CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Acción de tutela Radicado 30976 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Acción de tutela Radicado 30976 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL - SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS Magistrado Ponente MAURO SOLARTE PORTILLA Aprobada acta número 68 Bogotá. D.C., siete (07) de mayo de dos mil siete (2007) Decide la Sala la demanda de tutela interpuesta por WILLIAM FERNANDO ROBAYO RICO, por intermedio de apoderado judicial, en contra del JUZGADO CUARTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TUNJA y la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR de la misma ciudad, por presuntamente haber vulnerado su derecho fundamental al debido proceso –favorabilidad-.

ANTECEDENTES y FUNDAMENTOS DE LA ACCION De los hechos expuestos en la demanda y las pruebas recolectadas en el proceso, se pueden extraer los siguientes antecedentes: 1. Mediante sentencia de abril 30 de 2002 el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó al accionante a la pena de 34 años y 6 meses de prisión como responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, hurto calificado agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, decisión que el día 28 de noviembre de 2003 confirmó la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, correspondiendo la vigilancia de su sanción al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. 2.

Al despacho antes mencionado, solicitó el accionante la rebaja de pena consagrada en el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, así como la sustitución de la prisión carcelaria por la domiciliara en aplicación de los artículos 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, a lo cual dicha autoridad no accedió según auto de fecha 04 de septiembre de 2006, que sería confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, mediante proveído de marzo 16 de 2007. 3.

Inconforme con lo anterior, su apoderado interpone acción de tutela por considerar que las providencias judiciales antes indicadas vulneran el derecho al debido proceso de su prohijado y constituyen flagrante vía de hecho, pues en su criterio, su representado sí ostenta las condiciones necesarias para hacerse merecedor a la rebaja de pena antes indicada, así como a la prisión domiciliaria.

TRÁMITE Y RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS Integrado el contradictorio con la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja y el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, a la postre ninguno de los mentados dio contestación a la demanda. Al escrito introductorio fueron acompañadas copias de las providencias judiciales cuestionadas, así como otros documentos que soportan la presente decisión, en virtud del inciso 2º del artículo 21 del decreto 2591 de 1991, que indica: “En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o negar la tutela.” CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES Siendo la tutela un mecanismo de protección excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de “ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad” que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración, como lo ha expuesto la propia Corte Constitucional.

Tan exigente es, que según la doctrina constitucional los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ameritan: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. “Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.”. f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Los anteriores requisitos, se insiste, no pueden quedarse en meros enunciados, pues han sido ratificados por la Corte Constitucional, primero en la sentencia C-590 de 08 de junio de 2005, luego en las decisiones T-332, T-780 y T-212 de 2006, reforzando lo dicho en la primera de las mentadas providencias, en el sentido de que, cuanto se trata de acciones de tutela contra providencias judiciales, las mismas sólo pueden tener cabida “… si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad.

Dentro de estos pueden distinguirse unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto” (C-590 de 2005) –Subrayas fuera del original-. Su cualidad habilitadora, en el caso de los primeros, hace que su ausencia repercuta en la declaratoria de improcedencia de la acción.

2. LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES NO ES EXCEPCIONAL, SINO EXCEPCIONALÍSIMA Para la Sala, no está por demás indicar que cuando la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales, su procedencia no es excepcional, sino excepcionalísima, pues corre el demandante con la carga de demostrar la presencia de una o varias de las causales de procedibilidad que esta Corporación ha venido acogiendo, en posición compartida con la Corte Constitucional, que en reciente pronunciamiento expresó: “La eventual procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales y otras providencias que pongan fin al proceso tiene connotación de excepcionalísima, lo cual significa que procede siempre y cuando se cumplan unos determinados requisitos muy estrictos que la jurisprudencia se ha encargado de especificar” –Negrillas y subrayas fuera del original- Sentencia T-780 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Baste entonces con que se incumpla uno de los requisitos de habilitación tan profusamente expuestos en esta providencia, para relevar al juez de tutela del estudio de fondo del asunto puesto a su conocimiento.

3. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO Concatenado a todo lo antes expuesto, el hecho de que uno de los requisitos de habilitación de la acción de amparo contra providencias judiciales radique en la definición de un asunto de estricto contenido constitucional, deshecha la posibilidad de someter al conocimiento del juez de tutela meros conflictos de interpretación o aplicación de la ley que puedan surgir entre los afectados con una decisión y el juez que la profiere; así se ha pronunciado de manera reciente la Corte Constitucional también al decir: “Como se ve, se trata de dos interpretaciones distintas, respecto al trámite del recurso de apelación en el proceso de nulidad electoral.

Una, la interpretación de la Sección Quinta del Consejo de Estado y otra, la de los demandantes en tutela. “Vista la actuación de la Sección Quinta, la Sala entiende que ésta no ha incurrido en una vía de hecho, en tanto se trata de un conflicto en cuanto a la interpretación y aplicación normativa, que no implica arbitrariedad. “… “… Pues bien, a la vista de esta interpretación se aprecia que la Sección Quinta no ha realizado una interpretación oscura ni arbitraria que implique la vulneración de derechos fundamentales, así sobre la misma disposición pudieren existir varias interpretaciones razonables.

