CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Impugnación 48136 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Impugnación 48136 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta número 176 Bogotá. D.C., ocho de junio de dos mil diez Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE ACACÍAS contra el fallo proferido el 12 de abril de 2010 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, mediante el cual amparó el derecho fundamental a la igualdad de WILMAR RICARDO BENAVIDES SARTA.

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. WILMAR RICARDO BENAVIDES SARTA fue condenado mediante sentencia anticipada proferida el 3 de diciembre de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, a la pena principal de 48 meses de prisión y multa de 66,65 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 2.

La queja del accionante se centró en que la multa impuesta en su contra fue tasada sin consultar su capacidad económica. Por lo anterior solicitó al juez de tutela, disminuir el quantum de la pena precitada. RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA El Juzgado Penal del Circuito de Acacías informó que “ en este despacho judicial cursó el proceso número 5000661005640200880293, donde figura como procesado y condenado el accionante, al que se le impuso pena de 48 meses de prisión y multa de 66.65 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, sentencia emitida el 3 de diciembre de 2008”.

“La sentencia fue apelada por el abogado defensor y una vez enviado el libelo a ese honorable Tribunal, la defensa desistió del recurso y por ello volvió el caso al Juzgado, (…). “Actualmente la sentencia (…) se encuentra en los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad- Reparto- de Villavicencio, para la ejecución de la pena.

“En cuanto a la sanción de multa impuesta, su tasación e imposición se hizo conforme a la Ley, tomando como punto de partida el mínimo establecido en el tipo penal, al que se le dedujo el 50% por allanamiento a cargos. “Debo puntualizar (…) que el abogado defensor no presentó argumentación de ninguna naturaleza y menos pruebas para determinar la capacidad económica del condenado, solo se presentó dentro del traslado del artículo 447 de la Ley 906 de 2004, lo relacionado con subrogados penales y Ley 750 de 2002, para el otorgamiento de la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia, argumentación que no mereció aceptación por el Juzgado por ausencia de los requisitos que establece la Ley y la jurisprudencia para tener esa condición y reconocimiento.

“Por otra parte, se debe hacer hincapié sobre los mecanismos de defensa judicial que tenía el acusado y su defensor frente a la sentencia, porque si consideraba que había alguna inconformidad sobre dosificación de pena, entre ellas la multa y otorgamiento de subrogados penales, debió permanecer en el recurso incoado, pero no ocurrió así, procedió de manera contraría, desistiendo del mismo.

Además “(…) No existe la inmediatez que exige la honorable Corte Constitucional para que proceda la tutela, si tenemos en cuenta que la sentencia se profirió el 3 de diciembre de 2008, cobrando ejecutoria el 21 de enero de 2009”. EL FALLO IMPUGNADO El Tribunal Superior de Villavicencio concedió las pretensiones de la demanda, por cuanto “ no obstante la motivación que hizo el juez para determinarla, si bien no se aleja del ordenamiento jurídico en su proceso de graduación, de ignorarse por completo la capacidad de pago que ostenta el actor, (…) se incurriría en franca violación del derecho a la igualdad ”.

Por lo anterior ordenó al Juzgado Penal del Circuito de Acacías, “ declarar la nulidad parcial de lo resuelto en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 3 de diciembre de 2008 del Juzgado Penal del Circuito de Acacías, en lo referente exclusivamente al monto de la multa impuesta al sentenciado, proferida dentro del proceso radicado número 500066105640200880293, adelantado contra BENAVIDES SARTA, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y en su lugar, ordenar que se rehaga la dosimetría de la multa de conformidad con lo indicado en la motivación”.

LA IMPUGNACIÓN El Juzgado Penal del Circuito de Acacías impugnó la anterior decisión, por cuanto el actor “no puede alegar su propia culpa o inactividad, para recurrir ahora en tutela, a fin de remediar un asunto que debió proponer dentro de los cauces normales del proceso ”. CONSIDERACIONES DE LA SALA De conformidad con las disposiciones del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala de Penal del Tribunal Superior de Villavicencio.

Requisitos de procedibilidad 1. Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 2.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico. 3.

