CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA No 47778 MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA No. 47778 MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta No. 158 Bogotá D. C., mayo catorce (14) de dos mil diez (2010) V I S T O S Se pronuncia la Sala sobre la impugnación interpuesta por la apoderada de la accionante MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS contra la decisión adoptada el 24 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, por cuyo medio negó el amparo constitucional que reclama frente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Según lo refieren las diligencias, la señora MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguro Social, dirigido a que se reconozca y pague la pensión de sobreviviente a partir del 20 de marzo de 1997, con sus respectivos intereses legales e indexación. Correspondió conocer de la actuación al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, donde mediante proveído del 28 de mayo de 2008 absolvió a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra tras advertir que no se satisface la exigencia contemplada en el artículo 46 literal a) numeral 2º de la Ley 100 de 1993, valga decir, no cotizó 26 semanas durante el año inmediatamente anterior al momento en que se produjo la muerte del causante.

Sometida al grado jurisdiccional de consulta la anterior determinación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta mediante providencia del 27 de octubre de 2008 la confirmó. Agotado el trámite anterior, MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS acude por conducto de apoderada al mecanismo excepcional de la tutela, tras considerar que con las providencias reseñadas se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, dignidad humana, mínimo vital, salud, seguridad social e igualdad.

Como sustento de la demanda refiere la apoderada de la accionante, se incurrió en una vía de hecho toda vez que ha debido aplicarse el principio de la condición más beneficiosa para el trabajador o su familia, y reconocer el derecho a la pensión de sobreviniente con base en el Acuerdo 049 de 1990, que exigía haber cotizado 150 semanas en los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier tiempo.

Para corroborar tal aserto trae a contexto algunos apartes de las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral el 5 de abril de 2001 y 9 de diciembre de 2008 (radicados 15449 y 32642 respectivamente). Asimismo, solicita morigerar el principio de inmediatez teniendo en cuenta las condiciones de la accionante, quien es una persona de avanzada edad, sin mayores estudios y habita en una apartada región del departamento del Magdalena.

Aspira entonces, que se brinde protección a las garantías constitucionales invocadas dado que no cuenta con otro mecanismo para lograr su restablecimiento y en tal virtud solicita, se dejen sin efectos las sentencias reprobadas. EL FALLO IMPUGNADO La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo invocado, señalando para ello que a pesar de haberse contado con un medio de defensa como era el recurso de casación, la actora no hizo uso del mismo, de modo que ante la ausencia injustificada de activación del indicado instrumento, el recurso constitucional deviene improcedente, a lo cual agrega que la acción no es el mecanismo idóneo para controvertir los fundamentos jurídicos sobre determinadas normas o las percepciones fácticas, como si se tratara de una tercera instancia. De otra parte precisó, en el presente caso la demanda resulta manifiestamente extemporánea dado que las sentencias cuestionadas datan del 28 de mayo y 27 de octubre de 2008, sin que sea de recibo las circunstancias aducidas por la accionante por cuanto en el proceso estuvo representada por un apoderado judicial.

LA IMPUGNACIÓN La apoderada de la accionante impugnó la sentencia de tutela sin hacer manifiesta la razón de su disenso. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 4º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, en concordancia con el artículo 44 del Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la sentencia de tutela adoptada en primera instancia por la Sala de Casación Laboral de esta Corporación. Referente a la acción pública que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “ vías de hecho ” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a censurar la sentencia que definió el proceso ordinario laboral promovido por la accionante en contra del Instituto de Seguro Social, surge imperioso precisar que la evolución jurisprudencial en torno a la vía de hecho judicial ha permitido construir una serie de causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional al determinarlas así: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos. Es así como, de la verificación que en el presente caso se logra frente al cumplimiento de tales presupuestos, debe advertirse en primer término que no se agotaron los medios de defensa judicial que le ofrece el legislador a la accionante para contrarrestar las irregularidades planteadas en el líbelo, como en efecto tuvo la oportunidad de plantear los argumentos que ahora aduce por vía del recurso de apelación que procedía contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, y en el evento de no haber sido acogidas sus pretensiones en sede de apelación, también tenía la posibilidad de promover el recurso de casación frente al fallo de segundo grado, de manera que, si contó con la posibilidad de impugnar tal decisión y no lo hizo, no puede ahora por vía de la acción de tutela pretender enmendar la falta de gestión y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, siendo entonces la misma interesada quien no respaldó su posición en el instante procesal oportuno. Así entonces, es claro que el mecanismo de tutela no tiene cabida, como quiera que dicha modalidad procesal, tal como ya se precisó, se encuentra en relación de subordinación frente a los medios judiciales ordinarios que eventualmente se podrían constituir en el cauce apropiado para resolver de manera definitiva los agravios o lesiones constitucionales.

De la misma manera, se advierte que tampoco se cumple con el principio de inmediatez que rige la acción pública, pues obsérvese que el fallo de segunda instancia que ahora es objeto de reproche por parte de la señora MARÍA ESTHER BLANQUICET PRENS, se profirió el 27 de octubre de 2008 y solo después de transcurrido algo más de un año la actora promueve la acción constitucional invocando el amparo para sus derechos fundamentales, pasividad que no deviene aceptable y que abriría espacio para que se acuda a la tutela sin atender un término razonable después de proferida la decisión, con lo que se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

En efecto, si bien no existe un lapso legal de caducidad dentro del cual deba intentarse la acción de tutela contra providencias judiciales, es preciso que quien se sienta lesionado o amenazado en sus derechos fundamentales la interponga en un término razonable, pues no de otra forma se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado por el principio de celeridad y la protección inmediata que demanda.

Así las cosas, como no se cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela que se invoca frente a una decisión judicial, el amparo solicitado es manifiestamente improcedente, razón por la cual la Sala ratificará el fallo objeto de impugnación. Por las razones consignadas, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sala Segunda de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, R E S U E L V E: 1.

CONFIRMAR el fallo recurrido. 2. Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 3. Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS PERMISO MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia C-595/05 2