CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Impugnación 41813 Corte Suprema de Justicia República de Colombia Impugnación 41813 Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ Aprobado acta número 143 Bogotá. D.C., diecinueve de mayo de dos mil nueve Decide la Sala la impugnaciones interpuestas, tanto por los accionantes CARMELO ENRIQUE CARVAJAL CUELLO y ANTONIO RHENALS MORA, como por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –-DAS- contra el fallo proferido el 16 de marzo de 2009 por la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MONTERÍA, mediante el cual amparó el derecho fundamental de petición.

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN 1. Los accionantes aducen tener derechos sobre el inmueble de ROSA DEL CARMEN CUELLO DE CARVAJAL –fallecida el 9 de agosto de 1980-, identificado con matrícula inmobiliaria número 140-32444 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería. 2. Expusieron los demandantes que el 28 de noviembre de 1994 el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- incautó el predio atrás mencionado, sin que dicha acto hubiese estado controlado por alguna autoridad judicial, lo cual constituyó una actuación arbitraria de aquella autoridad y por lo mismo “ debe responder por los daños y perjuicios señalados en el artículo 90 de la Constitución por las conductas dolosas o culposas en que incurran sus empelados o funcionarios en cumplimiento de sus deberes como tales. ” 3.

Por lo anterior los accionantes solicitaron al juez de tutela amparar su derecho fundamental de propiedad y ordenar al DAS o a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, cancelar la anotación de incautación. TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS El DAS informó que verificados los archivos aparece el oficio de 21 de noviembre de 1994 donde se comunicaba al Registrador de Instrumentos Públicos de Montería, “ la incautación del bien inmueble matriculado bajo el número 140-0032444, para lo de su competencia ”.

Posteriormente la autoridad judicial puso el inmueble a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que a su vez mediante resolución 453 del 28 de abril de 2006, lo destinó provisionalmente a la Lonja de Propiedad Raíz de Córdoba. EL FALLO IMPUGNADO La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería negó el amparo del derecho a la propiedad privada, por cuanto las autoridades accionadas no están facultadas para ordenar el levantamiento de la incautación. Sin embargo tuteló oficiosamente el derecho de petición, toda vez que las respuestas que el DAS ha dado a las solicitudes de los accionantes “ no han sido precisas, claras o contundentes, en la medida en que no les informa quien era el competente para cancelar la incautación registrada ”.

LA IMPUGNACIÓN 1. Los accionantes impugnaron la anterior decisión, argumentando que solicitaron el amparo del derecho constitucional de propiedad, toda vez que la incautación fue un acto arbitrario que provino del Departamento Administrativo de Seguridad sin orden judicial. 2. El Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- impugnó el fallo del Tribunal sin manifestar los motivos de su disenso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA 1. De conformidad con la preceptiva del artículo 1º del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la impugnación interpuesta contra la decisión proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería. 2. El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

En diferentes oportunidades, la Sala ha precisado que el mecanismo mencionado no se encuentra diseñado con miras a reemplazar al juez competente, de ahí que no sea de recibo cuando se advierte que el accionante cuenta con otro mecanismo judicial para invocar la protección de los derechos fundamentales que considera, le han sido vulnerados.

De tal forma, la competencia del juez de tutela se limita al examen y verificación del acto por el cual se presume, son violadas o amenazadas las garantías superiores. Es por ello, que se han fijado criterios generales sobre la procedencia formal del amparo, los que han sido estatuidos en el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 cuyo numeral primero señala la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para lograr la protección que por vía de la acción constitucional se pretende obtener.

Tal exigencia, sólo admite excepción en el evento de que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable, pues de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando así, un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 1. La demanda se dirigió a cuestionar el acto administrativo por el cual fue registrada en 1994 una presunta incautación sin orden judicial en el folio de matricula inmobiliaria de un predio de la sucesión ilíquida de ROSA CUELLO DE CARVAJAL. 2. Para resolver el asunto la Sala debe precisar que la acción de tutela, como mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales cuando éstos han sido violados o se encuentran en amenaza, es, en virtud del artículo 86 de la Carta Política de Colombia, del orden subsidiario y residual, lo que significa que su procedibilidad depende de la inexistencia de otros medios idóneos de defensa judicial al alcance de quien demanda.

