CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela No. 46.686 CAROLINA ISABEL DIAZGRANADOS JIMÉNEZ Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta No. 75. Bogotá, D.C., once de marzo de dos mil diez. VISTOS Decide la Sala la impugnación interpuesta por la accionante CAROLINA ISABEL DIAZGRANADOS JIMÉNEZ, contra el fallo proferido el 12 de enero de 2010 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, mediante el cual negó la acción de tutela interpuesta en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la FISCALÍA 3ª DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE BARRANQUILLA, y la FISCALÍA 19 SECCIONAL DE LA UNIDAD DE EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS, en protección de los derechos fundamentales al debido proceso, libre circulación, buen nombre, honra y habeas data.

LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN 1. Los hechos que motivaron la solicitud de amparo constitucional y lo pretendido por la accionante, fueron reseñados por el a quo de la forma como sigue: “Expone la señora CAROLINA ISABEL DIAZGRANADOS JIMÉNEZ en el libelo de tutela que la FISCALÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL JUEZ ÚNICO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, mediante providencia de 29 de marzo de 2008, precluyó la investigación que adelantaba en su contra por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, revocando las medidas de aseguramiento que decretaron frente a todos los procesados, y, en consecuencia, dispuso su libertad inmediatamente.

No obstante lo anterior afirma la actora que desde el 29 de marzo de 2009 viene siendo objeto de detenciones por miembros del C.T.I. de la Fiscalía General de la Nación y de LA Policía Nacional. En este sentido manifiesta la actora que el revisar el expediente del Rad. N° 278.858 observa que no reposa orden alguna por parte de la Fiscalía de la instrucción de cancelación de la orden de captura ni orden de desanotación de registro del inmueble de su propiedad en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, situación que le ha afectado moral y materialmente.

Con base en lo anterior la señora CAROLINA ISABLE DÍAZGRANADOS JIMÉNEZ solicita que se le amparen sus derechos a la libre circulación, buen nombre, honra, habeas data y debido proceso, y, en consecuencia se ordene a los accionados que un término no mayor a 48 horas se desanote todo registro de la base de datos de la Policía Nacional, del C.T.I. y del Departamento Administrativo de Seguridad.

De igual manera se oficie para que se libere de toda restricción el derecho de propiedad que pesa sobre su inmueble ubicado en la carrera 81 N 83-18, barrio San Salvador.” 2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, a través del fallo previamente reseñado, negó la solicitud de amparo al considerar que (i) atendiendo los informes rendidos por la autoridades accionadas en el tramite de la acción constitucional, los cuales se consideran emitidos bajo la gravedad de juramento –artículo 19 del Decreto 2591 de 1991- la Fiscalía Sexta Especializada, a través de la resolución del 28 de mayo de 2008, le ordenó a las distintas autoridades de policía judicial la cancelación de las órdenes de captura expedidas en contra de la señora CAROLINA ISABEL DIAZGRANADOS JIMÉNEZ, (ii) la anterior información fue corroborada por el D.A.S., la Policía Metropolitana de Barranquilla, la Sección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, entidades que al consultar sus bases de datos no obtuvieron resultado positivo que en contra de la accionante obre orden de captura vigente, y (iii) la decisión de cancelar todo gravamen o limitación al derecho de dominio que recae sobre el inmueble ubicado en la carrera 81 N° 83-18, barrio San Salvador, debe ser adoptada al interior de la acción de extinción del derecho de domino en que fue emitida. 3.

La señora DIAZGRANADOS JIMENEZ impugnó el fallo reseñado, plasmando en su escrito el siguiente interrogante que sintetiza su inconformidad: “¿ si no presento antecedentes penales ni disciplinarios ante autoridad judicial o policiva, cómo es posible que el único bien patrimonial “heredado” este “ CONFISCADO Cómo se explica el Despacho que no habiendo requerimiento judicial en las personas de mis padres su bien se encuentra en la UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS, además, si la suscrita como lo afirman los accionados no presenta procedimiento judicial y antecedente alguno, mi bien dejado por mis padres y abuelos esté ahora en manos de CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAIZ BARRANQUILLA cedido por la UNIDAD NACIONAL PARA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO Y LAVADO DE ACTIVOS…” CONSIDERACIONES DE LA CORTE: La Sala confirmará el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.

