CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela de primera instancia No. 46961 Harold Gamboa Velásquez. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Tutela de primera instancia No. 46961 Harold Gamboa Velásquez. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta No.075.

Bogotá, D. C., marzo once (11) de dos mil diez (2010). VISTOS: Decide la Sala en relación con la acción de tutela interpuesta por el apoderado del doctor Harold Gamboa Velásquez en procura de amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal, honra y buen nombre, presuntamente vulnerados por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. Por presuntas irregularidades en el desempeño de Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, la Fiscalía General de la Nación adelantó varias investigaciones penales contra el doctor Harold Gamboa Velásquez y le dictó resolución de acusación por el delito de peculado por apropiación. 2. Ejecutoriado el calificatorio, los expedientes fueron remitidos a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que mediante sentencias del 2 de agosto de 2006 -radicado 2005/392-, 21 de noviembre de 2007 -radicado 2006/273-, 30 de abril de 2008 -radicado 207/471-, y 21 de agosto de 2008 -radicados 2007/318 y 2006/420, lo condenó como autor de la conducta punible atrás referenciada. 3.

En vista de lo anterior, el doctor Harold Gamboa Velásquez a través de apoderado acude al juez de tutela en procura de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, libertad personal, honra y buen nombre, porque considera las providencias proferidas por la Corporación Judicial atrás referenciada como unas típicas vías de hecho si se tiene en cuenta que al decretarse en las mencionadas diligencias la extinción de la acción penal respecto del delito de prevaricato por acción, no podía con base en los mismos hechos continuarse la investigación por peculado por apropiación, motivo por el cual solicita se deje sin efectos los pronunciamientos a través de los cuales fue condenado por el delito de peculado por apropiación en las actuaciones penales ya referenciadas.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN: La Sala Penal de esta Corporación asumió el conocimiento del asunto y comunicó a los despachos judiciales accionados y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin al amparo solicitado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. El artículo 86 de la Constitución Política consagró la acción de tutela como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protección de los derechos constitucionales fundamentales ante el menoscabo o la amenaza derivados de acción u omisión atribuible a las autoridades públicas o a los particulares en las situaciones específicamente precisadas en la ley. 2.

Es indiscutible que la solicitud de protección constitucional presentada por el apoderado de Harold Gamboa Velásquez está dirigida a socavar la firmeza de las decisiones proferidas por la Fiscalía General de la Nación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga que conocieron de las actuaciones penales que cursaron en su contra bajo los radicados 2005/392, 2006/273, 207/471, 2007/318 y 2006/420 y en las cuales fue condenado como autor responsable del delito de peculado por apropiación. 3.

Es pertinente señalar que a través de la sentencia C - 543 del 1º de octubre de 1992, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, tornando improcedente dirigir esta acción contra sentencias o providencias que pongan término a un trámite judicial porque dadas sus especiales características de subsidiariedad y residualidad no puede ser ejercitada como mecanismo para conseguir la intervención del juez de tutela a fin de derribar la res iudicata que aquéllas adquieren, finalidad que desnaturaliza su esencia y agrede postulados constitucionales como la independencia y la autonomía funcionales que rigen la actividad de los servidores judiciales de conformidad con la preceptiva contenida en el artículo 228 superior. 4.

No obstante, este postulado general encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y ostensible contradicción con la Constitución Política o la ley, en cuanto resultado de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales constituyan verdaderas vías de hecho que conculquen o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a las cuales no disponga de otro medio judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos la protección resulta imprescindible para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. 5.

Mediante la sentencia de control de constitucionalidad que se hizo al artículo 185 de la Ley 906 de 2004, se unificaron y sistematizaron los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Se dijo por el Tribunal Constitucional cuáles eran aquellas circunstancias que tienen que estar presentes para que el juez constitucional pueda entrar a estudiar y decidir una acción de tutela contra providencias judiciales.

Fueron señaladas las siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela. 6.

En desarrollo de la línea jurisprudencial que considera muy excepcional la acción de tutela contra sentencias judiciales, las Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia y las secciones y subsecciones del Consejo de Estado han aceptado que la acción de tutela puede ser el remedio constitucional contra graves y flagrantes violaciones a los derechos fundamentales revestidas de una simple apariencia de legalidad, llegándose a destacar que el amparo procede contra las sentencias de tutela de la Corte Constitucional. 7.

En el asunto sub-exámine pronto se advierte que no concurre ninguno de los presupuestos atrás referenciados para declarar la procedencia del amparo solicitado, si se tiene en cuenta que tal como lo tiene precisado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal manera que la acción debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo, pues con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. 8.

