CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Acción de tutela Radicado 43402 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Acción de tutela Radicado 43402 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente JAVIER ZAPATA ORTIZ Aprobada acta número 220 Bogotá. D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil nueve (2009) Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de José Alejandro Gómez Quintero, Beatriz Gómez de Zarruk, Maria Teresa Gómez de Jurado y Cecilia Gómez, contra el fallo proferido el 19 de mayo de 2009 por la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual negó por improcedentes las pretensiones de la demanda de tutela presentada contra las SALAS CIVIL Y LABORAL de la misma Colegiatura y la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA.

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Así los resumió el A Quo: “Mediante apoderado José Alejandro Gómez Quintero, Beatriz Gómez de Zarruk, Maria Teresa Gómez de Jurado y Cecilia Gómez ejercitaron la acción de tutela aduciendo la vulneración de los derechos fundamentales “del acceso a la administración de justicia y consecuencialmente los del debido proceso, derecho de defensa e igualdad”.

En suma, lo argüido por el abogado en el escrito en el cual pide amparar los derechos fundamentales de sus clientes es que el fallo de tutela proferido por la Sala Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia “…incurre en vía de hecho al incurrir en defecto fáctico, toda vez que emitió un fallo que aparenta decidir la acción de tutela de fondo, pero que en realidad simplemente hizo una lectura del fallo atacado sin considerar las pruebas que le permitieran dar la aplicación del supuesto legal en que sustentó la decisión” (folio 137) y que “…En idéntica forma confirmó la Sala Laboral de esa Corporación el fallo de tutela, sin hacer apreciaciones distintas de las hechas por la Sala Civil, y sin entrar siquiera a dar una lectura al expediente, avaló la nueva vía de hecho en la que incurrió la Corte Suprema de Justicia negando el derecho al acceso a la Administración de Justicia…” (ibídem).” EL FALLO IMPUGNADO Negó el A Quo la protección solicitada, por considerar que: “… quienes solicitan la tutela quieren con dicha acción, de manera improcedente, dejar sin efecto una sentencia judicial aduciendo la vulneración del derecho constitucional al debido proceso, aun cuando lo que en verdad arguyen como sustento de su solicitud de que se les ampare el derecho a un juicio legal es una discrepancia frente a la interpretación y aplicación que la sala de decisión de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá hizo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999 y por la circunstancia de que hubiera acatado la resolución por medio de la cual fue la fijada la tasa de interés remuneratorio y no hubiera formado su convencimiento basándose en la prueba pericial que señaló un interés diferente al determinado por la junta directiva del Banco de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, importa anotar que el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 expresamente establecía en su primer parágrafo que “la tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas”, que es precisamente lo que se pretende en este caso.” LA IMPUGNACIÓN Insistiendo en los fundamentos de la demanda, el apoderado de los accionantes impugnó la anterior decisión. En ese sentido, puntualizó que las decisiones cuestionadas estaban afectadas de un “…defecto sustantivo”, por sacrificar el derecho sustancial y el acceso a la administración de justicia que tiene todo ciudadano. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Recuerda la Sala que la tutela comporta una acción que debe ceñirse al procedimiento legalmente previsto y tiene que fallarse en estricto derecho, siendo factible que se incurra en vías de hecho, bien en el trámite de la acción, o bien en el fallo que resuelve de fondo sobre la solicitud de amparo.

En efecto, aunque la tutela esté regida por los principios de celeridad y prevalencia del derecho sustancial, a la vez que está revestida de un alto grado de informalidad, el trámite de la acción está sujeto a las exigencias del debido proceso en su cabal comprensión; por tanto, debe ser adelantada conforme a las leyes preexistentes y ante el juez o tribunal competente, so pena de contravenir la garantía fundamental al debido proceso, que de acuerdo con el artículo 29 de la Carta rige sin excepción en todas las actuaciones judiciales o administrativas.

Como los jueces de la República sólo están sometidos al imperio de la constitución y la ley -artículo 230 ibídem- la acción de tutela tiene que ser fallada en consideración a aspectos que compaginen con las normas jurídicas aplicables a la materia de que se trate, pues de lo contrario, la sentencia que la defina sería un acto materialmente injusto.