Las siguientes son las razones: 1. Cabe recordarle a la actora que el procedimiento de tutela es un instrumento de raigambre constitucional confiado a los jueces de la República con el fin de proteger de forma inmediata los derechos fundamentales de las personas, cuando la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares, en los eventos previstos de manera expresa en la ley, los vulneren o amenacen.

La citada acción tiene un carácter subsidiario y su naturaleza es residual, ello significa que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, en dicho evento procede la tutela como mecanismo transitorio, con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.

Entonces, resulta indiscutible que en el evento sometido al análisis de la Sala, la presunta vulneración de los derechos de libre circulación, buen nombre, honra y habeas data, se deriva de la omisión en que habrían concurrido los organismos de seguridad accionados al no haber registrado en sus bases de datos la cancelación de la orden de captura que en su momento fue librada en contra de la señora DIAZGRANADOS JIMÉNEZ, lo que le ha generado, en su decir, algunas retenciones arbitrarias por parte de las autoridades policivas.

Sin embargo, de las pruebas allegadas al trámite constitucional, se descarta el aserto de la accionante en este específico punto, pues conforme se comprobó con la información suministradas por las autoridades llamadas a la actuación -D.A.S., Policía Metropolitana de Barranquilla, Sección de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía- en sus bases de datos no obtuvieron resultado positivo que en contra de la accionante obre orden de captura vigente.

Bajo esa perspectiva, oportuno resulta traer a colación lo señalado por la jurisprudencia constitucional acerca de la carga de la prueba en acciones de tutela: “Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación”.

Y es precisamente lo que acontece, en concreto, pues en la actuación no se logra vislumbrar que las autoridades accionadas hayan lesionado las garantías fundamentales incoadas. 2. Ahora bien, teniendo en cuenta que el punto fundamental de inconformidad señalado por la señora DIAZGRANADOS JIMENEZ, plasmado no solo en el libelo de tutela sino también en el escrito de impugnación, yace en la decisión que fue adoptada por la Fiscalía 19 Seccional de Barranquilla, en el curso de la acción de extinción de dominio, en cuyo trámite fue afectado el inmueble ubicado en la carrera 81 No. 83-18 Barrio San Salvador de la ciudad de Barranquilla, distinguido con la matricula inmobiliaria No. 040-16326, la Sala comparte los argumentos esbozados por el a quo para negar la protección de las garantías fundamentales, pues es al interior de ese especificó trámite en donde la actora debe debatir lo atinente al inmueble previamente reseñado.

El trámite al cual está sometida la acción de extinción de dominio, regulado antes en el artículo 15 de la Ley 333 de 1996 y ahora en el artículo 13 de la Ley 793 de 2002, se sujeta a las siguientes reglas: “ 1. El fiscal que inicie el trámite, dictará resolución de sustanciación en la que propondrá los hechos en que se funda la identificación de los bienes que se persiguen y las pruebas directas o indiciarias conducentes.

Si aun no se ha hecho en la fase inicial, el fiscal decretará las medidas cautelares, o podrá solicitar al juez competente, la adopción de las mismas, según corresponda, las cuales se ordenarán y ejecutarán antes de notificada la resolución de inicio a los afectados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. “2. La resolución de inicio se comunicará al agente del Ministerio Público y se notificará, dentro de los cinco (5) días siguientes, a las personas afectadas cuya dirección se conozca.

Si la notificación personal no pudiere hacerse en la primera ocasión que se intenta, se dejará en la dirección de la persona por notificar noticia suficiente de la acción que se ha iniciado y del derecho que le asiste a presentarse al proceso. “3. Cinco (5) días después de libradas las comunicaciones pertinentes, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales principales o accesorios según el certificado de registro correspondiente, y de las demás personas que se sientan con interés legítimo en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.

