CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 46371 MARIA ESTELA CUAN DE ACOSTA IMPUGNACIÓN PAGE 10 República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 46371 MARIA ESTELA CUAN DE ACOSTA IMPUGNACIÓN CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA Aprobado Acta No. 55 Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil diez (2010).

VISTOS Decide la Corte la impugnación interpuesta a través de apoderado por MARIA ESTELA CUAN DE ACOSTA, contra el fallo de 18 de noviembre de 2009, a través de la cual la Sala de Casación Laboral negó la tutela de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los Juzgados Séptimo, Doce Laboral del Circuito y Tercero Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad.

ANTECEDENTES 1. A través de Resolución No. 1631 de 3 de octubre de 1989, la Caja de Previsión Social de Bogotá, reconoció y ordenó pagar a MARIA ESTELA CUAN DE ACOSTA y a María Edith, Carlos Alejandro, Patricia Eugenia Acosta Cuan en su condición de esposa e hijos, el 50% de la pensión de sobrevivientes de Carlos Acosta Amador. El 50% restante, lo reconoció a Maritza y Devora Andrea Acosta Ariza. 2.

Sostiene el apoderado de la demandante que en el año 2003, luego de que cesara la obligación de cancelarle la pensión a las hijas, la señora Flor Alba Ariza Gordillo promovió proceso ordinario laboral para obtener la sustitución pensional, actuación que correspondió conocer al Juzgado Doce Laboral del Circuito, quien ordenó notificarla como tercera ad- excludendum.

No obstante lo anterior y a sabiendas de que ella reside en Nueva York, por equivocada información del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá, se suministró una dirección que no correspondía, a la cual se le envió la citación, certificando la empresa de correo que “ ella sí vivía ahí pero que se rehusaron a recibir porque querían que se dejara sin dar datos”, circunstancia que conllevó a que se le diera por notificada por aviso.

Refiere que una vez se enteró del asunto, acudió al proceso y solicitó la nulidad de lo actuado por indebida notificación, con el fin de poder contestar la demanda y ejercer su derecho a la defensa, pretensión que le fue negada. Impugnada la decisión, en auto de 14 de mayo de 2007 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la confirmó. Propuso entonces un incidente de tacha de falsedad, el cual fue rechazado por el Juzgado por considerar que su petición había sido resuelta en la providencia que decidió la nulidad.

Apelada tal decisión, le fue negada. Interpuesto el recurso de queja, en auto de 13 de febrero de 2009 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá lo declaró bien denegado. En criterio de la demandante, con la actuación así surtida se desconocen sus derechos fundamentales, razón por la cual acude al mecanismo de amparo con la pretensión de que se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda y de manera subsidiaria, que se ordene al Juzgado Tercero Laboral decretar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 28 de agosto de 2006 para que se le notifique en legal forma la demanda, e igualmente para que se ordene al Juzgado tercero Laboral del Circuito de descongestión, que le de trámite al incidente de tacha de falsedad.

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA La Sala de Casación Laboral, en sentencia de 18 de noviembre de 2009, negó la demanda de amparo por cuanto no se cumplía con el requisito de la inmediatez, que exige que la acción constitucional sea presentada en un lapso cercano a la ocurrencia de los hechos que se considera vulneran los derechos fundamentales, con el objeto de evitar que el paso del tiempo desvirtúe la amenaza o violación. LA IMPUGNACIÓN Surtida la notificación, el apoderado de la demandante la impugnó, reiterando los argumentos de la demanda.

Señala que si no interpuso la demanda de tutela anteriormente lo fue porque necesitaba pruebas que debían recopilarse en Nueva York, las que una vez recibidas sirvieron de base para proponer el incidente de tacha de falsedad en relación con el informe de la empresa de correos JOSACA, incidente que corrió con la misma suerte de la nulidad presentada ante el Juzgado 12 Laboral del Circuito, pues sin abrirlo como era lo procedente, lo negó de plano, desconociendo así el derecho a la defensa de la demandada, quien ha venido luchando por sus derechos fundamentales.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. La petición de amparo constitucional fue presentada en vigencia del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela, y como se dirige también contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, la competencia para definirla en primera instancia está atribuida a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por disposición del artículo 1° ibídem.

La segunda instancia en la presente tutela corresponde a la Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo No. 022 de 1998, Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, como fue modificado por el Acuerdo No. 001 de 2002, expedido por la Sala Plena de la Corporación, en tanto señala que la competencia para decidir la impugnación contra la sentencia de tutela radica en la Sala Especializada siguiente, por orden alfabético. 2.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera insistente que la acción de tutela tiene un carácter estrictamente subsidiario y como tal no constituye un mecanismo alternativo para atacar, impugnar o censurar las decisiones expedidas dentro de un proceso judicial; criterio que debe reiterar en el presente asunto, en el que la demanda se dirige precisamente contra las providencias emitidas en el ámbito de sus funciones por las autoridades judiciales accionadas. 3.