Precisión ésta contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de este trámite constitucional cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de quien acuda en busca de su amparo, razón más que suficiente para declarar la improcedencia de la presente acción de tutela toda vez que las decisiones a que hace referencia el demandante fueron proferidas el 2 de agosto de 2006, 21 de noviembre de 2007, 30 de abril y dos del 21 de agosto de 2008, y entonces, no puede entenderse cómo después de transcurrido tanto tiempo apenas ahora el doctor Harold Gamboa Velásquez considere que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. 9.

Además, basta con leer las decisiones objeto de reproche para establecer que el Tribunal accionado con base en el estudio del acervo probatorio y en las previsiones establecidas en el ordenamiento jurídico de manera razonada expuso los motivos por los cuales dictó en las actuaciones a que ya que hizo referencia sentencia condenatoria en su contra por el delito de peculado por apropiación, circunstancias que aleja esos pronunciamientos de ser arbitrarios o caprichosos que amerite la intervención del juez de tutela. 10.

De otra parte, si el defensor o el doctor Harold Gamboa Velásquez no estaban de acuerdo con los argumentos del Tribunal debieron aprovechar la oportunidad que tenían para interponer el recurso de apelación que en este caso procedía -artículo 75.3 de la Ley 600 de 2000- y poner en conocimiento las presuntas irregularidades que quiere hacer valer en este trámite constitucional, comportamiento procesal que constituye razón adicional para concluir la improcedencia del amparo solicitado, debido precisamente a su carácter subsidiario, motivo por el cual no puede ahora el actor por vía de la acción de tutela pretender enmendar la negligente y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, toda vez que admitió la actitud asumida por su procurador judicial y permitió que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza. 11.

El libelista olvidó que este trámite constitucional no es una tercera instancia, no está instituido como una jurisdicción paralela a la establecida en el ordenamiento jurídico y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías ordinarias han sido desfavorables, porque no puede existir concurrencia de medios judiciales toda vez que siempre prevalece la acción ordinaria, y de ahí que se afirme que la tutela no es un camino adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico. 12.

Entonces: al haber contado el doctor Harold Gamboa Velásquez con el mecanismo judicial adecuado para debatir el trámite y las decisiones proferidas al interior del proceso penal que cursó en su contra, el presente amparo no tiene vocación de prosperidad toda vez que la tutela no establece una jurisdicción paralela a la ordinaria y no es la sede a la que se acude como última opción cuando se desechan los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para corregir posibles errores de los operadores judiciales, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al señalar que: “Es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto.

Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.

Es incorrecto pensar que la acción de tutela puede asumirse como un medio de defensa judicial paralelo al sistema de jurisdicciones y competencias ordinarias y especiales. El juez de tutela no puede entrar a reemplazar a la autoridad competente para resolver aquello que le autoriza la ley, especialmente si los mecanismos que permiten conjurar las posibles falencias que se suscitan durante los trámites procesales no han sido utilizados ni ejercidos por las partes, conforme a las atribuciones y competencias que consagra la ley.

El agotamiento efectivo de los recursos y mecanismos ordinarios de defensa judicial, resulta ser entonces, no sólo una exigencia mínima de diligencia de los ciudadanos frente a sus propios asuntos procesales, sino un requisito necesario para la procedibilidad de la acción de tutela, salvo que por razones extraordinarias no imputables a quien alega la vulneración la persona se haya visto privada de la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso judicial; circunstancia que deberá ser debidamente acreditada en la acción de tutela”. 13.

No puede perderse de vista, entonces, que el excepcional mecanismo de amparo no fue concebido para remediar las fallas de gestión en las que incurren los ciudadanos en la defensa de sus garantías de tipo fundamental. Admitir lo contrario conllevaría a sustituir los cauces ordinarios de solución de las problemáticas y la jurisdicción constitucional abordaría el estudio de aspectos que no se compadecen con su existencia, en absoluto detrimento e irrespeto de los órganos judiciales de otras especialidades. 14.

La Sala aprovecha la oportunidad para hacerle saber al doctor Harold Gamboa Velásquez que el presente trámite constitucional no se orienta a reabrir el debate de las pretensiones en litigio a partir de nuevas argumentaciones, su objeto está únicamente en determinar si la providencia judicial atacada ha desbordado el marco constitucional dentro del cual debe producirse y vulnera derechos fundamentales en cabeza del afectado, situación que aquí no sucedió. Además el hecho que, según el accionante, se haya declarado prescrita la acción penal respecto al delito de prevaricato por acción, no es óbice para que la administración de justicia al advertir que con base en los mismos hechos se haya vulnerado otro bien jurídico tutelado, adelante las diligencias necesarias con el fin de hallar a los presuntos responsables.

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el apoderado del doctor Harold Gamboa Velásquez. Y, 2. En caso de no ser impugnada la presente decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: YESID RAMÍREZ BASTIDAS MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. C-590/05. � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-551 de 2009. Fls. 220 y ss. c. No. 1. � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. 086 de 2007. 8 8