Sin embargo, puede ocurrir, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, que a pesar de que los sujetos procesales cuenten con los medios ordinarios dentro del proceso para defender sus intereses concretos, ninguno de estos mecanismos actúe de manera efectiva y eficiente. Es precisamente en dichos casos, que el juez de tutela debe hacer un examen razonable y ponderado en cuanto a la validez y efectividad del medio judicial alternativo.

Este dinamismo judicial permite en un Estado Social de Derecho el cumplimiento de uno de sus fines, que es, el asegurar la vigencia de un orden justo, de conformidad a lo establecido en el artículo 2º de la Constitución Política. De acuerdo con lo anterior, la misma disposición superior, en casos extraordinarios en los cuales la falta de amparo inmediato generaría un perjuicio irremediable al titular del derecho, admite la procedibilidad de la tutela como mecanismo transitorio, hasta tanto la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se pronuncie.

Sin embargo, de cualquier forma hay que tener en cuenta dentro de este último evento, que la inexistencia de canales judiciales en los cuales debatir las pretensiones de los demandantes, -como en el sub judice-, excluye la procedencia transitoria de la tutela, puesto que ésta no se puede conceder temporalmente cuando ya no existen otras vías procesales adecuadas para tramitar las peticiones de los presuntos afectados. 3.

La Sala advierte que para debatir la juridicidad del presunto acto de registro de incautación, la sucesión ilíquida de ROSA CUELLO DE CARVAJAL contó en el ordenamiento jurídico con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, especializada para resolver el asunto sub examine y provista de órganos competentes que, al igual que el juez de tutela, tienen la misión de preservar el orden constitucional.

Igualmente tuvo a su alcance la acción de reparación directa ya caducada, toda vez que el bien se encuentra desde el año 2006 a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sin que desde entonces quienes consideraban tener derecho sobre el mismo, hubiesen acudido a la administración de justicia. 4. Aunque lo anterior es suficiente para no tutelar, no sobra mencionar que de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la inmediatez constituye un requisito de procedibilidad de la tutela, de tal suerte que la acción debió ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno y justo.

Con tal exigencia se pretende evitar que este mecanismo de defensa judicial se emplee como herramienta que premie la desidia, negligencia o indiferencia de los actores, o se convierta en un factor de inseguridad jurídica. Esta condición está contemplada en el artículo 86 de la Carta Política como una de las características de la tutela, cuyo objeto es precisamente la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales de toda persona, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que establezca la ley.

Desde sus primeras sentencias la Corte Constitucional consideró a la inmediatez como característica propia de este medio judicial de defensa. Sobre el particular, en la sentencia C-542 de 1992, expresó: “( ) la Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza.

Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a remplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales ”.

Posteriormente, en la sentencia SU-961 de 1999, dijo la misma Corporación, que la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. Y agregó que “ la razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto.

De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. En jurisprudencia reiterada, la Corte ha determinado que la acción de tutela se caracteriza por su ‘inmediatez’.

( ) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción ”. En dicha sentencia de unificación se concluyó que si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.

En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia atrás mencionada -C-543/92-, según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio. 5.

De otra parte, respecto del derecho de petición, la Sala observa que el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- no ha informado a los peticionarios cual autoridad judicial ordenó la incautación del inmueble en cuestión, a fin de que los interesados puedan acudir ante aquella y ejercer sus derechos dentro del trámite judicial si aún hay lugar a ello.

Corolario de lo anterior la Sala confirmará el fallo impugnado. En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE CONFIRMAR el fallo impugnado. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA JAVIER ZAPATA ORTIZ TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Ver también sentencias: T- 1277 de 2005, T-771 de 2004, T-408 de 2002, T-432 de 2002, SU-646 de 1999 y T-007 de 1992 � Ver entre otros: sentencia T-1277 de 2005, T- 771 de 2004, T- 408 de 2002, T-432 de 2002 y SU- 646 de 1999. � Ver las sentencias: T- 1277 de 2005, T- 771 de 2004, SU-1052 de 2000, T-815 de 2000, T-418 de 2000, T-156 de 2000, T-716 de 1999, SU-086 de 1999, T-057 de 1999, T-554 de 1998, T-414 de 1998, T-235 de 1998, T-331 de 1997, T-273 de 1997, T-026 de 1997 y T- 287 de 1995. � Vid. sentencia T-537 de 2003. 1 14