CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA N° 49089 N.N.N. República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA N° 49089 N.N.N. República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2 Magistrada Ponente: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado Acta N° 237 Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010).

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Decidir la impugnación presentada por el Coordinador del Grupo de Identificación del Departamento Administrativo de Seguridad en contra del fallo de tutela proferido el 22 de junio de 2010, por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que concedió el amparo del derecho fundamental al habeas data, a favor del accionante N.N.N., vulnerado por la entidad en mención.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El señor N.N.N. afirma que el 11 de junio de 1990, el Juzgado 5º Penal Municipal de Villavicencio lo condenó como responsable del delito de lesiones personales culposas y luego con proveído de 22 de agosto de 1995 declaró la prescripción de dicha condena; decisiones que oportunamente comunicó al Departamento Administrativo de Seguridad.

Agrega que al tramitar su certificado judicial fue expedido con la anotación “ REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”, motivo por el cual acudió al despacho judicial en mención y mediante oficio de 26 de febrero de 2010 le solicitó al mencionado organismo de seguridad cancelar las anotaciones que figuren en su contra por razón de la citada condena.

En razón de lo anterior, el Coordinador del Grupo de Identificación del Departamento Administrativo de Seguridad con oficio de 15 de marzo de 2010, le comunicó que de acuerdo con lo previsto en los artículos 248 de la Carta Política y 166 de la Ley 906 de 2004, las sentencias ejecutoriadas constituyen antecedente judicial y no pueden ser cancelados.

Al ingresar a la página web del Departamento Administrativo de Seguridad, con el fin de tramitar su certificado judicial, nuevamente lo expidió con la anotación REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”. Por ello, solicita amparar los derechos fundamentales al buen nombre, habeas data, trabajo e igualdad y ordenar a la entidad demandada que expida su certificado judicial sin la anterior anotación. TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA 1.

Con auto del 9 de junio de 2010, la Corporación competente asumió el conocimiento del asunto y notificó del trámite a la autoridad accionada. 2. El Coordinador del Grupo de Identificación del Departamento Administrativo de Seguridad informó que, al consultar los archivos sistematizados de identificación nacional que se llevan en esa entidad constató que a nombre de N.N.N. figura el siguiente antecedente: “Juzgado 5 Penal Municipal de Villavicencio proceso 3922 el 11/06/90 condena a 12 días de prisión. El 22/08/1995 prescribió condena delito lesiones personales en accidente de tránsito”.

Precisó que los registros se efectúan de conformidad con lo establecido en el Decreto 3738 de 2003 que derogó el Decreto 2398 de 1986, conforme al cual esa entidad mantendrá y actualizará los registros delictivos, por tanto, no puede modificarlos o cancelarlos sin sustento legal expedido por la autoridad competente. Además, el citado Decreto faculta a la entidad para establecer y adoptar el modelo del certificado judicial y con dicha finalidad expidió la Resolución No. 1157 de 2008, motivo por el cual está certificando a los peticionarios de dicho documento si “REGISTRA o NO ANTECEDENTES”, atendiendo lo previsto en el artículo 248 de la Carta Política.

A pesar de haberse declarado la prescripción de la condena impuesta, el Estado debe conservar su registro en desarrollo del derecho a la información. Además, el derecho al buen nombre no puede constituir un obstáculo ni un límite para que las entidades reseñen los antecedentes penales de los ciudadanos. Por ello, pide negar la solicitud de condena impuesta. 3.

El Tribunal Superior de Bogotá concedió el amparo del derecho al habeas data a favor del actor. En consecuencia, ordenó al Departamento Administrativo de Seguridad que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, “ si aún no lo ha hecho, expida un nuevo certificado judicial a N.N.N., en el que se excluya la frase REGISTRA ANTECEDENTES”.

La anterior decisión la sustentó señalando que al tenor de los artículos 248 de la Carta Política y 7º de la Ley 600 de 2000 y la última línea jurisprudencial de esta Corporación, solamente tienen el carácter de antecedentes judiciales las condenas penales proferidas mediante sentencias ejecutoriadas; sin embargo, ello no quiere decir que la anotación consignada en el certificado judicial expedido al demandante deba permanecer ilimitadamente en el tiempo por cuanto le puede acarrear perjuicios en su vida laboral, social y familiar.