También se ha reiterado que excepcionalmente la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulta vulnerado, cuando en el trámite procesal el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas causales de procedibilidad.

La Sala de Casación Penal descarta la presencia de causales de procedibilidad en el caso que se examina, pues las decisiones que se pretenden dejar sin efectos en virtud de la acción de tutela no son el resultado de la arbitrariedad ni el capricho de los funcionarios judiciales que la expidieron; por el contrario, fueron emitidas en el decurso de un procedimiento laboral, con plenas garantías para las partes, y obedecen a la aplicación de la normatividad vigente; con ellas no se ha vulnerado ni puesto en peligro ningún derecho fundamental de la accionante; ni con ocasión de éstas se le causa un perjuicio irremediable. 4.

Por lo anterior, es claro que la demandante busca cuestionar el raciocinio jurídico de la jurisdicción laboral en la doble instancia, y con ello protestar por el sentido de las decisiones adoptadas. Frente a tal cometido la tutela no es el medio apropiado, pues precisamente para satisfacer tal pretensión se establecieron una serie de mecanismos que ya se ejercitaron al interior del proceso laboral, como correspondía, entre ellos el de apelación, razón adicional para verificar que en este evento siempre estuvo garantizado el acceso a la justicia. 5.

Entendiendo, como se debe, que la acción de tutela no es una herramienta jurídica adicional, que en este evento, con la impugnación, se convertiría prácticamente en una cuarta instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursión en vías de hecho, originadas en la supuesta arbitrariedad en la apreciación de las pruebas allegadas al expediente, en la interpretación de las normas jurídicas aplicables al tema, o en el seguimiento de los lineamientos jurisprudenciales respecto del asunto debatido. 6.

Argumentos como los presentados por la accionante son incompatibles con el amparo de tutela. De tiempo atrás la Sala ha venido reiterando que la inconformidad del actor respecto de la interpretación de la ley aplicable a un asunto, o en relación con la valoración de los medios de prueba hecha por los funcionarios, debe plantearlas en el escenario que le es propio, esto es el proceso judicial correspondiente, valiéndose de los diversos mecanismos previstos en las leyes ordinarias, y con exclusividad ante los jueces competentes; no así ante el Juez Constitucional, porque su labor no consiste en oficiar como instancia adicional de la justicia ordinaria. 7.

Si se admitiera que el Juez de tutela verifique la juridicidad de los trámites, o de los supuestos desaciertos en la interpretación de las normas jurídicas por los funcionarios de instancia, no sólo se desconocerían los principios que disciplinan la actividad de los jueces ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural, y las formas propias del juicio penal contenidos en el artículo 29 Superior. 8.

Recuerda la Corte que la acción pública no constituye un mecanismo adicional ni alternativo a los consagrados en la legislación ordinaria; por el contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos previstos en la ley, y en este orden de ideas, procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; conjunto de situaciones que en este evento no convergen. 9.

Como consideración adicional, debe precisar la Sala que en el presente asunto tampoco concurre el requisito general de procedibilidad del mecanismo de amparo conocido como la inmediatez, inherente al amparo contemplado en el artículo 86 de la Carta, que fue previsto, precisamente, para poner fin prontamente a las vulneraciones o amenazas actuales o inminentes contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, por la acción o la omisión antijurídica de alguna autoridad pública, o de los particulares en los eventos que la ley define, toda vez que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desató el recurso de apelación interpuesto contra el proveído que negó la nulidad el 14 de mayo de 2007 y sólo cuando han transcurrido más de dos años, la actora considera que se le han vulnerado sus derechos, lo cual desnaturaliza por completo la acción de tutela como mecanismo jurídico residual de inmediata operancia. Respecto de la concurrencia de tal presupuesto, en sentencia T-315 de 2005, reiterada entre otras en la T-541 de 2006, la Corte Constitucional sostuvo: “La Corte ha entendido que la tutela contra una decisión judicial debe ser entendida, no como un recurso último o final, sino como un remedio urgente para evitar la violación inminente de derechos fundamentales.

En esta medida, recae sobre la parte interesada el deber de interponer, con la mayor diligencia, la acción en cuestión, pues si no fuera así la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la controversia constitucional que en cualquier momento, sin límite de tiempo, pudiera iniciar cualquiera de las partes. En un escenario de esta naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de éstos, con lo cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad jurídica.

En consecuencia, la tensión que existe entre el derecho a cuestionar las decisiones judiciales mediante la acción de tutela y el derecho a la firmeza de las sentencias y a la seguridad jurídica, se ha resuelto estableciendo, como condición de procedibilidad de la tutela, que la misma sea interpuesta, en principio, dentro de un plazo razonable y proporcionado”.

Acorde con lo anterior, la demanda de amparo no está llamada a prosperar, como bien lo concluyó la Sala de Casación Laboral en el fallo impugnado, razón por la cual la decisión que se impone adoptar en esta sede es su confirmación. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE 1.

Confirmar el fallo impugnado. 2. Notificar de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión de este fallo. CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria.