CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 30605 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación Nº 30605 Acta Nº 42 Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diez (2010). Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por el agente oficioso de Blanca Alicia Franco Jaramillo, contra el fallo del 20 de octubre de 2010, proferido por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, en el trámite de tutela que la antes citada promovió contra el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de la misma ciudad, asunto al que se vinculó al Instituto de Seguros Sociales.

ANTECEDENTES Invoca la parte actora la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial accionada. Sustenta su petición en los hechos que se sintetizan a continuación: Que presentó demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, la cual le correspondió, por reparto, al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín; que el asunto terminó con sentencia dictada por el Juzgado Primero Adjunto a dicho Juzgado, el 31 de mayo de 2010, desfavorable a sus pretensiones.

Que contra dicha decisión, interpuso recurso de apelación, pero fue negado por falta de sustentación, por parte del Juzgado Adjunto. En su criterio el Juzgado violentó el debido proceso dado que al negar el recurso interpuesto obstaculizó el derecho al acceso a la administración de justicia, sin tener en cuenta que, como allí se anotó, el mismo tenía como fundamento los hechos y argumentos contenidos en el escrito de demanda.

Por lo anterior solicitó ordenar al accionado “(…) DEJAR SIN EFECTOS LEGALES LAS DECISIONES TOMADAS POR LA SEÑORA ACCIONADA, EN EL AUTO DE JULIO 13 DE 2010 (…)” y, en su lugar, se admita y se le dé trámite al recurso de apelación interpuesto. TRÁMITE IMPARTIDO Por auto de 6 de octubre de 2010, la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN avocó el conocimiento y ordenó comunicar a los accionados y demás intervinientes dentro del proceso cuestionado para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional.

El Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, se opuso a la prosperidad de la presente acción, al considerar que si bien la parte actora interpuso contra la decisión de primera instancia, recurso de apelación, el mismo no fue sustentado en legal forma; ni utilizó el recurso de queja contra el proveído que lo negó, lo que hacía improcedente el trámite constitucional.

SENTENCIA IMPUGNADA La SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, negó por improcedente el amparo solicitado, al considerar que la accionante, contaba con el recurso de queja para hacer efectivos sus derechos y que, si bien no existía ninguna solemnidad en relación con el contenido de la sustentación del recurso de apelación, la misma no podía entenderse satisfecha con manifestaciones genéricas que impidieran conocer el verdadero motivo de inconformidad con la sentencia recurrida.

LA IMPUGNACIÓN La parte actora impugnó la decisión, con fundamento en los mismos argumentos esgrimidos en el escrito de tutela. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La acción de tutela surge entonces, como remedio ante la inexistencia de vías judiciales que les permitan a los asociados protegerse contra abusos o arbitrariedades que conculquen sus derechos fundamentales, lo cual revela su carácter eminentemente excepcional y subsidiario. No es natural que la queja constitucional se utilice, cuando las partes cuenten o hayan contado con mecanismos de defensa, sin haber hecho uso de ellos, pues no está llamada a reemplazar los procedimientos, ni es sustitutiva de recursos o actuaciones.

Lo anterior adquiere relevancia en el marco del Estado Social de Derecho, pues admitir que las partes pueden acudir a este dispositivo, sin restricción, implicaría que la jurisdicción constitucional relevaría las competencias de las diferentes autoridades judiciales y propiciaría el caos del sistema jurídico, ante la ausencia de reglas a seguir.

Por ello, esta Sala de Casación ha enfatizado en que una de las condiciones básicas para que proceda este recurso, consiste, precisamente, en que, previamente, se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial que ofrece el ordenamiento jurídico, y que pese a ello subsista el quebrantamiento de derechos de rango superior. Encuentra la Sala que lo pretendido por la actora es controvertir la decisión de primera instancia, dictada por el Juzgado Primero Adjunto al Noveno Laboral del Circuito de Medellín, que le negó, por falta de sustentación, el recurso de apelación que interpuso la sentencia de primera instancia, decisión frente a la cual contó con la posibilidad de interponer el recurso de queja, medio de impugnación del que no hizo uso, dejando fenecer la oportunidad legal para controvertir la providencia que le fue desfavorable; por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo de protección constitucional, no está llamado a prosperar.

Las anteriores consideraciones son suficientes para concluir que la decisión adoptada por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, debe confirmarse. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas. SEGUNDO.- Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CAMILO TARQUINO GALLEGO ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA 1 10