No concedió el amparo del derecho fundamental al buen nombre porque el registro que aparece en la base de datos del Departamento Administrativo de Seguridad “no es erróneo o caprichoso sino cierto y actualizado, la afectación que aduce a su buen nombre es atribuible única y exclusivamente a su comportamiento al margen del ordenamiento legal”.

Respecto de esa garantía fundamental señaló que su pasado delictivo no puede ser borrado y la anotación que aparece en la entidad demandada es acorde con los parámetros del artículo 20 de la Carta Política. 4. El Coordinador del Grupo de Identificación del Departamento Administrativo de Seguridad impugna el fallo. Además de ratificar los argumentos de la respuesta suministrada, sostiene que esa entidad se ha ceñido estrictamente al ordenamiento legal, por tanto, no ha quebrantado ningún derecho fundamental.

El contenido del certificado judicial expedido es veraz y corresponde al modelo que esa entidad diseñó de acuerdo con las facultades legales. 5. El actor solicita que el amparo constitucional se extienda a los derechos fundamentales al trabajo y buen nombre, apoyándose para ello en fallos de tutela emitidos por esta Corporación. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares, en las situaciones específicamente precisadas en la ley.

La pretensión del accionante está encaminada a que se ordene al Departamento Administrativo de Seguridad expedir su certificado judicial sin la anotación “ REGISTRA ANTECEDENTES PENALES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ”, regulado por la Resolución No. 1157 de 2008 emanada de la misma entidad. En orden a resolver la impugnación, es importante precisar que si bien la Sala ha sido del criterio que la legalidad de un acto administrativo de carácter general no es susceptible de controversia en sede de tutela, en esta oportunidad se torna necesario no aplicar dicha tesis en razón del alcance que sobre el derecho al habeas data y otras garantías fundamentales, como por ejemplo, el derecho al trabajo, puede tener la actuación del organismo demandado.

Acerca de la conservación, modificación y actualización de los registros delictivos, el artículo 248 de la Carta Política consagra: “Únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales”. A su turno, el artículo 166 de la Ley 906 de 2004 consagra que la sentencia ejecutoriada que imponga una sanción punitiva deberá ser comunicada a todos los organismos que tengan funciones de policía judicial y archivos sistematizados, “en el entendido que solo en estos casos se considerará que la persona tiene antecedentes judiciales”.

El artículo 472 de la Ley 600 de 2000 prevé la necesidad de informar a las autoridades administrativas respectivas la decisión que pone fin al proceso, dando cumplimiento al principio de publicidad y al derecho de recibir y suministrar información imparcial –artículo 20 de la Constitución Política-. En el asunto examinado, el Juzgado 5º Penal Municipal de Villavicencio, el 11 de junio de 1990 emitió sentencia por cuyo medio condenó a N.N.N. a la pena principal de 10 meses de prisión, como responsable del delito de lesiones personales culposas, sanción respecto de la cual el mismo despacho judicial declaró su prescripción el 22 de agosto de 1995, al tenor de lo previsto en el artículo 87 del Código Penal de 1980 vigente para el momento.

De acuerdo con el reporte de la entidad demanda, las anteriores determinaciones fueron registradas en los archivos sistematizados de identificación nacional que allí se llevan, en cumplimiento de normado en el artículo 3º del Decreto 3738 de 2003, en cuanto consagra que “El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, mantendrá y actualizará los registros delictivos y de identificación nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley.

(lo resaltado fuera del texto original ). La anterior actuación aunque válida en la medida en que es necesario conservar el pasado judicial de la persona para los fines de la citada norma, no habilita al Departamento Administrativo de Seguridad para que al expedir el certificado judicial al señor N.N.N. imponga la anotación “ REGISTRA ANTECEDENTES PENALES PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ”, por cuanto ello le genera dificultades v. gr. para acceder a un empleo o cualquier otra actividad donde le sea exigida la presentación de ese documento.

