CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA No. 48784 NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA No. 48784 NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta N° 209 Bogotá D. C., julio primero (1º) de dos mil diez (2010).

V I S T O S Resuelve la Sala la impugnación presentada por el accionante NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO, contra la sentencia del pasado 19 de mayo de 2010 a través de la cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga negó el amparo de sus derechos constitucionales, presuntamente vulnerados por los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El ciudadano NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO instauró demanda de tutela contra los Juzgados Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, por cuanto afirma, el 18 de febrero del año que avanza elevó petición ante el despacho que le vigila la condena solicitando la libertad por pena cumplida, pretensión que le fue denegada por cuanto no se cuenta con los certificados de cómputo de actividades académicas y laborales, cuando a su juicio, sumado el tiempo de privación efectiva de la libertad con las redenciones de pena, supera por más de seis meses el término de la sanción que le fue impuesta.

Por ello, acude al juez de tutela para lograr el amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso y libertad. SENTENCIA IMPUGNADA La Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga negó la solicitud de amparo por carencia actual de objeto, en tanto estableció que el Juzgado Segundo de Ejecución de penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga mediante providencia del 30 de abril de 2010 concedió la libertad por pena cumplida a favor de NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO y ordenó librar la boleta correspondiente.

IMPUGNACIÓN El accionante impugna la determinación adoptada por el Tribunal Superior de Bucaramanga advirtiendo para ello que el Juzgado de Ejecución de Penas accionado dejó pasar por más seis meses el término para conceder la libertad, evidenciándose así que las autoridades se aprovechan de su condición de persona privada de la libertad para desconocer sus derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE Es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación presentada por el accionante, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, numeral 2° del Decreto 1382 de 2000. En caso que concita la atención de la Sala resulta innegable la improcedencia de las pretensiones invocadas en la demanda de tutela como acertadamente lo dedujo el Tribunal Superior de Bucaramanga, pues si bien, la petición de amparo tiene por objeto la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados, es evidente que carece de objeto cuando la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares (en los casos expresamente previstos en la ley) que se denuncia como vulneradora de derechos, ha cesado.

La anterior precisión conduce a concluir que en el presente caso se está en presencia del fenómeno que en los trámites del amparo constitucional se conoce como “ hecho superado ” que sustenta la declaratoria de improcedencia de la tutela, en atención a lo previsto en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991. Ello, porque en virtud de tal situación procesal, cualquier pronunciamiento del juez constitucional en este momento carecería de objeto al desaparecer la razón de ser del instituto, que es la protección inmediata de un derecho fundamental actualmente vulnerado o amenazado.

Dígase entonces que, si el motivo y fundamento para la solicitud de amparo no era otro que obtener un pronunciamiento frente a la solicitud de libertad por pena cumplida elevada por el sentenciado, al haberse emitido decisión favorable a tal pretensión, no quedaba otra salida que negar el amparo por evidente sustracción de materia, pues inane resultaría la orden del juez constitucional al encontrarse que la situación irregular planteada ha desaparecido o ha sido superada y si bien, la libertad concedida a NILSON EDUARDO RAMÍREZ PRADO no se materializó, ello obedeció al requerimiento que le figura ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

Sobre el punto la Corte Constitucional ha manifestado: la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagogía constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata.

En igual sentido ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional: (…), cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, el amparo constitucional pierde toda razón de ser como mecanismo apropiado y expedito de protección judicial, pues la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua, y por lo tanto, contraria al objetivo constitucionalmente previsto para dicha acción. Así las cosas, por innecesaria e inocua cualquier orden que pudiera impartirse, la tutela solicitada debe negarse, como en efecto lo hizo el A quo.

Finalmente en lo que tiene que ver con los cuestionamientos que expone el recurrente en torno a las irregularidades que rodearon la concesión de la libertad por pena cumplida, tiene a su haber el peticionario –de así considerarlo- las distintas jurisdicciones para formular la correspondiente denuncia. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E: 1.- Confirmar el fallo objeto de censura, conforme a las anteriores motivaciones. 2.- Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 3.- Remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia T-519 del 16 de septiembre de 1992. � Ver sentencia T-564 de 2006. 8