CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Tutela P. I. 23.322 CARLOS MANUEL PACHECO PÉREZ Tutela. 47647 Primera Instancia República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION PENAL – SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta número 126 Bogotá, D.C, veintisiete de abril de dos mil diez Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por RAÚL CORTÉS BASTIDAS contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

1. RAÚL CORTÉS BASTIDAS –capturado en flagrancia- fue condenado anticipadamente mediante sentencia proferida el 12 de abril de 2007 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, a la pena principal de 56 meses de prisión, y multa de 9,37 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable de conductas constitutivas de fabricación de armas o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas agravado, y utilización ilegal de uniformes e insignias. 2.

Apelada la anterior providencia por la Fiscalía, fue modificada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el 29 de mayo de 2007, en tanto aumentó el quantum de la pena a 61 meses de prisión y multa de 48,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 3. Se quejó el demandante de la anterior decisión, por cuanto, en su sentir, el no tiene la condición económica para sufragar la multa. 4.

Por lo anterior el accionante solicitó al juez de tutela, amparar su derecho a la igualdad, pues para la imposición de la sanción censurada debió considerarse su situación económica. RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS 1. El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio informó que la pena impuesta al accionante se impuso de conformidad con los parámetros legales.

Además el condenado se allanó a la imputación formulada por la Fiscalía. 2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio informó que a partir de la providencia del 18 de agosto de 2009, esa Corporación ha reconocido que la multa debe ser determinada consultando la situación económica particular del sentenciado, teniendo en cuenta la sentencia C-194 de 2005 y aplicando los parámetros del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

Agregó que por estos asuntos ha concedido amparos constitucionales. CONSIDERACIONES DE LA SALA La tutela es un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad que implican una carga para el actor, tanto en su planteamiento como en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

Tan rigurosa es, que la acción contra providencias judiciales, exige: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del accionante. e. “ Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido reiterados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mencionadas providencias, en el sentido de que, cuando se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesta ”. -C-590 de 2005- Análisis del caso concreto 1. La demanda se dirigió a cuestionar la multa impuesta al accionante mediante sentencia dictada el 29 de mayo de 2007 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio. 2.

Verificados los anteriores requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, fácil resulta advertir que el accionante además de que falta al requisito de la inmediatez, no ejerció los medios judiciales que tuvo a su alcance para debatir la cuestión por él pretendida en esta sede. 2.1. La Sala debe precisar que el hecho de que uno de los requisitos de habilitación de la acción de amparo contra providencias judiciales radique en la definición de un asunto de estricto contenido constitucional, desecha la posibilidad de someter al conocimiento del juez de tutela otros que no tengan ese carácter, pues es preciso recordar que esta acción no es un mecanismo que tenga como objetivo revivir términos, ni subsanar errores de los sujetos procesales o de las personas; menos, para sustituir a la jurisdicción ordinaria y convertirse en una tercera instancia, de ahí que si el actor, tiene –o tuvo- a su alcance otros medios de defensa judicial, debe –o debió- acudir a ellos.

En este sentido, la jurisprudencia ha manifestado que no se admite la tutela contra providencias si procedían otros instrumentos de defensa y estos dejaron de ejercerse o mediante ellos el demandante no planteó los asuntos que pone a consideración en sede constitucional: “… en la Sentencia C-590/05 se señaló como uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales “b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.” “ Esta regla también se aplica cuando lo que se cuestiona es una providencia judicial de tipo penal.

Así las cosas, se exige el agotamiento de las instancias y recursos extraordinarios dentro del proceso penal para la procedencia de la tutela. Lo anterior, puesto que la Corte ha encontrado, prima facie, que tales mecanismos son idóneos para la garantía del debido proceso. ” Sentencia T-212 de 2006. -Subrayas y negrillas fuera del original- La regla jurisprudencial incluida en la sentencia C-590 ya había sido objeto de aplicación y desarrollo en la sentencia SU-1299 de 2001 en donde se reconoció que la casación constituye un mecanismo judicial específico e idóneo para examinar la posible transgresión de los derechos fundamentales.

Así pues, conforme con lo expuesto, es decir, a partir del carácter subsidiario de la tutela, es necesario concluir que para que tuviera cabida esta acción contra las providencias atacadas, era imperativo que el interesado hubiese acudido y agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa de sus derechos de manera diligente y adecuada a lo largo del proceso y sus instancias. 2.2.

En el presenten caso nada le impidió al accionante solicitar mediante el recurso de apelación la disminución del quantum de la multa, y de resultar adverso a su pretensión, haber interpuesto el recurso de casación en defensa de sus garantías fundamentales. Las omisiones atrás indicadas tornaron improcedente esta acción y por lo mismo, la Sala negará las pretensiones de la demanda, no sin antes aclarar que la multa impuesta al accionante no se advierte arbitraria o desproporcionada, toda vez que las penas establecidas en los artículos 366 y 346 del Código Penal a fin de reprimir las conductas constitutivas de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y utilización ilegal de uniformes e insignias, es, para la primera, “ prisión de cinco (5) a quince (15) años ”, y para la segunda, “ prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”; sin embargo, debido al concurso de delitos y a una generosa rebaja punitiva del 45% de la pena a imponer, la sanción fue tasada solamente en 61 meses de prisión y multa de 48,2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, esta última fue impartida en un quantum significativamente inferior al mínimo establecido en la Ley.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE Primero. Negar las pretensiones de la demanda. Segundo. Notificar esta sentencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada –Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991-.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. � Ibídem. � Corte Constitucional en Sentencia C – 543 de 1992. � Sentencia T-504/00. PAGE 10