“4. El emplazamiento se surtirá por edicto, que permanecerá fijado en la Secretaría por el término de cinco (5) días y se publicará por una vez, dentro de dicho término, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora con cobertura en la localidad donde se encuentren los bienes. Si el emplazado o los emplazados no se presentaren dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de fijación del edicto, el proceso continuará con la intervención del curador ad litem, quien velará por el cumplimiento de las reglas del debido proceso a favor del afectado, y empezará a contar el término de que trata el artículo 10 de la presente ley.

“5. Dentro de los cinco (5) días siguientes al término de su comparecencia, los intervinientes podrán solicitar las pruebas que estimen conducentes y eficaces para fundar su oposición, y para explicar el origen de los bienes a partir de actividades lícitas demostrables. “6. Transcurrido el término anterior, se decretarán, las pruebas solicitadas que se consideren conducentes y las que oficiosamente considere oportunas el investigador, las que se practicarán en un término de treinta (30) días, que no será prorrogable.

“El fiscal del conocimiento podrá decretar pruebas de oficio, decisión que no será susceptible de recurso alguno. “7. Concluido el término probatorio, se surtirá traslado por Secretaría por el término común de cinco (5) días, durante los cuales los intervinientes alegarán de conclusión. “8. Transcurrido el término anterior, durante los quince (15) días siguientes el fiscal dictará una resolución en la cual decidirá respecto de la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio.

“9. El fiscal remitirá al día siguiente de la expedición de la resolución de que trata el numeral anterior, el expediente completo al juez competente, quien dará traslado de la resolución a los intervinientes por el término de cinco (5) días, para que puedan controvertirla. Vencido el término anterior, dictará la respectiva sentencia que declarará la extinción de dominio, o se abstendrá de hacerlo, de acuerdo con lo alegado y probado, dentro de los quince (15) días siguientes.

La sentencia que se profiera tendrá efectos erga ommes. “10. En contra de la sentencia que decrete la extinción de dominio sólo procederá el recurso de apelación, interpuesto por las partes o por el Ministerio Público, que será resuelto por el superior dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho.

La sentencia de primera instancia que niegue la extinción de dominio y que no sea apelada, se someterá en todo caso al grado jurisdiccional de consulta. “11. Cuando se decrete la improcedencia sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal deberá someter la decisión al grado jurisdiccional de consulta. En los demás casos, será el Juez quien decida sobre la extinción o no del dominio, incluida la improcedencia que dicte el fiscal sobre bienes distintos a los mencionados en este numeral.

En todo caso, se desestimará de plano cualquier incidente que los interesados propongan con esa finalidad.” (Subrayas fuera del original) Esta norma, a raíz de demanda de inexequibilidad presentada en su contra, fue revisada por la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003, decisión en la que, previo a resolver los cargos planteados, esa Corporación recordó cuál era la estructura del proceso de extinción de dominio, mismo que sintetizó así: “… la configuración legal del proceso de extinción de dominio consagra una estructura de la que hacen parte tres etapas: Una fase inicial que se surte ante la Fiscalía, en la que se promueve una investigación para identificar bienes sobre los que podría iniciarse la acción de extinción de dominio y en la que puede haber lugar a medidas cautelares; una segunda fase, que se inicia con la decisión de la Fiscalía de perseguir bienes determinados y que culmina con la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y la remisión de lo actuado al juez competente y una última fase, que se surte ante el juez de conocimiento, y en la que hay lugar a un traslado a los intervinientes para que controviertan la decisión de la Fiscalía General y a la emisión de la sentencia declarando la extinción de dominio o absteniéndose de hacerlo.” Luego de lo anterior, la Corte determinó que la mentada disposición y el procedimiento en ella establecido respetaban enteramente la Constitución Política.

