República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 27295 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación Nº 27295 Acta Nº 4 Magistrado Ponente: Camilo Tarquino Gallego Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diez (2010) Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por ZAYDA ALCIRA SÁNCHEZ contra el fallo del 15 de diciembre de 2009, proferido por la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en el trámite de la tutela que la arriba citada promovió contra la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ y el JUZGADO DIECISIETE CIVIL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.

ANTECEDENTES Pide la accionante la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la corporación judicial accionada. En sustento de su petición relató que el Banco Granahorrar le promovió proceso ejecutivo hipotecario; que correspondió al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá el cual libró mandamiento de pago.

Señaló que en dicho trámite se incurrió en diversas irregularidades procesales, desde el acto de notificación del mandamiento hasta la publicación de avisos de la diligencia de remate, pese a lo cual ésta se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2008; que por ello promovió incidente de nulidad, pero que el a quo no le dio trámite, el 22 de enero de 2009, a su juicio sin tener en cuenta de que al momento de su solicitud no se encontraba ejecutoriado el auto aprobatorio del remate.

Que interpuso recurso de apelación contra dicha providencia, pero que el Tribunal lo confirmó, a su juicio, coadyuvando la transgresión de sus derechos de rango superior. En consecuencia solicitó “ordenar que se le dé trámite al incidente de nulidad presentado el 23 de enero de 2009”. TRÁMITE IMPARTIDO Por auto de 2 de diciembre de 2009, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, admitió la tutela, ordenó notificar a los accionados y vincular a los intervinientes en el proceso controvertido.

Mediante sentencia de 15 de diciembre de 2009, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, negó el amparo al considerar que la decisión cuestionada se ajustó a un criterio razonable. LA IMPGUNACIÓN La actora impugnó la decisión. Insistió en que la decisión del ad quem fue equivocada y reiteró su petición de amparo. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Frente al caso concreto, esta Sala no encuentra configurada la trasgresión de alguno de los derechos fundamentales alegados por la parte actora en su escrito introductorio.

En efecto, la queja constitucional se dirige a cuestionar los razonamientos consignados por el juzgado y el Tribunal, que negaron el incidente de nulidad propuesto. Sin embargo para la Corte, el análisis realizado por las autoridades judiciales, no se muestra antojadizo o arbitrario, pues es claro que, ante la discusión jurídica que se suscitó, la solución que adoptaron se fundó en una interpretación normativa que no se muestra caprichosa.

Así las cosas, mal podría sostenerse que existe violación, por ejemplo, al debido proceso cuando una de las partes resulta vencida, o se niegan sus peticiones, máxime cuando las reglas procesales se respetaron y la decisión final fue producto de un juicioso estudio, como se aprecia aconteció en este asunto. No debe olvidar la peticionara que la acción de tutela no es remedio para reabrir los debates que fueron dilucidados de manera plausible, ni menos puede el juez constitucional imponer una visión probatoria, o una interpretación normativa específica, pues ello socavaría la independencia de que están revestidos los funcionarios judiciales, como lo precisa el artículo 230 de la Constitución Política.

Por lo anterior se confirmará la decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. - CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas. SEGUNDO.- Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.- Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE CAMILO TARQUINO GALLEGO ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LÓPEZ FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA 8