CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela No. 50.224 CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta No. 294. Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil diez. VISTOS Se pronuncia la Sala sobre la solicitud de amparo constitucional formulada, a través de apoderado, por CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO, en contra de la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE YOPAL, los JUZGADOS PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE LA MISMA CIUDAD y DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS, a los que censura por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN 1. Por hechos ocurridos el 8 de mayo de 2009, en los que el señor Adolfo Triana Antorersa y su mayordomo fueron secuestrados en el municipio de Sabanalarga Casanare, y atendiendo a la rápida acción de las autoridades competentes se logró la libertad del plagiado, siendo capturado un hombre quien afirmó ser CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO. 2.

El capturado fue individualizado y manifestó identificarse como Cristián Andrés Hernández Henao, cédula de ciudadanía N° 1.022.937.227 de Usme, nacido en Bogotá el 23 de septiembre de 1987, hijo de Blanca Henao y Luís Hernández, residente en la vereda Maravilles del municipio de Castillo Meta; a quien el Juzgado Promiscuo Municipal de Maní Casanare con Funciones de Control de Garantías, por solicitud de la Fiscalía, el 10 de mayo de 2009, legalizó la captura, la imputación jurídica formulada en su contra como autor del delito de secuestro extorsivo agravado, y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, decisión a partir de la cual aun se encuentra privado de la libertad. 3.

Aquél procesado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue verificado y aceptado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Yopal, por lo que el 18 de agosto de 2008, lo condenó a la pena principal de 448 meses de prisión, multa de 6.667 salarios mínimos legales mensuales vigentes, inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 5 años, como autor responsable del delito de secuestro extorsivo agravado, sin que le fuera concedida la suspensión condicional de la ejecución de la pena, fallo que fue impugnado. 4.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Yopal, al resolver la alzada, mediante providencia del 3 de septiembre de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia. 5. En firme la citada determinación, el condenado fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, que vigila el cumplimiento intramural en Establecimiento Penitenciario de esa localidad, de la sanción que le fue impuesta, lugar en el que aún se encuentra privado de la libertad por tal razón. 6.

El hoy accionante, CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.022’937.227 de Bogotá, residente en esa ciudad, afirmó que virtud de una oferta laboral, se acercó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS a tramitar su Certificado de Antecedentes Judiciales, ocasión en la que no le fue expedido informándole que aparecía la sentencia precitada de carácter condenatorio a su nombre. 7.

Luego de las indagaciones correspondientes, el demandante quien afirmó que nunca cometió el delito precitado, logró establecer que un hombre que aún se encuentra privado de la libertad, fue procesado y condenado con su nombre e identificación, ya que aportó su número de documento de identidad. 8. En ejercicio de la acción de tutela, censura CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO la actuación procesal penal surtida, pues en su criterio vulnera sus derechos fundamentales, insiste en que no era posible que se procesara y condenara a una persona en esas condiciones, por lo que solicita se le conceda el amparo que depreca. 9.

Al trámite de esta acción constitucional acudieron las autoridades accionadas, quienes aportaron copias de las providencias emitidas. 9.1 Los Juzgados y el Tribunal vinculados, coincidieron en esbozar que su intervención en el proceso cuestionado, fue legítima y ajustada al procedimiento legal, que la Fiscalía fue la que presentó los elementos materiales probatorios. 9.2.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, agregó que le correspondió la vigilancia y ejecución de la sentencia cuestionada, que revisada la actuación no obra petición alguna por parte del accionante, como tampoco cartilla de preparación de la cédula de ciudadanía, ni fotocopia del documento, ni reseña del capturado. 9.3.

El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, afirmó que el apoderado del accionante, elevó petición en el sentido que se oficie a las entidades correspondientes a fin de identificar a quien se encuentra detenido en Acacias, a lo que se accedió y ya se está realizando. 9.4. La Fiscalía de conocimiento vinculada oficiosamente a este trámite, afirmó que su actuación se ajustó a la normatividad procesal, sólo agregó que se atenía a lo que se demostrara en el curso de esta acción, sin que pudiera afirmar o desvirtuar lo afirmado en la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE: La Sala es competente para conocer de este asunto conforme a lo previsto en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 de 2000, toda vez que en el trámite atacado por vía de tutela intervino el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, del que se tiene la calidad de superior funcional. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con la finalidad de obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos por la ley, le sean vulnerados o amenazados, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De donde se deriva que el mecanismo constitucional no fue creado para sustituir o reemplazar los procedimientos ordinarios consagrados por el legislador para la definición de los conflictos; su aplicación procede, únicamente, cuando no exista otro mecanismo de protección idónea del derecho objeto de amenaza o vulneración. En el asunto objeto de examen, la prueba arrimada a la foliatura acredita lo siguiente: El accionante, CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO, afirma que se identifica con la cédula de ciudadanía No 1.022’937.227 de Bogotá, y que fue suplantado por quien también dijo llamarse Cristián Andrés Hernández Henao, al interior del proceso cuestionado, suministró su número de cédula pero no se tiene certeza si exhibió o no el documento de identificación, lo cierto es que la persona condenada se encuentra privada de la libertad cumpliendo la pena impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad.

