CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA N° 45675 IVÁN MORA QUIROGA República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA N° 45675 IVÁN MORA QUIROGA República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¡Error!Marcador no definido. SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado acta No. 010 Bogotá D. C., enero veintiuno (21) de dos mil diez (2010).

V I S T O S La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante IVÁN MORA QUIROGA, contra la sentencia del 10 de noviembre de 2009 por cuyo medio la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, negó por improcedente la solicitud de amparo que invoca frente a la Fiscalía Segunda Seccional y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de la misma ciudad.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN El acontecer fáctico que rodea la interposición de la presente acción constitucional, se contrae a los siguientes aspectos: Con ocasión de la denuncia formulada por PATRICIA CRUZ PEÑA y LUIS MECÍAS NARVÁEZ, la Fiscalía Segunda Seccional de Neiva inició investigación penal en contra de IVÁN MORA QUIROGA por la presunta comisión del delito de calumnia, habiéndose llevado a cabo indagatoria con el sindicado el 13 de julio de 2005 en presencia de su apoderado, quien fuera designado para esa única diligencia. Clausurado el ciclo instructivo, el despacho fiscal profirió resolución de acusación en contra de MORA QUIROGA el 9 de mayo de 2006.

Decisión notificada personalmente al apoderado del procesado, frente a la cual interpuso recurso de apelación, mismo que fuera declarado desierto el 26 de julio de 2006. La etapa del juicio estuvo a cargo del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva, autoridad que llevó a cabo audiencia preparatoria el 14 de septiembre de 2006 a la cual acudió el procesado pero no su defensor, por lo que se le designó un abogado de oficio para que lo asistiera en dicho acto.

Aparece igualmente, que ante la reiterada inasistencia del apoderado de IVÁN MORA QUIROGA a la audiencia pública, el procesado solicitó la designación de un abogado de oficio, a lo cual procedió el juzgado mediante auto del 5 de septiembre de 2007. Finalmente el 10 de junio de 2009 se profirió sentencia en contra de MORA QUIROGA a quien se le impuso una pena principal de 12 meses de prisión y multa de $ 3.090.000, al hallarlo responsable del delito materia de acusación. Decisión que cobró firmeza sin la interposición de recursos en su contra.

Agotado lo anterior, el prenombrado ciudadano acude por conducto de apoderado al mecanismo excepcional de la tutela, para que se conceda a su favor la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados al interior del proceso penal reseñado. Como sustento de su pretensión señala el actor, durante todo el desarrollo del proceso careció de defensa técnica pues aunque en la indagatoria se indicó que el profesional del derecho ERNESTO MEDINA solo actuaría en esa diligencia, le fue notificada la resolución de acusación, decisión frente a la cual interpuso el recurso de apelación cuya sustentación no se cumplió. Advierte además, la audiencia pública se llevó a cabo sin su presencia y la de su defensor, por lo que solicitó la designación de un abogado de oficio, a quien no se le posesionó del cargo pese a lo cual actuó como su apoderado en la audiencia de conciliación que tuvo lugar el 17 de junio de 2008.

DECISIÓN RECURRIDA El Tribunal Superior de Neiva negó el amparo reclamado, advirtiendo para ello que en el presente caso no se presenta una injustificada desatención de los procedimientos fijados en la normatividad procesal penal, pues lejos de desconocer el derecho a la defensa del procesado se cumplió a cabalidad con lo establecido en la Ley 600 de 2000, siendo que tanto la fiscalía como el juzgado accionados actuaron de manera diligente en procura de garantizar el pleno ejercicio de tal derecho, y si bien, el accionante fue asistido por diferentes abogados durante el transcurso de la actuación, su presencia y acompañamiento fue constante y permanente, a lo que debe agregarse que el peticionario tuvo la oportunidad de ejercer una defensa material y sin embargo asumió una desatención notoria en las resultas del proceso, debiendo en consecuencia asumir tal definición porque para entender afectado el núcleo esencial del derecho a la defensa técnica, es necesario que las fallas en su ejercicio no le sean atribuibles al procesado.

DE LA IMPUGNACIÓN El apoderado del accionante impugnó la sentencia adoptada por el Tribunal insistiendo en la procedencia del amparo. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con la preceptiva del artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta, en tanto lo es en relación con la decisión adoptada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Neiva, de la cual es su superior funcional.

Atendiendo lo previsto por el artículo 86 de la Carta Política, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, tendiente a proteger los derechos fundamentales de las personas, ante la posible amenaza o vulneración que se derive de la acción u omisión de cualquier autoridad pública, siempre que carezca de otros medios de defensa judicial.

Criterio reiterado y unánime de esta Sala ha sido mostrar lo equivocado que resulta tomar la acción de tutela como mecanismo para controvertir las actuaciones y decisiones judiciales, pues la tutela no puede entenderse que es un recurso más de libre escogencia por parte del interesado y en cualquier tiempo, sino que debe preservarse la necesidad de que se comprenda que el legislador circunscribió y previó las oportunidades para formular las quejas o cuestionamientos que se considere necesario.

Ello se funda en uno de los más preciados principios constitucionales (art. 228 C. P.), que orientan el desarrollo de la actividad judicial, como lo son la autonomía e independencia de los jueces, el cual igualmente se encuentra ilustrado por la seguridad jurídica. En contraste y de manera excepcional, procede la acción de tutela para proteger derechos fundamentales vulnerados por providencias judiciales en las que se incurre en vías de hecho, previo el cumplimiento de unos requisitos de carácter formal, que determinan la procedencia del amparo, y que son definidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “(e(n cuanto a los requisitos formales, la procedibilidad de la acción está condicionada a una de las siguientes hipótesis: a) Es necesario que la persona haya agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso dentro del cual fue proferida la decisión que se pretende controvertir mediante tutela.

