CORTE SUPREMA DE JUSTICIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 41580 TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA República de Colombia Corte Suprema de Justicia TUTELA PRIMERA INSTANCIA No. 41580 TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA República de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente: JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS Aprobado Acta N° 105 Bogotá, D.C., abril dos (2) de dos mil nueve (2009).

V I S T O S Se pronuncia la Sala en primera instancia, sobre la demanda de tutela instaurada por el ciudadano TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA, en procura de protección para los derechos fundamentales que considera vulnerados por la Fiscalía Cuarta Especializada de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma jurisdicción.

ANTECEDENTES Según lo refieren las diligencias, por hechos acaecidos en el año 2004 se inició en contra de TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA y otros investigación penal por la presunta comisión de las conductas punibles cometidas en concurso material sucesivo, homogéneo y heterogéneo de concierto para delinquir, doble secuestro extorsivo agravado, doble homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo, cargos por los cuales fue acusado formalmente por parte de la Fiscalía Cuarta Especializada Delegada ante la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión. Correspondió adelantar la etapa del juicio al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, despacho que luego de agotar el rito procesal pertinente, profirió fallo el 31 de diciembre de 2007 a través del cual impuso a GARCIA CORREA pena de prisión de 37 años, tras hallarlo responsable de los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado cometido en detrimento del menor C.D.H.G. y concierto para delinquir agravado, al tiempo que lo absolvió de los cargos que por el secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado de Andrés Ignacio Agudelo Arbeláez le fueron formulados, así como del porte ilegal de armas de uso privativo.

Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación la defensa del procesado, siendo modificada en el sentido de absolver a GARCIA CORREA del delito de concierto para delinquir agravado y reajusta la pena y fijarla en 35 años y multa de 15.000 salarios mínimos legales mensuales y confirmada en lo demás por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia a través de sentencia del 18 de julio de 2008.

Notificada la sentencia, se propuso recurso de casación procediendo el Tribunal a concederlo mediante auto del 5 de septiembre de 2008, por lo que se dispuso descorrer el término para la presentación de la demanda, sin que hasta ahora se hubiese cumplido con ello.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN Agotado lo anterior, el ciudadano TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA presenta demanda de tutela, tras considerar que en la actuación penal reseñada se desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, concretamente porque los falladores de instancia acudieron a una valoración probatoria arbitraria, caprichosa y preconcebida para declararlo responsable de los delitos enrostrados.

Para corroborar tal aserto expone a gran espacio las razones que lo llevan a disentir de las conclusiones que sustentan la condena. De otra señala, la presente acción se promueve dado que no dispone de otro medio de defensa judicial frente a la actuación reprobada, pues no obstante se interpuso recurso de casación, el defensor público designado para la presentación de la respectiva demanda emitió concepto negativo sobre su procedencia y en tal sentido, no puede atribuírsele inactividad injustificada para su agotamiento.

Por ello, demanda el amparo para sus garantías constitucionales y solicita en tal virtud se dejen sin efecto las sentencias reprobadas. TRÁMITE DE LA ACCIÓN Al avocar el conocimiento de la presente acción, se dispuso dar cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, por lo que en el auto admisorio de la demanda se ordenó surtir traslado a las autoridades accionadas para el ejercicio del derecho de contradicción y se solicitó información sobre el asunto.

Frente a tal requerimiento el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia presenta un recuento de la actuación surtida respecto del accionante, el tiempo que se opone a las pretensiones de la demanda por cuanto el proceso se adelantó respetando el debido proceso y demás garantías constitucionales, por lo que la tutela ahora impetrada lo que pretende es crear una tercera instancia. Similar respuesta ofrecen, las Fiscalías Cuarta Especializada Antiextorsión y Secuestro, Séptima Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín y Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, adjuntando para el efecto copia de las decisiones objeto de la demanda.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo establecido en el artículo 1, numeral 2 del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, es competente esta Sala para pronunciarse sobre la presente demanda de tutela, en tanto, involucra la decisión adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, de la cual es su superior funcional.

Referente a la acción publica que nos ocupa, ha de precisarse que el artículo 86 de la Constitución Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en señalar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación instituidos en los códigos de procedimiento.