Al parecer el autor del delito y actual condenado, utilizó para suplantar al señor CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO, su nombre y número de cédula de ciudadanía. Ahora bien, en materia de protección de derechos fundamentales relacionados con situaciones de suplantación de personas o de homónimos esta Corporación ha sostenido que existen otros mecanismos de defensa judicial diferentes a la acción de tutela, como son i) la petición directa al juez de conocimiento o al de ejecución de penas y medidas de seguridad competente, o, ii) acudir a la acción de revisión. La primera de las vías mencionadas es la más idónea no sólo en términos de celeridad sino también de oportunidad, porque ese funcionario judicial tiene la competencia para atender asuntos concernientes al cumplimiento y trámite posterior a la sentencia condenatoria, motivo por el cual tiene la posibilidad de practicar pruebas técnicas y de verificar informaciones necesarias para establecer si se está frente a un caso de homonimia o suplantación, es decir, tiene un mayor margen de acción en asuntos que en la mayoría de los casos debido a las circunstancias fácticas y probatorias se tornan complejos, situación que desplaza a la acción de tutela porque ésta debe resolverse en un término perentorio de 10 días, además, porque en el caso de estudio ya se está adelantando.

En tal sentido, es importante tener en cuenta lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T -744 del 12 de septiembre de 2002, cuando señaló: Es claro pues, que con la utilización del nombre y número de cédula del demandante, por quien resultó involucrado y condenado en el proceso penal en cuestión, aquél fue lesionado y aún sigue afectado en los derechos fundamentales relacionados.

No fue posible conocer con certeza el nombre del condenado en tal proceso, pues si bien fue perfectamente individualizado para efectos de la declaración de responsabilidad y la imposición y aplicación de la pena, no ha podido serlo para establecer si es en verdad un homónimo del demandante o simplemente se apropió del nombre de éste, para el desarrollo de actividades al margen de la Ley. 4.

En un caso fallado con anterioridad por esta Corporación, de similares supuestos y en donde se concluyó que la homonimia perjudicó a una persona en sus antecedentes judiciales, su honra y buen nombre, la Corte sostuvo: “Según el art. 248 Superior sólo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva, tienen la calidad de antecedentes penales.

Esta norma se erige en una garantía efectiva para la preservación del buen nombre y la honra de las personas, y complementa el reconocimiento constitucional del derecho al debido proceso, en la medida en que la observancia de éste es condición para registrar antecedentes penales en cabeza de las personas. “Los registros de antecedentes criminales, aparte de las afectaciones al buen nombre y a la honra de las personas, pueden generar igualmente consecuencias adversas cuando se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena, pues es indudable el efecto negativo que para la persona tiene el que se le considere reincidente en la comisión de delitos.

En tal virtud, si el registro de antecedentes constituye problema grave y trascendental para quien realmente lo merece, con mayor razón ha de ocasionar perjuicios o lesionar a quien habiendo sido víctima del uso de su nombre por persona distinta, con fines ilícitos, debe cargar injusta e ilegítimamente con las consecuencias de tal registro.” 5.

Por ello considera esta Sala que al igual que el anterior, en este caso, también le asiste razón al demandante, cuando se queja de la afectación de su hoja de identidad o antecedentes en el DAS, con la inserción o la posibilidad de incorporación a ella de antecedentes de un sujeto, distinto a él, que ha sido objeto de sentencia condenatoria.

A pesar de que al momento actual la pena se encuentra prescrita figuran las anotaciones respectivas ante las autoridades competentes en contra del accionante, lo que genera perjuicio en sus derechos a la honra y al buen nombre. Posteriormente la misma Corporación, frente a otro caso, sostuvo: “Existe una atribución de competencia expresa en cabeza del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.

