CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela 51132 A/. JULIO ROBERTO VALERO Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela 51132 A/. JULIO ROBERTO VALERO Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL -SALA DE DECISIÓN EN TUTELA- Magistrado Ponente SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta de Sala No. 359 Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010) VISTOS Se pronuncia la Sala en relación con la tutela instaurada por JULIO ROBERTO VALERO, a nombre propio, contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia. I.

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA 1. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2008, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio fue condenado JULIO ROBERTO VALERO PATARROYO como coautor responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, a la pena de 162 meses de prisión y multa de 1.499.99 S.M.L.M.V. 2.

Apelada tal decisión, el 11 de agosto de 2008 fue concedido el recurso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, ingresando las diligencias al despacho del Magistrado sustanciador el 14 de enero de 2009, sin que a la fecha haya sido desatado. 3. Insatisfecho con tal situación, JULIO ROBERTO VALERO PATARROYO acude a la acción de tutela reclamando protección a sus derechos fundamentales, los cuales considera menoscabados ante la mora que del Tribunal accionado en desatar su recurso de alzada.

Por lo anterior solicitó se ordene al Tribunal “dar contestación en derecho, al recurso interpuesto ante ese estrado judicial por competencia apelación (sic), sin represalias de ninguna clase (…)” II. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA El doctor JOEL DARÍO TREJOS LONDOÑO, Magistrado a cargo de la actuación, se opuso a la demanda constitucional aduciendo que: (i) con fecha 2 de marzo de 2009 asumió el cargo, recibiendo 136 procesos de Ley 600/200 y 11 de Ley 906/004, cantidades que en lugar de disminuir han aumentado, a pesar de los ingentes esfuerzos por evacuarlos, pues debe tenerse en cuenta el gran volumen de audiencias de sustentación de recursos y lectura de fallo que se realizaban hasta la entrada en vigencia de la Ley 1395/2010, más las acciones de tutela que a diario deben resolverse y las revisiones de proyectos de decisiones que de procesos penales y acciones de tutela son elaboradas por los otros dos Magistrados integrantes de la Sala –precisa estadística marzo 2/2009 hasta septiembre 30/2010-;

(ii) en el programa de descongestión que el Consejo Superior de la Judicatura llevó a cabo en el año 2009, no le fue asignado el auxiliar judicial con el que sí contaron los otros dos magistrados y a pesar de haber solicitado para este año otro programa de descongestión, eficaz y duradero, no se ha obtenido ninguna solución; (iii) de acuerdo con lo dicho, la mora en el trámite de la actuación obedece a problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios y no, a la falta de diligencia o la omisión de sus deberes; y, (iv) en la medida de sus posibilidades, tratara de resolver el recurso de alzada contra el fallo condenatorio en el menor tiempo y para ello, dispuso tener a la vista el expediente para atender el requerimiento que realiza el procesado.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La acción de tutela fue concebida en la Constitución de 1991 como un mecanismo de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades en ejercicio de sus funciones, o también por los particulares en los casos específicamente señalados en la ley.

Ahora bien, el problema jurídico a que se contrae la pretensión del actor se concreta en la demora en resolver el trámite de segunda instancia a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, al haber trascurrido casi dos años desde la concesión del recurso de apelación. Frente a este tema se hace preciso señalar que nuestro sistema jurídico se torna generoso en cuanto a la protección de los términos procesales.

Así, la Carta Política ha conferido singular importancia al cumplimiento de éstos y es por ello por lo que en su artículo 228 establece: “Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. Por la misma vía el artículo 4º de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en armonía con el carácter normativo que la Constitución le reconoce al tema, señala: “la administración de justicia debe ser pronta y cumplida.

Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”. A no dudarlo, una de las manifestaciones del derecho al debido proceso se refleja en que las actuaciones judiciales y administrativas se adelanten sin dilaciones injustificadas, como que el derecho a una pronta y cumplida administración de justicia es propio de un estado social de derecho.

Merced a lo señalado, la autoridad judicial colegiada en este caso está en la imperante obligación de ofrecer una respuesta oportuna a los administrados, independientemente del sentido de las determinaciones que el funcionario adopte dentro de su prudente y razonado criterio y con apego a la ley, pues no de otra forma puede entenderse satisfecha la garantía elevada a rango constitucional.