“ … “En otras palabras, si el juez de tutela encuentra que las dos interpretaciones tienen cabida, no puede imponer cuál de ellas resulta más convincente que la otra.” Sentencia T-780 de 2006, ponente Dr. Nilson Pinilla Pinilla –negrillas y subrayas fuera del original-. También, en la sentencia T-167 del 07 de marzo de 2006, la Corte Constitucional sostuvo: “… el juez constitucional no debe conceder el amparo simplemente porque considere que su juicio o interpretación deba predominar sobre la del funcionario judicial accionado, ya que, en virtud de la autonomía de que goza este último, la procedencia de la acción de tutela queda restringida para cuando su decisión carezca de tal grado de razonabilidad que no pueda predicarse ningún asidero en el derecho en relación con la realidad procesal; o sea, cuando se trata de una manifestación del puro arbitrio del funcionario accionado.

“… “Aquellos asuntos que puedan ser objeto de polémica judicial o que no surjan a simple vista como lesiones superlativas del ordenamiento jurídico, no pueden dar origen a la descalificación, por vía de tutela, de la sentencia impugnada.” (Negrillas y subrayas fuera del original) Corolario de lo expuesto, lejos estaría, como sucede en el sub judice, de cumplir con los requisitos de habilitación la demanda de tutela que gire únicamente en torno a cuestionar la interpretación o aplicación normativa que el juez ordinario vertió en la resolución del caso concreto, así la del afectado, incluso la del mismo juez de tutela, resulten razonables, pues hasta tanto la del primero posea cierto grado de fundamentación, el artículo 228 de la Constitución Política, que consagra los principios de autonomía e independencia judicial, obligarían a respetarla.

Por ello, las providencias cuestionadas con la demanda no merecen ningún tipo de objeción, pues lo que en ella se plantea es un mero conflicto interpretativo entre la que el actor considera debió ser la correcta aplicación de los artículos 70 de la Ley 975 de 2005 y 314 y 461 de la Ley 906 de 2004, a la que a la postre se impuso en las providencias que se acusan de vía de hecho, asunto que así expuesto, no merece la intervención del juez de tutela.

Por ello, cuando las autoridades demandadas tanto en primera como en segunda instancia negaron al accionante su petición de favorabilidad y la prisión domiciliaria, no hicieron otra cosa que aplicar la ley al caso concreto a ellos sometido, luego de lo cual concluyeron, sobre la primera de sus pretensiones, que: “En efecto, WILLIAM FERNANDO ROBAYO RICO fue condenado al pago solidario de 386 SMLMV a favor de los perjudicados con las conductas punibles, y revisada la actuación procesal no se halló constancia de cancelación alguna.” (Auto del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, de septiembre 04 de 2006) “… a pesar de que allega pruebas de su insolvencia económica, no ha ejecutado acto, siquiera simbólico, dirigido a las víctimas tendiente al restablecimiento de su dignidad, ni en ninguno de sus escritos ha propuesto la manera de hacerlo, por lo que no cumple con todos y cada uno de los requisitos exigidos para obtener la rebaja debiendo confirmarse el auto recurrido en este aspecto por las razones aquí esgrimidas” (Auto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, de marzo 16 de 2007).

Y sobre la solicitud de prisión domiciliaria, expusieron: “Si tenemos en cuenta la naturaleza de los delitos por los cuales fue condenado WILLIAM FERNANDO ROBAYO RICO, a saber: homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, lesiones personales agravadas, concierto para delinquir, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas, concluimos que constituye una alerta y reprochable agresión extremadamente lesiva y generadora de alarma social.

Es precisamente esa gravedad, naturaleza y modalidades del reato por el que se le condenó, los que llevan a pronosticar que la comunidad estará en peligro al no estar en prisión intramuros” (Auto del Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, de septiembre 04 de 2006) “En este orden de ideas, como quiera que la pena mínima prevista para el delito de homicidio agravado, por uno de los cuales se condenó al señor WILLIAM FERNANDO ROBAYO RICO, es superior a los cinco (5) años de prisión, no se cumple con el presupuesto requerido por el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000 que permitiría su eventual ejecución en su lugar de residencia o morada.

En consecuencia, la misma deberá continuar siendo cumplida en el centro de reclusión en el que se encuentra interno, y en ese sentido habrá que confirmarse la decisión adoptada por el A Quo.” (Auto de la Sala Penal del Tribunal Superior de Tunja, de marzo 16 de 2007). Bajo los anteriores precedentes, no es posible acceder a las pretensiones del apoderado del accionante, pues como se observa de las citas, las providencias cuestionadas lejos están de ser consideradas arbitrarias o caprichosas y más bien reflejan el criterio autónomo, independiente y razonado de los funcionarios judiciales involucrados.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL – EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE NEGAR las pretensiones de la demanda de tutela presentada por WILLIAM FERNANDO ROBAYO RICO, por intermedio de apoderado judicial, en contra de las autoridades indicadas en la presente decisión. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, una vez en firme.

NOTIFIQUESE y CUMPLASE JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA MAURO SOLARTE PORTILLA JAVIER ZAPATA ORTÍZ TERESA RUIZ NUÑEZ SECRETARIA � Fallo C-590 de 08 de junio de 2005 y T-332 de 2006. � Ibídem. � Ibídem. 1 14