CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA No. 49343 NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA No. 49343 NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N° 255 Bogotá D. C., agosto diez (10) de dos mil diez (2010).

V I S T O S Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA, contra la decisión adoptada el 9 de junio de 2010 por la Sala Laboral de esta Corporación, por cuyo medio negó el amparo constitucional que reclama frente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, en actuación que se hizo extensiva al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad y el Instituto de Seguro Social.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Según lo refieren las diligencias, el señor NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguro Social, dirigido a obtener el reconocimiento y pago del incremento pensional del 14% en su mesada pensional por razón de su cónyuge, a partir de la fecha en que se reconoció la pensión de invalidez hasta la fecha en que se cumpla con la obligación, los intereses establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación, costas del proceso, extra y ultra petita.

Correspondió conocer de la actuación al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho que emitió sentencia el 11 de noviembre de 2008 en el sentido de condenar a la demandada al pago del incremento reclamado, a partir del 26 de noviembre de 2006 con los aumentos anuales debidamente indexados. Recurrida la anterior determinación por la parte demandada la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla mediante proveído del 25 de febrero de 2010 la revocó y en su lugar absolvió al Instituto de Seguro Social teniendo en cuenta que los incrementos pensionales de que trata el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, solo proceden respecto de las pensiones de vejez e invalidez otorgadas bajo el imperio de dicho ordenamiento, presupuesto que no converge en el presente asunto toda vez que la pensión del señor GUTIÈRREZ GARCÌA tuvo soporte en la Ley 100 de 1993 y la Ley 890 de 2003.

En tales condiciones, el ciudadano NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA acude por conducto de apoderado al mecanismo excepcional de la tutela en procura de amparo para el derecho fundamental al debido proceso que considera trasgredido en la actuación reseñada. Como sustento de su pretensión señala el libelista, el Tribunal accionado incurrió en una flagrante vía de hecho en tanto que no analizó correctamente la resolución No. 003109 que reconoció la pensión de invalidez al accionante, de cuyo contenido se extrae que el fundamento de tal prestación lo fue el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por remisión que hace el artículo 31 de la Ley 100 de 1993.

Aspira entonces, que se brinde protección a las garantías constitucionales invocadas y en tal virtud se deje sin efecto la sentencia reprobaba. EL FALLO IMPUGNADO La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo constitucional invocado, señalando para ello que el accionante pretende reabrir un debate debidamente resuelto a través de unas providencias legalmente ejecutoriadas, propósito que resulta extraño a la acción de tutela, máxime que las consideraciones esgrimidas por el Tribunal accionado consultan las reglas mínimas de razonabilidad jurídica, sin que la simple divergencia interpretativa constituya una vía de hecho que invalide la actuación. LA IMPUGNACIÓN El apoderado del accionante impugnó la sentencia de tutela señalando para el efecto que el debido proceso ha sido vulnerado con la providencia motivo de la presente acción, por cuanto su motivación no corresponde con la parte resolutiva.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación. Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales han de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante, por vía jurisprudencial se ha venido decantando el alcance de tal postulado, dando paso a la procedencia de la acción de tutela cuando se trate de actuaciones que carezcan de motivación o fundamento objetivo, contrariando su voluntad para hacer imperar la arbitrariedad y el capricho del funcionario, o resulten manifiestamente ilegales, de ahí que, por excepción se permitirá que el juez de tutela pueda intervenir en orden a hacer cesar los efectos nocivos que la vía de hecho detectada puede ocasionar en relación con los derechos fundamentales.

En el presente asunto, es claro que la petición de amparo formulada a través de apoderado por el ciudadano NICOLÀS MANUEL GUTIÈRREZ GARCÌA, se orienta a censurar la providencia a través de la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, definió el proceso ordinario laboral que promovió en contra del Instituto de Seguro Social, pues considera que dicho pronunciamiento se edificó bajo una evidente vía de hecho.

De acuerdo con la jurisprudencia, se incurre en vía de hecho cuando, (i), la decisión que se reprocha se funda en una norma absolutamente inaplicable (defecto sustantivo); (ii), resulta manifiesto que el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión (defecto fáctico); (iii), el funcionario carece de competencia para proferir la decisión (defecto orgánico); y, (iv), el juez actuó completamente por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental).

En la primera circunstancia hay que tener en cuenta que para que se incurra en vía de hecho la norma a que acude el juez debe ser claramente inaplicable. En consecuencia, no hay defecto sustantivo cuando ello no es evidente, o simplemente cuando es el actor quien da a la norma una interpretación o un alcance distinto al sentado por el funcionario judicial.

Quien administra justicia tiene autonomía para interpretar la norma que más se ajuste al caso, para valorar las pruebas y para decidir el asunto con fundamento en las prescripciones legales y constitucionales pertinentes. La labor de interpretación, como consecuencia de la autonomía judicial que reconoce la Carta Política, permite que la comprensión que se llegue a tener de una misma norma por distintos operadores jurídicos sea diversa, pero ello, per se, no hace procedente la acción de tutela.

En efecto, y así se ha reconocido en reiterada jurisprudencia constitucional, cuando una disposición o un problema jurídico admiten varias y diferentes interpretaciones y soluciones, la selección que haga el fallador de una de ellas, siempre que sea el resultado de un juicio serio, prudente y motivado, no puede ser cuestionada a través de la acción de tutela, so pena de afectar la independencia y la autonomía judicial.

En el caso particular, no podría afirmarse que los motivos expuestos por la parte demandante se configuren en una de las circunstancias a las que alude la jurisprudencia, siendo que, la providencia censurada se sustenta en motivos razonables que eliminan cualquier viso de arbitrariedad que le haga perder legitimidad o su condición de verdadera decisión judicial, pues las razones que esgrimió el Tribunal para no acceder a las súplicas de la demanda se advierten serias y sensatas, en cuanto resolvió el asunto de cara a la normatividad aplicable y las pruebas allegadas al proceso, sin que advierte la existencia de algún defecto producto de la incongruencia o carencia de motivación capaz de configurar una causal genérica de procedibilidad del amparo, ni que la sentencia esté fundada en conceptos irrazonable o arbitrarios que tengan la trascendencia de edificar una vía de hecho -como lo anuncia el peticionario-, que deba ser conjurado mediante este excepcional instrumento de protección para los derechos fundamentales.

Corolario de lo expuesto, lejos estaría, como sucede en el sub judice, de cumplir con los requisitos de habilitación la demanda de tutela que gira únicamente en torno a cuestionar la interpretación o aplicación normativa y valoración de las pruebas que el juez ordinario vertió en la resolución del caso concreto, pues en ella se consignaron las razones que dan legitimidad a la misma y sobre las cuales la accionante sólo aporta consideraciones personales que si bien respetables, no alcanzan a plantear un asunto de estricto contenido constitucional con la capacidad de afectar los mismos, al punto de derruir la doble presunción de legalidad y acierto que a tal proveído es inherente, razón por la cual se reitera, el amparo demandado es improcedente en la forma acertada como lo resolvió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su condición de juez constitucional de primer grado.

Bajo tales consideraciones, se impartirá confirmación a la sentencia impugnada. Por las razones consignadas, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, R E S U E L V E: 1.- CONFIRMAR el fallo recurrido. 2.- Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 3.- Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MARIA DEL ROSARIO GONZALÉZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÙÑEZ Secretaria � Sentencias T-167 y T-780 de 2006. 8 10