CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 29439 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 29439 Acta No. 29 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diez (2010). Decide la Corte la impugnación interpuesta por la parte accionante en este asunto, representada por el señor JHON GERMÁN JIMÉNEZ JARAMILLO, en contra del fallo de tutela de fecha 15 de julio de 2010, proferido por la Sala de Casación Civil de esta Corte, ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, imputada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esta misma urbe y al que igualmente se vinculó al señor Henry León Gamboa, dentro del proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra por parte del Banco Granahorarr, hoy BBVA Colombia S. A.

ANTECEDENTES Señala el accionante, que los despachos judiciales accionados incurren en vía de hecho, lesiva de los derechos fundamentales invocados y, por lo tanto, susceptible de conjurarse por vía del presente amparo constitucional, dado que dentro de la actuación referenciada, la colegiatura de segunda instancia, mediante proveído del 20 de mayo de 2009, confirmó la decisión de su inferior jerárquico, por medio de la cual se negó su intervención adhesiva y litisconsorcial, formulada en calidad de poseedor del inmueble gravado hipotecariamente en ese asunto litigioso.

A juicio del actor, la referida decisión transgrede sus derechos fundamentales, como quiera que es la resultante de una errada valoración, por parte de los operadores judiciales demandados, de los elementos de acreditación allegados a los autos, por medio de los cuales estimó probada la legitimación que como poseedor del inmueble objeto de proceso le permitía su intervención en el mismo.

Bajo tal argumento reclama invalidar lo actuado a partir de la contestación de la demanda. TRÁMITE IMPARTIDO Por auto del 2 de julio de 2010 (fl. 47), la Sala Civil de esta Corte avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y, conjuntamente con el despliegue de actividad probatoria, dispuso dar en traslado la demanda a los accionados e intervinientes, en garantía de sus derechos de contradicción y defensa.

Dentro del término de traslado, el juzgado accionado, a través de su titular, manifestó en su informe que el actor solicitó al interior de esas diligencias, en dos oportunidades, el reconocimiento de su calidad como litisconsorte, oportunidades en que tal pedimento fue denegado por esa judicatura. Que en contra de la última de tales decisiones se interpuso recurso de apelación, confirmado en su integridad por el superior, mediante auto del 20 de mayo de 2009.

Agrega, que posteriormente el actor promovió incidente de nulidad, el cual fue rechazado de plano mediante providencia del 1 de diciembre de 2009, dada la ausencia de legitimidad de quien lo promueve. Recalca la citada autoridad judicial que al interior de dicho trámite no se han desconocido los derechos fundamentales invocados por el peticionario de tutela, máxime cuando no es parte al interior del mismo, así como tampoco se le ha dado un trato discriminatorio.

También se opuso a la prosperidad del amparo reclamado el banco BBVA Colombia S. A., al manifestar que el actor contó - y empleó- al interior del proceso con suficientes medios de defensa y que, por lo tanto, no puede tenerse la tutela como un instrumento adicional a los ya existentes, aunado a la evidente ausencia de vulneración o amenaza de los derechos reclamados, al ceñirse el tramite censurado en todo aspecto a la legalidad.

Con fundamento en lo anterior, el despacho de tutela de primera instancia, con sentencia fechada el día 15 de julio pasado próximo, declaró la improcedencia de la tutela invocada, para lo cual expuso como argumentos neurales el incumplimiento de los principios de inmediatez y residualidad, toda vez que, en primer lugar, no se empleó oportunamente por la parte accionante el mecanismo excepcional de amparo, transcurriendo un gran lapso entre la fecha de ocurrencia de la supuesta vulneración y la de interposición del mecanismo excepcional de resguardo.

Así como, en segundo término, al haber contado y hecho uso de los medios defensivos ordinarios disponibles a su favor. Inconforme con lo decidido, la parte accionante presentó impugnación en su contra, sin precisar los puntos de censura. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Establece la Carta Política en su artículo 86, que para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública, y en algunos eventos de los particulares, se cuenta con la vía judicial preferente de la tutela, para cuyo ejercicio se exigen mínimos requisitos.

Quiso así el constituyente garantizar a los ciudadanos el amparo de sus derechos básicos, permitiéndoles acudir ante los Jueces en busca de una orden que luego de un trámite ágil y sumario, impida o suspenda el acto de lesión o amenaza. Sin embargo, dicha facultad no es absoluta sino que, por el contrario, se reduce a cobijar ciertos y determinados derechos, que ya pueden estar definidos como fundamentales en la propia Constitución o que, consagrados en otros acápites del estatuto superior, adquieren tal categoría por conexidad.

Del examen y análisis del caso que hoy concita la atención de esta Sala, se observa que el amparo constitucional invocado, conforme lo señalado por el colegiado A Quo, resulta abiertamente improcedente, por cuanto el reclamo y reproche Constitucional que se plantea está encaminado a dejar sin efectos las providencias dictadas por los despachos de instancia al interior del proceso genitor, fechadas el 9 de diciembre de 2008 y 20 de mayo de 2009, de donde surge la ostensible y manifiesta extemporaneidad de la solicitud de amparo formulada, pues, como es sabido, la responsabilidad de los asuntos propios demanda diligencia personal en cuanto al reclamo de los derechos, lo que conlleva a estimar improcedente el recurso a la Constitución cuando, sin justificación alguna, como en el sub lite, no se ejercita dentro de un plazo razonable.

Sobre este tópico, es preciso señalar que si bien no existe un término de caducidad para la formulación del excepcional mecanismo de amparo, el mismo por su naturaleza cautelar, debe ser activado en un plazo razonable, dentro del cual se presuma que la afectación del derecho fundamental es inminente y realmente produce un daño palpable, al punto de exigir medidas de conjura inmediatas e impostergables.

Ilustrativo de lo anterior, resulta lo señalado por la jurisprudencia constitucional en sentencia SU-961 de 1999, en los siguientes términos: “La posibilidad de interponer la acción de tutela en cualquier tiempo significa que no tiene término de caducidad. La consecuencia de ello es que el juez no puede rechazarla con fundamento en el paso del tiempo y tiene la obligación de entrar a estudiar el asunto de fondo.

Sin embargo, el problema jurídico que se plantea en este punto es: ¿quiere decir esto que la protección deba concederse sin consideración al tiempo transcurrido desde el momento en que ha tenido lugar la violación del derecho fundamental? Las consecuencias de la premisa inicial, según la cual la tutela puede interponerse en cualquier tiempo, se limitan al aspecto procedimental de la acción, en particular a su admisibilidad, sin afectar en lo absoluto el sentido que se le deba dar a la sentencia. Todo fallo está determinado por los hechos, y dentro de estos puede ser fundamental el momento en el cual se interponga la acción, como puede que sea irrelevante.

(…) Si el elemento de la inmediatez es consustancial a la protección que la acción brinda a los derechos de los ciudadanos, ello implica que debe ejercerse de conformidad con tal naturaleza. Esta condiciona su ejercicio a través de un deber correlativo: la interposición oportuna y justa de la acción. (…) Si la inactividad del accionante para ejercer las acciones ordinarias, cuando éstas proveen una protección eficaz, impide que se conceda la acción de tutela, del mismo modo, es necesario aceptar que la inactividad para interponer esta última acción durante un término prudencial, debe llevar a que no se conceda.

En el caso en que sea la tutela y no otro medio de defensa el que se ha dejado de interponer a tiempo, también es aplicable el principio establecido en la Sentencia arriba mencionada (C-543/92), según el cual la falta de ejercicio oportuno de los medios que la ley ofrece para el reconocimiento de sus derechos no puede alegarse para beneficio propio, máxime en los casos en que existen derechos de terceros involucrados en la decisión.” En ese orden de ideas, atendiendo que el término que ha transcurrido entre la ocurrencia de la situación que se predica lesiva de derechos fundamentales, contabilizado desde la fecha de proferimiento de las anotadas decisiones y la interposición del remedio excepcional en este caso excede los seis (6) meses que como razonable ha venido señalado la jurisprudencia de esta Sala, y que, adicionalmente, no viene acreditada la existencia de un motivo válido que justifique la inactividad de la parte hoy demandante, tampoco que se vulnere el núcleo esencial de derechos de terceros afectados y, mucho menos, la existencia de nexo causal entre tales aspectos, es preciso concluir en la manifiesta improcedencia de la tutela invocada.

Coincide igualmente esta Sala de la Corte con lo señalado por su par Civil, al apuntalar la negación del amparo reclamado bajo al argumento del incumplimiento del principio de residualidad, pues la nulitación que hoy pretende sea decretada fue reclamada por el actor al interior de esos autos e, inclusive, la negación que en tal sentido se profiriera fue objeto de recurso de alzada.

Sabido es que la tutela no es una herramienta de uso discrecional o subsidiaria a los mecanismos defensivos ordinarios y, mucho menos, idónea para lograra la reviviscencia de oportunidades precluidas; por lo tanto, aún bajo tales argumentos su improcedencia deviene preclara. Lo anteriormente expuesto, conlleva a confirmar en su integridad el fallo de primer grado que, bajo tal entender, adecuadamente denegó el amparo reclamado, conforme las razones antes esbozadas.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión impugnada, conforme las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 14