CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA 36932 TUTELA 46124 JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA 46124 JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No 2 Magistrada Ponente: MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS Aprobado Acta N° 020 Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diez (2010).

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO Decidir la acción de tutela interpuesta por JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO en procura de amparo para sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, y el principio de favorabilidad, presuntamente vulnerados por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad.

ANTECEDENTES RELEVANTES La documentación aportada a las presentes diligencias permite extractar que: 1. El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, vigila la pena de 25 años de prisión que el Juzgado 2º Penal del Circuito de Vélez impuso anticipadamente a JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO como responsable de los delitos de doble homicidio y porte ilegal de armas de fuego. 2.

Mediante interlocutorio del 5 de febrero de 2008, el mencionado Juzgado negó a RODRÍGUEZ ALFONSO la rebaja de pena con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. 3. Apelada esa determinación por el sentenciado, fue confirmada el 15 de agosto de 2008 por el Tribunal Superior de Tunja, señalando que el Juzgado de conocimiento al proferir la sentencia, tomó como referente el inicial criterio de la Sala de Casación Penal de esta Corporación en Decisión Mayoritaria de no conceder la mencionada reducción punitiva. 4.

Con providencia del 26 de noviembre de 2009, el mismo Juzgado, acumuló a la condena reseñada, la pena de de 10 años, 9 meses y 24 días de prisión que el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y el Tribunal Superior de la misma ciudad, mediante sentencias de primera y segunda instancia impusieron a RODRÍGUEZ ALFONSO como responsable de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer, fijando una sanción definitiva de 29 años, 11 meses y 12 días de prisión. En la misma decisión negó la reducción punitiva con fundamento en el citado artículo 351 del Código de Procedimiento Penal de 2004.

Esta decisión no fue impugnada.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El señor JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO luego de efectuar un recuento de las providencias reseñadas, afirma que se abstuvo de impugnar la segunda decisión por cuyo medio el Juzgado accionado le negó la rebaja de pena con base el citado artículo 351, porque “ es perder tiempo y obstruirles sus (sic) labores que adelantan, pues siempre se va a resolver negativamente” dicha prerrogativa.

Agrega que pese a lo anterior, tiene derecho al reconocimiento de la reducción punitiva consagrada en la mencionada norma, por cuanto las autoridades accionadas sustentaron las providencias que cataloga de vías de hecho con “un concepto distorsionado de la favorabilidad en materia penal ” y desconocen que el artículo 29 de la Carta Política consagra que el principio de favorabilidad debe aplicarse sin restricción alguna, como así lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional.

Por lo anterior, solicita conceder el amparo de las garantías fundamentales invocadas y conceder en su favor la rebaja punitiva consagrada en el referido artículo 351 de la Ley 906 de 2004. TRAMITE DE LA ACCIÓN 1. Mediante auto del pasado 18 de enero, la Sala asumió el conocimiento del asunto y ordenó comunicar esa decisión al accionante, a las autoridades accionadas y al representante del Ministerio Público, adscrito a esos despachos judiciales. 2.

El Juzgado 2º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, efectuó recuento de las providencias de primera instancia, a través de las cuales fue atendida la solicitud de rebaja de pena del sentenciado JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y solicitó negar el amparo constitucional invocado por cuanto las peticiones del actor han sido atendidas oportunamente. 3.- El Tribunal Superior de Tunja aportó copia de la providencia de 5 de octubre de 2007 por medio de la cual, confirmó la del a quo que negó la rebaja de pena con fundamento en la norma antes citada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente la Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela promovida en contra de una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. 2.

La solicitud de amparo presentada por JOSÉ PASTOR PARADA COTAME está encaminada a cuestionar las providencias por medio de las cuales el Juzgado y Tribunal Superior accionados negaron el reconocimiento de la rebaja de su pena, con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. 3. El accionante solicitó a las autoridades judiciales accionadas el reconocimiento de la reducción punitiva de su sanción, con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 y fue atendida en contra de sus intereses; decisiones que en su momento fueron acordes con el criterio mayoritario de la Sala de Casación Penal de esta Corporación. 4.

En esta oportunidad, el actor insiste en el reconocimiento de la aludida rebaja punitiva teniendo como fundamento los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional que tornan procedente tal reducción de la sanción, en aplicación del principio de favorabilidad. 5. La situación así expuesta, conlleva a precisar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Decisión Mayoritaria a partir de la sentencia de casación proferida el 8 de abril de 2008, cambió el sentido de la jurisprudencia y reconoció la posibilidad aplicar normas de la Ley 906 de 2004 frente a hechos ocurridos en vigencia de la Ley 600 de 2000.

En dicho pronunciamiento respecto de la viabilidad de aplicar el artículo 351 del estatuto del sistema acusatorio respecto de quienes optaron por la sentencia anticipada –artículo 40 de la Ley 906 de 2004-, precisó: “Desde esta observación sí parece que la invocación al principio de favorabilidad es correcta, porque el supuesto de hecho es idéntico: se trata de un ciudadano que admite su culpabilidad en unos hechos y releva al Estado del esfuerzo de la demostración probatoria en juicio; en las dos situaciones la pena no se acuerda, literalmente hablando, porque aquella se dosifica por el juez, conforme a los criterios para su fijación y dentro del marco de movilidad que le confiere el artículo 351 ejusdem, en ninguno de los dos eventos se pactan situaciones procesales sobre la libertad, como subrogados penales; es decir, el fiscal no acuerda con el imputado, la alegación de culpabilidad de aquél, previo conocimiento de los cargos formulados por la fiscalía, lo pone en directa relación con el juez, no con el fiscal, con quien no se estima ni pena, ni subrogados, esto es lo que ocurre también con la sentencia anticipada.

Tampoco es correcto afirmar que el allanamiento a cargos esté condicionado a la reparación integral de los perjuicios ocasionados, lo que se ha destacado como nota diferenciadora para imposibilidad la aplicación del principio de favorabilidad. Lo que ocurre es que esta situación condiciona la relación jurídica entre fiscal e imputado para acordar, pero cuando el ciudadano se allana a los cargos sin mediar acuerdos ni pactos con su acusador, es el juez el que decide, por ejemplo que no es acreedor a una rebaja de la mitad de la pena, sino de una significativamente menor, según se satisfagan los presupuestos axiológicos que se persiguen con la terminación anticipada del proceso.

Entonces, las notas diferenciadoras que se han edificado para desestimar la aplicación del principio de favorabilidad a un sentenciado anticipadamente que pretende acceder al beneficio punitivo del artículo 351 de la ley 906 de 2004, aún ofrecen discusiones profundas las que han marcado la disparidad de los criterios jurisprudenciales y que deben resolverse con una interpretación que desarrolle el principio de igualdad que se afecta cuando el azar marca la suerte del ciudadano, según decida un operador judicial u otro, o cuando el ciudadano acude a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera diferente”. 6.

Al ser evidente que la actual orientación jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Decisión Mayoritaria, admite la aplicación de la rebaja de pena con base en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, para quienes como el actor, optaron por la sentencia anticipada del artículo 40 de la Ley 600 de 2000 y, la vigilancia de la ejecución de su pena está en curso, tiene a su alcance un mecanismo ordinario, cual es reclamar dicha prerrogativa ante el Juzgado que le controla la ejecución de su pena con fundamento en el precedente jurisprudencial sobre tal reducción punitiva, en aplicación del principio de favorabilidad y atendiendo lo normado en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal de 2000. 7.

Así las cosas, al contar con un medio de defensa ordinario para reclamar la aludida reducción punitiva ante el juez natural, la acción de tutela en esta ocasión no es el escenario idóneo con dicho propósito dado su carácter subsidiario y residual, de acuerdo con la previsión normativa contenida en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que exige el agotamiento de los mecanismos procesales contemplados en el ordenamiento procesal penal.

En razón de lo anterior, se impone para la Sala la decisión de negar por improcedente la solicitud de amparo invocada por el señor JOSÉ PASTOR PARADA COTAME. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE 1.

NEGAR por improcedente la demanda de tutela promovida por el accionante JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ ALFONSO conforme a las anteriores motivaciones. 2. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Radicado 25 306, Criterio reiterado en los asuntos 25304 y 24402, entre otros. 8 9