Dicho de otra manera, el hecho de que el artículo 4º del Decreto 3738 de 2003 en su artículo 4º consagre que los archivos sobre dichos asuntos tendrán carácter “ reservado y en consecuencia sólo se expedirán certificados o informes de los registros contenidos en ellos”, no implica que al expedir el certificado judicial de contenido particular deba revelarse toda la información, por cuanto ya se declaró la prescripción de la condena impuesta al interesado; proceder en la manera como lo hace el Departamento Administrativo de Seguridad afecta la garantía fundamental del habeas data del accionante, como así lo señaló esta Corporación en anterior oportunidad en un asunto similar al que ocupa la atención de la Sala: “( ) consiste en la facultad conferida al titular de datos personales, de exigir a quienes los administren el acceso, la inclusión, la exclusión, la corrección, la adición, la actualización, la certificación y la limitación en su publicación o cesión. Este derecho extensivo a la base de datos contentiva de los antecedentes judiciales de los ciudadanos colombianos, administrada por el Departamento Administrativo de Seguridad, demanda para esta autoridad la obligación de operar con fidelidad los datos negativos o positivos reportados con ese fin, por las autoridades judiciales.

En ese sentido, corresponde al DAS mantener y actualizar “los registros delictivos y de identificación nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales, conforme a la Constitución Política y la ley”, en los términos del artículo 3º del Decreto 3738 de 2003. Ahora bien, es claro que al tenor de los artículos 248 de la Constitución Política, 7º de la Ley 600 de 2000 y 166 de la Ley 906 de 2004, en Colombia sólo tienen carácter de antecedentes judiciales las condenas penales proferidas mediante sentencias debidamente ejecutoriadas.

Así mismo, es nítido que como consecuencia de la sanción penal, al enjuiciado “hacia el futuro le aparecerá como antecedente la condena impuesta por la autoridad judicial”; dato negativo que necesariamente debe reposar en la base de información que para tal efecto conserve el Departamento Administrativo de Seguridad, pues esa información puede eventualmente ser solicitada por las autoridades judiciales.

Sin embargo, con el Tribunal de primera instancia, esta Sala de Decisión considera que cuando la pena se declara extinguida por la autoridad judicial competente, la anotación suministrada por el DAS según la cual la persona registra antecedentes penales pero no es requerida por autoridad judicial, cuya certificación tiene fines meramente particulares, comporta una grave discriminación frente al sujeto que pretende reincorporarse a la sociedad una vez cumplió con la sanción penal impuesta mediante sentencia, pues ante esa inscripción se convierte en blanco, esencialmente en el ámbito laboral, de distinción, estigmatización y exclusión ante el resto de la sociedad.

En efecto, en este punto es necesario distinguir que cuando la información es requerida judicialmente no hay lugar a suprimir el antecedente penal, pues justamente dado su carácter reservado (artículo 4º del Decreto 3738 de 2003) el objeto del mismo, resulta ser la valoración por parte de esas autoridades de la conducta anterior del procesado.

Distinta es la hipótesis cuando es la persona la que solicita la información, pues es a ella a quién atañe su contenido y la decisión de revelarla sólo le afecta a él. Es en este punto, donde la medida adoptada en la Resolución interna No. 1157 de 2008 según la cual el DAS advierte que la persona registra antecedentes, pero no es requerida por autoridad judicial, resulta claramente inconstitucional pues no supera el test estricto de razonabilidad que ha de ser elaborado en el caso concreto frente a una disposición que crea un factor de discriminación respecto de los demás ciudadanos que por no tener antecedentes penales pueden obtener un certificado judicial sin anotaciones y acceder a un empleo.

Nótese que en el caso que nos ocupa si bien es nítido que la medida implementada por el DAS es legítima e importante, porque refleja fidedignamente la realidad sobre el pasado judicial de la persona, el medio escogido, es decir la inscripción en el certificado judicial en los términos mencionados, no es adecuado, conducente, ni absolutamente necesario, pues existe la posibilidad de implementar una medida menos lesiva a los intereses del ciudadano resocializado una vez extinguida su pena, en el sentido de mantener el registro del antecedente en la base de datos a efecto de que pueda ser consultado por las autoridades judiciales o de policía judicial, sin hacerlo visible para quien solicita su certificado judicial y decida usarlo ante el resto del conglomerado con manifiestas intenciones laborales.