No obstante esa regla general, que no es absoluta, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política, producto de actuaciones que constituyan causales de procedibilidad de la acción de tutela, que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y siempre que en estos eventos el amparo sea necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el cual la medida que se adopte tendrá una vigencia eminentemente temporal. 4.

Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a censurar actos jurisdiccionales, surge imperioso precisar la evolución jurisprudencial en torno a las causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional al determinarlas así: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que el afectado identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos, lo cual implica una carga demostrativa para el actor, respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta, de tal manera que resulte evidente la vulneración. Análisis del caso concreto La demanda se dirigió a cuestionar la sentencia anticipada proferida el 3 de diciembre de 2008 por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías, por cuyo medio el accionante fue condenado a la pena principal de 48 meses de prisión y multa de 66,65 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 1.

De entrada la Sala advierte que revocará el fallo impugnado, toda vez que verificados los anteriores requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, fácil resulta advertir que la demanda falta al requisito de la inmediatez, y el accionante no ejerció los medios judiciales que tuvo a su alcance para debatir la cuestión pretendida en esta sede. 2.

La Sala debe precisar que el hecho de que uno de los requisitos de habilitación de la acción de amparo contra providencias judiciales radique en la definición de un asunto de estricto contenido constitucional, desecha la posibilidad de someter al conocimiento del juez de tutela otros que no tengan ese carácter, pues es preciso recordar que esta acción no es un mecanismo que tenga como objetivo revivir términos, ni subsanar errores de los sujetos procesales o de las personas; menos, para sustituir a la jurisdicción ordinaria y convertirse en una tercera instancia, de ahí que si el actor, tiene –o tuvo- a su alcance otros medios de defensa judicial, debe –o debió- acudir a ellos.

En este sentido, la jurisprudencia ha manifestado que no se admite la tutela contra providencias si procedían otros instrumentos de defensa y estos dejaron de ejercerse o mediante ellos el demandante no planteó los asuntos que pone a consideración en sede constitucional: “(…) en la Sentencia C-590/05 se señaló como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales “b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.” “ Esta regla también se aplica cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial de tipo penal.

Así las cosas, se exige el agotamiento de las instancias y recursos extraordinarios dentro del proceso penal para la procedencia de la tutela. Lo anterior, puesto que la Corte ha encontrado, prima facie, que tales mecanismos son idóneos para la garantía del debido proceso. ” Sentencia T-212 de 2006. -Subrayas y negrillas fuera del original- La regla jurisprudencial incluida en la sentencia C-590 ya había sido objeto de aplicación y desarrollo en la sentencia SU-1299 de 2001 en donde se reconoció que incluso la casación constituye un mecanismo judicial específico e idóneo para examinar la posible transgresión de los derechos fundamentales.

Así pues, conforme con lo expuesto, es decir, a partir del carácter subsidiario de la tutela, es necesario concluir que para que tuviera cabida esta acción contra la providencia atacada, era imperativo que el interesado hubiese acudido y agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa de sus derechos de manera diligente y adecuada a lo largo del proceso y sus instancias. 3.

En el presente caso nada le impidió al accionante solicitar mediante el recurso de apelación -al cual desistió- la disminución del quantum de la multa, y de resultar adverso a su pretensión, haber interpuesto el recurso de casación en defensa de sus garantías fundamentales. Las omisiones atrás indicadas tornaron improcedente esta acción y por lo mismo, la Sala revocará el fallo impugnado y en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, no sin antes aclarar que: i) la multa impuesta al accionante no se advierte arbitraria o desproporcionada, toda vez que la pena establecida en el artículo 376 del Código Penal a fin de reprimir las conductas constitutivas de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes cuando la cantidad de droga no excede de 2000 gramos de cocaína, es de “ noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento treinta y tres (133.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”; sin embargo, debido a una generosa rebaja punitiva del 50% de la pena a imponer, la sanción fue tasada en 48 meses de prisión, y multa de 66,65 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se advierte significativamente inferior al mínimo establecido en la Ley; y ii) Nada le impide al accionante -siempre que satisfaga las exigencias legales-, amortizar la multa a plazos o con trabajo.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE REVOCAR el fallo impugnado. NEGAR las pretensiones de la demanda. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia C-595/05 � Corte Constitucional en Sentencia C – 543 de 1992. � Sentencia T-504/00. 1 15