Con todo, como es factible que las irregularidades en el trámite o en el fallo de la acción de tutela comporten vías de hecho, para evitar la cadena interminable de acciones de tutela que en teoría podría suscitarse, la jurisprudencia de la Corte Constitucional fue decantando el asunto, hasta que en la sentencia de unificación de jurisprudencia SU-1219 del 21 de noviembre de 2001, señaló las siguientes pautas: Por excepción es viable interponer una acción de tutela cuando en el trámite o procedimiento de una anterior el funcionario judicial ha incurrido en vías de hecho.

Por ejemplo cuando actúa con absoluta falta de competencia, o no integra adecuadamente el contradictorio. Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acción de tutela, contra esa providencia no es procedente interponer posteriormente otra acción de tutela, toda vez que el mecanismo jurídico idóneo establecido para analizar la constitucionalidad de una sentencia de tutela es únicamente la revisión a cargo de la Corte Constitucional.

Como no es factible interponer una nueva acción de tutela contra la sentencia que definió una anterior, quien estime que la primera sentencia está construida sobre vías de hecho debe solicitar a la Corte Constitucional que revise dicho fallo, en los términos de los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jurídicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta.

Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, dicho fallo hace tránsito a cosa juzgada. Si accede a revisar la sentencia, a lo resuelto por dicha Corporación debe estarse como última palabra sobre el asunto, y hace tránsito a cosa juzgada. Así lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia de unificación de jurisprudencia referida: “El afectado e inconforme con un fallo en esa jurisdicción, puede acudir ante la Corte Constitucional para solicitar su revisión. En el trámite de selección y revisión de las sentencias de tutela la Corte Constitucional analiza y adopta la decisión que pone fin al debate constitucional.

Este procedimiento garantiza que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional conozca la totalidad de las sentencias sobre la materia que se profieren en el país y, mediante su decisión de no seleccionar o de revisar, defina cuál es la última palabra en cada caso. Así se evita la cadena de litigios sin fin que se generaría de admitir la procedencia de acciones de tutela contra sentencias de tutela, pues es previsible que los peticionarios intentarían ejercerla sin límite en busca del resultado que consideraran más adecuado a sus intereses lo que significaría dejar en la indefinición la solicitud de protección de los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional, como órgano de cierre de las controversias constitucionales, pone término al debate constitucional, e impide mantener abierta una disputa que involucra los derechos fundamentales de la persona, para garantizar así su protección oportuna y efectiva (artículo 2 C.P.).” “Además, de aceptarse que la tutela procede contra sentencias de tutela ésta perdería su efectividad como mecanismo de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales.

El derecho a acceder a la justicia no comprende tan sólo la existencia formal de acciones y recursos sino ante todo que las personas puedan obtener de los jueces una decisión que resuelva las controversias jurídicas conforme a derecho. Si la acción de tutela procediera contra fallos de tutela, siempre sería posible postergar la resolución definitiva de la petición de amparo de los derechos fundamentales, lo cual haría inocua ésta acción y vulneraría el derecho constitucional a acceder a la justicia. La Corte Constitucional tiene la misión institucional de impedir que ello ocurra porque lo que está en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez.

En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer.” En ese orden de ideas, cuando lo que se denuncia es un vicio de trámite en el proceso de amparo, como por ejemplo, la falta absoluta de competencia del fallador para resolver el asunto objeto de decisión constitucional, es factible ejercer la acción de tutela para que se corrija tal yerro, acción que como tal no pretende atacar directamente la sentencia que se haya proferido, sino el procedimiento previo que para llegar a ella se surtió. Por el contrario, si las censuras recaen, no en el trámite dado a la acción, sino en el fondo del asunto debatido, el mecanismo procesal idóneo no es la interposición de una nueva demanda sino la solicitud a la Corte Constitucional para que revise el fallo respectivo, instrumento al cual debe acudir la parte demandante para expresar su inconformidad respecto a la manera en que su demanda fue resuelta y las razones por las cuales considera que, contrario al sentido de esa decisión, sus derechos fundamentales fueron conculcados por presentarse lo que su apoderado califica como un “defecto sustantivo”.

Bajo tales presupuestos, se impone la confirmación del fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo objeto de impugnación. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Art. 86 C.P., y arts. 32 y 33 del Decreto 2591de 1991. Además, sentencia C-1716 de 2000, MP Carlos Gaviria Díaz. 1 2