Una tal aseveración sin perjuicio de la realidad judicial que se vive en algunos despachos judiciales donde la carga laboral supera cualquier posibilidad de respetar cabalmente los términos judiciales, constituyendo éste un problema de naturaleza administrativa que de ninguna manera puede imputársele al funcionario judicial y que hace necesario que se examine cada caso en particular, como que tampoco su carga la debe soportar el demandante.

Es bajo el referido entendimiento que se aviene la Corte a indicar que el accionante no está obligado a permanecer en la indefinición con respecto al proceso penal en el cual se le declaró responsable y que ello –a no dudarlo- constituye una clara afrenta al debido proceso y a una recta y debida administración de justicia, empero, no es la acción de tutela la llamada a corregir, si es dable así llamarlo, las deficiencias que se presenten dentro del proceso penal.

Al respecto repárese en el artículo 86 de la Carta Política cuando señala “ Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable ” En efecto, tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resolución de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, así el artículo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: “.

Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada ” Lo anterior le permite a la Sala predicar la improcedencia de la acción constitucional demandada toda vez que ante la no subsidiariedad de la misma y la concurrencia de otros instrumentos idóneos para la solución del caso sometido a escrutinio, que no es distinto al instituto de la recusación se impone así declararlo.

A más de lo anterior, de entrometerse el juez de tutela a terciar en estos trámites de igual manera quebraría a no dudarlo el derecho a la igualdad, por cuanto dispondría que sin acatar el respeto debido a los turnos en los Despachos, se pronunciara el funcionario sobre el que fuera objeto de tutela. En reciente pronunciamiento la Corte Constitucional frente al tema de la mora en la resolución de las decisiones judiciales tiene dicho: “…Así las cosas, distintas Salas de Revisión de esta Corporación han indicado que cuando el funcionario judicial concluye que la sobrecarga laboral le impide cumplir los términos procesales, de conformidad con la normatividad vigente, y en particular con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 270 de 1996, deberá “solicitar cuantas veces sea necesaria la intervención del órgano instituido para llevar el control del rendimiento de las corporaciones y demás despachos judiciales y a quien legalmente se le ha atribuido adoptar las medidas para descongestionar aquellos en los que se detecte dicha situación”, a fin de darle la oportunidad de hacer las averiguaciones pertinentes y de adoptar oportunamente las medidas orientadas a conjurar la dilación. Pero como quiera que la descongestión adquiere la plenitud de su sentido en el propósito de proteger los derechos fundamentales de los asociados, el juez también debe informar a las personas que esperan la adopción de resoluciones relativas a sus casos, “con precisión y claridad” acerca de “las circunstancias por las que atraviesa el despacho judicial y que impiden una resolución pronta de los procesos”, por cuanto el retraso no puede implicar una dilación indefinida del proceso ni la afectación del derecho del justiciable a una tutela judicial efectiva.

El conocimiento de las específicas condiciones que determinan la demora hace parte de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y le permiten al afectado reaccionar si lo estima pertinente y en la forma que considere adecuada, así como cumplir con los deberes que le atañen en cuanto parte o interviniente en el proceso e, incluso, brindar la colaboración que esté a su alcance en procura de contribuir a la solución del problema.

De esta manera, partes e intervinientes han de ser enterados de las gestiones que el despacho judicial cumple con la finalidad de sortear la congestión y, en un plano más personal e inmediato, el interesado tiene el derecho a recibir información referente a la cantidad de procesos que el despacho debe atender, al turno que le corresponde dentro de ese total, a las circunstancias que determinan la asignación de ese turno y al momento en que, de acuerdo con proyecciones fiables, podría ser adoptada la decisión que espera.

Por las anteriores razones el amparo será despachado en forma desfavorable. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR por improcedente la acción de tutela demandada por JULIO ROBERTO VALERO PATARROYO.

SEGUNDO

NOTIFÍQUESE en la forma prevista en el Decreto 2591 de 1.991. TERCERO.- De no ser recurrido el presente fallo por ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ (COMISIÓN DE SERVICIOS) ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN Teresa Ruiz Núñez Secretaria � Fol. 7 � T-133A de 2007 � Ibídem. � Ibídem. � Ibídem. PAGE 10