No es claro para la Sala que los beneficios de adoptar la medida en los términos en que fue concebida por el DAS, relacionados con la necesidad de garantizar la fidelidad de la información suministrada y la seguridad jurídica, excedan las restricciones impuestas por la misma, las cuales ciertamente afectan derechos fundamentales de mayor relevancia tales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones de dignidad.

Como la resolución en que se apoya el DAS, resulta a todas luces ajena a las aludidas garantías fundamentales protegidas en la Carta Política y afecta el derecho de habeas data, esta Sala de Decisión encuentra adecuado aplicar la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 Superior. Nótese que una interpretación constitucional como la propuesta no riñe con el respeto irrestricto del artículo 248 de la Constitución Política, pues garantiza el acceso a la información personal en materia de antecedentes penales por parte de las autoridades judiciales y deja libre al sujeto del yugo que representa su pasado delictivo, para permitirle reincorporarse a la sociedad y excluir los efectos de una sanción perpetua, la cual se encuentra proscrita por el artículo 34 Superior”.

Al respecto, importante es recordar que si bien el Decreto 2398 de 1986 fue derogado, su artículo 11 admitía la cancelación de los antecedentes relativos a fallos condenatorios cuando se hubiera cumplido la pena o declarado la prescripción o transcurrido el término prescriptivo autorizado en la ley penal”. A pesar de que el actor pretende que el amparo se haga extensivo a los derechos fundamentales al trabajo y buen nombre, de importancia precisar que el hábeas data reconoce a las personas naturales o jurídicas el derecho a conocer, actualizar y rectificar información existente en la base de datos que les permita desarrollar su actividades sin restricción alguna, por ejemplo, las laborales.

En el caso concreto, el demandante expresó su desacuerdo con la anotación que aparece en el certificado judicial pero no indicó que en la actualidad le esté impidiendo desempeñarse laboralmente o le haya generado inconveniente alguno en su trabajo que amerite el amparo de esa garantía; debe conocer entonces que la tutela al habeas data pretende evitar cualquier amenaza o vulneración a su trabajo, con la inclusión de la anotación “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ”.

Por ello, acertadamente la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal, en un asunto similar al actual en el que revocó la decisión del a quo y, en su lugar concedió el amparo del habeas data al demandante, consideró: “( ) no es que se ordene que de la base de datos desaparezca la condena ya cumplida, sólo que frente al manejo de tal información se haga un llamado a la cautela y que sólo para propósitos que realmente lo demanden sea revelada, pues no se puede perder de vista que uno de los fines de la pena es la reinserción social de quien fue sujeto activo de la conducta punible y si, desde la Administración se imponen cargas para la satisfacción de tal cometido, es claro que se desatienden pilares básicos de la función punitiva estatal” (lo subrayado fuera del texto original).

Por último, acertó el juez colegiado de instancia en negar el amparo del derecho al buen nombre que reclama el actor, por cuanto la información almacenada en la base de datos de la entidad demandada es cierta, sólo que a través del amparo al habeas data, se pretende evitar que la misma se consigne en el certificado judicial por tratarse de un documento de uso y destinación particular.

En razón de lo anterior, se impone para la Sala la decisión de confirmar el fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1. CONFIRMAR la sentencia impugnada. 2.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NUÑEZ Secretaria � Se elimina del presente fallo el nombre del (la) accionante, acatando lo ordenado en el auto de 12 de septiembre de 2012, proferido por la H. Magistrada Doctora María del Rosario González Muñoz, dentro del tramite de ésta acción; con el fin de salvaguardar el derecho al habeas data del accionante. � Lo fue el Tribunal Superior de Bogotá. � Cfr. folio 74 del cuaderno de primera instancia. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala 2ª de Decisión de Tutelas, sentencia de 1º de julio de 2010, radicación 46686. � Ver auto del 10 de abril de 2008 de la Sala de Casación Penal, radicado 29472. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala Primera de Decisión de Tutelas, sentencia de 29 de abril de 2010, radicación T-47449. � CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Sala Primera de Decisión de Tutelas, sentencia de 13 de mayo de 2010, radicación T-47807. 8 2