A la vez que la solicitud de corrección de la sentencia en caso de suplantación o de homonimia entraña un procedimiento célere, la misma no está sometida a un término preclusivo como el de los diez días en el caso de la acción de tutela, lo que permite un mayor margen de maniobra a la autoridad encargada de decidir sobre el particular; y segundo, porque el juez de ejecución de penas está en mejores condiciones para reformar la sentencia condenatoria y demás piezas procesales, si a ello hubiere lugar, así como para adelantar los trámites necesarios con el fin de establecer la verdadera identidad del infractor, e informar sobre el particular a las demás autoridades del Estado, facultades estas que son, en principio, extrañas al juez de tutela” (…) Cómo ya se afirmó anteriormente, el Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad está facultado por la ley (artículos 469 y ss., del Código de procedimiento penal) y en mejores condiciones prácticas, para realizar las correcciones pertinentes y sobre todo, para establecer la verdadera identidad de la persona responsable.

El trámite ante el Juez de ejecución de penas, permite por un lado, proteger los derechos fundamentales de la persona afectada con la suplantación y con la omisión del deber del Estado, y por el otro, no dejar la providencia judicial carente de sujeto destinatario, es decir evita el absurdo de una condena sin persona condenada. En este sentido, el propio ordenamiento genera las condiciones para que la sentencia pueda ser corregida y se ajuste a la realidad de los hechos, en punto a la realidad de la información sobre la identidad de la persona individualizada pero no identificada en el proceso penal respectivo.

No obstante lo anterior, en ciertos casos y de manera excepcional el juez de tutela puede entrar a proteger directamente el derecho fundamental al habeas data de las personas afectadas con la suplantación. Esto sin perjuicio de que sea menester ordenar al juez de ejecución de penas que adelante los trámites indispensables para establecer la verdadera identidad del infractor de la ley penal, que fue capturado, investigado, condenado y privado de la libertad, con el fin de que sea el nombre y el documento de identidad de esta persona los que consten en las providencias judiciales y en las bases de datos de los organismos de seguridad del Estado.

(…) Por otro lado, la Corte no puede pasar por alto que el registro de antecedentes penales tiene la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena en hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos; o incluso para efectos de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, para acceder a cargos públicos, o en ciertos eventos, para el ejercicio del derecho de locomoción, cuando la expedición de ciertos permisos o de visas para el ingreso al territorio de otros Estados está sometido al estudio previo de ciertas bases de datos por parte de las autoridades extranjeras. ”.

No se desconoce que el accionante requiere de una solución para aclarar su realidad judicial, pero esa situación no amerita la necesidad de adoptar una medida provisional mientras el funcionario competente resuelve el asunto, máxime si de la documentación aportada se advierte que el demandante CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO coadyuvado por su defensor, elevó petición con la misma finalidad propuesta en esta acción de tutela, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal el cual ya inició el trámite correspondiente, y si de celeridad se trata, de igual forma debe proceder ante el Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, Despacho que atendiendo a la normatividad vigente y la jurisprudencia precitada, tiene la competencia y debe iniciar adelantar las actividades pertinentes para determinar la verdadera identidad de la persona condenada y efectuar las correcciones que de las mismas se deriven.

Al respecto es necesario que el demandante tenga en cuenta, que en la actualidad el Juez que tiene el conocimiento del asunto, y en cuya titularidad radica la competencia para definir el asunto planteado es el Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, ante el cual, hasta el momento no se ha elevado petición alguna tendiente a promover el trámite legal correspondiente para dirimir el citado conflicto jurídico probatorio, sin que dicha circunstancia desestime la actuación que adelanta el Juzgado Pernal del Circuito Especializado de Yopal.

No se puede pasar por alto, que en la actualidad existe una persona privada de la libertad por el comportamiento registrado al del demandante, lo que facilitaría, al Juez natural, el recaudo probatorio y demás diligencias para determinar la verdadera identidad de la persona que fue capturada, procesada y condenada por las conductas puebles precitadas, destacando que dicho derrotero y la decisión que del mismo se derive, en nada afecta la firmeza del fallo condenatorio, tal como lo ha decantado la jurisprudencia. Y es que si bien es cierto que la jurisprudencia ha señalado que excepcionalmente la acción de tutela es procedente para esta clase de eventos de suplantación, no puede pasarse por alto que dicha procedibilidad se supedita a la demostración que se está ante un perjuicio irremediable.

