005. Tal como en precedencia se expuso, esa ha sido la postura de la Sala, en tanto que no resulta admisible que luego de sustraida la norma -artículo 70- del ordenamiento jurídico por parte del tribunal constitucional, se intente obtener su aplicación por situaciones acaecidas con posterioridad a dicha sentencia. Por manera que si no se verifican esos presupuestos, tal como ocurrió en esta ocasión, le estaba vedado al juez reconocer la rebaja punitiva.

Ahora bien, los accionados también acudieron al argumento según el cual para que pueda estudiarse la petición es preciso que la misma se haya presentado durante el término de vigencia del artículo 70. La Sala reprocha fuertemente ese argumento, no solamente por las razones que se consignaron en las sentencias citadas en acápite anterior, sino porque esa postura ha sido invariable desde el año 2007, por lo que no entiende cómo los jueces de Tunja desconocen esos antecedentes jurisprudenciales.

Sin embargo, dado que ese no fue el motivo esencial para negar el beneficio, no hay lugar a conceder el amparo pues existen otras razones –la inobservancia de los requisitos previstos en la Ley 975 de 2005- para negar su concesión. Finalmente, en cuanto a la inaplicación, por parte de los despachos judiciales, de los lineamientos expuestos en la sentencia T-815 de 2008 de la Corte Constitucional, solamente habrá de decirse que la Sala encuentra que los motivos que condujeron al Juez para apartarse de esa jurisprudencia son producto de su autonomía judicial, de un estudio serio y de un análisis que se soporta en una argumentación con suficiente sustento, que impiden al juez constitucional, por lo menos en este estadio –no existe sentencia alguna de unificación-, de tildarla de constitutiva de vía de hecho.

Adicionalmente, no se observa cómo esa determinación de los jueces de ejecución pueda afectar los derechos del peticionario, pues con independencia de que la jurisprudencia contenida en el referido fallo de tutela pueda resultar más favorable para algunos condenados, lo cierto es que el actor no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 70 para acceder al beneficio. ” (Subrayado fuera de texto).

Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para concluir que las pretensiones del demandante DAVIDA ENRIQUE CAMARGO BAQUERO no están llamadas a prosperar, ni pueden ser asumidas por la vía excepcional prevista por el artículo 86 de la Carta Política, por lo que se confirmará el fallo del Juez colegiado de primera instancia de negar el amparo deprecado por aquél. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo impugnado.

SEGUNDO. - NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Aprobado mediante Ley 74 de 1968 � Aprobada mediante Ley 16 de 1972 � Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. � Ibídem. � Ibídem. � Sentencia T-504/00. � Sentencia T-212 de 2006. � Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. � Cfr. sentencias de tutela del 7 de septiembre de 2007 (radicados 32.874 y 32.920), 13 de septiembre de 2007 (radicado 33.019), 27 de septiembre de 2007 (radicado 33.273) y 25 de agosto de 2008 (radicado 38.265), entre muchas otras. � 7 de septiembre de 2007. � 13 de septiembre de 2007. � Fallo de tutela del 7 de septiembre de 2007 (radicado 32.874). � 27 de septiembre de 2007. � Tutela No. 46574 del 17 de febrero de 2010 1 _1247636078.doc