CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Tutela No. 44.969 DARWIN JOHAN CAÑIZALEZ JIMÉNEZ. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL Magistrado Ponente: Dr. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ Aprobado Acta No. 340. Bogotá, D.C., veintiocho de octubre de dos mil nueve. VISTOS Decide la Corte la demanda de tutela instaurada, en nombre propio, por DARWIN JOHAN CAÑIZALEZ JIMÉNEZ, en garantía del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO de la misma ciudad.

LOS ANTECEDENTES Y LA ACCIÓN: 1. Del libelo de tutela y de la información allegada a la actuación, se desprende que el Juzgado 6º Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 10 de agosto de 2009, condenó al señor CAÑIZALEZ JIMÉNEZ a la pena principal de 108 meses de prisión como autor responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años, negándole los mecanismos sustitutivos de la pena de prisión. 2.

A la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fue remitida la actuación con el propósito de desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la sentencia de primer grado, motivo por el cual, mediante proveído del 15 de octubre de 2009, confirmó integralmente lo decidido por el a quo. 3. Ahora el señor CAÑIZALEZ JIMÉNEZ, en ejercicio de la acción constitucional, pretende que el juez de tutela deje sin efectos las fallos proferidos por los funcionarios accionados, para que en su lugar sea absuelto de los cargos imputados y por ende, se disponga su libertad inmediata, pues, en su criterio, las decisiones censuradas adolecen de una adecuada valoración probatoria. 4.

En el trámite de la acción constitucional acudieron las autoridades accionadas, quienes solicitaron la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo ante la no configuración de vías de hecho, pues en el proceso adelantado en contra del actor, fueron preservadas las garantías de un proceso como es debido. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá precisó que actualmente encuentra en trámite el término para la interposición del recurso extraordinario de casación. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.

Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la decisión es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales, o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable. 2.

Ahora bien: hecho el reconocimiento de que la acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales y únicamente cuando la decisión del juez implica la vulneración grave del ordenamiento jurídico, la jurisprudencia constitucional también ha resaltado la necesidad de que las deficiencias procesales se resuelvan en el contexto natural de los procesos judiciales regulares porque todos ellos están adecuadamente dotados de mecanismos que permiten a las partes e intervinientes reclamar en su interior los errores que allí puedan producirse. 3.

En el caso sub-exámine encuentra la Sala que el amparo solicitado es improcedente porque CAÑIZALEZ JIMÉNEZ, durante el transcurrir del proceso tuvo la oportunidad de utilizar los recursos que la ley establece para la protección de sus derechos fundamentales, tan es así que frente a la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, su defensor la recurrió, sólo que el Tribunal se apartó de los disentimientos y confirmó el fallo de primera instancia, circunstancia que de por sí no es suficiente para señalar esa decisión como arbitraria o caprichosa que amerite la intervención del juez de tutela. 4.

De esta forma, es indiscutible que la parte que presuntamente se ve afectada en sus garantías fundamentales al debido proceso y defensa, cuenta con otra oportunidad prevista en el ordenamiento jurídico de rigor para alcanzar sus pretensiones, porque al estar en trámite la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de casación su situación jurídica puede variar a su favor, motivo por el cual el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento paralelo del medio judicial aludido.

Y es justamente el soporte de una tal prédica el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 que desarrolla el principio constitucional contenido en el inciso 3° del Art. 86 Superior cuando en su numeral 1° consagra como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia “de otros recursos o medios de defensa judiciales”, salvo que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación ésta que no se evidencia en el presente evento. 5.

Finalmente, lo que deja al descubierto la solicitud de amparo es que pretende anticipar el debate y la decisión inherentes al recurso de casación y, por ende, desplazar al juez natural, pretensiones que no pueden ser respaldadas en esta sede en tanto se desconocería la naturaleza intrínseca y los principios que rigen el mecanismo extraordinario de amparo -subsidiariedad y residualidad- 6.

Vistas así las cosas, el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento paralelo del medio judicial ordinario previsto en la ley, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que: “ La acción de tutela no es procedente frente a procesos en trámite o ya extinguidos en los cuales el ordenamiento jurídico tiene establecido medios de defensa judiciales idóneos y eficaces para asegurar la protección de los derechos y las garantías fundamentales, pues en el evento de desconocer esta situación, se estaría quebrantando el mandato del artículo 86 superior y desnaturalizando la figura de la acción de tutela. ” En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. NEGAR, por improcedente, la protección de los derechos fundamentales invocados por DARWIN JOHAN CAÑIZALEZ JIMÉNEZ.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cópiese, notifíquese y cúmplase. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-1343/01 _1247636078.doc