No obstante ese postulado general, que no es absoluto, encuentra excepción en tratándose de decisiones que por involucrar una manifiesta y evidente contradicción con la Carta Política o la ley, producto de la conducta arbitraria o caprichosa de los funcionarios judiciales, constituyan “ vías de hecho ” que vulneren o amenacen los derechos fundamentales del actor frente a lo cual no se disponga de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz, porque en estos eventos el amparo se ofrece necesario para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, razón por la cual la medida que se adopte tiene una vigencia eminentemente temporal.

Como en el presente asunto, la petición de amparo se orienta a reprobar la sentencia que definió el proceso penal adelantado en contra del accionante, surge imperioso precisar que la evolución jurisprudencial en torno a la vía de hecho judicial ha permitido construir una serie de causales de procedibilidad, que implican no solo una carga para el actor en su invocación, sino también en su demostración, como en efecto lo ha expuesto la Corte Constitucional al determinarlas así: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última, creando terceras instancias. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Por ello, cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional es constitucionalmente admisible, solamente cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de tales requisitos. Es así como, de la verificación que en el presente caso se logra frente al cumplimiento de tales presupuestos, debe advertirse en primer término que los elementos de juicio allegados al presente tramite permiten concluir que no se agotaron los medios de defensa judicial que le ofrece el legislador al accionante frente al tópico cuestionado, pues según lo informan las diligencias, si bien se interpuso recurso de casación, el abogado designado por la Defensoría del Pueblo para el estudio del proceso, conceptuó negativamente sobre la procedencia de dicha impugnación con lo que se desechó la opción de recurrir la sentencia del Tribunal por la vía extraordinaria de casación, oportunidad que se le brindó para obtener el restablecimiento de los derechos presuntamente desconocidos al interior del proceso, a través del recurso instituido como un control constitucional y legal sobre las sentencias de segunda instancia, que además propende por la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías, la reparación de los agravios inferidos a los intervinientes y la unificación de la jurisprudencia. De manera que, si el peticionario contó con la posibilidad de impugnar la decisión cuestionada y no lo hizo, no puede ahora por vía de la acción de tutela pretender enmendar la falta de gestión y despreocupada postura procesal que adoptó en su momento, siendo entonces el propio interesado quien no respaldó su posición en el instante procesal oportuno, permitiendo que la sentencia de segundo grado adquiriera firmeza sin agotar la controversia que ahora plantea en sede de tutela.

No debe perderse de vista que el excepcional mecanismo de amparo no fue concebido para remediar las fallas de gestión en las que incurren los ciudadanos en la defensa de sus garantías de tipo fundamental, acceder a ello conllevaría a sustituir los cauces ordinarios de solución de las problemáticas y la jurisdicción constitucional abordaría el estudio de aspectos que no se compadecen con su existencia, en absoluto detrimento e irrespeto de los órganos judiciales de otras especialidades.

Además, porque según ha venido sosteniendo esta Corporación en jurisprudencia uniforme, que armoniza con la doctrina de la Corte Constitucional, los conflictos que surgen en torno a la valoración de las pruebas o a la interpretación de normas de carácter legal o reglamentario, son, en principio, asuntos de orden legal que compete resolver a los jueces ordinarios y escapan, por consiguiente, de la competencia del juez de tutela, máxime que no se percibe en la decisión atacada que a la prueba se le hubiere cambiado su valor suasorio o alcance determinado por Ley o que estén fundada en conceptos irrazonable o arbitrarios que tengan la trascendencia de edificar un defecto fáctico, como lo anuncia el peticionario, contra el derecho al debido proceso, que deba ser conjurado mediante este excepcional instrumento de amparo para los derechos fundamentales.

Así las cosas, como no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela que se invoca frente a una decisión judicial, se denegarán las pretensiones invocadas en la demanda de amparo. En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN DE TUTELAS, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, R E S U E L V E: 1.

NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela formulada por TOMAS ENRIQUE GARCIA CORREA, conforme se precisó en la parte motiva de esta providencia. 2. Notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991. 3. En firme esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase.

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS YESID RAMÍREZ BASTIDAS TERESA RUIZ NÚÑEZ Secretaria � Sentencia C-595/05 � T-553/97 PAGE 12