Con ello se pretende prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario, que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador, y que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.” En todo caso el juez constitucional está obligado a determinar la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso y la defensa, a partir de una ponderación sobre las circunstancias particulares del caso concreto.

En el asunto que concita la atención de la Sala, es claro que la invocación de tutela para los derechos fundamentales del actor está encaminada a cuestionar la validez de la sentencia proferida por el juzgado accionado, tras afirmar que careció de una adecuada defensa técnica. Es así como, frente al derecho fundamental invocado por el accionante, de acuerdo con la consagración del artículo 29 de la Carta Política, desarrollado en los artículos 8, 127, 128, 131 y 337, entre otros, de la Ley 600 de 2000, se trata de un derecho que le asiste al procesado a contar con una adecuada defensa técnica durante todo el proceso: “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento.” Bajo dicho contexto y en cuanto hace referencia a la precaria intervención de quien tuvo a su cargo la defensa técnica del actor ha de decirse que la pretensión formulada se opone por completo a los fines de la acción de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como último recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuación regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por vía de tutela no puede disponerse la revisión indiscriminada del proceso y la consecuente repetición de actuaciones válidamente cumplidas, máxime que la observancia de dicha garantía se alcanza no solo a partir de la participación activa que el defensor despliegue, pues ella también recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los límites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses, y es por ello que no puede dejarse de lado que por voluntad propia el actor se sustrajo al desarrollo del proceso renunciando al ejercicio de su defensa material.

Es así que, ante circunstancias como la que se analiza la Sala ha sido reiterativa en el criterio que se expone: "…la defensa técnica que se ejerce mediante abogado, ha entendido la Sala que para afirmarse la vulneración de este derecho no puede identificarse la ausencia de actos tales como la interposición de recursos, la presentación de alegatos, la solicitud de pruebas, etc., con un absoluto abandono del cargo, pues si bien estas suelen coincidir con aquellas manifestaciones de la actividad defensiva, no constituyen en estricto sentido más que eso, es decir que, como sucede en la mayoría de los casos, son apenas aparentes expresiones del ejercicio de la defensa, que no siempre es dable confundir con el derecho mismo, ya que éste puede frente a eventos particulares presentarse de distinta manera y específicamente como estrategia defensiva, en modo alguno comparable con aquella inactividad nugatoria de las posibilidades defensivas, en el entendido de que en esta última hipótesis si podría estarse frente a una evidente desatención irresponsable de los compromisos inherentes al defensor".

También se ha precisado que: "El concepto de derecho de defensa no se puede construir en la abstracta anticipación del resultado absolutorio del juicio, sino que se desenvuelve en función de las posibilidades reales de contradicción de los cargos y ello depende, en buena parte, de la información que sobre el asunto pueda suministrar el procesado (sea reo presente o ausente), o de un estratégico silencio que impida la deducción de situaciones agravatorias de su posición jurídica, o de atenerse a que sea el Estado que cumpla plena y cabalmente con la carga de probar el hecho y la responsabilidad.

En fin, son demasiadas las alternativas compatibles con la garantía de una defensa idónea, sin que siempre detrás de la apariencia de inactividad, deba predicarse la carencia de contradictorio". Dígase entonces que resulta acertada la decisión del Tribunal desestimar las pretensiones de la demanda dado que el accionante no cumple el requisito de demostrar en qué forma una estrategia defensiva diferente a la aplicada por los profesionales de las leyes que lo representaron en el proceso hubiese tenido un efecto decisivo o determinante en la sentencia condenatoria que se cuestiona y que afecta sus derechos fundamentales, pues solo se limita a aseverar lo escaso de los actos de defensa ejercidos por éstos.

Así las cosas, contraría la realidad procesal el sostener que el procesado hoy accionante fue privado de la oportunidad de ejercer materialmente su defensa, cuando es claro que las etapas procesales se desarrollaron de conformidad con lo establecido en la normatividad de rigor, siendo que desde el inicio de las diligencias el actor contó con la asistencia de un abogado que actuó conforme las circunstancias procesales se lo permitió. En síntesis, observa la Sala que la pretensión del accionante está dirigida a reabrir debates ya agotados al interior del proceso con lo cual olvida que la tutela no puede ser vista como tercera instancia, en la que por la inconformidad de la parte afectada se pueda entrar a revisar toda una actuación judicial y, especialmente, lo que fue decidido por el juez natural de manera motivada y razonable, lo que traduce el reclamo ahora efectuado en una crítica indiscriminada por un asunto que fue ventilado y que, en manera alguna, se asemeja a una vía de hecho.

Según lo expuesto, la petición de amparo es improcedente en la forma acertada como resolvió el Tribunal de instancia. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, R E S U E L V E: 1.- CONFIRMAR el fallo impugnado. 2.-.

Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 3.- En firme esta determinación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MARIA DEL ROSARIO GONZÀLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Vrg. el pronunciamiento hecho por la Sala Novena de Revisión en sentencia T- 923 de 2004. � Cfr. Sentencia T-001/99. � Cfr. Sentencia SU-622/01. � Sentencia T-116/03. � Cfr. Sentencia de 11de julio del 2000.

Proceso 012930. 9 2