CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Segunda instancia No. 44871 Alba Idalia González Rojas. Corte Suprema de Justicia República de Colombia Segunda instancia No. 44871 Alba Idalia González Rojas. Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE DECISIÓN PENAL DE TUTELAS Magistrado Ponente: YESID RAMÍREZ BASTIDAS Aprobado Acta No. 356 Bogotá, D.C., noviembre doce (12) de dos mil nueve (2009).

VISTOS: Decide la Sala la impugnación interpuesta por Alba Idalia González Rojas, contra la sentencia proferida el 22 de septiembre de 2009 por una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a través de la cual negó el amparo de sus derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Caja de Compensación Familiar “Comfenalco” con sede en Santander.

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN: 1. La aquí demandante señala que ostenta la calidad de desplazada y en el año 2005 se postuló ante la Caja de Compensación Familiar “Comfenalco” con el fin de obtener el subsidio de vivienda a que dice tener derecho. 2. Agrega que si bien es cierto en el año 2008 fue calificada para tales efectos, también lo es que le vienen informando que debe esperarse a que hayan recursos para tales efectos. 3.

En vista de lo anterior Alba Idalia González Rojas acude al juez de tutela en procura de amparo de sus derechos fundamentales si se tiene en cuenta que en su condición de desplazada tiene derecho a que se le brinde “ un techo seguro y a una vivienda digna para mi hijo ”, motivo por el cual solicita se ordene a las entidades demandas atiendan favorablemente su petición y se le haga “ entrega del subsidio de vivienda ”.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN: 1. La Sala Penal del Tribunal competente admitió la demanda de tutela, comunicó a las entidades demandadas y vinculó a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin al amparo de solicitado. 2. El Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA” informó que revisado el módulo de consultas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con fin de verificar la información suministrada por la accionante, encontró que ésta se encuentra en el estado de “calificada”, es decir, participó en la Convocatoria del 2007 y el subsidio le será asignado en el momento en que se cuente con los recursos para tales efectos, conforme a las previsiones establecidas en el artículo 1° del Decreto 170 de 2008.

Además, agregó que con base en la convocatoria señalada y una vez efectuada la calificación de cada una de las peticiones -artículo 17 del Decreto 951 de 2001-, las cuales se organizan de manera automática y en forma secuencial descendiente arrojando como resultado una lista, a través de las resoluciones Nos. 510 de 2007 y 600 de 2008 se han entregado treinta y cinco mil ochocientos veinticuatro (35824) subsidios familiares de vivienda a población especial por valor de $230.752.231.306.35.

Finalmente señaló que actualmente se encuentran en estado de calificados cerca de ochenta mil postulaciones, no obstante el subsidio de vivienda será entregado a la libelista “en la medida en que se vayan apropiando los recursos para tal fin, siendo asignados de conformidad con el orden obtenido en la calificación. Tal asignación se hará hasta entregarle…al último de los postulantes que se encuentran en tal estado”. 3.

El apoderado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial solicitó se declare improcedente el amparo en cuanto a esa entidad, porque no es la entidad encargada de otorgar el subsidio de vivienda que se reclama. 4. Por su parte, la Caja de Compensación Familiar “Comfenalco” con sede en Santander, señaló que si bien es cierto la libelista a través de la Defensoría del Pueblo, Regional Magdalena Medio elevó un derecho de petición para saber sobre las gestiones adelantadas por esa entidad para la obtención del subsidio referenciado, también lo es que por ese mismo conducto el 16 de septiembre dio respuesta a sus pretensiones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: Una Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga negó el amparo solicitado porque no advirtió vía de hecho alguna que amerite la intervención del juez de tutela, si se tiene en cuenta que con base en las copias que hacen parte de este trámite constitucional pudo establecer que el Fondo de Vivienda Nacional “Fonvivienda” ajustó su procedimiento al ordenamiento jurídico, además tal como lo puso de presente la entidad referenciada en la medida en que se vayan apropiando los recursos se asignaran los subsidios de vivienda a los hogares calificados conforme a lo previsto en el artículo 1° del Decreto 170 de 2008, considerando que cerca de ochenta mil familias más se encuentra en similar circunstancia, no obstante previno “a las entidades vinculadas a la presente acción para que, de manera conjunta brinden la asesoría correspondiente a la señora Alba Idalia González Rojas para que, una vez se dispongan las partidas presupuestales correspondientes, y observando los turnos de ‘calificación’ pueda acceder de manera real y efectiva al subsidio de vivienda”.

