CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 49996 MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 49996 MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado Acta No. 280 Bogotá, D.C., septiembre dos (2) de dos mil diez (2010).

V I S T O S Se pronuncia la Sala en primera instancia sobre la demanda de tutela que promueve el ciudadano MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ, en procura de protección para los derechos fundamentales que considera vulnerados por el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en actuación que se hace extensiva al Juzgado 20 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.

ANTECEDENTES Según se desprende de las diligencias, en contra de MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ se adelantó proceso penal por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones, cargos frente a los cuales se allanó el imputado. Correspondió conocer de las diligencias al Juzgado 20 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, despacho que profirió sentencia el 18 de septiembre de 2007, declarando penalmente responsable al procesado de los delitos reseñados, imponiendo para tal efecto, pena de prisión de 205 meses, así como lo condenó a la inhabilitación de derechos y funciones públicas y le negó la suspensión condicional de la pena y prisión domiciliaria.

Recurrida la anterior decisión, la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá en providencia del 19 de noviembre de 2009, resolvió negar la nulidad deprecada y confirmando la sentencia objeto de alzada. En firme la sentencia de segundo grado, la actuación fue remitida al Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá para lo de su competencia.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Agotado lo anterior el ciudadano MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ promueve demanda de tutela, tras considerar que en la actuación penal reseñada se incurrió en una vía de hecho. Como sustento de la demanda refiere el actor, su compañero de causa JHON JAVIER SOTO SANDOVAL fue condenado por los mismos hechos pero a título de cómplice, lo que le significó una considerable rebaja de pena y la consecuente concesión de la prisión domiciliaria, circunstancias que le permiten afirmar que se ha violentado el derecho a la igualdad dado que en su caso le fue impuesta una pena superior y se le negó el mecanismo sustitutivo de prisión a pesar de reunir las condiciones para ser merecedor de dicho beneficio.

Asimismo señala, la condena proferida en su contra adolece de defectos sustantivo, fáctico y procedimental en la medida que desconoce las garantías fundamentales contenidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de San José, y se aparta de los postulados de la libertad personal, el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que solicita se lleve a cabo una valoración juiciosa de las pruebas allegadas al proceso.

Solicita entonces, se conceda el amparo para los derechos fundamentales invocados y se deje sin efecto toda la actuación ordenando la prisión domiciliaria. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Al avocar el conocimiento de la presente acción, se dispuso dar cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, por lo que en el auto admisorio de la demanda se ordenó surtir traslado a las autoridades accionadas para el ejercicio del derecho de contradicción y se solicitó información sobre el asunto.

Frente a tal requerimiento el Juzgado 20 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá expone un recuento de la actuación surtida dentro del proceso seguido contra el actor, a la vez que se opone al amparo deprecado al no cumplirse con los presupuestos de la acción. A su turno, la Secretaria del Tribunal Superior de Cúcuta – Sala Penal allega copia del histórico del proceso, indicando además no se interpuso recurso de casación. Finalmente, el Juzgado Doce de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá hace saber que las diligencias fueron remitidas a su homólogo en Acacías, por ser el competente para vigilar la condena impuesta al actor.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto, involucra la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, de la cual es su superior funcional. Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “ vías de hecho ” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a reprobar la sentencia que definió el proceso penal adelantado en contra del accionante, surge imperioso precisar que la evolución jurisprudencial en torno a la vía de hecho judicial ha permitido construir una serie de causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional al determinarlas así: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última, creando terceras instancias. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos. Es así como, de la verificación que en el presente caso se logra frente al cumplimiento de tales presupuestos, debe advertirse en primer término que los elementos de juicio allegados al presente tramite permiten concluir que no se agotaron los medios de defensa judicial que le ofrece el legislador al actor frente a los tópicos cuestionados, pues si bien, interpuso a través de su apoderado recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, desechó la opción de recurrir la sentencia del Tribunal por la vía extraordinaria de casación, oportunidad que se le brindó para obtener el restablecimiento de los derechos presuntamente desconocidos al interior del proceso, a través del recurso instituido como un control constitucional y legal sobre las sentencias de segunda instancia, que además propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías, la reparación de los agravios inferidos a los intervinientes y la unificación de la jurisprudencia. De manera que, si el peticionario contó con la posibilidad de impugnar la decisión cuestionada y no lo hizo, no puede ahora por vía de la acción de tutela pretender enmendar la falta de gestión y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, siendo entonces el propio interesado quien no respaldó su posición en el instante procesal oportuno, permitiendo que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza sin agotar la controversia que ahora plantea en sede de tutela.

