CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA Nº 45488 República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 45488 República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado acta Nº 375 Bogotá D. C., tres (3) de diciembre de dos mil nueve (2009).

V I S T O S Decide la Sala la admisibilidad de la demanda de tutela promovida por la ciudadana YOLANDA BARRETO DÍAZ. LA CORTE CONSIDERA YOLANDA BARRETO DÍAZ presenta escrito en el que manifiesta que en su condición de cónyuge del señor JAIME NIEVES ORDUÑA, interpone demanda de tutela contra el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad.

La queja constitucional se concreta grosso modo en las vías de hecho en que incurrieron los despachos judiciales accionados a lo largo de la actuación penal seguida contra su esposo, quien resultó condenado sin que previamente se agotara una verdadera investigación encaminada a esclarecer los hechos y demostrar su inocencia. Por ello, espera la protección que le brinda la acción pública constitucional.

En estas condiciones, debe la Sala manifestar que en aplicación del numeral segundo del artículo primero del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, debería esta Sala avocar el conocimiento de la acción de tutela impetrada, de no encontrarse lo siguiente: El artículo 229 de la Carta Política dispone que toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia y que la ley señalará los casos en los que podrá hacerlo sin la representación de abogado, estableciendo así de manera general que la representación en las acciones judiciales, incluida la acción de tutela, requieren el mencionado título profesional.

A su vez, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por el titular del derecho fundamental vulnerado o amenazado, o por intermedio de apoderado. Así, pese a que la acción de tutela está dotada de un alto contenido de informalidad, debe cumplir con ciertos requisitos quien la presenta, cuando no la interpone directamente quien ha visto afectados sus derechos fundamentales.

De ahí que, en todos los casos debe estar debidamente acreditada la legitimación en la causa por activa, pues de no cumplirse con tal exigencia el juez de tutela puede rechazar la petición de amparo. Por tanto, para que una persona diversa al titular de los derechos fundamentales que se estiman conculcados se encuentre legitimada para interponer esta acción se requiere que esté debidamente habilitada por la ley, o que le haya sido otorgado poder para ello, siempre que ostente la calidad de abogado inscrito, o bien, que actúe como agente oficioso, caso en el cual le corresponde expresar las razones que motivan la imposibilidad del titular para proveer la defensa de sus derechos fundamentales.

Conforme a este derrotero, la agencia de derechos a favor de un tercero debe estar precedida de la sustentación o demostración que éste se encuentra verdaderamente imposibilitado para interponer la acción, es así como, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se han fijado los elementos normativos de la agencia oficiosa dentro de las siguientes condiciones: “(i) La manifestación del agente oficioso en el sentido de actuar como tal.

(ii) La circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa. (iii) La existencia de la agencia no implica una relación formalmente el agente y los agenciados titulares de los derechos (iv) La ratificación oportuna por parte del agenciado de los hechos y de las pretensiones consignados en el escrito de acción de tutela por el agente..”.

Obsérvese en conclusión, como a pesar de los vínculos familiares, para que sea legítima la presentación de una tutela respecto de una persona que ha cumplido la mayoría de edad, es imperativo cumplir con los requisitos de la agencia oficiosa conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, según viene de citarse. En el caso que concita la atención de la Sala, la violación de los derechos fundamentales denunciada por la ciudadana YOLANDA BARRETO DÍAZ, se hace derivar en esencia, de lo actuado y decidido por los despachos judiciales accionados dentro del proceso que se adelantó en contra de su esposo cuya sentencia lo mantiene privado de la libertad en la actualidad.

Esto deja al descubierto que lo cuestionado realmente por la prenombrada por vía del mecanismo de protección excepcional, es el sentido de una decisión judicial adoptada al interior del tramite reseñado y en esa medida lo que se pretende a través de la acción es que el Juez de tutela ampare las garantías fundamentales que considera trasgredidas respecto de su compañero, de las cuales solo es titular el procesado, quien hasta donde se sabe no está imposibilitado para asumir su propia defensa, pues el hecho de encontrarse privado de la libertad no se traduce necesariamente en la incapacidad de poner en marcha los mecanismos para la salvaguarda de sus intereses.

Siendo ello así, se concluye que la peticionaria carece de legitimidad para realizar esta clase de cuestionamientos, en cuanto aparece evidente que el amparo promovido guarda directa relación con dicha determinación. Para la Sala, entonces, el rechazo de la solicitud de amparo por falta de legitimación de YOLANDA BARRETO DÍAZ es la decisión que se impone adoptar, habida cuenta que actúa en representación de otro sin documentar que se encuentra legalmente habilitada para ello, de manera que se procederá a su devolución, advirtiéndole que contra esta determinación, por no tratarse de una sentencia, no procede recurso alguno. Lo anterior no obsta para que en ocasión posterior el procesado JAIME NIEVES ORDUÑA, directamente o a través de apoderado, presente nueva acción de tutela en procura de lograr la protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados por las autoridades judiciales referidas.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, R E S U E L V E: 1.- RECHAZAR la demanda de tutela presentada por la ciudadana YOLANDA BARRETO DÍAZ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2.- Contra esta determinación no procede recurso alguno. 3.- Comuníquese esta decisión. Cúmplase.

YESID RAMÍREZ BASTIDAS MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS CITA MÉDICA TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia T-299 de 2001. � Sentencia T-542 de 2006. 9 7