CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE Magistrado Ponente Radicación n° 31546 Acta No. 6 Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013). Procede la Corte a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por FERNANDO ANTONIO PINTO SÚAREZ, mediante apoderado, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA.

I.

ANTECEDENTES Plantea el actor, que el 23 de septiembre de 2010 reclamó a su empleador -Club Miramar de Barrancabermeja- el reconocimiento de las sumas correspondientes al 25% sobre el valor de dominicales, festivos y descansos obligatorios, que fueron laborados desde el 1º de abril de 2003 hasta la fecha, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo Art. 16-2; que tal petición fue denegada argumentando que sobre esas sumas había operado el fenómeno de la prescripción. Que dado lo anterior, inscribió su caso ante el comité de reclamos -Miramar -Hocar, el que dio inicio al trámite arbitral de conformidad con los términos y parámetros establecidos en el reglamento interno que rige su funcionamiento; que culminadaS “ satisfactoriamente ” todas las etapas procesales, los árbitros dieron apertura a la última etapa de ponencias que resolvió de fondo la reclamación; con 3 votos a favor del laudo arbitral del sindicato Hocar y 2 a favor del empleador; que contra esa decisión la empresa presentó recurso extraordinario de anulación. Descorrido el traslado para sustentar y alegar, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, por providencia del 1º de febrero de 2013, anuló el referido laudo.

El actor, luego de hacer cita textual del CPT y SS Art. 141 y del D 1818/1998 Arts. 161, 163 y 164, concluyó señalando que el recurso de anulación no hizo mención a ninguna de las causales reguladas taxativamente en el D 1818/1998 Art. 163; tampoco la providencia acusada hace referencia a la posible prosperidad de alguna de estas causales.

Por consiguiente el Tribunal incurrió en vía de hecho “ por defecto procedimental absoluto ”, pues el juzgador actuó al margen del procedimiento establecido y las normas que gobiernan el asunto. Agregó que la competencia que tiene la Sala para decidir el recurso “ extraordinario ” de nulidad está regulada en el D 1818/1998 Arts. 161 y 163, “ los que limitan su campo decisorio al estudio de la causal o causales de anulación específicamente invocadas por la recurrente y desarrolladas en el escrito de sustentación del recurso, para determinar su prosperidad o fracaso, según los elementos estructurales de la misma y la comprobación de los errores que tipifican los supuestos fácticos en que se funda ”.

También se duele el tutelante porque, a su juicio, el Tribunal dio una interpretación equivocada de las normas y no valoró razonablemente el acervo probatorio, pues en su providencia aseguró que las convenciones colectivas allegadas al proceso, no contenían el certificado de depósito, excepto la convención vigente para los años 2005 -2006, apreciación que, el actor asegura, no corresponde a la verdad, toda vez que el expediente sí contiene los respectivos certificados de depósito.

En consecuencia, acude al presente mecanismo de amparo constitucional con el fin de que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, y solicita que se revoque la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el 1º de febrero de 2013, que anuló el laudo arbitral proferido por el comité de reclamos Miramar –Hocar.

II TRÁMITE IMPARTIDO Mediante auto proferido el pasado 15 de febrero, esta Sala de la Corte admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada e informar de la actuación a los demás intervinientes en el proceso ordinario laboral, con el fin de que, en el término de 1 día, ejercieran el derecho de defensa y contradicción. La Sala Laboral rindió informe en el que reiteró algunos argumentos contenidos en la decisión censurada, de la cual remitió copia.

El sindicato “ HOCAR ” señaló, básicamente, que el Tribunal resolvió de fondo la controversia apartándose del procedimiento reglado para el asunto; que además hizo un deficiente análisis de los elementos de prueba. El Cub Miramar, a través de su apoderado –Leonardo Antonio Arias Martínez tarjeta profesional 93110- a quien la Sala le reconoce personería, se opuso a la prosperidad de la acción, toda vez que no se vulneró ninguno de los derechos invocados.

III. CONSIDERACIONES La vía preferente de la tutela, establecida en la CN Art. 86, permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida un acto amenazante o lo suspenda, siempre que se trate de proteger ciertos y determinados derechos, definidos como fundamentales. La prosecución de la eficacia de los citados derechos, ha de acompasarse con otros valores del Estado de derecho, en particular, en lo que concierne a la administración de justicia, la seguridad jurídica, específicamente la que realiza el instituto de la cosa juzgada, y el principio constitucional de la independencia y autonomía de los jueces.

En este sentido se ha decantado jurisprudencialmente que la acción de tutela es procedente contra providencias o sentencias judiciales, sólo si con las actuaciones u omisiones de los jueces, resultan violados, en forma evidente, derechos constitucionales fundamentales; además que está limitada, primero a aquellas situaciones en las cuales el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, en cuyo caso se convierte en mecanismo principal y, en segundo lugar, cuando aún existiendo aquél, se utiliza como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, los medios y recursos judiciales ordinarios, siguen siendo preferenciales, y a ellos deben recurrir las personas para solicitar la protección de sus derechos. La acción de tutela es un mecanismo subsidiario frente a los demás modos de defensa judicial y su objetivo no es desplazarlos, sino que se convierte en el último recurso para obtener la protección efectiva de los derechos fundamentales, en la medida en que el ordenamiento jurídico no le ofrece al afectado otro medio de defensa judicial.

Ahora, el D 1818/1998 Art.164, señala: “ RECAHZO. El Tribunal Superior rechazará de plano el recurso de anulación cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando las causales no correspondan a ninguna de las señaladas en el artículo anterior ” Subrayado fuera de texto. En este orden de ideas, fácil se concluye que el amparo suplicado no está llamado a prosperar, pues si el actor consideraba que el recurso de anulación que presentó el Club Miramar de Barrancabermeja contra el laudo arbitral del Sindicato –Hocar, no se ajustaba a ninguna de las causales contenidas en el artículo 163 del decreto en cita, debió recurrir el auto que admitió a trámite el citado recurso, para que, en su defecto, fuera rechazado como lo ordena la norma antes citada, medio de defensa idóneo y eficaz que al no utilizarse lleva a la improcedencia del amparo deprecado, de conformidad con lo previsto en el D.2591/1991 Art.6º -1º.

Pero es que, tampoco en las alegaciones que pudo presentar el ahora tutelante en el trámite del recurso de anulación, hizo referencia a que el mismo no se ceñía a las causales contenidas en el D 1818/1998 Art.163. Así se colige de las pruebas aportadas y de lo relatado en la demanda de tutela. Por lo que mal puede, a través de este medio subsidiario y residual, tratar de conjurar su incuria.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FALLA: PRIMERO.- SE NIEGA la protección solicitada en la presente acción de tutela por FERNANDO ANTONIO PINTO SÚAREZ, mediante apoderado, contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA.

SEGUNDO. -

NOTIFÍQUESE a los interesados en la forma prevista en D 2591/1991 Art. 30. TERCERO.- REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada. Artículo 31 y 33 ejusdem.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS