CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia PAGE 5 República de Colombia Corte Suprema de Justicia Tutela No. 28931 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Magistrado Ponente: GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Radicación No. 28931 Acta No. 24 Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil diez (2010) Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por el Departamento Administrativo de Seguridad – DAS - contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 10 de junio de 2010, dentro de la acción de tutela que promovió el señor Mario de Jesús Pérez Martínez contra el recurrente.

I.

ANTECEDENTES El señor Mario de Jesús Pérez Martínez instauró acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo, vida en condiciones dignas, intimidad, libertad, buen nombre y libre desarrollo de la personalidad, que consideró vulnerados por la entidad accionada al expedirle un certificado de antecedentes penales, con la anotación de que “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”.

Señaló que el 6 de enero de 2010 solicitó un certificado judicial ante la entidad accionada, que le fue expedido con la anotación de que “REGISTRA ANTECENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”. Como consecuencia de ello, expuso, intentó buscar una corrección o explicación del certificado, pero no le fue posible. Manifestó que en el año 1994 fue condenado por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, por el delito de falsedad en documento privado, pero que el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad declaró la extinción de la pena en el año 2006.

Señaló, por último, que la anotación consignada en el certificado de antecedentes le impide ingresar a laborar y, con ello, garantizar su mínimo vital y el de su familia. Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la entidad accionada que elimine el dato negativo contenido en su certificado de antecedentes judiciales y le expida uno sin la anotación de que “REGISTRA ANTECEDENTES”.

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín dio trámite a la acción de tutela por auto del 27 de mayo de 2010 y requirió a la entidad accionada para que rindiera informe sobre los hechos en ella expuestos. El Coordinador del Grupo de Identificación del Departamento Administrativo de Seguridad indicó que la información incluida en el certificado de antecedentes que le fue expedido al actor es verídica, además de que reposa en sus bases de datos como un antecedente, de acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, por el delito de falsedad en documento privado.

Agregó que la información había sido reproducida en el documento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 248 de la Constitución Política y en el artículo 166 del Código de Procedimiento Penal, así como en la Resolución Interna No. 1157 de 2008, por medio de la cual se reglamenta el modelo de certificado judicial expedido por la entidad.

Sostuvo también que los datos se encuentran debidamente actualizados y no contienen errores o falsedades, de manera que hacen parte de los antecedentes penales del actor, que no pueden ser borrados o eliminados por la entidad y, por el contrario, deben ser reportados a las autoridades competentes, cuando así lo soliciten, pues el objetivo de los mismos es conservar un historial del comportamiento de los ciudadanos en sociedad.

El Director del Departamento Administrativo de Seguridad – Seccional Antioquia - reiteró las consideraciones atrás expuestas y agregó que la acción de tutela resulta improcedente, por encontrarse dirigida a controvertir actos administrativos con presunción de legalidad. El Tribunal profirió fallo el 10 de junio de 2010, en el que tuteló los derechos fundamentales del actor y ordenó a la entidad accionada que “(…) efectúe la cancelación de los antecedentes penales relacionados con el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTOS tramitado ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, y en el que se hubiere impuesto una pena de 10 meses de prisión, por haberse declarado la extinción de la condena, bajo los términos del artículo 11 del Decreto 2398 de 1986.” Dicha decisión fue impugnada por la entidad accionada, quien hizo uso de los mismos argumentos consignados en el informe presentado ante el Tribunal.

II. CONSIDERACIONES El actor pretende obtener de la entidad accionada un certificado de antecedentes judiciales en el que se excluya la anotación de que tiene antecedentes pero no es requerido por autoridad judicial, al considerar que se desconoce la extinción de la pena que le fue impuesta, declarada por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, además de que se imponen barreras a su vinculación laboral y, con ello, a la garantía de su mínimo vital y el de su familia.

La entidad accionada arguyó que la información consignada en el certificado de antecedentes judiciales del actor es verídica, reposa en sus bases de datos y se encuentra acorde con normas legales vigentes, especialmente la Resolución Interna No. 1157 de 2008, por medio de la cual se adoptó el modelo que debe seguirse para efectos de expedir el certificado de antecedentes judiciales.

El Tribunal consideró quebrantados los derechos fundamentales del actor, a partir de la expedición del certificado de antecedentes, en virtud de que, en su concepto, debía cancelarse la anotación relativa a fallos condenatorios cuando se hubiere cumplido la pena, además de que la autoridad judicial competente había certificado que no tiene pendientes con la justicia penal.

Una vez analizada la decisión impugnada, esta Sala de la Corte procederá a revocarla, en virtud de que el certificado de antecedentes judiciales expedido por la entidad accionada se ajusta a la información que le fue remitida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Medellín, que no es en ningún momento desvirtuada por el actor, así como a la normatividad legal que determina la forma y términos en que se deben guardar y presentar los antecedentes penales de las personas y, en concreto, a la Resolución No. 1157 de 2008, que goza de presunción de legalidad debatible únicamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de las acciones pertinentes.

Así lo señaló esta Sala de la Corte en un caso similar al que ahora se analiza, mediante sentencia del 2 de marzo de 2010, Rad. 27369, en la que se dijo: Habrá de revocarse el fallo impugnado, para en su lugar denegar el amparo deprecado por Oscar Darío de Jesús Álvarez Suárez, pues ninguna vulneración de los derechos fundamentales del actor puede endilgársele al Departamento Administrativo de Seguridad, quien ha actuado dentro de lo de su competencia, en estricto cumplimiento de sus funciones.

Pretende el señor Oscar Darío de Jesús Álvarez Suárez que se conmine al Departamento Administrativo de Seguridad, a expedir un certificado judicial que no tenga la anotación “REGISTRA ANTECENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”, la que, aduce, la accionada es pertinente, porque así lo dispone la Resolución Interna No. 1157 de 2008.

Encuentra esta Sala de la Corte que, en efecto, la entidad accionada ha ajustado su proceder a lo dispuesto por dicha resolución, cuya legalidad puede debatir el interesado, haciendo uso de otros medios de defensa judicial, lo que, al tenor del artículo 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, torna improcedente la acción de tutela. Así las cosas, habrá de revocarse la decisión impugnada, para en su lugar denegar la acción de tutela por improcedente.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1.- Revocar el fallo impugnado, para en su lugar denegar la acción de tutela por improcedente 2.- Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3.-Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ CAMILO TARQUINO GALLEGO PAGE