No debe perderse de vista que el excepcional mecanismo de amparo no fue concebido para remediar las fallas de gestión en las que incurren los ciudadanos en la defensa de sus garantías de tipo fundamental, acceder a ello conllevaría a sustituir los cauces ordinarios de solución de las problemáticas y la jurisdicción constitucional abordaría el estudio de aspectos que no se compadecen con su existencia, en absoluto detrimento e irrespeto de los órganos judiciales de otras especialidades.

Al respecto, esta Corporación ha venido sosteniendo en jurisprudencia uniforme, que armoniza con la doctrina de la Corte Constitucional, que los conflictos que surgen en torno a la valoración de las pruebas o a la interpretación de normas de carácter legal o reglamentario, son, en principio, asuntos de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios y escapan, por consiguiente, de la competencia del juez de tutela, máxime que no se percibe en la decisión atacada que a la prueba se le hubiere cambiado su valor suasorio o alcance determinado por Ley o que estén fundada en conceptos irrazonable o arbitrarios que tengan la trascendencia de edificar un defecto fáctico, como lo anuncia el peticionario, contra el derecho al debido proceso, que deba ser conjurado mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales.

De otra parte, en el presente asunto tampoco se cumple con el principio de inmediatez que rige la acción pública, pues obsérvese que la decisión cuestionada se profirió el 19 de noviembre de 2007 y solo después de dos años el accionante promueve la acción constitucional invocando el amparo para sus garantías constitucionales, pasividad que no deviene aceptable y que abriría espacio para que se acuda a la tutela sin atender un término razonable después de proferida la decisión, con lo que se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

Ahora bien, tratándose de tutela contra decisiones judiciales, salvo que comporten vías de hecho, la acción es improcedente, porque su finalidad no es la de constituirse en el escenario donde puedan efectuarse valoraciones probatorias diferentes a la que realizó el juez de conocimiento, a quien corresponde hacer esa labor de acuerdo con la competencia que le asigna la ley.

Si así fuera, ha dicho la Corte, el recurso de amparo, instrumento de defensa de derechos fundamentales, trocaría en medio adverso a la seguridad jurídica y a la estabilidad social. Por estas razones el juez de tutela debe respetar las competencias regladas atribuidas a otras autoridades, sin afectar su autonomía. Finalmente, en punto al presunto desconocimiento del derecho de igualdad, ha de precisarse que no es posible predicar la aplicación genérica de dicho principio a partir de lo que frente a otro procesado se ha decidido, pues para ello, en primer lugar, quien así lo reclame debe demostrar sin asomo de duda, que los casos resueltos son por completo idénticos y, segundo, que la manera en que se decidió desfavorablemente fue totalmente arbitraria.

Tales aspectos no aparecen acreditados para concluir con certeza que en verdad los funcionarios accionados a partir de un tratamiento discriminatorio decidieron no otorgar la prisión domiciliaria al actor, siendo que, el caso de JHON JAVIER SOTO SANDOVAL que se expone como ejemplo no presenta idénticas condiciones como para reclamar un trato igualitario, pues según lo afirma el propio accionante al prenombrado se le condenó por los mismos hechos pero a título de cómplice, mientras que MARTÍNEZ UBATÉ lo fue en calidad de coautor.

Así las cosas, como no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela que se invoca frente a una decisión judicial, se denegarán las pretensiones invocadas en la demanda de amparo. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, R E S U E L V E: 1.- NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela formulada por el ciudadano MIGUEL OSCAR MARTÍNEZ UBATÉ, conforme se precisó en la parte motiva de esta providencia. 2.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artíc0ulo 30 del decreto 2591 de 1991. 3.- En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia C-595/05 � T-553/97 13