Estos fueron sus términos: “ De acuerdo con esto, la estructura básica del proceso de extinción de dominio consagrada en el artículo 13 de la Ley 793 de 2002, en general, resulta compatible con las garantías constitucionales de trascendencia procesal pues respeta el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Por este motivo, tal artículo será declarado exequible.” -Negrillas fuera del original-. Para determinar su constitucionalidad, la Corte manifestó: “ Sin embargo, como la acción de extinción de dominio remite a una acción constitucional pública consagrada de manera directa y expresa por el constituyente y no al ejercicio del ius puniendi del Estado, el proceso en el que aquella se promueve no se rige por la estructura básica de acusación y juzgamiento ya indicada sino que es fijado, con una autonomía constitucionalmente limitada, por el legislador.” En virtud de la autonomía que caracteriza el proceso de extinción de dominio, las nuevas normas que modifiquen el trámite de la acción resultan, por regla general, de aplicación inmediata, como también tuvo oportunidad de explicarlo la Corte Constitucional en la pluricitada sentencia: “ El artículo 20 de la Ley 793 regula el trámite al que se sujetan los procesos de extinción de dominio que se hallan en curso.

Sobre ese particular, el legislador puede ejercer su capacidad de configuración de derecho positivo y no se advierte que haya vulnerado precepto superior alguno al disponer que a los procesos en curso se aplicará el nuevo régimen, c on la sola excepción de los términos y recursos que habían empezado a correr. El actor pretende que la norma se declare inexequible por no permitir la aplicación ultractiva de las normas procesales de efectos sustanciales consagradas en la anterior legislación. Este cargo es infundado, pues el principio de la extractividad de la ley penal, que comprende la aplicación retroactiva y ultractiva de la ley penal favorable, no es aplicable por no tratarse de un proceso penal sino de un proceso especial en el que no se debate responsabilidad penal alguna sino la legitimidad del título con base en el cual se ejerce el dominio sobre unos bienes. ” (Negrillas y subrayas fuera del original) Bajo el anterior recuento normativo y jurisprudencial, resulta claro que la parte demandante cuenta con otros medios de defensa judicial, a fin de reclamar la protección de los derechos invocados en su demanda.

En ese sentido, como se pudo observar del anterior estudio sobre el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio, declarado ajustado a la Carta por la Corte Constitucional, no sólo los afectados con las medidas directas de extinción pueden intervenir, sino también aquellos que “ se sientan con interés legítimo en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos.” (Artículo 13, numeral 3º de la Ley 793 de 2002) -subrayas fuera del original-.

Para participar en el proceso de extinción del derecho de dominio, a los accionantes les basta con demostrar el interés legítimo que supuestamente les asiste, el cual bien puede estar solventado en los derechos fundamentales cuya protección ahora reclaman. En esa medida, tanto la Fiscalía como en su momento el juez de conocimiento, cumpliendo con su deber de hacer efectivas las garantías de todos los intervinientes, determinaran si con las actuaciones judiciales respectivas, se causa agravió a derechos constitucionalmente garantizados y, siendo así, serán ellos quienes profieran las medidas necesarias para su restablecimiento.

En ese sentido, al estar frente a un proceso en curso donde la accionante puede intervenir y, contando con esa posibilidad, vedado le está al juez de tutela actuar desconociendo las competencias que legalmente le asisten a otras autoridades judiciales. Como se ha dicho de manera reiterada y pacífica: “ Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de un proceso que está en trámite, en donde las autoridades accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación.” En ese mismo sentido: “ La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya previsto el legislador. ” Corolario de lo anterior, se confirmará el fallo objeto de impugnación. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo recurrido por la razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, Notifíquese y Cúmplase. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Corte Constitucional. Sentencia T-835 de 2.000 � Sentencia C-740 de 2003, Corte Constitucional. � Salvo los apartes “Contra esta resolución no procederá recurso alguno” del numeral 1ºy el “decisión que no será susceptible de recurso alguno”, del numeral 6, los cuales declaró inexequibles.

El numeral 9 fue declarado exequible de manera condicional. � Ibídem. � Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632. � Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251. _1247636078.doc