En los términos de la jurisprudencia constitucional el perjuicio irremediable, es aquel mal que tiene la condición de ser inminente y grave, el que de configurarse permite la intervención del juez constitucional a través de la acción de tutela como mecanismo transitorio capaz de excluir a los ordinarios. Frente a dicho aspecto, adicionalmente debe señalarse, como surge de la interpretación del artículo 86 de la Carta Política, que el mecanismo de amparo resulta procedente cuando se configure la existencia inminente de un perjuicio irremediable frente a los derechos constitucionales afectados o amenazados, en términos tales que aún existiendo un canal de protección judicial -ordinario- idóneo para protegerlos, la decisión de esta autoridad podría resultar inútil o tardía. La Corte Constitucional haciendo referencia a lo que debe considerarse como perjuicio irremediable, ha sostenido de vieja data: “ Se entiende por irremediable el daño para cuya reparación no existe medio o instrumento.

Es el daño o perjuicio que una vez se produce, no permite retrotraer las circunstancias al estado anterior a la vulneración del derecho. El legislador abandonó la teoría del daño no resarcible económicamente, que en oportunidades se ha sostenido, en especial para considerar algunos elementos del perjuicio moral. Se ha considerado, por intérpretes de la norma, que su redacción adolece de defecto al afirmar que el dicho perjuicio irremediable sería aquél no reparable en su integridad, mediante indemnización, interpretación equivocada porque abandona la manifestación expresa y literal de la ley.

Se trata de daños como la pérdida de la vida, o la integridad personal, que pudiendo ser indemnizados totalmente en sus efectos materiales y morales, no puede recuperarse por ningún medio. (Subrayas fuera del texto).” Aplicado lo anterior al caso objeto de análisis, es claro que el perjuicio irremediable no se demostró por la parte actora, pues el demandante no acreditó que él viera afectada su subsistencia si el Juez de tutela no interviene, además, aunque su situación jurídica actual es difícil, lo cierto es que no se encuentra privado de la libertad, debe promover ante el juez natural competente el trámite legal para definir su situación, actuación que agotada llevará a tomar las decisiones correspondientes, sin que en estas condiciones pueda intervenir el Juez Constitucional dada la naturaleza residual, breve y sumaria de esta acción. El demandante, se reitera, no demostró que perjuicio le puede acarrear el esperar que se desarrolle el trámite legal por parte del Juez natural y se adopten las decisiones que del mismo se deriven, actuación en la que se deben practicar las pruebas técnico científicas idóneas para la identificación de la persona procesada y el descarte del accionante, conflicto jurídico probatorio de difícil evacuación en el tramite de tutela.

En ese sentido, para la definición de la situación jurídica actual del demandante CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO, existe un derrotero legalmente previsto, en que él puede intervenir y, contando con esa posibilidad, vedado le está al juez de tutela actuar desconociendo las competencias que legalmente le asisten a otras autoridades judiciales.

Como se ha dicho de manera reiterada y pacífica: “ Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de un proceso que está en trámite, en donde las autoridades accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación.” En ese mismo sentido: “ La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya previsto el legislador. ” No está por demás reiterar que la pretensión del accionante está dirigida a abrir un debate paralelo al que se debe surtir ante el Juez natural al interior del proceso penal que actualmente se encuentra en ejecución de la pena, postulación con lo cual olvida que la tutela no puede ser vista como una instancia más, en la que por la inconformidad de la parte afectada se pueda entrar a revisar una actuación judicial, sin que previamente se agoten los mecanismos de defensa dispuestos en el ordenamiento jurídico para tal finalidad.

Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para negar la solicitud de amparo constitucional deprecada, a través de apoderado, por CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO. No obstante, la Sala exhortara al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, para que atendiendo a la competencia que le asiste, así como a la situación jurídica actual del demandante, proceda sin dilación a establecer, a través de las pruebas que estime necesarias, qué persona fue procesada y condenada dentro del proceso penal mencionado, y tome las medidas correctivas correspondientes, informando tales determinaciones a las autoridades competentes.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR, por improcedente, la protección de los derechos fundamentales invocado, a través de apoderado, por CRISTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ HENAO.

SEGUNDO. SE EXHORTA al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias, para que atendiendo a la competencia legal que le asiste y a la situación jurídica actual del demandante, que proceda sin dilación a establecer, a través de las pruebas que estime necesarias, qué persona fue procesada y condenada dentro del proceso penal mencionado, y tome las medidas correctivas correspondientes, informando tales determinaciones a las autoridades competentes.

TERCERO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia T-455 de 1998 � Sobre el punto cfr., consideración 2.5. Sentencia T-455 de 1998. � Corte Constitucional, Sent, T-949/03. � Corte Constitucional.

Sent. T. 823 de 1999. � Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. � Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. _1247636078.doc