LA IMPUGNACIÓN: La accionante apeló el fallo del Tribunal e insiste para que el juez de tutela le ordene a las autoridades demandadas le entreguen “ el subsidio de vivienda que permita la compra de inmueble propio ”. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: 1. La acción de tutela es una institución que consagró la Constitución de 1991 para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por un particular; se trata de un procedimiento judicial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la ley y en ese sentido la acción de tutela no es una institución procesal alternativa o supletoria. 2.

Para su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quizás el primero y más elemental, la existencia cierta del agravio, lesión o amenaza a uno o varios derechos fundamentales que demande la inmediata intervención del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un mínimo de demostración en cuanto a la vulneración que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o amenaza carece de sentido hablar de la necesidad de amparo, criterio igualmente sostenido por la jurisprudencia constitucional al señalar que “…es indispensable un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización del daño o en el menoscabo material o moral del derecho cuya efectividad se solicita a través de la acción de tutela.

Por consiguiente, quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación”. 3.

En el asunto sub-exámine pronto se advierte la ausencia del mencionado presupuesto porque Alba Idalia González Rojas no logra demostrar de qué manera se le estén vulnerando las garantías fundamentales que pretende proteja el juez de tutela, si se tiene en cuenta que en el escrito de tutela pone de presente que en su calidad de desplazada solicitó la entrega del subsidio de vivienda y frente a su petición le han informado que si bien es cierto acreditó las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico para tales efectos y se encuentra en el estado de “ calificada ”, éste le será entregado una vez se asignen las partidas respectivas. 4.

Además, la Sala no advierte en las actuaciones de las entidades demandas vía de hecho alguna, toda vez que tal como lo puso de presente el Fondo Nacional de Vivienda “Fonvivienda” ha venido ejecutando el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para la entrega de los subsidios de vivienda a las familias desplazadas por la violencia, actuación en la que participó la aquí accionante junto con más de 400000 postulantes, y si bien es cierto no alcanzó a clasificar en las resoluciones Nos. 510 de 2007 y 600 de 2008 para el fin último pretendido, también lo es que la entidad referenciada en ningún momento le ha desconocido el derecho que le asiste, situación en la que bueno es precisar, se encuentran cerca de ochenta mil (80000) familias, sin que acredite que haya recibido un trato discriminatorio que amerite la intervención del juez de esta especialidad. 5.

A lo anterior, que es suficiente para confirmar la decisión objeto de reproche, se suma que la libelista no demostró haber presentado solicitud alguna que acredite que las entidades accionadas se hayan negado a resolver sus peticiones, si se tiene en cuenta que el derecho de petición que elevó a través de la Defensoría del Pueblo el 24 de agosto de 2008, fue respondido el 16 de septiembre siguiente, es decir, no existe el presupuesto del cual se deduzca que el Ministerio de Ambiente, Vivienda, la Caja de Compensación Familiar “Comfenalco” con sede en Santander, o el Fondo Nacional de Vivienda “FONVIVIENDA”, estén en la obligación constitucional de atender alguna solicitud elevada por Aida Idalia González Rojas, si se tiene en cuenta que cada parte o extremo tiene su carga probatoria necesaria para que el juez adopte la decisión adecuada porque si ante la administración no ha sido debidamente soportada la presentación de la petición, mal pueden ser condenadas las autoridades destinatarias de la misma. 6.

En tales condiciones, se concluye que no existe agravio o amenaza a los derechos fundamentales a que hace referencia la libelista, motivo por el cual la acción de tutela incoada resulta improcedente, pues mal haría el juez de tutela ordenarle a las entidades demandadas procedan de la manera como lo pretende la actora cuando ésta no ha acudido a ellas. 7.

La Sala no desconoce la difícil situación por la que atraviesa no solo Alba Idalia González Rojas y su núcleo familiar, sino las demás personas que han sido víctimas del conflicto armado, pero esa sola situación no genera una responsabilidad directa en las instituciones aquí accionadas, toda vez para gozar de los beneficios a los cuales está obligado suministrar el Estado, los ciudadanos deben acudir a él e inscribirse en los diferentes proyectos y programadas que para tales efectos se señalen y en caso que sus peticiones no le sean atendidas ahí sí acudir al presente trámite constitucional, pero no como en este evento en el que en cuanto al subsidio de vivienda se refiere se están adelantado los trámites pertinentes para su entrega, y que tal como lo puso de presente “Fonvivienda” en su respuesta a la demanda de tutela, en similar situación a la de la libelista se encuentran 80 mil familias, pues de acceder a sus pretensiones sería desconocer a los demás postulantes que vienen en turno. A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Decisión Penal de Tutelas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR el fallo proferido el 22 de septiembre de 2009 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. Y, 2. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE: YESID RAMÍREZ BASTIDAS MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-864 de 1999. � Fls. 24 y 25 c. Tribunal. 8 4