CORTE SUPREMA DE JUSTICIA República de Colombia Corte Suprema de Justicia República de Colombia Corte Suprema de Justicia Rad. 26964 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Radicación No. 26964 Acta No. 034 Magistrado Ponente: FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Bogotá, D. C., cuatro (4) de octubre de dos mil once (2011) Se pronuncia la Corte sobre la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor MARÍA AMALIA CRUZ MARTÍNEZ, en contra de la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social, al interior del proceso ordinario laboral por ella promovido en contra del Instituto de Seguros Sociales.

ANTECEDENTES La señora Cruz Martínez, activó el recurso a la Carta, al estimar vulnerados los anotados derechos fundamentales, con ocasión de la decisión adoptada por el colegiado accionado el 3 de agosto de 2011, a través de la cual se revocó la providencia dictada el 26 de mayo de 2010, por el juzgado a quo en esos autos, por medio de la cual se declaró no probada la excepción previa de prescripción alegada por la pasiva; y, en su lugar, declaró probada la anotada exceptiva.

En sentir de la parte aquí accionante, lo allí resuelto comporta vía de hecho y socava sus garantías procesales, toda vez que al declarar probada la excepción de prescripción alegada por la parte demandada, el tribunal aquí accionado erró al señalar el 13 de mayo de 2003, como extremo final de la relación laboral entre las partes en litis, cuando en realidad ello tuvo lugar, de acuerdo a los hechos del libelo y las pruebas allegadas, el “…25 de agosto de 2008, fecha a partir de la cual (sic) presenté mi renuncia”; y que –asevera- debió servir de punto de referencia para calcular la prescripción. Censura del mismo modo, el que se hubiera desatendido su planteamiento, referente a que “….de entenderse que la relación contractual rigió solo hasta el 13 de mayo de 2003 (lo que se discutiría en el proceso), en todo caso, no se había presentado el fenómeno de la prescripción (…), ya que yo continué vinculada al ISS.” Reclama, entonces, la concesión de la tutela de los anotados derechos y que, en consecuencia, se ordene dejar sin efectos la decisión atacada, para que se dicte una nueva, ajustada a la legalidad.

TRÁMITE IMPARTIDO Tras la admisión del libelo y surtido el traslado a las partes, no se recibió informe del colegiado accionado. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Si bien es cierto que esta Sala de la Corte ha venido considerando que el amparo del artículo 86 de la Constitución Nacional es procedente frente a decisiones judiciales, también lo es que ha estimado que ello solo es viable cuando, en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales, lo cual, se ha dicho, debe equilibrarse con otros valores del estado de derecho, especialmente, los concernientes a la administración de justicia y seguridad jurídica de que están revestidas las decisiones proferidas en última instancia, que se concretan en los principios de la cosa juzgada y de la independencia y autonomía del juez.

Bajo esta óptica, resulta improcedente fundamentar la solicitud de amparo constitucional en una simple discrepancia de criterio sobre la interpretación y aplicación de las normas legales o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales para tomar su decisión, como si se tratara de una instancia más, donde el juez constitucional puede sustituir con su propia apreciación el análisis e interpretación que, ajustado a las normas legales, hagan los jueces designados por el legislador para tomar la decisión correspondiente dentro de los litigios sometidos a su consideración. Sólo ante eventuales yerros protuberantes, se insiste, puede encaminarse el procedimiento bajo la vía constitucional, para preservar el debido proceso.

Conforme los anteriores parámetros, no puede afirmarse válidamente que en el presente caso acaezca una vía de hecho que amerite la concesión del amparo constitucional solicitado, pues, la decisión de segunda instancia dictada el 3 de agosto de 2011, por el tribunal aquí accionado, dentro de la actuación genitora de este trámite, de cuyo contenido se duele la parte accionante, se halla soportada en razonados procesos de valoración e interpretación efectuados por un organismo judicial dotado de jurisdicción y competencia, que le permitieron proveer como viene indicado.

La Sala accionada, al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la providencia de de primer grado, dispuso su revocatoria y, en su lugar, declaró probada la excepción de prescripción alegada por la parte demandada. Estimó, luego de referirse al anotado instituto, de hacer cita de pronunciamientos jurisprudenciales y con fundamento en la apreciación de los elementos de convicción allegados a esas diligencias, que el 9 de octubre de 2008, la actora reclamó al Instituto de Seguros Sociales, el pago de una pluralidad de conceptos supuestamente adeudados, “…correspondientes al periodo corrido entre el 24 de mayo de 1994 y el 13 de mayo de 2003, durante el cual ostentó la calidad de trabajadora oficial, aduciendo que ese tiempo no se le tuvo en cuenta en la liquidación final de sus derechos laborales” y que, mediante el proceso allí promovido, se pretendía el pago de conceptos causados entre el 25 de julio de 1994 y el 13 de mayo de 2003, “…en virtud de la vinculación de la demandante a la entidad accionada, mediante sucesivos contratos de prestación de servicios que realmente eran contratos de trabajo.” Agregó que “…independientemente de que se hubiese agotado o no la reclamación administrativa frente a todos estos conceptos, lo cierto del caso es que entre el 13 de mayo de 2003 (extremo final de la relación mencionada por la actora) y el 9 de octubre de 2008 (fecha de agotamiento de la vía administrativa), no se formuló ninguna reclamación, razón por la cual los derechos que se reclaman se encuentran prescritos al tenor de lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo.” Consecuente con lo señalado, se tiene que los argumentos expuestos por la parte accionada, al margen de ser o no compartidos por esta Sala de Casación, no aparecen caprichosos, ni carentes de base jurídica o fáctica, por lo que, resultan razonables, sin que sea dable al juez constitucional entrar a controvertir lo allí decidido, so pretexto de tener una opinión diferente sobre los hechos, pues quien ha sido dotado de jurisdicción y competencia por el legislador para dirimir ese especial tipo de conflictos es el juez natural y, en ese sentido, su convencimiento debe primar sobre cualquier otro, salvo que se presenten las desviaciones protuberantes a que se ha hecho mención, las cuales en este caso no se advierten.

Por tales motivos, al no existir razón plausible que dé pábulo a la concesión del amparo invocado, forzoso resulta proveer su denegación. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DENEGAR la tutela de los derechos invocados, conforme las razones indicadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE CAMILO TARQUINO GALLEGO ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADO GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA Aunque comparto la decisión adoptada, debo aclarar que en mi opinión la acción de tutela no procede contra providencias judiciales, en virtud de los principios de autonomía e independencia de los jueces, columna vertebral de todo Estado de Derecho, tal como durante mucho tiempo y de manera pacífica y reiterada lo consideró esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, con apoyo en varios argumentos jurídicos sólidos que mantienen plena vigencia. Para no abundar en esas serias razones, suficientemente conocidas y que ahora no son compartidas por la mayoría, estimo suficiente remitirme a lo que argumentó la Sala en fallo del 29 de octubre de 1998: “Conforme lo ha dicho en múltiples ocasiones esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, en los cuales se permitía el ejerci​cio de la acción de tutela contra providencias judiciales, retiró de nuestro ordenamiento jurídico el único aparente fundamento que existía para la procedencia de dicha acción contra cualquier providencia que en desarrollo de un proceso o actuación judicial se profiera.

“Como la misma Constitución Nacional establece en su artículo 243 que los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccio​nal "hacen tránsito a cosa juzgada constitucional", disponiendo igualmente que "ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declara​do inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución", se cae de su peso, o por lo menos así lo considera esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, que mientras no sean modificados los artículos 1º, 228, 229 y 230 de la Consti​tución en vigor, no es posible "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo", vale decir, el contenido material de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, ni tampoco soslayar el efecto de cosa juzgada constitucional del fallo de la Corte Constitucional mediante el expediente de calificar la sentencia o la providencia judicial que le pone fin al proceso, de ser algo distinto a lo que por su naturaleza, forma y contenido son dichas actuaciones judiciales.

Con el acostumbrado respeto, Fecha ut supra. GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA PAGE 11